domingo, 28 de febrero de 2021

60 territorios secundan la movilización estatal contra la privatización de la sanidad. La movilización en Madrid se salda con cargas policiales y un manifestante detenido,

Comunicado del CAS Estatal frente a la represión de la lucha en defensa de la sanidad pública: 

"La lucha por la Sanidad Pública y Universal es también la lucha antifascista"

En la manifestación convocada hoy en Madrid junto a otras 60 ciudades y pueblos de todo el Estado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), se han producido graves acontecimientos que, una vez más, ponen en entredicho el papel de la policía. De nuevo, asistimos a comportamientos por parte de las «fuerzas del orden» de protección hacia los fascistas y de agresión hacia manifestaciones pacíficas.

Poco antes de las 12 de la mañana, hora prevista para el inicio de la manifestación, comunicada y

permitida por la Delegación del Gobierno, irrumpieron en la misma dos decenas de integrantes del grupo neonazi Bastión Frontal, con su indumentaria característica y en actitud provocadora. Entre ellos se pudo reconocer a varios integrantes del acto de ensalzamiento de la División Azul celebrado recientemente.

 Recordamos que este grupo ha sido considerado por la misma policía como el más agresivo de los existentes, entrenado en artes marciales y que practica la violencia criminal en las calles, acosando y agrediendo a menores inmigrantes. Este grupo se declara seguidor de los fascistas griegos de Amanecer Dorado, condenados por varios asesinatos.

Cuando las personas representantes de CAS comunicaron a la policía la gravedad de la situación y la necesidad ineludible de que actuara para disolverlos e impedir su presencia en la manifestación, el acuerdo fue que los agentes les mantendrían confinados en la calle Aduana, mientras la manifestación iniciaba su recorrido por la calle Peligros hacia la Calle Alcalá.

Cuando la manifestación había avanzado unos centenares de metros por la calle Alcalá, se pudo comprobar que el grupo neonazi estaba situado ya en la confluencia de la calle Peligros con Alcalá, sin que la policía hiciera nada por impedir su avance.

 Ante esta situación de incumplimiento de lo acordado por parte de la policía, de indefensión flagrante de la manifestación y de la actitud permisiva de los agentes con los fascistas, el servicio de orden de la manifestación volvió sobre sus pasos para intentar contener y dispersar a los fascistas y asegurar así la protección de la manifestación.

 La intolerable actitud de la policía fue la de proteger a los fascistas y cargar a empujones contra nuestros compañeros y compañeras. Se vivieron momentos de gran tensión en los que los violentos empujones de los agentes hicieron caer al suelo a varias personas que sufrieron magulladuras diversas. Otros muchos, personas mayores, huyeron de una violencia totalmente inesperada.

En esos momentos fue detenido nuestro compañero Santiago de la Iglesia, secretario General del sindicato CGT SOV del sur de Madrid. En el momento de escribir este comunicado, Santi ha sido puesto en libertad con cargos.

 Cuando se recriminó a la policía su actuación, la respuesta fue que «ellos también tenían derecho a manifestarse y que su deber era protegerles». Estas afirmaciones son absolutamente inaceptables por cuanto, precisamente, la comunicación a la Delegación del Gobierno tiene por objeto evitar la confrontación entre manifestaciones de signo contrario y asegurar el libre y seguro ejercicio del derecho de manifestación en un lugar y a una hora determinada por parte de quienes lo comunican y, en este caso además con confirmación explícita por parte de esa Delegación.

La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, denuncia ante la opinión pública – la Ley Mordaza hace que nuestra hipotética denuncia judicial sea papel mojado frente a la palabra de la policía – la vulneración flagrante del derecho de manifestación que ha sufrido por parte de la Delegación del Gobierno, la detención arbitraria de quien pretendía garantizar la seguridad de la manifestación ante la inacción flagrante de la policía y las agresiones sufridas por diferentes integrantes del servicio de orden de la manifestación por parte del cuerpo armado.

CAS, se suma así a las numerosas voces que denuncian los ataques sistemáticos e impunes por parte de los aparatos del Estado a los derechos fundamentales de miembros de organizaciones populares o personas individuales que expresan su indignación ante el atropello sistemático de sus derechos laborales y sociales y por condiciones de vida insoportables.

Hoy lo hemos vivido en nuestras carnes, precisamente cuando denunciábamos el desmantelamiento planificado de la sanidad pública para asegurar los beneficios de la sanidad privada y del capital, con la connivencia de los gobiernos autonómicos y estatal de todos los colores políticos.

 Exigiríamos la destitución del Delegado del Gobierno en Madrid si creyéramos que existe algo parecido a la dignidad o al sentido de la justicia en nuestros gobernantes. Estamos convencidos de que no es así.

 No nos callarán ni nos detendrán; al contrario, las razones por las que luchamos son aún más fuertes. Rodearemos a Santi de toda nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento por digno comportamiento y por su sacrificio.

 La lucha continúa y es el único camino.




Aragón se moviliza contra la privatización de la sanidad en la convocatoria estatal del 27 de febrero

 



     Ainsa                                                                                                           Binefar


                                Zaragoza                                                 Huesca                     


                                                                                     
                                            Sabiñánigo
                             


lunes, 22 de febrero de 2021

Basta ya de engaños. Nos jugamos la vida y el Sistema Sanitario

 


Solo la derogación de las leyes privatizadoras y el blindaje de la sanidad pública evitarán el desmantelamiento que preparan.

Casi un año después del inicio de la pandemia y ya en la tercera ola, los peores augurios se han confirmado. Mientras la mayoría de la población condena la gestión de la crisis y el sistema sanitario público está en shock, es innegable, como ya denunciábamos, que la pandemia ha sido una oportunidad de negocio para los de siempre 1 , al tiempo que ha permitido dar una nueva vuelta de tuerca en el proceso de privatización de la sanidad.

Lo que podía haber sido una oportunidad para rescatar la sanidad pública se ha convertido en negocio y espectáculo. Con todos los partidos políticos de acuerdo 2 , cada uno ha vuelto a su papel. La derecha ha aprovechado para degradar aún más los centros públicos privatizando cualquier actividad sanitaria; mientras, la izquierda institucional ha mirado para otro lado permitiendo que la derecha haga el trabajo sucio. Las enormes listas de espera y la falta de respuesta del sistema público han dado un nuevo empujón a cientos de miles de personas hacia los seguros privados 3.

Todo esto ocurre, además, cuando se hunden las condiciones de vida de millones de personas: se esperan nuevos recortes en las ya muy precarias pensiones públicas y se extiende la tragedia del paro masivo con su cortejo de desahucios, hacinamiento, cortes de luz, agua y gas por impagos y desesperación cotidiana en los barrios obreros; precisamente en los que se ceba la pandemia por el Covid 19.

Al mismo tiempo, los gobiernos de todos los colores están aprovechando esta situación para imponer medidas represivas que de otra forma tendrían una fuerte contestación social. Con la excusa del virus, han militarizado nuestras calles, y el control social de la población es un hecho que se ha incorporado a nuestra normalidad cotidiana con escaso cuestionamiento. La experiencia de otros países nos ha demostrado que, a mayor debilidad de los sistemas sanitarios, más necesidad han tenido de aplicarnos confinamientos medievales. Curiosamente hay disponibilidad económica para todo este despliegue, pero no para proveer a los centros sanitarios públicos de los recursos necesarios (espacios, personal, equipos de protección individual, etc..) para atender adecuadamente esta pandemia. Todo ello mientras la miseria se adueña de la vida de millones de personas. Queremos medidas sanitarias y sociales, no policiales.


En este punto nos reafirmamos: mientras el gobierno «más progresista de la historia» mantenga las leyes privatizadoras, nada de lo que hace a diario la derecha es ilegal, y continuará el desmantelamiento de la sanidad pública y el lucro privado. En efecto, absolutamente nada del masivo transvase de dinero público al capital realizado en diferentes CCAA (construcción de hospitales innecesarios, cesión a empresas privadas del rastreo, las inmunizaciones, pelotazos con fármacos innecesarios 4…) es ilegal ya que está sostenido por leyes de ámbito estatal que lo permiten.

Mientras, la «izquierda del capital» se ha dedicado a las performances más variadas, dirigiendo la atención de la población hacia los ejecutores del desastre, ocultando hábilmente a quienes mueven los hilos del proceso de destrucción de la sanidad. Seguir haciendo teatro de calle contra la derecha para ocupar páginas de periódicos no es más que una maniobra de distracción. La única forma de recuperar el sistema sanitario público es obligar a todos los partidos a blindar la sanidad contra el ánimo de lucro, y potenciar la atención primaria y la salud pública. Todo lo demás es puro espectáculo para autocomplacencia.

Ahora anuncian 8.000 millones de euros de los fondos de la UE, dicen que «para reforzar los servicios públicos», cuando lo previsto es que se destinen a la «colaboración público-privada». Ese eufemismo, que ya conocemos bien, significa que, si no lo evitamos, la sanidad pública seguirá agonizando, mientras que las grandes corporaciones serán las principales beneficiarias del fondo europeo de recuperación económica. Un inmenso bazar está en marcha.

Llevamos casi 20 años denunciando la privatización de la sanidad y a sus responsables, y la «izquierda del capital» se niega a eliminar las causas. No podemos seguir haciendo mala medicina. Hay que actuar sobre las causas de raíz y abrir un debate en todo el Estado sobre el modelo sanitario que queremos, que debe empezar por garantizar la asistencia sanitaria de calidad para todas las personas, democratizando el sistema y centrándolo en los determinantes sociales, económicos y ambientales de la enfermedad.

El sábado 27 de febrero nos vemos en las calles:

  • Frente a la privatización, sanidad pública.

  • Por la derogación de las leyes privatizadoras (15/97 y artículo 90 LGS).

  • Rescate de lo privatizado.

  • No al cierre de centros sanitarios.

  • Por un sistema sanitario gestionado democráticamente centrado en la prevención y en la salud colectiva.

Referencias

  1. La crisis del Covid como oportunidad de negocio. Septiembre 2020. https://www.casestatal.org/es/2020/09/la-crisis-del-covid-como-oportunidad-de-negocio/

  2. PSOE, PP y Podemos acuerdan un Pacto de Estado para hacer «reformas estructurales» en el Sistema Nacional de Salud. Agosto 2020. https://www.casestatal.org/es/2020/08/psoe-pp-y-podemos-acuerdan-un-pacto-de-estado-para-hacer-reformas-estructurales-en-el-sistema-nacional-de-salud/

  3. A falta de datos para 2020, en 2019 ya había 12,7 millones de personas con seguros privados de salud, además de unos 5 millones de asegurados con pólizas dentales.

  4. Remdesivir, de Gilead, antiviral utilizado en atención hospitalaria al precio de 2.083 euros por paciente, tiene unos costes de producción de 6€. https://www.agenciasinc.es/Opinion/Con-el-precio-del-remdesivir-la-historia-se-repite


lunes, 18 de enero de 2021

Escucha las Jornadas on-line "Sanidad Pública. Alianza para el saqueo"

 

En los enlaces que tenéis a continuación, tenéis colgadas las ponencias de las jornadas.  


 

Enlace para videoconferencia 1ª sesión : https://www.youtube.com/watch?v=A97XWpNb7zc 

Enlace para videoconferencia 2ª sesiónhttps://www.youtube.com/watch?v=zM2G683TJHU 

 

La pandemia nos ha puesto la cruda realidad ante los ojos, pero ¿sabemos verla? El Covid-19 ha venido a demostrar que otro virus llevaba tiempo destruyendo nuestro sistema de Salud y los Servicios Públicos en general: la conversión en negocio del derecho a la salud por medio de leyes, decretos, convenios, contratas y derivaciones. Eso es lo que significa la colaboración público-privada: el mercado manda y el estado ejecuta; el estado se responsabiliza y el mercado lo disfruta. En el ámbito de la Sanidad, las consecuencias son criminales. ¿Por qué hemos asimilado tan fácilmente la idea de gestión eficiente? Una gestión eficiente puede consistir en minimizar costes (en recursos públicos) y maximizar ganancias (en beneficios empresariales); puede hacer “rentable” cada gota de sangre; puede calcular gasas, UCIs, respiradores y camas en euros; puede convertir plantillas de profesionales en “recursos humanos”. Y pese a todo, seguimos reclamando “mejores” gestores. ¿Comprendemos el daño que produce aplicar los criterios de la empresa al ámbito sanitario? ¿Cuál es el plan diseñado entre parlamentos y consejos de administración? ¿Por qué debemos oponernos a la privatización con todas nuestras fuerzas? El caso de las residencias es un ejemplo perfecto (y criminal) de ese modelo: una emergencia que “se resuelve” seleccionando, priorizando, dejando morir y mostrando un abominable desprecio por la vida de cada vez más personas.

Ese plan ya existe, está en curso y pone nuestra vida, nuestros derechos y nuestro patrimonio común al servicio de la concentración de capital privado, a costa de miles de muertes prematuras y evitables. Lo llaman gestión eficiente pero significa necropolítica rentable. La Plataforma contra la Privatización de la Sanidad en Aragón os invita a estas jornadas para comprender hasta qué punto esa alianza para el saqueo pone nuestros derechos y nuestras vidas en riesgo.

 

Primera sesión: 

Juan Hernández Zubizarreta es miembro de OMAL (Observatorio de las Multinacionales en América Latina).

Manuel Rico es director de investigación de InfoLibre, donde ha publicado más de 30 exclusivas sobre el negocio de las residencias. Su próximo libro, Vergüenza. El escándalo de las residencias, verá la luz en marzo de 2021.

Antonio Liébana es miembro de CAS Madrid (Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad).

 

Segunda sesión: 

Clara Valverde es escritora, activista, enfermera jubilada y autora del libro De la necropolítica neoliberal a la empatía radical, entre otros libros.

David San Martín es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de La Rioja.

Ana Martínez es miembro de Resistencia Clínic, enfermera y profesora en la Universitat de Barcelona.

sábado, 31 de octubre de 2020

Al olor del dinero de la UE, la patronal privada despierta del letargo.

Durante los momentos más duros de la pandemia, la patronal privada desapareció del panorama. Realizó ERTEs e incluso llegó a cerrar muchos de sus centros sanitarios. Pero al olor de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, ha resucitado milagrosamente y ahora la sanidad privada aparece como la salvadora y la sustituta perfecta de todas las debilidades del sistema público.

Para ello, resucitando el viejo mantra tantas veces invocado de la “sostenibilidad del SNS”, proponen una nueva trasfusión, o lo que es lo mismo, un nuevo (¿y van cuantos?) trasvase de fondos públicos a sus bolsillos.

En su informe, ni se sonrojan ni disimulan su cinismo al afirmar que “todas las empresas del sector sanitario y social español han mostrado un fuerte compromiso con la sociedad y han colaborado y cooperado de manera efectiva, jugando un papel fundamental para luchar contra la pandemia y sus efectos…”. La desfachatez no tiene límites, llegando a defender que el papel del sector privado (sanitario y sociosanitario) en la crisis ha sido “crucial”. Así es, es cierto que su papel ha sido crucial en la masacre de las residencias: sus plantillas al mínimo y la escasez, cuando no inexistencia, de sanitarios en muchas de ellas. Su falta de escrúpulos y la connivencia de los gobiernos central y autonómicos hicieron la mezcla perfecta para el coctel letal. Situación que 9 meses después de la primera ola, no parece preocupar al gobierno central. No ha tenido (¿?) tiempo de aprobar por la vía de urgencia una ley que permita cambios imprescindibles en el funcionamiento y la comunicación sobre los centros de atención a nuestros mayores. Centros que no olvidemos, son objeto de negocio de órdenes religiosas ancladas en el siglo XIX, cuando no de fondos de capital riesgo.  

Según las hermanitas de la caridad de la CEOE, “sin embargo, esta puesta a disposición de instalaciones, material sanitario, recursos profesionales y de servicios, no ha conllevado ninguna contraprestación, lo que ha provocado un coste extraordinario para estas empresas” (mentir es lo único que hacen gratis….) por lo que exigen   financiación suficiente a través delfondo de reconstrucción y resiliencia que recibirá España”.

Para ello proponen:

-      Mas “colaboración público privada” para garantizar la “sostenibilidad del sistema sanitario”.

-      Plan de choque para aligerar las listas de espera (quirúrgicas, de pruebas diagnósticas, de consultas, tratamientos, etc.); reforzar el importante papel a jugar por las Mutuas y Servicios de Prevención Ajenos y dándoles la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas de la sanidad pública, así como el acceso a la historia clínica...para que los pacientes “no dejen de acudir a sus centros médicos, evitando así las consecuencias en la salud que pudieran derivarse de los retrasos o falta de atención sanitaria a tiempo”. Es decir, mientras los centros público-estatales continúan estrangulados económicamente, se generan pavorosas listas de espera con las que se forrarán estos samaritanos.

-      Deducciones fiscales para las empresas.

-      Renovación de nuestro SNS, que debe reorganizarse bajo un enfoque de “Salud Única” (sic), así como “una adecuada dotación presupuestaria para el SNS”, es decir incremento del gasto sanitario que lógicamente no irá a los centros de gestión directa, sino que acabará en sus cuentas de resultados. Es decir, mayor saqueo del sector público.

-      Necesidad de proteger y promover el sector de la industria farmacéutica y de los medicamentos”, como si estuvieran poco protegidos ya. Su “nivel de protección” ha quedado claro en los últimos años con los pelotazos del Tamiflu (gripe A), Sovaldi (hepatitis C), y en estos momentos con el Remdesivir (Covid-19) y el fabuloso negocio de las vacunas que se aproxima.

Solo queda por ver como el “gobierno progresista” justificará este nuevo desvío de dinero hacia estos parásitos. Algo que se producirá con toda seguridad dado el actual marco jurídico, mantenido contra viento y marea por aquellos que pretendían asaltar los cielos. La estrategia parece clara, con la unanimidad de todo el arco parlamentario. Se está llevando hasta el límite al sistema sanitario público y a sus profesionales, provocando que la falta de asistencia a otras patologías (que eran las que ya llenaban las consultas antes del covid) provoque resultados en muchos casos fatales. Al mismo tiempo, sus medios de desinformación nos bombardean continuamente con el único problema que al parecer existe: el Covid-19, generando cada vez mayores niveles de pánico; y sobre todo, nos inundan de anuncios de variadas ofertas de seguros privados que nos prometen la medicina del futuro a módicos precios.

Ahora más que nunca es necesaria la mayor unidad posible para ir articulando alianzas en todo el estado, para derogar las leyes estatales que hacen legal lo que están haciendo tanto gobiernos autonómicos de todos los colores como el gobierno central que lo permite.

Leyes que nos afectan a todxs y que permiten el saqueo y la destrucción del sistema público de salud. La expulsión de la empresa privada y del lucro del SNS, la creación de un sistema de farmacia público y la democratización del SNS son objetivos posibles que solo dependen de la movilización popular, y son la única forma de garantizar una sanidad de calidad, universal y con toda seguridad más barata.

CAS, OCTUBRE 2020

Descargar documento "El sector empresarial sanitario y social frente al frente al Covid-19" de la CEOE aquí

martes, 20 de octubre de 2020

Concentración "contra el macrohoopital privado y en defensa de la sanidad pública". Colectivos en defensa de la sanidad pública



Comunicado de la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad en Aragón: 

Su negocio aumenta asfixiando la sanidad pública 

Una sanidad pública gravemente debilitada a golpe de recortes y privatizaciones se enfrentó a la pandemia a base de exprimir a sus profesionales y exigir sacrificios a quienes iban poniendo el sufrimiento y los muertos. Las consecuencias de décadas de políticas para el desmantelamiento se silenciaron. La excepcionalidad justificó el escándalo de los miles de muertes en las residencias, los colapsos en UCIs, el desamparo de la atención primaria y la falta de personal y recursos en hospitales. Nos mantuvieron sumisos convirtiendo a explotados en “héroes” y a los desposeídos en sacrificios colaterales pero, tras estos meses, la sanidad pública se asfixia y la situación es indefendible. No es que no aprendan, es que no les importa.

La situación es estructural, también en Aragón: centros de salud desbordados que triplican la atención a 90 pacientes diarios y acumulan una espera de hasta 15 días para obtener cita. Centros hospitalarios donde no se ha reforzado personal ni medios y se sigue manteniendo a trabajadores agotados y encadenando contratos basura; residencias donde se han aprovechado las muertes para re-computar las ratios y despedir a parte de la plantilla; personas a las que se les ha vuelto a retirar el derecho a la atención sanitaria; instalaciones infrautilizadas esperando el momento para a ser externalizadas, listas de espera en máximos históricos y la consejería de salud resolviendo a golpe de derivaciones a la privada; se siguen desoyendo las reivindicaciones de las zonas rurales del territorio aragonés, donde la incomunicación agrava la problemática y la población no cuenta con los servicios de atención necesarios (casos vergonzantes como la infrautilización del Hospital de Jaca, del que sus pacientes no pueden servirse y tienen que desplazarse hasta Huesca o incluso hasta Zaragoza para recibir los tratamientos de radioterapia/quimioterapia); la población de Teruel y  Alcañiz sigue esperando los hospitales prometidos, mientras la construcción de un macrohospital privado se resuelve en unos pocos meses. La situación es grave y ahora el riesgo es sufrir cualquier patología o enfermedad crónica, pues no están pudiendo ser atendidas.

Este abandono contrasta con los esfuerzos destinados a seguir engordando los beneficios del sector privado sanitario y sociosanitario durante estos meses: ingentes cantidades de dinero público que, antes y durante la pandemia, han sido desviados a residencias privadas, las cuales además, siguen gozando de impunidad. Nadie responde por los centenares de muertes producidas en sus centros; externalización de las pruebas diagnósticas (PCRs) mediante cheque de 1,2 millones de euros extendido por la DGA; un Acuerdo Marco firmado en septiembre por la consejería de sanidad, en el que se destinarán 31,4 millones a empresas para derivaciones durante los próximos cuatro años o, como máximo exponente de la desfachatez, el avance del proyecto de la construcción del macrohospital privado en Zaragoza. La aprobación en verano de la recalificación del suelo público ha dado paso este mes de octubre a la recepción de las propuestas para su licitación. Vendido por su impulsor como un proyecto para “fortalecer la red sanitaria y crear puestos de trabajo” supone, en realidad, uno de los mayores proyectos especulativos de los últimos años: venta de suelo público a precio de saldo, intención declarada del abandono de la sanidad pública y contribución a la creación de trabajo precario en el sector sanitario. Ante la impasividad del Gobierno de Aragón, Azcón juega a las mafias con sus amigos empresarios, pasando por encima de las necesidades reales de la sanidad pública y, por tanto, de la mayoría de la población.

Como telón de fondo, grandes lobbies del sector, gobierno y PP acuerdan un pacto para reestructurar la sanidad pública. Su intención es intensificar la estrategia para la privatización del sistema nacional de salud: consolidar la colaboración público-privada para la provisión de servicios e implementar la gestión empresarial en los centros, supeditando la salud a puros criterios economicistas. Paralelamente el sector privado se frota las manos esperando su parte de las partidas europeas del Covid destinadas a sanidad. 

La sanidad pública está amenazada de muerte en un escenario donde las condiciones sociales de la población son un caldo de cultivo para diferentes tipos de enfermedades: centenares de miles de trabajadores al paro, desahucios, pensiones e ingresos que no alcanzan para una vida digna… Vivienda, alimento, suministros, salud y educación cada vez menos accesibles para cualquiera. Cada vez más pobreza y sufrimiento repartido entre los de siempre: trabajadores y trabajadoras. Nos podemos indignar, pero no será suficiente. Podremos culpar a los que están peor, pero nos estaremos engañando. Hay responsables: poderes políticos y económicos en connivencia para seguir explotando, gestionar la miseria y mantener el orden. Es vital identificar a los responsables y reaccionar a su agresión.   

 Por un sistema sanitario centrado en las personas. Por una salud que ponga la vida en el centro. Porque la privatización mata y las desigualdades también.


1. No a la construcción del macro-hospital privado en Zaragoza. Exigimos la paralización inmediata de los trámites de la venta de suelo público para su instalación y la desautorización del Gobierno de Aragón.

2. Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que legalizan la privatización y los conciertos. Vuelta a manos públicas de todo lo privatizado. Incompatibilidad absoluta público-privada. Nunca más dinero público a la privada: ni contrapartidas ni subvenciones. Fuera las empresas de la sanidad.

3. Por una industria sanitaria y farmacéutica pública.

4. Sanidad gratuita y universal: salud para todos y todas, sin requisitos ni excepciones. Exigimos la Derogación del Decreto 16/2012, que nos devuelvan el derecho que nos ha sido robado.  

5.- Potenciación de la Atención Primaria: por un modelo de prevención y promoción de la salud colectiva.

6. Investigación de las muertes producidas en las residencias y asunción de responsabilidades. Cuidados de nuestros mayores con dignidad. Servicios sociosanitarios 100% públicos.

7. Por una salud pública centrada en “los determinantes sociales”: la privatización mata, las desigualdades también.


Con nuestra salud ni se juega ni se negocia

Por una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad

No al macrohospital privado

 


domingo, 18 de octubre de 2020

Movilizaciones por la Sanidad Pública, la derogación de las leyes de privatización. Crónica, fotos y videos

 


Crónica de un día de movilización y de lucha popular por una sanidad publica y unas pensiones dignas.

Ver fotos y vídeos de todas las movilizaciones. Fuente: Insurgente.org 

Un rayo de esperanza ha recorrido durante el día de hoy localidades y ciudades de todo el Estado. Esperanza por conseguir unos servicios públicos de calidad, concretamente una sanidad pública y unas pensiones públicas dignas. De Basauri a Puerto del Rosario en Fuerteventura, desde Ciutadella en Menorca, hasta Pontevedra decenas de organizaciones y cientos de personas han salido a la calle para exigir una sanidad pública universal y de calidad. Han puntualizado que, para ello, es necesario derogar La Ley 15/97 y el artículo 90 de la LGS. Este es un punto crucial porque de cada 7 euros que se invierte en sanidad, uno va a parar a las arcas de las empresas privadas a través de los conciertos que el citado artículo legaliza.

 Estos matices le son hurtados a un pueblo, que pasa por uno de los momentos más tristes y de mayor desactivación de su reciente historia. A una educación de bajísima calidad y unos medios de comunicación intervenidos por el dinero se une la pandemia por coronavirus. La desastrosa gestión de ésta que se está realizando parece auspiciada por quienes desean eliminar las pensiones. Y vaya si lo están consiguiendo. Son miles los pensionistas que han fallecido ya. La Covid-19 ha desatado la tormenta perfecta. Con una sanidad pública recortada, unos servicios sociales anémicos y unos gestores preocupados por esparcir su responsabilidad hacia otro lado, la sociedad se está viendo abocada a continuos confinamientos, que son la puntilla para el comercio, el turismo y la hostelería. Muertos, miles de puestos de trabajo perdidos, paro y una depresión angustiosa es lo que han originado.

 Aun así gentes orgullosas de pueblos y ciudades de España, han salido a mostrar su receta para aliviar este panorama: Sanidad Pública, derogación de las leyes que permiten el lucro en sanidad, contratación de profesionales para el rastreo, atención sanitaria para el tratamiento de los enfermos y social para cubrir las necesidades durante los aislamientos y transparencia informativa para conocer realmente los datos de lo que pasa. Estas son algunas de las medidas que hoy se han reclamado por las calles. Y todo ello sin el respaldo de aquellos a quienes se votó para que solucionaran cuestiones como ésta. Pero lo sabemos: SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO. Harán falta más jornadas como ésta. Sigan atentas a sus medios.

Corresponsal de CAS (Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad).

Manifestaciones, concentraciones…. A pesar del miedo de las restricciones hoy ha habido una importante movilización por la derogación de las leyes que han permitido y permiten la privatización de la sanidad, de los servicios públicos…