domingo, 26 de abril de 2020

CNT denuncia el "descontrolado" contagio de COVID-19 en el matadero Litera Meat en Binéfar

También denuncian que, cuando un trabajador presenta una incapacidad temporal es despedido.

Noticia de: radio Huesca
El sindicato CNT Huesca-Monzón ha mostrado su preocupación por la situación que se está viviendo en el matadero Litera Meat de Pini de Binéfar, al tiempo que asegura que les han alarmado las continuas y angustiosas peticiones de ayuda que están recibiendo de miembros de la plantilla, ya que unos temen el contagio, otros el despido por contraer la enfermedad y algunos ambas cosas. Las aglomeraciones vividas en la mañana de este sábado, durante la realización test, no son más que un ejemplo, en su opinión, de las habituales maneras en las que se vienen desoyendo en Litera Meat las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias.
CNT denuncia que en este matadero, durante los momentos más duros de la pandemia, estas aglomeraciones se vivieron a diario en el comedor, en las entradas y salidas de los turnos, en los vestuarios, y que hay puestos de trabajo en los que se incumplen las distancias.
En CNT consideran que las medidas de protección adoptadas por el matadero han sido ampliamente insuficientes, con gravísimas consecuencias para la salud de la plantilla, sus familias y los municipios en los que éstas residen. Esta situación se traduce en que, a día de hoy, el matadero es un problema de salud pública y está considerado el principal foco de la comarca. Creen que el número de positivos puede ascender a un 25% de la plantilla.
Además, el sindicato denuncia públicamente que aquellas personas trabajadoras que acceden a situación de Incapacidad Temporal son sistemáticamente despedidas por Litera Meat de Pini, esto no es una novedad, es política de empresa. Esta práctica, que consideran “repugnante”, en esta situación es una notoria irresponsabilidad, puesto que contribuye a la propagación del COVID-19, ya que la gente acude a trabajar aun con síntomas por miedo a perder el puesto de trabajo.
Desde CNT-Monzón y desde la sección sindical de CNT en el matadero han solicitado a la empresa información acerca de evaluación de riesgos respecto del contagio de COVID-19 en los diferentes puestos de trabajo y en las diferentes zonas de la empresa, el plan de prevención adoptado y los protocolos de seguridad, así como las medidas básicas de protección y desinfección, sin haber obtenido por el momento respuesta. En las últimas semanas, el sindicato CNT ha recopilado información, imágenes y testimonios de trabajadores y trabajadoras que actualmente están analizando y no descartan ponerlos en conocimiento Fiscalía por si de estos materiales pudiera desprenderse algún tipo de actuación delictiva.
Asimismo, CNT han contactado con Inspección de Trabajo, a quien han transmitido su preocupación y han instado a paralizar los trabajos en el matadero hasta que estuviera garantizada la salud de los trabajadores.

lunes, 20 de abril de 2020

La crisis del coronavirus provoca una caída en las afiliaciones a la Seguridad Social peor que en 2008


Noticia de: Arainfo

La estadística de afiliaciones a la Seguridad Social a último día del mes de marzo muestra un descenso brutal de las afiliaciones, en Aragón se registran 23.418 afiliaciones menos respecto al mes de febrero. CCOO Aragón apunta que la alta temporalidad y precariedad ha provocado que la crisis se haya agudizado.


Las estadísticas conocidas hoy sobre las afiliaciones a la Seguridad Social a último día del mes de marzo expresan con más fiabilidad la evolución del empleo y la repercusión de la crisis provocada por el COVID-19. Como cabía esperar los datos en Aragón han sido “desastrosos”, como asegura CCOO Aragón, con 553.198 personas afiliadas a 31 de marzo, 23.418 menos que representan una pérdida del 4,06% respecto al mes de febrero. En el Estado español la disminución ha sido 833.979 personas afiliadas, que supone un descenso del 4,32%.

Los datos de desempleo registrados conocidos el pasado 2 de abril no recogen el impacto completo de esta crisis en el empleo al no recoger los y las trabajadoras afectadas por ERTES. Según estos registros el paro aumentó en Aragón hasta las 72.481 personas durante el mes de marzo, 5.509 más que en febrero que supone un incremento del 8,23%. En el Estado español se registraron 3.548.312 de personas desempleadas, 302.265 más que en febrero que equivale a un incremento del 9,31%. El desempleo interanual creció en 7.069 personas, un 10,81%, mientras que en el conjunto del Estado aumentó en 293.228 personas, un 9,01% más.

Los y las trabajadoras afectadas por ERTES continúan afiliadas a la Seguridad Social, por lo que no se contabilizan en el desempleo registrado (a pesar de recibir una prestación de desempleo). Asimismo, también son consideradas como ocupadas en la encuesta de población activa. En Aragón se han registrado hasta el pasado 8 de abril 5.721 expedientes de regulación temporal de empleo, que afectan a 51.724 personas. En el conjunto del Estado, según la información facilitada por el Ministerio de trabajo, se han solicitado más de 450.000 ERTES que afectan a más de tres millones de trabajadores y trabajadoras.

“Buena parte del empleo destruido en marzo se debe a la finalización de los contratos temporales y los puestos de trabajo perdidos por despidos, individuales o colectivos, antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, lo que demuestra que muchas empresas han aprovechado la coyuntura para ajustar sus plantillas de forma más lesiva, en lugar de utilizar otros elementos de flexibilidad existentes como los ERTES cuya flexibilización fue acordada entre el Gobierno y los agentes sociales”, señalan desde CCOO que aseguran que resulta “evidente” que para todos estos trabajadores y trabajadoras despedidas, la decisión del Gobierno de limitar los despidos ha llegado tarde.

La elevada temporalidad y precariedad que introdujo la reforma laboral de 2012, como han venido denunciando desde hace años la gran mayoría de sindicatos, es la causa de que se destruya el empleo de forma masiva e incluso con una velocidad e intensidad mayor que en la crisis de 2008. “No haber podido derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral hará más difícil la recuperación futura y más precario el empleo que se genere”, apuntan.

Para CCOO Aragón la prioridad absoluta es combatir la crisis sanitaria y salvar vidas. Pero además de atender esta prioridad hay que tomar las medidas necesarias permitan hacer frente al brutal impacto económico y laboral que está teniendo esta crisis. “Los datos que hemos conocido hoy de las afiliaciones a la Seguridad Social son una clara muestra de que esta crisis está alcanzando cifras desconocidas hasta la fecha con el cierre completo de sectores económicos, cientos de miles de contratos suspendidos por los ERTES y de despidos individuales, muchos de ellos de trabajadores con contrato temporal que han perdido sus puestos de trabajo al haberse producido sus despidos antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo”, advierten desde CCOO Aragón.

Aunque desde este sindicato valoran positivamente las medidas sociales tomadas por el Gobierno, consideran necesario ampliar la protección a los y las trabajadoras y colectivos más vulnerables durante esta crisis, “colectivos que no pueden acceder a las prestaciones por desempleo y que al no entrar tampoco en la figura del ERTE no tienen ninguna garantía de recuperar su puesto de trabajo cuando finalice esta situación”. Por todo ello, desde CCOO plantean que se adopten las medidas necesarias para garantizar una renta mínima garantizada mientras dure este período excepcional y que llegue a todas las personas que carezcan de empleo, prestaciones o cualquier tipo de renta de subsistencia.

domingo, 19 de abril de 2020

INTERSINDICAL DE ARAGON-CO.BAS, DENUNCIA LA PRECARIA SITUACION DEL CENTRO CAMP-CADI

Comunicado de Intersindical Aragón
El Camp-Cadi Zaragoza es un centro de discapacitados intelectuales, con más de 100 residentes y una plantilla de alrededor de 100 trabajadores.
Denuncian la falta de equipos de protección laboral, que no llegan y están pedidos desde el 18 de marzo, mascarillas, batas etc. Ya son más de quince días sin recibir nada, solo algún material entregado por particulares y con ellos hacen su trabajo ante una precariedad absoluta y sin respuestas por parte de la DGA.
Es una situación muy difícil, dado las patologías de los residentes además de la falta de personal, ya que muchos trabajadores están en su casa con síntomas del coronavirus. Así ya llevan tres semanas trabajando con menos personal y atendiendo a residentes infectados que ya son 9 y otros con síntomas. Todo esto en pésimas condiciones de personal y protección.
Hay que sumarle la falta de habitaciones para poder aislar a los residentes con síntomas.
Demandan también la falta de realización de test para residentes y para ellos. Sí esto lo unimos la falta de EPIS, con la no realización de test, podemos asistir a un gran número de contagios en pocos días.
Todo esto deja ver la precariedad que sufrimos en nuestro sistema de sanidad público, con recortes desde hace muchos años, con la aprobación de la ley 15/97, aprobada por PSOE, PP, CIU, PNV y el beneplácito de las centrales sindicales (CC.OO y UGT), que abría la puerta a la entrada de las empresas privadas a la gestión de la sanidad pública.
El desmantelamiento de la sanidad pública es una realidad, con toda la complicidad de los gobiernos que hemos tenido a las órdenes de la U.E. y sus recortes. El Pago de la deuda privada hecha publica, modificando el Art. 135 de la constitución en 2011 por PSOE y votando a favor, quienes ya sabemos,  que se antepone a todo el gasto en servicios sociales, sanidad, pensiones, educación etc.

miércoles, 15 de abril de 2020

El negocio de las residencias de ancianos: DomusVi


Estos días de pandemia nos fijamos que el colectivo de personas mayores es quien más lo sufre y padece, incluso con su vida. Lo lógico es que las personas con múltiples patologías sean las más afectadas. Lo que escapa de lo razonable es que gran parte de los casos sean en residencias de ancianos. En Aragón 3 de cada 4 muertes por coronavirus se han producido en residencias para mayores. Residencias que, en su mayoría, son de gestión público-privadas (gestión indirecta o concertadas) o totalmente privada. La situación derivada de la pandemia no ha hecho sino sacar a la luz pública una situación de la que ya se venía alertando: el creciente negocio del cuidado de mayores y sus riesgos.

Grandes empresas y fondos buitre han encontrado el entorno idóneo para la inversión en este sector: tendencia de envejecimiento poblacional, una legislación laboral y de dependencia que favorece la explotación de sus trabajadoras, unas redes comunitarias y familiares cada vez más escasas y la puesta a disposición de dinero público para el negocio de servicios geriátricos. Así, en los últimos años, hemos visto la progresiva concentración en el sector mediante el cierre de operaciones de venta de geriátricos por parte de estos grupos empresariales.

El negocio geriátrico facturó más de 4.350 millones de euros en el estado entre 2015 y 2017. Los cinco grupos empresariales que encabezan este mercado son DomusVi, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol. Algunas de las residencias más afectadas durante estos días pertenecen al gigante geriátrico español DomusVi, ahora controlado por un fondo de inversión británico, que nacía de la fusión de Geriatros y Sarquavitae, previamente comprados por otro fondo de inversión galo, PAI Parteners. En el estado español esta multinacional cuenta con 138 residencias que le reportan un volumen de negocio de 530 millones de Euros. El 65% de esos centros se nutren de dinero público.

Aunque este grupo iba acumulando denuncias de familiares, previas a la pandemia, por falta de calidad en la asistencia, estas eran ignoradas. En tiempos de pandemia, estas denuncias se han visto multiplicadas por la falta de información y de medidas de protección del personal. Las más de 150 muertes de ancianos por coronavirus en ocho de sus residencias, ha obligado a que cinco de sus centros hayan sido intervenidos por las autoridades en cuatro comunidades autónomas.

Este grupo cuenta en Aragón con tres grandes residencias: DomusVi Fontibre, DomusVi Zalfonada y Centro Asistencial Santa Ana de Utebo. Éste último, una residencia de propiedad pública gestionada en un primer momento por Sarquavitae y ahora perteneciente a DomusVi, fue inaugurada en 2014 por la entonces presidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudi, quien la describía como “un buen ejemplo de la colaboración público-privada”. Desde su inauguración hubo protestas, por parte de residentes y familiares, por problemas con la frecuencia del transporte público y la falta de comunicación con los residentes. En 2017 más de 35 internos denunciaban la falta de personal y limpieza. Posteriormente, se sumaba a las denuncias la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza por registros indebidos y vaciados de las habitaciones de los residentes sin estar ellos presentes.

El ahorro en costes de personal de esta y otras empresas, que se traduce en una pérdida en la calidad en la asistencia, se ha demostrado un hecho durante la crisis. Las ofertas de empleo precario, por parte de estas residencias, se suceden durante estos días en un intento de solventar un problema que venía de antes.  Sin embargo, la opacidad en la información en torno a la situación en los centros y la falta de control de las mismos nos sigue inquietando.

El pasado jueves, el Director General de Salud Pública del gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, declaró que el Gobierno de Aragón no es partidario de intervenir residencias de personas mayores cuando se detecta un brote de coronavirus sino de reorganizar los recursos para redistribuir a los usuarios. Algunas preguntas nos asaltan respecto a estas declaraciones: si, previamente a la pandemia, estas residencias, y para muestra un botón, ya acumulaban quejas por falta de personal y limpieza ¿en qué situación se encuentran ahora?; ¿Qué tiene que pasar para que una residencia sea intervenida?; Si en varios territorios del estado varias residencias de este grupo han sido intervenidas, ¿no sería conveniente un mayor control en residencias de los mismos propietarios?

Desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón exigimos que, en el tiempo que dure la pandemia, se garantice la seguridad de nuestros mayores y de quienes cuidan de ellos en las residencias, extremando las medidas de control, intervención y transparencia por parte de los responsables públicos. Una vez todo esto pase, solo una prestación y gestión plenamente públicas de los servicios socio-sanitarios, podrá garantizar que nuestros mayores no sigan pagando con su dignidad o su vida mientras otros se llenan los bolsillos.

jueves, 9 de abril de 2020

TREGUA A UNA LEGISLACIÓN SANITARIA RACISTA: la DGA anuncia tarjetas sanitarias para personas en situación administrativa irregular hasta el 30 de mayo.

En el marco de la crisis sanitaria del COVID19, ayer día 8 de abril, la DGA anunció que otorgaría la tarjeta sanitaria a todas las personas en situación administrativa irregular hasta el 30 de mayo. Y esto porque, recordemos, las políticas de apartheid sanitario seguirán vigentes cuando volvamos a la “normalidad”.

Recordemos que el Decreto 6/2012 impulsado por el PP abolió el derecho a la salud (800.00 personas perdieron su tarjeta sanitaria) e introdujo el copago sanitario. Luego serían las CCAA las que se encargarían de desarrollar “parches legislativos” que mitigaran el drama de la exclusión sanitaria. Posteriormente, como enmienda al decreto, el PSOE emitió el Real Decreto-Ley 7/2018 sobre el acceso Universal al Sistema Nacional de Salud. El título de este nuevo decreto simulaba restituir la sanidad universal, pero su contenido daba continuidad a una política sanitaria racista que retira la titularidad del derecho – inherente a todo ser humano - según la situación administrativa de las personas. Un decreto ambiguo y escasamente desarrollado volvía a dejar en manos de las CCAA el reconocimiento y la acreditación de la asistencia sanitaria a las personas extrajeras. De este modo, el actual decreto impone una serie de requisitos para reconocer esa asistencia y agrava, aún más si cabe, la situación de algunos colectivos:

·         Impone acreditar un empadronamiento de al menos 3 meses y elimina las excepciones del decreto anterior para la atención en urgencias a embarazadas y menores de edad. Así, a todos aquellos que no demuestren una estancia de 90 día se les emite una factura por los servicios prestados. Puede deducirse entonces el gran número de personas que quedan desamparadas y requieren de un tratamiento continuado o urgente: enfermos de cáncer, problemas cardiovasculares, VIH, interrupción del embarazo, etc. Para estos casos se define una vía excepcional mediante informe de un trabajador/a social que acredite la necesidad de atención urgente. Tenemos constancia de que en Aragón estos informes se quedan en papel mojado.

·         Otra exigencia impuesta es la de no tener que acreditar una cobertura obligatoria sanitaria por otra vía, requisito establecido por la ley de Extranjería de contar con un seguro médico privado para obtener el permiso de residencia por reagrupación familiar. Este aspecto está afectando, principalmente, a los migrantes con residencia regular a través de la reagrupación familiar ascendente (tramitada por sus hijos de nacionalidad española), que son sistemáticamente excluidos del sistema sanitario por el gobierno, debido a una interpretación racista que antepone la normativa de extranjería al derecho de atención sanitaria.

·         Las personas de nacionalidad española que están en el extranjero también son excluidas del sistema sanitario. Esto afecta principalmente a personas que llevan 3 o más meses fuera y todavía no han encontrado un trabajo, castigando así las situaciones de mayor precariedad.

·         Aunque se eliminaba progresivamente el copago a pensionistas, este se sigue aplicando en un máximo del 40% para extranjeros que no tienen regularizada su situación administrativa.

·         Inquietante resulta también la mención referente a los trasplantes para extranjeros. Aunque no queda desarrollada, anuncia el establecimiento de unos requisitos y periodos mínimos de los que se deduce unas condiciones discriminatorias para poder acceder a la lista de trasplantes.

Lo expuesto es solo una síntesis de las implicaciones de la legislación vigente en materia de sanidad. Ni siquiera abarca una mínima parte de las consecuencias que implica esta vulneración racista del derecho a la salud. Esta síntesis no refleja una multitud de casos particulares que son también sistemáticamente expulsados del sistema sanitario y afectan a miles y miles de personas. Valga este comunicado para volver a recordar que, cuando la crisis sanitaria llegue a su fin, la vida de muchas personas seguirá estando en peligro. Será nuestra responsabilidad exigir una sanidad pública, gratuita y de calidad para todos y todas, sin excepción.

Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón

ü  Derogación de la ley 15/95 y artículo 90 de la LGS, que permiten las privatizaciones en sanidad y vuelta a manos públicas de todo lo privatizado.
ü  Industria sanitaria y farmacéutica públicas
ü  Todos los recursos de la sanidad deben ser públicos. Nunca más dinero público a la privada.
ü  Derecho a la salud para todos y todas, sin excepciones.
ü  Atención digna a nuestros mayores. Por unos servicios sociosanitarios públicos.

miércoles, 8 de abril de 2020

Prisiones y coronavirus: campaña #DDHHEnPrisión #COVID 19 para la adopción de medidas de excarcelación y vías efectivas de comunicación entre las familias y quienes se encuentran dentro de las prisiones.


Las medidas sociales que se plantean en el estado de alarma en el que nos encontramos actualmente, no tienen en cuenta las realidades de las personas más expuestas a violencias estructurales y a las que menor acceso tienen a recursos, dejando fuera a una importante parte de la población.
Desde C.A.M.P.A. queremos mostrar nuestra gran preocupación por la situación actual de las personas presas ante la crisis sanitaria provocada a raíz de la rápida expansión del coronavirus, COVID-19.
Nos preguntamos cómo afecta esta situación las personas presas, sus familiares y amigxs: el doble aislamiento, la desatención sanitaria, la soledad que supone no poder verse ni siquiera a través de cristales…. En definitiva, cómo afectará esta situación a su estado de salud y a sus derechos. Tenemos conocimiento de que actualmente se encuentran aisladas en las celdas, que las cartas no llegan y se están aplicando primeros grados de facto. ¿Qué consecuencias tiene este doble aislamiento para la salud mental? ¿Cómo poder gestionar la vulnerabildad, el miedo y la ansiedad desde dentro?
No debe dejarse de lado la excepcionalidad en cuanto a restricciones de derechos en la que viven diariamente las personas presas y el plus que suponen todas estas medidas nuevas. A continuación, mostramos el resumen cronológico de las medidas adoptadas ante el coronavirus por parte del Ministerio del Interior para prevenir mayor número de contagios, restringiendo los derechos de las personas presas.
El día 12 de marzo comenzaron las primeras restricciones como consecuencia de la aparición de los primeros casos de COVID-19 en las cárceles de Madrid VI y Álava. Consistían entre otras, en suprimir los vis a vis y dejar únicamente las visitas con familiares y amigxs, abogadxs mediante locutorio al estar separadxs mediante cristales, además quedaba excluida la entrada de voluntarixs, suspendidas las salidas programadas y tratamentales… Con ello comenzaba el aislamiento de las 69 prisiones del Estado.
El día 15 de marzo, una vez fue decretado el Estado de Alarma, se publicó la Orden 227/2020, por la que se tomaron las siguientes medidas:
  • Todas las comunicaciones ordinarias con familiares y amigxs quedan suspendidas.
  • Las salidas de permisos, salidas programadas y cualquier otras salidas quedan suspendidas, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad para evitar los desplazamientos considerados prohibidos por el art. 7 del RD 463/2020, de 14 de marzo.
  • Las personas presas clasificadas en tercer grado o que tengan aplicado un régimen de flexibilidad que se hallen destinadas en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios podrán salir para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el art. 7 del mencionado real decreto, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario.
  • Se ampliarán las comunicaciones telefónicas que tengan autorizadas las personas presas, especialmente con abogadxs, a fin de que en todo momento quede garantizado el derecho de defensa.

sábado, 4 de abril de 2020

Por qué es imprescindible crear una industria sanitaria pública


La crisis del Covid-19 ha permitido destapar la vergonzosa situación del equipamiento de protección, de técnicas de diagnóstico y la farmacia en el Sistema Nacional de Salud.

El caso de la hidroxicloroquina es paradigmático. Cuando parece que funciona en algunos casos de Covid-19, las existencias en los hospitales están prácticamente a cero. Y la posibilidad de conseguir comprarlo en el mercado internacional es escasa: India, mayor productor mundial, que era quien abastecía al mercado español, ha prohibido la exportación de su molécula, de forma que en estos momentos no hay capacidad para fabricarla en el estado español. Otro tanto pasa con medicamentos utilizados para la sedación en las unidades de críticos, como es el caso de los relajantes neuromusculares.

Hace años, ante la crisis de la hepatitis C, planteamos la creación de un sistema de farmacia público, que fuera capaz de producir los medicamentos esenciales, no siendo rehén de las multinacionales1. Lógico ya que comprar el Sofosbuvir a casi 60.000 € por cada tratamiento de 12 semanas, (cuando sus costes no pasan de 115 €, casi 600 veces más) no tenía ningún sentido. Ni se hizo, ni se apostó por saltarse las barreras comerciales en base al criterio de utilidad pública, lo que permitía la ley, e incluso el Parlamento Europeo reconoció2. Big Pharma hizo su agosto. El pueblo puso los muertos3.