jueves, 2 de julio de 2020

Rap y compromiso con la sanidad pública: "A TU SALUD"

Los raperos zaragozanos Furelguti, Ypsen, Krevi Solenco, Manu Haller, Dj Diamond Ex y la agencia el Ciervo sacan la canción "A TU SALUD". Todo un manifiesto de compromiso con la sanidad pública y una repulsa contundente contra la construcción del Macrohospital privado en Zaragoza. Para nosotrxs, el temazo del año..."rifan tu salud, negocian con tu muerte, se juntan en su club y odian todo lo diferente"






martes, 23 de junio de 2020

La patronal de residencias reclama más fondos públicos para "dignificar" los salarios del sector

Noticia de eldiario.es 

Antonio Garamendi y Juan Ignacio Vivas, este jueves.

El presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Juan Ignacio Vivas, ha apostado este jueves por "salarios más dignos" en el sector y para ello ha apostado por un incremento de los precios públicos que cobran las empresas en los centros cuya gestión le encomiendan las comunidades autónomas.
"La intención, frente a lo que algunos puedan pensar, no es que las empresas ganen más dinero", sino la "profesionalización del sector" y "dignificar" sus salarios, asegurando a sus trabajadores "empleo estable y de mayor calidad, que yo creo que lo merecen porque en estas circunstancias han estado en primera línea" y "no están pagados como deberían".
Durante su intervención en la Cumbre empresarial organizada por la CEOE, Vivas, presidente de esta patronal de presidencias y a su vez de Ballesol (de la aseguradora Santalucía), ha dicho que "no ha llegado todavía el momento de hacer balance de lo sucedido" en la crisis del coronavirus, pero sí ha expuesto "algunas conclusiones provisionales" de aspectos que convendría revisar, como que los residentes "no reciben una adecuada atención" del sistema de salud y se han convertido "en ciudadanos de segunda clase", una situación "endémica" previa a la crisis del coronavirus.
El directivo, que ha pedido un "pacto de Estado" para abordar la situación del sector, ha reclamado, de cara a un posible rebrote de la pandemia, un sistema de alertas tempranas porque "esto no puede volver a pasar", test masivos para residentes y profesionales, que la Administración cuente con un "stock de seguridad importante" de equipos de protección de seguridad, y mayor coordinación socio sanitaria.
Tras el elevado número de fallecimientos en estos centros, "no hay que buscar culpables" porque "todos lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido. Cuando las cuestiones pasan, los que tomamos decisiones siempre cometemos aciertos y errores, pero es muy fácil opinar sobre todo desde el exterior sobre las situaciones que se han vivido, realmente duras. Ningún país está preparado para una pandemia, ni sus servicios sociales, ni sus servicios sanitarios".
El directivo ha pedido huir de la "perspectiva simplista" de concebir como un todo a los 5.500 centros residenciales que existen en España, que cuentan con 390.000 plazas y en los que trabajan 200.000 profesionales de manera directa, con el 75% de las plazas en manos de empresas privadas, de forma directa o bajo concesión. Es un "atrevimiento imprudente" meter a todos en el mismo saco porque "no todas ellas disponen de iguales recursos para hacer frente a circunstancias excepcionales" como esta.

"Ningún tipo de coste"

Uno de los principales grupos de residencias en España es Eulen, cuya presidenta, María José Álvarez, ha intervenido justo antes que el presidente de AESTE, de la que forma parte. Álvarez ha clamado contra una subida de impuestos, como viene siendo la norma durante esta cumbre. "Cuando en estos tiempos se nos habla de subidas de impuestos creo que cualquier empresario y cualquier trabajador no puede evitar mirar con cara de asombro", ha dicho.
"No creemos que sea el momento de regular un incremento fiscal ni en el ámbito personal ni el empresarial", tras tres meses en los que "alrededor del 32% de la población ha agotado sus ahorros". Según la presidenta del gigante de la seguridad privada y los servicios, su sector no puede "asumir ningún tipo de coste" tras las últimas subidas del salario mínimo.

Sin mencionar la reciente aprobación sin votos en contra del Ingreso Mínimo Vital en el Congreso, Álvarez ha asegurado que "muchas de las regulaciones que en este tiempo se han publicado de una manera o de otra no propician el interés por un trabajo formal" y "sería fundamental hacer compatibles las ayudas a los desfavorecidos con el estímulo a encontrar un puesto de trabajo" porque "la economía sumergida no protege al trabajador que no tributa y no cotiza".
Álvarez también ha señalado que "se va a producir una internalización de servicios por parte de la empresa privada y de las administraciones públicas que vuelve a dejar al sector en una situación de incertidumbre muy grave. Este es un sector donde existe la figura de la subrogación y que en caso de la internalización no se activaría salvo en algún caso raro que así lo recoja el convenio. Eso significaría la destrucción de puestos de trabajo de manera muy importante y un coste de desvinculación que las empresas de mala manera podríamos asumir".
Sin mencionar situaciones concretas, la presidenta de Eulen ha dicho que en esta crisis "hemos vivido y seguimos viviendo una época de inseguridad jurídica que en nuestro sector de servicios intensivos en personas nos ha llevado a situaciones realmente insoportables y prácticamente imposibles de adaptar en el tiempo que se nos requería. Es por ello que pedimos no solamente seguridad jurídica sino estabilidad normativa que nos permita adaptar nuestros sistemas a esta regulación".

lunes, 22 de junio de 2020

Video Koiné TV : EL DERECHO A LA SANIDAD. Manifestación en Defensa de la #SanidadPublica #Zaragoza


Castilla y León oculta los datos de muertes por residencias para "no perjudicar los intereses económicos" de las empresas


Orden del Gobierno de Castilla y León negando datos sobre muertes en residencias privadas. 

El Gobierno de Castilla y León considera que “los intereses económicos y comerciales” de las empresas de residencias están por encima del derecho de los ciudadanos a conocer qué ocurrió durante la pandemia en los geriátricos de la región. Así consta en una orden del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco (PP), firmada el pasado 3 de junio, en la que se deniega el acceso a la información sobre número de fallecidos en los geriátricos privados de la región, solicitada al amparo de la Ley de Transparencia.

Dicha norma, aprobada en 2013 con el objeto de “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública”, reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. En su artículo 14 establece, no obstante, una serie de límites a ese derecho de forma que una Administración puede negar los datos que le solicitan cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la investigación de ilícitos penales o la protección del medio ambiente, entre otros asuntos detallados en una larga lista. Una de esas cuestiones, recogida en el artículo 14.1.h), es que se cause un perjuicio a “los intereses económicos y comerciales”.

A ese artículo es precisamente al que se agarra la Junta de Castilla y León para negar los datos de fallecimientos en las residencias privadas. Entre el 14 de marzo y el 14 de junio, murieron en dicha región 2.587 residentes con coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad.

En la orden del Gobierno de Fernández Mañueco se explica que los Servicios Jurídicos de la Junta emitieron un informe analizando qué datos sobre fallecimientos en residencias pueden difundirse. Ese dictamen se apoya en el citado artículo 14.1.h), que limita el derecho de acceso a la información para proteger “los intereses económicos y comerciales”, a pesar de que en la misma norma se determina que la aplicación de cualquier límite “será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”.

Pese a que el informe no es vinculante, el Ejecutivo de Fernández Mañueco lo hace suyo y asume las dos conclusiones básicas del mismo:

– La Junta puede proporcionar datos numéricos de personas fallecidas en centros residenciales de titularidad autonómica, con la desagregación que considere oportuna, incluyendo el nivel de cada residencia o centro individualmente considerado.

– Sobre el resto de centros que no sean de su titularidad, incluidos los intervenidos públicamente, sólo podría trasladar la información de fallecimientos de forma agregada, de tal modo que impida una relación de vinculación entre un número de fallecidos y la identificación y localización individual de cada residencia.

De esta forma, para proteger los "intereses económicos y comerciales" de las empresas de residencias, la Junta de Castilla y León no sólo oculta los datos de muertes en geriátricos privados. Tampoco ofrece información sobre las residencias de titularidad pública de las Diputaciones –hay en total 20 en las nueve provincias– o de los Ayuntamientos –existen 158–, ni de aquellas que siendo privadas reciben dinero público para la concertación de plazas, ni siquiera de las que han tenido que ser intervenidas durante la pandemia por el Gobierno autonómico ante la caótica situación que se vivía en ellas.

En realidad, ni siquiera facilita datos desagregados de los 21 geriátricos de titularidad autonómica que operan en la comunidad. Cinco de ellos están gestionados por empresas privadas y, en esos casos, tampoco publica el dato de decesos por centro. Su protección de los "intereses económicos y comerciales" de las empresas llega hasta ese extremo.

Pero, ¿qué intereses son exactamente los que está protegiendo el Gobierno autonómico del PP? Para saberlo, infoLibre explica a continuación quiénes son las principales empresas de residencias que operan en Castilla y León y quiénes son los propietarios de dichas compañías.

COMISIONADO DE TRANSPARENCIA

La orden denegando los datos de fallecimientos por residencias que fue dictada por la Consejería de Familia –cuya titular es María Isabel Blanco (PP)– no es firme en vía administrativa. La legislación establece que cabe una reclamación potestativa ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León. El periodista de infoLibre que realizó la solicitud presentó ya dicho recurso, que fue admitido a trámite por el Comisionado el 19 de junio. Este órgano tiene ahora tres meses para resolver. En última instancia, un ciudadano puede acudir a la jurisdicción contenciosa cuando considere que una Administración ha cercenado su derecho de acceso a la información pública.

En el texto de la reclamación se recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo obliga a interpretar de forma "restrictiva" cualquier limitación al derecho de acceso a la información pública (ver STS 3530/2017, de 16 de octubre), se argumenta que la transparencia en un tema de salud pública debe prevalecer frente a los "intereses económicos y comerciales" de las empresas y se denuncia la "discriminación" que supone ofrecer los datos de ciertas residencias de titularidad pública mientras que se ocultan los de aquellos geriátricos de gestión privada.

También se destaca la paradoja de que la Junta asuma que desvelar un alto número de fallecidos en una residencia puede causar un perjuicio a los "intereses económicos y comerciales" de una empresa y no tenga en cuenta su corolario –que la inexistencia de muertes en un centro puede conllevar un beneficio para éste–, lo que permite concluir que la Junta está en realidad velando por los intereses de unas empresas (las que tienen un alto número de fallecidos) frente a otras (las que no sufrieron decesos).

domingo, 21 de junio de 2020

Éxito de la manifestación contra del macrohospital privado y por la defensa de una sanidad pública, gratuita y universal y de calidad

Como uno de los "colectivos en defensa de la sanidad pública" convocantes, valoramos que la manifestación de ayer fue un éxito tanto en asistencia como en coordinación, la cual era indispensable para mantener las medidas de prevención a lo largo de todo el recorrido. En ese sentido, agradecer la gran responsabilidad demostrada por todos los asistentes que, además de manifestar su compromiso con la defensa de una sanidad pública, colaboraron de manera ejemplar en el trancurrir de la manifestación, cuya longitud superaba los 2km. También destacar la pluralidad de colectivos y reivindicaciones que demuestran que queda mucho por hacer y que la lucha debe continuar. Nos encontramos en las calles. 




Ver aquí crónica completa e imágenes de la manifestación publicada por Arainfo Noticias

La primera de las movilizaciones de este sábado ha tenido lugar a las 12.00 horas en Samianigo. En la capital del Alto Galligo un centenar de personas, con mascarillas y manteniendo las distancias de seguridad, se han concentrado dando el pistoletazo de salida a una intensa jornada reivindicativa en defensa de la sanidad y los servicios públicos. Imágenes que se han sucedido a lo largo de la geografía aragonesa donde todas las movilizaciones se han desarrollado bajo un estricto protocolo de prevención realizado por la organización para cumplir con todas las medidas sanitarias y de seguridad.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, arrancaba en Zaragoza la gran movilización del día que ha reunido a miles de personas convocadas por más de 50 organizaciones, asociaciones y colectivos, bajo el lema 'No al macrohospital privado. Por una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad', animada por el 'Somos' de José Antonio Labordeta que han hecho sonar en unos altavoces, y al grito de "La sanidad no se vende, se defiende", "Nuestra salud no es un negocio" o "Si nos aplaudiste: ¡Únete!".
La movilización ha sido un éxito en todos los sentidos. Cuando la protesta llegaba a la plaza España, un gran número de personas seguía sin salir en la plaza de San Francisco, casi dos kilómetros de gente llenando las principales vías de la capital aragonesa. La marcha ha recorrido después la calle del Coso, continuando por Las Murallas, para llegar al Ayuntamiento donde se ha procedido a la lectura del manifiesto. "Por un sistema sanitario centrado en las personas. Por una salud que ponga la vida en el centro. Porque la privatización mata y las desigualdades también", han reivindicado.

lunes, 15 de junio de 2020

Colectivos en defensa de la sanidad pública realizan una acción reivindicativa en el solar del macrohospital privado




Este domingo, colectivos en defensa de la sanidad pública -convocantes de la manifestación del próximo sábado 20 de junio- han llevado a cabo una acción de "pintada de pancartas" en el solar donde el Ayuntamiento de Zaragoza pretende construir el macrohospital privado.

Un solar que, siendo un suelo público y calificado como zona verde, ya cuenta con los apoyos necesarios (PP, Ciudadanos y la ultraderecha) para ser recalificado para su edificabilidad y ser vendido, "a precio de saldo, para que a sus empresas amigas les salga el negocio redondo".
Con esta acción, los colectivos, además de manifestar su "rotunda oposición" a este "doble pelotazo" (urbanístico y sanitario), quieren hacer un llamamiento a la manifestación del próximo sábado 20 de junio cuyo lema es 'No al macrohospital privado en Zaragoza. Por una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad'.

Consideran, así, que "tan solo la movilización de los principales afectados, profesionales y usuarios de la sanidad pública, puede revertir las políticas privatizadoras y conseguir la sanidad pública que todos y todas necesitamos".

Fuente: arainfo

viernes, 12 de junio de 2020

Manifestación unitaria sábado 20J: “No al macrohospital privado en Zaragoza. Por una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad”



La crisis del coronavirus ha destapado la situación del sistema sanitario y socio-sanitario en el Estado español, dando la razón a 20 años de reivindicaciones y denuncias: LAS POLÍTICAS DE PRIVATIZACIÓN Y RECORTES MATAN. Todo ha acabado en un espectáculo dantesco: atención primaria sin medios para contener la epidemia, hospitales colapsados y con recursos insuficientes, profesionales agotados que se han enfrentado a la pandemia en condiciones lamentables y obligados a elegir a quién intentaban salvar la vida por falta de respiradores, residencias de ancianos donde los infectados y las muertes sin atención han sido la tónica general, centros de menores, salud mental, cárceles y CETIs de los que ni se habla. Los datos hablan por sí mismos: las CCAA más afectadas durante la pandemia son aquéllas donde la sanidad ha sido más recortada y privatizada.

Todo esto tiene responsables: los partidos políticos que aprobaron la Ley 15/97 para introducir los “nuevos modelos de gestión” que abrían las puertas a la empresa privada, que desde entonces han mantenido todos los gobiernos de turno y que el actual gobierno sigue manteniendo. Por eso exigimos su inmediata derogación. Aquellos sindicatos que no han defendido el interés general. Las empresas y fondos de capital riesgo que se han hecho negocios millonarios con estas privatizaciones. Los jueces que no han visto ningún problema en las leyes que desmontaban la sanidad… y una parte población que guardamos silencio mientras todo esto ocurría, pensando que no nos afectaba. Hoy la realidad es muy distinta. Todos y todas hemos perdido o conocido a alguien que ha muerto por falta de asistencia o deficiencias en la atención. Ya es hora de pasar de los aplausos a exigir nuestros derechos.

No podemos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Los de siempre querrán hacer tabla rasa y volver a la situación previa, con el sistema de salud desmantelado. En junio de 2019, según cifras oficiales convenientemente maquilladas, casi 700.000 personas esperaban cita para una intervención quirúrgica y 2.400.000 esperaban la primera consulta con el especialista. Mientras tanto, seguros y centros privados (esos que desaparecieron durante la pandemia y ahora reclaman contrapartidas económicas), no han parado de crecer y hacer caja a nuestra costa. Queremos que el dinero se invierta en interés de todos y todas, en nuestro beneficio y para la atención que todos y todas merecemos. Y sabemos que hay dinero. Lo que no ha habido es voluntad política para defender a la gente y molestar a los fondos de inversión, a la industria militar, a las fuerzas armadas, a la corona y sus comisiones, a las corporaciones energéticas, constructoras, financieras … que parasitan todos y cada uno de nuestros derechos, a sus crímenes, sus chantajes y sus paraísos fiscales. Ocurrió con la estafa de la crisis anterior y no puede volver a ocurrir ahora.

Por eso no queremos “su” normalidad: porque esa normalidad incluye una legislación racista que expulsa a miles de personas sin acceso a una asistencia sanitaria en igualdad de condiciones, donde la ley de extranjería prevalece sobre el derecho a la salud; porque también significa eludir la responsabilidad de dar unos cuidados dignos a quienes lo necesitan, dejando a nuestros seres queridos en manos de empresas que ahorran en lo esencial y explotan a sus trabajadoras porque el beneficio económico es su único objetivo. Aragón es un buen ejemplo: el 89% de las muertes por covid-19 se han producido en residencias de ancianos.

Sin embargo, lejos de avergonzarse y tomar medidas para reforzar el sistema público en nuestro territorio, el Ayuntamiento de Zaragoza se ríe en nuestra cara anunciando la construcción de un macro-hospital privado en la ciudad: un “pelotazo” especulativo entre Ayuntamiento y empresas para seguir haciendo negocio con nuestra salud. Intentan estafarnos otra vez. Fortalecer la sanidad pública es dotarla de personal suficiente, recursos e instalaciones íntegramente públicos (tanto en financiación, propiedad, en provisión y en gestión de servicios), garantizar la asistencia a toda la población y derogar la legislación que la expone un derecho universal a la especulación y al negocio privado.

No queremos promesas de blindaje en la Constitución, ni elaboración de libros blancos para “reconstruir la sanidad”, ni presencia en Comisiones parlamentarias de aquellas personas que nos han llevado a esta situación. Este es un problema de todos y todas. Este es el momento y la responsabilidad es nuestra. Estamos obligados a salir a la calle. No un día, ni dos, sino todos los necesarios para obligarles a paralizar las privatizaciones, revertir lo ya privatizado, expulsar el ánimo de lucro de la atención sanitaria, garantizar la atención a todas las personas en igualdad de condiciones, sin excepciones ni requisitos, y establecer un sistema digno para el cuidado de nuestros mayores.

Por un sistema sanitario centrado en las personas. Por una salud que ponga la vida en el centro. Porque la privatización mata y las desigualdades también.


1. No a la construcción del macro-hospital privado en Zaragoza. Exigimos la paralización inmediata de los trámites de la venta de suelo público para su instalación y la desautorización del Gobierno de Aragón.

2. Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que legalizan la privatización y los conciertos. Vuelta a manos públicas de todo lo privatizado. Incompatibilidad absoluta público-privada. Nunca más dinero público a la privada: ni contrapartidas ni subvenciones. Fuera las empresas de la sanidad.

3. Por una industria sanitaria y farmacéutica pública.

4. Sanidad gratuita y universal: salud para todos y todas, sin requisitos ni excepciones. Exigimos la Derogación del Decreto 16/2012, que nos devuelvan el derecho que nos ha sido robado.  

5.- Potenciación de la Atención Primaria: por un modelo de prevención y promoción de la salud colectiva.

6. Investigación de las muertes producidas en las residencias y asunción de responsabilidades. Cuidados de nuestros mayores con dignidad. Servicios sociosanitarios 100% públicos.

7. Por una salud pública centrada en “los determinantes sociales”: la privatización mata, las desigualdades también.


Con nuestra salud ni se juega ni se negocia

Por una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad

No al macrohospital privado


“Colectivos en defensa de la sanidad pública” convocantes:

domingo, 7 de junio de 2020

Más de medio centenar de colectivos convocarán la manifestación del 20J


Reunidas en la tarde de ayer, en el parque Delicias, más de cincuenta entidades y organizaciones vecinales, sociales, sindicales y políticas de Zaragoza decidieron convocar de manera conjunta, como “colectivos en defensa de la sanidad pública”, una manifestación unitaria, multitudinaria y plural el próximo sábado 20 de junio, a las 19h, bajo el lema “No al macro-hospital privado. En defensa de una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad”.

La crisis del Covid-19 ha destapado la grave situación del sistema sanitario y socio-sanitario en el Estado español, dando la razón a nuestras reivindicaciones durante los últimos 20 años: las políticas de privatización y los recortes matan. Con la progresiva eliminación de derechos se han plasmado en medidas de emergencia que han parcheado la exclusión del derecho a la salud para miles de personas, una atención primaria sin medios para contener la epidemia, hospitales colapsados y con falta de recursos, profesionales que se han enfrentado a la pandemia en condiciones lamentables o residencias de ancianos en las que contagios y muertes han sido la tónica general.

Todas nuestras exigencias, a las que se suma nuestra indignación por el reciente anuncio de otro “pelotazo” especulativo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y las empresas que mercadean con nuestra salud, se recogerán en un manifiesto firmado por todos los convocantes.

Este 20 de junio vamos a dejar claro que no vamos a consentir que desde el consistorio se implante en Zaragoza el modelo sanitario de Zaplana, Camps y la Gürtel. No vamos a permitir que desde el ayuntamiento se deje nuestra salud en manos de empresas como Ribera Salud, que ha tenido que salir a la carrera y por la puerta de atrás del hospital de Alzira, dejando un agujero millonario en las arcas públicas y una gestión catastrófica.

Fruto también de esa reunión es la creación de una “comisión de prevención” que, bajo la supervisión y el asesoramiento de profesionales sanitarios, realizará un protocolo de prevención y garantizará el cumplimiento de todas las medidas de prevención necesarias durante el recorrido de la manifestación – que marchará desde el hospital Miguel Servet hasta la Plaza del Pilar, frente al Ayuntamiento de la ciudad, siempre por avenidas amplias, en desfile por columnas, que permitan mantener la distancia física entre los asistentes.

Colectivos en defensa de la sanidad pública
5 de junio de 2020

miércoles, 3 de junio de 2020

Ribera Salud: del pelotazo valenciano al pelotazo en Zaragoza




En otro capítulo del “pelotazo sanitario”, hoy se presenta un nuevo candidato a la licitación para el macro-hospital privado: nada más y nada menos que el Grupo Ribera Salud, empresa concesionaria que gestionó el hospital de Alzira de la Comunidad Valenciana entre 2003 y 2018, ese que fundó el “modelo Alzira” como paradigma de la privatización sanitaria.

En una carta dirigida al concejal de Urbanismo, el consejero-delegado del grupo Ribera Salud Alberto de Rosa afirmaba: "contamos con más de 20 años de experiencia a nuestras espaldas, habiendo desarrollado un modelo de gestión propio que, en colaboración con la administración pública, ha alcanzado excelentes indicadores asistenciales y de calidad". Así es. Hagamos memoria para repasar esas dos décadas de experiencia en la aplicación de ese modelo.

En 1997 se aprobó la Ley 15/97 “de Nuevas formas de gestión en el SNS”, que abría las puertas a nuevos modelos de gestión, tanto directa como indirecta, situándose en esta última la concesión administrativa. Dos años después, en 1999, la Comunidad Valenciana inauguró el hospital de la Ribera (Alzira), primer hospital “modelo concesión administrativa” del estado.

Eduardo Zaplana, entonces presidente de la Comunidad Valenciana, impulsó este modelo de privatización sanitaria, luego desarrollado por sus sucesores Francisco Camps y Carlos Fabra. Todos acabaron condenados por su implicación en el caso de corrupción de Gürtel.

El hospital de Alzira fue adjudicado a un grupo de empresas privadas, la UTE Ribera Salud (entonces Adeslas, Bancaja, CAM, ACS-Dragados y Lubasa), que construyó el hospital con una inversión final de 72 millones de € (frente a los 41 millones anunciados) para su explotación por un período de 10 años, pasados los cuales el hospital revertiría al sector público. Durante el primer año recibiría 204 € por habitante. Tras cuatro años de pérdidas y ante el fracaso del experimento, la consellería valenciana decidió extinguir el contrato y “rescatar” el hospital abonando a Ribera Salud 43,9 millones de euros del presupuesto público. A continuación, la Consellería Valenciana de Sanidad convocó un nuevo concurso de gestión sanitaria de la comarca, ampliando el paquete con 13 centros de salud de atención primaria y mejorando las condiciones económicas para la empresa adjudicataria: se elevó el pago por persona a 379 € por habitante y año y se alargó el periodo de concesión a 15 años prorrogables por otros 5. La concesión volvió a recaer en la misma UTE que le había hecho fracasar, ¡Ribera Salud! A partir del 2003, con las nuevas condiciones, los accionistas de Alzira comenzaron a repartirse las ganancias hasta la finalización del contrato en 2018. El gobierno valenciano vendió la operación como un “rescate” para recuperar los servicios privatizados, pero no fue más que una no-renovación de la concesión a fin de contrato.

El “modelo Alzira” gestionado por Ribera Salud (que también ha gestionado los centros de Manises, Torrevieja, Elche y Denia) supuso una merma en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, una pérdida en la calidad asistencial y un desfalco de 7.500 millones de euros a la Generalitat Valenciana.

El tipo de modelo de gestión sanitaria que propone el Ayuntamiento de Zaragoza supone un mayor coste para las arcas públicas y un empeoramiento de las condiciones laborales y de salud de la población. Es el negocio de unos pocos en perjuicio de la mayoría. Mostremos unidos trabajadores/as y usuarios/as de la sanidad, en la manifestación del sábado 20 de junio, nuestra rotunda oposición a la construcción del macrospital privado en nuestra ciudad.

3 de junio de 2020

Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón.


jueves, 28 de mayo de 2020

Comunicado Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón: Manifestación sábado 20 de junio en defensa de la sanidad pública


Este miércoles 27 de mayo la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), conformada por decenas de colectivos anti privatización de la sanidad de los diferentes territorios del Estado español, en reunión virtual, ha acordado el inicio de una campaña para la movilización en defensa de la sanidad pública.

Esta convocatoria de carácter estatal, motivada por las causas estructurales que han agravado la crisis sanitaria durante la pandemia del Covid-19, entronca con la movilización planteada desde la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón, que culminará con una gran manifestación el próximo sábado 20 de junio, contra el “pelotazo sanitario” de Azcón y por la exigencia de una sanidad pública, universal y de calidad.

Desde la plataforma consideramos que proteger a quien nos protege es responsabilidad todos y todas. Nuestro derecho a la salud está por encima de cualquier interés privado o partidista. Por eso hacemos un llamamiento para que todo el mundo salga a la calle y que esta movilización sea masiva.

Invitamos, del mismo modo, a todas aquellas entidades, colectivos y sindicatos entre cuyos fines se encuentre la defensa de una sanidad Pública a participar como coorganizadores para una manifestación unitaria bajo las siguientes exigencias:


1.-No al macrohospital privado en Zaragoza. No al “pelotazo sanitario”

2.-Derogación de la Ley 15/97 y del art. 90 de la LGS, por ser la habilitación legal de las privatizaciones y conciertos. Incompatibilidad Público/privada. Fuera las empresas de la sanidad

3.- Por una industria sanitaria y farmacéutica pública.

4.- Sanidad gratuita y universal, sin requisitos ni excepciones. Derogación del Decreto 16/2012

5.- Potenciación de la Atención Primaria: por un modelo de prevención y promoción de la salud.

6.- Cuidados y trato digno para las personas mayores. Servicios socio-sanitarios 100% públicos.

7.- Por una salud centrada en los determinantes sociales: la privatización mata, las desigualdades también. 

Desde la profunda convicción de que el deterioro y privatización de la sanidad en un problema que atañe a toda población, la próxima semana comenzaremos una ronda de contactos con otras entidades para conseguir una convocatoria tan unitaria y plural como ha de ser nuestra sanidad.

En otro orden de cosas y para hacer una manifestación lo más segura posible, nuestro equipo sanitario de prevención ya ha elaborado un primer documento para un protocolo de seguridad, el cual se adjunta a este comunicado, sobre el que comenzar a establecer las bases para que esta acción conjunta contribuya a la sanidad pública y no a la pandemia.



martes, 26 de mayo de 2020

Comunicado Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón: Hacia una gran manifestación por la sanidad Pública


Ayer lunes 25 de mayo de 2020 en reunión extraordinaria y urgente, la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad en Aragón, ha tomado la decisión de convocar una manifestación multitudinaria para defender la sanidad pública, que tendrá lugar la segunda quincena de junio.

Lo sucedido esta mañana en la comisión de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, en la que PP, Vox y Ciudadanos han puesto la primera piedra de su Pelotazo Sanitario con la recalificación del solar de Gómez Laguna en el que pretenden construir su macrohospital privado, es la gota que colma el vaso.

Consideramos que esta construcción es la mayor agresión contra la sanidad pública perpetrada en Zaragoza y una de las más graves en la historia de Aragón.  Es hora de transformar el apoyo simbólico de los aplausos en un apoyo real, mostremos el agradecimiento debido a los y las profesionales arropándoles en su trabajo, en su día a día, mejorando sus condiciones.

Por eso hemos decidido salir a la calle, siempre con las máximas garantías sanitarias, sabemos que el riesgo cero no existe, pero hemos encargado a un grupo de personal sanitario de la Plataforma que estudie la manera de manifestarse minimizando el riesgo, para no contribuir al desastre de “los cayetanos oprimidos” o al de un consistorio que mientras cierra los servicios sociales pone a una tienda de frutos secos a repartir mascarillas.

Porque como ha quedado patente durante la pandemia solo hay una sanidad que salva vidas, la pública. La otra, mientras hace ERTE´s y reduce platilla. Jugársela por los demás no es rentable.  Por eso, junto con Plataformas Anti-Privatización de todo el Estado, vamos a salir a la calle la segunda quincena de junio para exigir un sistema sanitario público, universal, de calidad y de gestión democrática. Y por supuesto el cese inmediato del “Pelotazo Sanitario” de Azcón y Pilar Muro, porque como hemos visto, privatizar mata.

lunes, 25 de mayo de 2020

El Gobierno de PP y Cs saca adelante la recalificación de la parcela para la construcción de un hospital privado

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la recalificación urbanística promovida por el Gobierno de la ciudad para permitir la construcción de un nuevo hospital privado ha sido aprobada este lunes. PP, Ciudadanos y Vox han votado a favor, mientras que ZeC, Podemos y, finalmente, también el PSOE, han votado en contra. Así, este proyecto ha superado el primer paso necesario para poder llegar a convertirse en una realidad, aunque esta misma semana tendrá que volverse a someter a votación en el pleno. Ya en septiembre se procederá a la aprobación final.

No había dudas de si el Ejecutivo de PP y Cs iba a perder esta votación, pues ya tenía garantizado el voto de Vox, con los que ya suman mayoría (16 de los 31 concejales). Se desconocía la postura del Partido Socialista, que pidió que los 10 millones netos que el consistorio ingresará por esta operación se reinvirtieran en partidas destinadas a combatir los efectos provocados por la pandemia de coronavirus. “Lo que mal empieza mal acaba”, ha espetado el concejal socialista Horacio Royo al inicio de su intervención, cuando ha anunciado la postura de su grupo municipal.

Royo ha argumentado la falta de transparencia en el proceso y la premura con la que se ha llevado a cabo. Ha admitido el del PSOE que el Gobierno de PP y Cs le ofreció poder consensuar en qué partidas del capítulo VI del presupuesto (en el que constan las obras e inversiones en infraestructura) quería que se destinara el dinero ingresado por la operación, pero Royo ha rechazado esta oferta. “Nos dan la opción de apoyar obras de un presupuesto que votamos en contra. El PSOE no va a ser la ramita de perejil de un plato que ya estaba guisado ni vamos a servirles para limpiar su conciencia. Vamos a votar que no”, ha espetado el concejal socialista.




jueves, 21 de mayo de 2020

El Ayuntamiento de Zaragoza se burla de nuestro sufrimiento con otro “pelotazo sanitario”


No hay pandemia que les detenga. Antes de dar fin a la emergencia sanitaria, el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido la desfachatez de anunciar la venta de 20.000 metros cuadrados de suelo público para la construcción de un macro-hospital privado. La subasta comienza con un precio de salida de entre 12 y 15 millones de euros.  Los primeros en mostrar interés: la multinacional Quirón y el Opus Dei. En este caso, no sabemos quién es el favorito para la licitación, pero sí sabemos que el Grupo Quirón hace tiempo que muestra su interés en aumentar su negocio en Zaragoza (recordemos su intento en 2016 de comprar la parcela anexa a la Romareda, que hubiera duplicado la superficie actual de sus dos clínicas) ¿Quizá en esta ocasión las alianzas sean más propicias?

El terreno en cuestión, situado en la confluencia de Gómez Laguna con Vía Hispanidad, está calificado como zona verde. Para su recalificación (para hacerlo “edificable”) será necesaria una mayoría del pleno que modifique el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La ultraderecha ya ha mostrado total apoyo a la licitación. Ahora toca ver cómo, en los próximos meses, se desarrolla el juego entre poderes políticos y económicos en un escenario que cuenta con todos los ingredientes para un buen “pelotazo sanitario”.

El consistorio, en manos de PP-Cs, encubre la operación económica diciendo que supondrá la creación de puestos de trabajo, el alivio de las arcas municipales y la ampliación del número de camas y de la red sanitaria aragonesa. Intentan engañarnos de nuevo. El fortalecimiento de la sanidad pública pasa irremediablemente por una dotación suficiente en personal, recursos e instalaciones íntegramente públicos (tanto en financiación y propiedad como en provisión de servicios), la garantía de asistencia a toda la población y la derogación de la legislación que la expone a la especulación y al negocio privado. Esto ya era una evidencia antes de la pandemia. Tras el sufrimiento vivido con la crisis sanitaria, no queda lugar para la duda. No es que no hayan aprendido la lección, es que la lección no les importa.

Este anuncio muestra que los intereses económicos van a seguir marcando la definición de políticas en materia de sanidad. Como afirmaba el concejal de urbanismo Víctor Serrano, la intención es atraer inversiones y convertir a Zaragoza en referente de “un escaparate de ciudades capaces de acoger nuevos proyectos sanitarios”. Así es, efectivamente: un escaparate donde grandes capitales privados compran, venden, especulan y hacen negocio con nuestras necesidades más básicas. En ese sentido, los sectores sanitario y socio-sanitario ofrecen grandes oportunidades para la inversión y los poderes políticos y económicos se necesitan mutuamente para propiciarla y cerrar acuerdos. Es lo que se ha venido a llamar colaboración público-privada, eso donde la presidenta del Grupo Quirón (Pilar Muro) salta a fichaje estrella de Ciudadanos-Aragón.


La conclusión es muy clara: la lógica del beneficio no puede estar por encima de la salud de las personas. Evitarlo está en manos de una lucha decidida de trabajadores/as y vecinos/as unidos por la defensa de la sanidad pública y contra su privatización. Desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad Pública en Aragón nos oponemos a la construcción de este hospital y a cualquier tipo de mercantilización de la sanidad pública, y hacemos un llamamiento para, en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, salir a la calle a exigir que no sigan pisoteando nuestros derechos.


21 de mayo de 2020

Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Argón

miércoles, 20 de mayo de 2020

Comunicado desde la campaña "Nunca más muertos evitables":

Ante las movilizaciones espontaneas que se están  produciendo en diferentes puntos del estado en defensa de la sanidad pública y contra su privatización, desde las Coordinadora Contra la Privatización de la Sanidad y las organizaciones adheridas a la campaña "NUNCA MAS MUERTOS EVITABLES" apoyamos dichas movilizaciones y exigimos a todos los partidos políticos:

-Derogación de la Ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad,  que permiten la privatización y el desmantelamiento de la sanidad pública. Fuera las empresas de la sanidad.

-Creación de una industria sanitaria y farmacéutica publica

-Dignidad para nuestros mayores.

-Sanidad para todos y todas, sin exclusiones, independientemente de su situación administrativa.

-Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.

Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a toda la población para que después de los aplausos de las 20 horas, pasee por su barrio, alrededor de su hospital, plaza, o centro de salud, con elementos reivindicativos con los puntos citados.



ADHESIONES EN: info@casmadrid.org

http://www.casmadrid.org/index.php/noticias/1139-organizaciones-adheridas-a-la-campana-la-privatizacion-mata-todo-de-vuelta-a-manos-publicas-derogacion-de-la-ley-15-97

martes, 12 de mayo de 2020

Las sanitarios exigen la dimisión de la consejera de sanidad Pilar Ventura y lo consiguen





La gestión de la Consejera de pandemia del Covid-19 ha expuesto a los trabajadores sanitarios a un constante riesgo al contagio, dada la falta de información, equipos de protección y realización de test. Ante la incompetencia de los poderes políticos para la gestión de la crisis, los sanitarios han tenido que echar mano de ingenio y fabricarse de manera artesanal sus propias protecciones. Los más de 860 casos de contagio entre el personal sanitario son muestra de la precariedad de sus condiciones. La gota que colmaría el vaso, serían las declaraciones de Pilar Ventura durante el debate parlamentario de la semanda pasada, donde afrmaba que para los sanitarios era un estímulo hacerse sus propios equipos de protección. La ofensa se saldaba con la peticón de cese, por parte de colegios y sindicatos médicos y de enfermería de Aragón, así como del personal de los centros, los cuales llevaban varios días concentrándose a las puertas de los hospitales. Las protestas han dado resultado y Pilar Ventura, la consejera que estrenaba el cargo con la privatización de la lavandería del Hospital Clínico, presentaba su dimisión en la tarde de hoy. La incógnita ahora es saber quien le sustituirá.

lunes, 11 de mayo de 2020

Derecho a la salud y a los cuidados de los mayores


Derivada de la situación de alarma producida por el COVID-19, ha surgido de nuevo la gran pregunta: ¿sanidad pública universal y gratuita? Y una respuesta clara: SI. La lucha que se ha estado llevando por colectivos y plataformas desde que se aprobó la ley 15/97, no estaba siendo escuchada y acompañada por la mayoría de la población del estado español. Ha tenido que llegar una pandemia a nivel mundial, para darnos cuenta que, sin una fuerte organización social y una eficiente gestión e inversión pública a nivel socio-sanitario no es posible ofrecer dignidad de cuidados a la población que así los demanda y además los paga. Se ha constatado una vez más que:  los recortes, privatizaciones-externalizaciones y la gestión público-privada carece de sentido y, sobre todo de humanidad.

Ahora bien, durante esta emergencia global ha quedado demostrado también el sin sentido, el despropósito y la negligencia por parte de los gestores de los centros residenciales, del gobierno y de las comunidades autonómicas. La falta de una repuesta de calidad con nuestros mayores, ha derivado en que los centros residenciales hayan sido un campo de exterminio para la tercera edad. Debido sobre todo a la falta de medios de protección, la infradotación económica que existe en la mayoría de residencias, el bajo ratio profesional/residente, la carencia de formación constante a los profesionales y la falta de actualización de material geriátrico.

Cuando hablamos de gestión e inversión pública a nivel socio-sanitario no sólo estamos hablando de centros de atención primaria, especialistas, centros públicos de I+D+i, hospitales generales y universitarios, residencias y servicios de ayuda a domicilio conlleven una importante inyección de dinero público. Estamos exigiendo que esa gestión, además, no sea otro instrumento estatal de burocratización funcionarial y genere algún tipo de “establishment” entre el sector sanitario y el resto de la población. La gestión de servicios socio-sanitarios debe de estar integrada por los profesionales, pacientes y ciudadanos que puedan aportar y auditar para mejorar el uso del mismo.

Mientras sigamos considerando la gestión empresarial por encima de la dignidad humana, sigamos entendiendo que de todo se puede hacer un negocio, no nos demos cuenta de que la economía no es un ente “todopoderoso” en sí mismo y continuemos anteponiéndola sobre la razón humana no avanzaremos como sociedad y estos problemas serán cíclicos y no tendrán solución.

Por eso, entendemos que este sistema capitalista es un despropósito para poder tener una vida digna. Desde que nacemos nos convierte en consumidores. Durante la edad adulta, pasamos a ser productores/consumidores y al envejecer, el mismo sistema te considera como un estorbo y te aparta al ostracismo más sibilino. Después de haber estado toda la vida “esclavizado” del trabajo y sin un sentido vital humano, el capitalismo te sigue sangrando, teniendo que pagar una privatización que a día de hoy ha resultado inoperante.

Exigimos a los gobernantes y a los poderes económicos un cambio de concepto radical con respecto a las personas mayores:

• Investigación y transparencia ante los posibles casos de negligencia y maltrato en las residencias durante la pandemia del covid-19. Cierre inmediato de aquellas que hayan incurrido en incumplimiento y devolución del dinero público recibido.

• Servicios socio-sanitarios 100% públicos. Eliminación de los conciertos, subvenciones públicas, “gestión indirecta” de los centros, así como de cualquier tipo de mecanismo de colaboración público-privada. Nunca más dinero público para el negocio privado

• Centros residenciales públicos y de calidad, con personal y gestión pública 100%.

•Derecho a una plaza en residencia pública asequible para todas las personas.

Dejemos de hablar de déficit socio-sanitario: ni la salud ni los cuidados pueden ser entendidos en términos de negocio sino como derechos fundamentales que garanticen una vida digna.


¡Los seres humanos no somos mercancía!

¡La privatización mata!

domingo, 26 de abril de 2020

CNT denuncia el "descontrolado" contagio de COVID-19 en el matadero Litera Meat en Binéfar

También denuncian que, cuando un trabajador presenta una incapacidad temporal es despedido.

Noticia de: radio Huesca
El sindicato CNT Huesca-Monzón ha mostrado su preocupación por la situación que se está viviendo en el matadero Litera Meat de Pini de Binéfar, al tiempo que asegura que les han alarmado las continuas y angustiosas peticiones de ayuda que están recibiendo de miembros de la plantilla, ya que unos temen el contagio, otros el despido por contraer la enfermedad y algunos ambas cosas. Las aglomeraciones vividas en la mañana de este sábado, durante la realización test, no son más que un ejemplo, en su opinión, de las habituales maneras en las que se vienen desoyendo en Litera Meat las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias.
CNT denuncia que en este matadero, durante los momentos más duros de la pandemia, estas aglomeraciones se vivieron a diario en el comedor, en las entradas y salidas de los turnos, en los vestuarios, y que hay puestos de trabajo en los que se incumplen las distancias.
En CNT consideran que las medidas de protección adoptadas por el matadero han sido ampliamente insuficientes, con gravísimas consecuencias para la salud de la plantilla, sus familias y los municipios en los que éstas residen. Esta situación se traduce en que, a día de hoy, el matadero es un problema de salud pública y está considerado el principal foco de la comarca. Creen que el número de positivos puede ascender a un 25% de la plantilla.
Además, el sindicato denuncia públicamente que aquellas personas trabajadoras que acceden a situación de Incapacidad Temporal son sistemáticamente despedidas por Litera Meat de Pini, esto no es una novedad, es política de empresa. Esta práctica, que consideran “repugnante”, en esta situación es una notoria irresponsabilidad, puesto que contribuye a la propagación del COVID-19, ya que la gente acude a trabajar aun con síntomas por miedo a perder el puesto de trabajo.
Desde CNT-Monzón y desde la sección sindical de CNT en el matadero han solicitado a la empresa información acerca de evaluación de riesgos respecto del contagio de COVID-19 en los diferentes puestos de trabajo y en las diferentes zonas de la empresa, el plan de prevención adoptado y los protocolos de seguridad, así como las medidas básicas de protección y desinfección, sin haber obtenido por el momento respuesta. En las últimas semanas, el sindicato CNT ha recopilado información, imágenes y testimonios de trabajadores y trabajadoras que actualmente están analizando y no descartan ponerlos en conocimiento Fiscalía por si de estos materiales pudiera desprenderse algún tipo de actuación delictiva.
Asimismo, CNT han contactado con Inspección de Trabajo, a quien han transmitido su preocupación y han instado a paralizar los trabajos en el matadero hasta que estuviera garantizada la salud de los trabajadores.

lunes, 20 de abril de 2020

La crisis del coronavirus provoca una caída en las afiliaciones a la Seguridad Social peor que en 2008


Noticia de: Arainfo

La estadística de afiliaciones a la Seguridad Social a último día del mes de marzo muestra un descenso brutal de las afiliaciones, en Aragón se registran 23.418 afiliaciones menos respecto al mes de febrero. CCOO Aragón apunta que la alta temporalidad y precariedad ha provocado que la crisis se haya agudizado.


Las estadísticas conocidas hoy sobre las afiliaciones a la Seguridad Social a último día del mes de marzo expresan con más fiabilidad la evolución del empleo y la repercusión de la crisis provocada por el COVID-19. Como cabía esperar los datos en Aragón han sido “desastrosos”, como asegura CCOO Aragón, con 553.198 personas afiliadas a 31 de marzo, 23.418 menos que representan una pérdida del 4,06% respecto al mes de febrero. En el Estado español la disminución ha sido 833.979 personas afiliadas, que supone un descenso del 4,32%.

Los datos de desempleo registrados conocidos el pasado 2 de abril no recogen el impacto completo de esta crisis en el empleo al no recoger los y las trabajadoras afectadas por ERTES. Según estos registros el paro aumentó en Aragón hasta las 72.481 personas durante el mes de marzo, 5.509 más que en febrero que supone un incremento del 8,23%. En el Estado español se registraron 3.548.312 de personas desempleadas, 302.265 más que en febrero que equivale a un incremento del 9,31%. El desempleo interanual creció en 7.069 personas, un 10,81%, mientras que en el conjunto del Estado aumentó en 293.228 personas, un 9,01% más.

Los y las trabajadoras afectadas por ERTES continúan afiliadas a la Seguridad Social, por lo que no se contabilizan en el desempleo registrado (a pesar de recibir una prestación de desempleo). Asimismo, también son consideradas como ocupadas en la encuesta de población activa. En Aragón se han registrado hasta el pasado 8 de abril 5.721 expedientes de regulación temporal de empleo, que afectan a 51.724 personas. En el conjunto del Estado, según la información facilitada por el Ministerio de trabajo, se han solicitado más de 450.000 ERTES que afectan a más de tres millones de trabajadores y trabajadoras.

“Buena parte del empleo destruido en marzo se debe a la finalización de los contratos temporales y los puestos de trabajo perdidos por despidos, individuales o colectivos, antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, lo que demuestra que muchas empresas han aprovechado la coyuntura para ajustar sus plantillas de forma más lesiva, en lugar de utilizar otros elementos de flexibilidad existentes como los ERTES cuya flexibilización fue acordada entre el Gobierno y los agentes sociales”, señalan desde CCOO que aseguran que resulta “evidente” que para todos estos trabajadores y trabajadoras despedidas, la decisión del Gobierno de limitar los despidos ha llegado tarde.

La elevada temporalidad y precariedad que introdujo la reforma laboral de 2012, como han venido denunciando desde hace años la gran mayoría de sindicatos, es la causa de que se destruya el empleo de forma masiva e incluso con una velocidad e intensidad mayor que en la crisis de 2008. “No haber podido derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral hará más difícil la recuperación futura y más precario el empleo que se genere”, apuntan.

Para CCOO Aragón la prioridad absoluta es combatir la crisis sanitaria y salvar vidas. Pero además de atender esta prioridad hay que tomar las medidas necesarias permitan hacer frente al brutal impacto económico y laboral que está teniendo esta crisis. “Los datos que hemos conocido hoy de las afiliaciones a la Seguridad Social son una clara muestra de que esta crisis está alcanzando cifras desconocidas hasta la fecha con el cierre completo de sectores económicos, cientos de miles de contratos suspendidos por los ERTES y de despidos individuales, muchos de ellos de trabajadores con contrato temporal que han perdido sus puestos de trabajo al haberse producido sus despidos antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo”, advierten desde CCOO Aragón.

Aunque desde este sindicato valoran positivamente las medidas sociales tomadas por el Gobierno, consideran necesario ampliar la protección a los y las trabajadoras y colectivos más vulnerables durante esta crisis, “colectivos que no pueden acceder a las prestaciones por desempleo y que al no entrar tampoco en la figura del ERTE no tienen ninguna garantía de recuperar su puesto de trabajo cuando finalice esta situación”. Por todo ello, desde CCOO plantean que se adopten las medidas necesarias para garantizar una renta mínima garantizada mientras dure este período excepcional y que llegue a todas las personas que carezcan de empleo, prestaciones o cualquier tipo de renta de subsistencia.