sábado, 31 de octubre de 2020

Al olor del dinero de la UE, la patronal privada despierta del letargo.

Durante los momentos más duros de la pandemia, la patronal privada desapareció del panorama. Realizó ERTEs e incluso llegó a cerrar muchos de sus centros sanitarios. Pero al olor de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, ha resucitado milagrosamente y ahora la sanidad privada aparece como la salvadora y la sustituta perfecta de todas las debilidades del sistema público.

Para ello, resucitando el viejo mantra tantas veces invocado de la “sostenibilidad del SNS”, proponen una nueva trasfusión, o lo que es lo mismo, un nuevo (¿y van cuantos?) trasvase de fondos públicos a sus bolsillos.

En su informe, ni se sonrojan ni disimulan su cinismo al afirmar que “todas las empresas del sector sanitario y social español han mostrado un fuerte compromiso con la sociedad y han colaborado y cooperado de manera efectiva, jugando un papel fundamental para luchar contra la pandemia y sus efectos…”. La desfachatez no tiene límites, llegando a defender que el papel del sector privado (sanitario y sociosanitario) en la crisis ha sido “crucial”. Así es, es cierto que su papel ha sido crucial en la masacre de las residencias: sus plantillas al mínimo y la escasez, cuando no inexistencia, de sanitarios en muchas de ellas. Su falta de escrúpulos y la connivencia de los gobiernos central y autonómicos hicieron la mezcla perfecta para el coctel letal. Situación que 9 meses después de la primera ola, no parece preocupar al gobierno central. No ha tenido (¿?) tiempo de aprobar por la vía de urgencia una ley que permita cambios imprescindibles en el funcionamiento y la comunicación sobre los centros de atención a nuestros mayores. Centros que no olvidemos, son objeto de negocio de órdenes religiosas ancladas en el siglo XIX, cuando no de fondos de capital riesgo.  

Según las hermanitas de la caridad de la CEOE, “sin embargo, esta puesta a disposición de instalaciones, material sanitario, recursos profesionales y de servicios, no ha conllevado ninguna contraprestación, lo que ha provocado un coste extraordinario para estas empresas” (mentir es lo único que hacen gratis….) por lo que exigen   financiación suficiente a través delfondo de reconstrucción y resiliencia que recibirá España”.

Para ello proponen:

-      Mas “colaboración público privada” para garantizar la “sostenibilidad del sistema sanitario”.

-      Plan de choque para aligerar las listas de espera (quirúrgicas, de pruebas diagnósticas, de consultas, tratamientos, etc.); reforzar el importante papel a jugar por las Mutuas y Servicios de Prevención Ajenos y dándoles la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas de la sanidad pública, así como el acceso a la historia clínica...para que los pacientes “no dejen de acudir a sus centros médicos, evitando así las consecuencias en la salud que pudieran derivarse de los retrasos o falta de atención sanitaria a tiempo”. Es decir, mientras los centros público-estatales continúan estrangulados económicamente, se generan pavorosas listas de espera con las que se forrarán estos samaritanos.

-      Deducciones fiscales para las empresas.

-      Renovación de nuestro SNS, que debe reorganizarse bajo un enfoque de “Salud Única” (sic), así como “una adecuada dotación presupuestaria para el SNS”, es decir incremento del gasto sanitario que lógicamente no irá a los centros de gestión directa, sino que acabará en sus cuentas de resultados. Es decir, mayor saqueo del sector público.

-      Necesidad de proteger y promover el sector de la industria farmacéutica y de los medicamentos”, como si estuvieran poco protegidos ya. Su “nivel de protección” ha quedado claro en los últimos años con los pelotazos del Tamiflu (gripe A), Sovaldi (hepatitis C), y en estos momentos con el Remdesivir (Covid-19) y el fabuloso negocio de las vacunas que se aproxima.

Solo queda por ver como el “gobierno progresista” justificará este nuevo desvío de dinero hacia estos parásitos. Algo que se producirá con toda seguridad dado el actual marco jurídico, mantenido contra viento y marea por aquellos que pretendían asaltar los cielos. La estrategia parece clara, con la unanimidad de todo el arco parlamentario. Se está llevando hasta el límite al sistema sanitario público y a sus profesionales, provocando que la falta de asistencia a otras patologías (que eran las que ya llenaban las consultas antes del covid) provoque resultados en muchos casos fatales. Al mismo tiempo, sus medios de desinformación nos bombardean continuamente con el único problema que al parecer existe: el Covid-19, generando cada vez mayores niveles de pánico; y sobre todo, nos inundan de anuncios de variadas ofertas de seguros privados que nos prometen la medicina del futuro a módicos precios.

Ahora más que nunca es necesaria la mayor unidad posible para ir articulando alianzas en todo el estado, para derogar las leyes estatales que hacen legal lo que están haciendo tanto gobiernos autonómicos de todos los colores como el gobierno central que lo permite.

Leyes que nos afectan a todxs y que permiten el saqueo y la destrucción del sistema público de salud. La expulsión de la empresa privada y del lucro del SNS, la creación de un sistema de farmacia público y la democratización del SNS son objetivos posibles que solo dependen de la movilización popular, y son la única forma de garantizar una sanidad de calidad, universal y con toda seguridad más barata.

CAS, OCTUBRE 2020

Descargar documento "El sector empresarial sanitario y social frente al frente al Covid-19" de la CEOE aquí

martes, 20 de octubre de 2020

Concentración "contra el macrohoopital privado y en defensa de la sanidad pública". Colectivos en defensa de la sanidad pública



Comunicado de la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad en Aragón: 

Su negocio aumenta asfixiando la sanidad pública 

Una sanidad pública gravemente debilitada a golpe de recortes y privatizaciones se enfrentó a la pandemia a base de exprimir a sus profesionales y exigir sacrificios a quienes iban poniendo el sufrimiento y los muertos. Las consecuencias de décadas de políticas para el desmantelamiento se silenciaron. La excepcionalidad justificó el escándalo de los miles de muertes en las residencias, los colapsos en UCIs, el desamparo de la atención primaria y la falta de personal y recursos en hospitales. Nos mantuvieron sumisos convirtiendo a explotados en “héroes” y a los desposeídos en sacrificios colaterales pero, tras estos meses, la sanidad pública se asfixia y la situación es indefendible. No es que no aprendan, es que no les importa.

La situación es estructural, también en Aragón: centros de salud desbordados que triplican la atención a 90 pacientes diarios y acumulan una espera de hasta 15 días para obtener cita. Centros hospitalarios donde no se ha reforzado personal ni medios y se sigue manteniendo a trabajadores agotados y encadenando contratos basura; residencias donde se han aprovechado las muertes para re-computar las ratios y despedir a parte de la plantilla; personas a las que se les ha vuelto a retirar el derecho a la atención sanitaria; instalaciones infrautilizadas esperando el momento para a ser externalizadas, listas de espera en máximos históricos y la consejería de salud resolviendo a golpe de derivaciones a la privada; se siguen desoyendo las reivindicaciones de las zonas rurales del territorio aragonés, donde la incomunicación agrava la problemática y la población no cuenta con los servicios de atención necesarios (casos vergonzantes como la infrautilización del Hospital de Jaca, del que sus pacientes no pueden servirse y tienen que desplazarse hasta Huesca o incluso hasta Zaragoza para recibir los tratamientos de radioterapia/quimioterapia); la población de Teruel y  Alcañiz sigue esperando los hospitales prometidos, mientras la construcción de un macrohospital privado se resuelve en unos pocos meses. La situación es grave y ahora el riesgo es sufrir cualquier patología o enfermedad crónica, pues no están pudiendo ser atendidas.

Este abandono contrasta con los esfuerzos destinados a seguir engordando los beneficios del sector privado sanitario y sociosanitario durante estos meses: ingentes cantidades de dinero público que, antes y durante la pandemia, han sido desviados a residencias privadas, las cuales además, siguen gozando de impunidad. Nadie responde por los centenares de muertes producidas en sus centros; externalización de las pruebas diagnósticas (PCRs) mediante cheque de 1,2 millones de euros extendido por la DGA; un Acuerdo Marco firmado en septiembre por la consejería de sanidad, en el que se destinarán 31,4 millones a empresas para derivaciones durante los próximos cuatro años o, como máximo exponente de la desfachatez, el avance del proyecto de la construcción del macrohospital privado en Zaragoza. La aprobación en verano de la recalificación del suelo público ha dado paso este mes de octubre a la recepción de las propuestas para su licitación. Vendido por su impulsor como un proyecto para “fortalecer la red sanitaria y crear puestos de trabajo” supone, en realidad, uno de los mayores proyectos especulativos de los últimos años: venta de suelo público a precio de saldo, intención declarada del abandono de la sanidad pública y contribución a la creación de trabajo precario en el sector sanitario. Ante la impasividad del Gobierno de Aragón, Azcón juega a las mafias con sus amigos empresarios, pasando por encima de las necesidades reales de la sanidad pública y, por tanto, de la mayoría de la población.

Como telón de fondo, grandes lobbies del sector, gobierno y PP acuerdan un pacto para reestructurar la sanidad pública. Su intención es intensificar la estrategia para la privatización del sistema nacional de salud: consolidar la colaboración público-privada para la provisión de servicios e implementar la gestión empresarial en los centros, supeditando la salud a puros criterios economicistas. Paralelamente el sector privado se frota las manos esperando su parte de las partidas europeas del Covid destinadas a sanidad. 

La sanidad pública está amenazada de muerte en un escenario donde las condiciones sociales de la población son un caldo de cultivo para diferentes tipos de enfermedades: centenares de miles de trabajadores al paro, desahucios, pensiones e ingresos que no alcanzan para una vida digna… Vivienda, alimento, suministros, salud y educación cada vez menos accesibles para cualquiera. Cada vez más pobreza y sufrimiento repartido entre los de siempre: trabajadores y trabajadoras. Nos podemos indignar, pero no será suficiente. Podremos culpar a los que están peor, pero nos estaremos engañando. Hay responsables: poderes políticos y económicos en connivencia para seguir explotando, gestionar la miseria y mantener el orden. Es vital identificar a los responsables y reaccionar a su agresión.   

 Por un sistema sanitario centrado en las personas. Por una salud que ponga la vida en el centro. Porque la privatización mata y las desigualdades también.


1. No a la construcción del macro-hospital privado en Zaragoza. Exigimos la paralización inmediata de los trámites de la venta de suelo público para su instalación y la desautorización del Gobierno de Aragón.

2. Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que legalizan la privatización y los conciertos. Vuelta a manos públicas de todo lo privatizado. Incompatibilidad absoluta público-privada. Nunca más dinero público a la privada: ni contrapartidas ni subvenciones. Fuera las empresas de la sanidad.

3. Por una industria sanitaria y farmacéutica pública.

4. Sanidad gratuita y universal: salud para todos y todas, sin requisitos ni excepciones. Exigimos la Derogación del Decreto 16/2012, que nos devuelvan el derecho que nos ha sido robado.  

5.- Potenciación de la Atención Primaria: por un modelo de prevención y promoción de la salud colectiva.

6. Investigación de las muertes producidas en las residencias y asunción de responsabilidades. Cuidados de nuestros mayores con dignidad. Servicios sociosanitarios 100% públicos.

7. Por una salud pública centrada en “los determinantes sociales”: la privatización mata, las desigualdades también.


Con nuestra salud ni se juega ni se negocia

Por una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad

No al macrohospital privado

 


domingo, 18 de octubre de 2020

Movilizaciones por la Sanidad Pública, la derogación de las leyes de privatización. Crónica, fotos y videos

 


Crónica de un día de movilización y de lucha popular por una sanidad publica y unas pensiones dignas.

Ver fotos y vídeos de todas las movilizaciones. Fuente: Insurgente.org 

Un rayo de esperanza ha recorrido durante el día de hoy localidades y ciudades de todo el Estado. Esperanza por conseguir unos servicios públicos de calidad, concretamente una sanidad pública y unas pensiones públicas dignas. De Basauri a Puerto del Rosario en Fuerteventura, desde Ciutadella en Menorca, hasta Pontevedra decenas de organizaciones y cientos de personas han salido a la calle para exigir una sanidad pública universal y de calidad. Han puntualizado que, para ello, es necesario derogar La Ley 15/97 y el artículo 90 de la LGS. Este es un punto crucial porque de cada 7 euros que se invierte en sanidad, uno va a parar a las arcas de las empresas privadas a través de los conciertos que el citado artículo legaliza.

 Estos matices le son hurtados a un pueblo, que pasa por uno de los momentos más tristes y de mayor desactivación de su reciente historia. A una educación de bajísima calidad y unos medios de comunicación intervenidos por el dinero se une la pandemia por coronavirus. La desastrosa gestión de ésta que se está realizando parece auspiciada por quienes desean eliminar las pensiones. Y vaya si lo están consiguiendo. Son miles los pensionistas que han fallecido ya. La Covid-19 ha desatado la tormenta perfecta. Con una sanidad pública recortada, unos servicios sociales anémicos y unos gestores preocupados por esparcir su responsabilidad hacia otro lado, la sociedad se está viendo abocada a continuos confinamientos, que son la puntilla para el comercio, el turismo y la hostelería. Muertos, miles de puestos de trabajo perdidos, paro y una depresión angustiosa es lo que han originado.

 Aun así gentes orgullosas de pueblos y ciudades de España, han salido a mostrar su receta para aliviar este panorama: Sanidad Pública, derogación de las leyes que permiten el lucro en sanidad, contratación de profesionales para el rastreo, atención sanitaria para el tratamiento de los enfermos y social para cubrir las necesidades durante los aislamientos y transparencia informativa para conocer realmente los datos de lo que pasa. Estas son algunas de las medidas que hoy se han reclamado por las calles. Y todo ello sin el respaldo de aquellos a quienes se votó para que solucionaran cuestiones como ésta. Pero lo sabemos: SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO. Harán falta más jornadas como ésta. Sigan atentas a sus medios.

Corresponsal de CAS (Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad).

Manifestaciones, concentraciones…. A pesar del miedo de las restricciones hoy ha habido una importante movilización por la derogación de las leyes que han permitido y permiten la privatización de la sanidad, de los servicios públicos…

viernes, 16 de octubre de 2020

Aragón se moviliza en defensa de la Sanidad Pública y contra las privatizaciones





Alcañiz: 12.00 horas, mesa informativa en la Avenida de Aragón. Sábado 17 de octubre

Huesca 12.00 horas, concentración en Plaza de Zaragoza. Sábado 17 de octubre

Monzón: 12.00 horas, concentración Plaza Mayor. Sábado 17 de octubre

Sabiñánigo: 12.00 horas, concentración en Plaza del Ayuntamiento. Sábado 17 de octubre

Teruel: 12.00 horas, concentración Plaza del Torico. Sábado 17 de octubre

Zaragoza: rueda de prensa el sábado, 17 de octubre, a las 12.00 horas en Plaza del Pilar y concentración el miércoles 21, a las 19.00 horas en Plaza del Pilar

  

 Por un sistema sanitario centrado en las personas. Por una salud que ponga la vida en el centro. Porque la privatización mata y las desigualdades también.


1. No a la construcción del macro-hospital privado en Zaragoza. Exigimos la paralización inmediata de los trámites de la venta de suelo público para su instalación y la desautorización del Gobierno de Aragón. 

2. Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que legalizan la privatización y los conciertos. Vuelta a manos públicas de todo lo privatizado. Incompatibilidad absoluta público-privada. Nunca más dinero público a la privada: ni contrapartidas ni subvenciones. Fuera las empresas de la sanidad.

 3. Por una industria sanitaria y farmacéutica pública.

 4. Sanidad gratuita y universal: salud para todos y todas, sin requisitos ni excepciones. Exigimos la Derogación del Decreto 16/2012, que nos devuelvan el derecho que nos ha sido robado.  

 5.- Potenciación de la Atención Primaria: por un modelo de prevención y promoción de la salud colectiva.

 6. Investigación de las muertes producidas en las residencias y asunción de responsabilidades. Cuidados de nuestros mayores con dignidad. Servicios sociosanitarios 100% públicos.

 7. Por una salud pública centrada en “los determinantes sociales”: la privatización mata, las desigualdades también.


Con nuestra salud ni se juega ni se negocia

Por una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad

No al macrohospital privado


PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATZAICÓN DE LA SANIDAD DE ARAGÓN

 

 


Movilizaciones a nivel estatal contra la privatización de la sanidad


Andalucía

  • Cordoba: 11:30 cadena humana del Hospital Provincial al Hospital Reina Sofia. Convocan Marchas por la Dignidad.
  • Málaga: 12:00 concentración en Hospital Regional. Avda. Carlos Haya s/n.
  • Sanlúcar de Barrameda: 12:00 manifestación salida de la Plaza de la Paz hasta la Plaza del Cabildo. Organizada por pensionista Sanlúcar y apoyada por otras organizaciones y colectivos.
  • Sevilla: 12:00 concentración en Av. de la Constitución frente a la sede del SAS.

Aragón

  • Alcañiz: 12:00 mesa informativa Avenida de Aragón.
  • Huesca: 12:00 concentración Plaza de Zaragoza.
  • Mozón: 12:00 concentración Plaza Mayor.
  • Sabiñánigo: 12:00 concentración en Plaza del Ayuntamiento.
  • Teruel: 12:00 concentración Plaza del Torico.
  • Zaragoza: 19:00 concentración Plaza del Pilar. Miércoles 21.

Canarias

  • Fuerteventura: 12:00 concentración Puerto del Rosario frente a la Subdelegacion del Gobierno.

Catalunya

  • Barcelona: 12:00 concentración Plaça Sant Jaume.
  • Rubí: 12:00 concentración Plaça del ayuntamiento.
  • Tortosa: 18:00 concentración Plaça Barcelona. Cambio de sitio.

Castilla-La Mancha

  • Alcázar de San Juan: 12:00 concentración en el Hospital La Mancha Centro.
  • Talavera de la Reina: 12:00 concentración Plaza del Pan. Anulada.
  • Villarrobledo: 12:00 concentración en el Hospital.

Castilla y León

  • Aranda de Duero: 12:00 concentración ambulatorio sur.
  • Burgos: 13:00 manifestación Plaza del Cid.
  • Cuellar: 18:00 concentración en la plaza del Mercado del Pan, junto al Centro de Salud.
  • León: 12:00 concentración-manifestación Plaza de Botines hasta Subdelegación del Gobierno.
  • Miranda de Ebro: 13:00 manifestación desde Centro Salud Miranda Oeste hasta parque Antonio Machado.
  • Ponferrada: 12:00 concentración Plaza de Lazurtegui.
  • Segovia: 18:00 manifestación desde Estación de tren-Conde de Sepúlveda-Azoguejo.
  • Valladolid: 12:00 concentración en la Plaza de la Danza, junto al Centro de Salud Pilarica-Circular.

Euskadi

  • Basauri: 12:00 concentración ambulatorio.

Extremadura

  • Don Benito: 12:00 concentración Plaza de España.

Galicia

  • Allariz: 11:30 Concentración Campo da Barreira. El domingo 18.
  • Pontevedra: 12:00 concentración Plaza de la Peregrina.
  • Redondela: 11:30 Centro de Salud de Redondela. 19:30 Centro de Salud de Chapela.

Madrid

  • Aranjuez: 12:00 concentración Plaza del Ayuntamiento.
  • Madrid: 19:00 manifestación de Atocha a Sol.
  • Parla: 12:00 concentración Plaza Dolores Ibárruri.
  • Torrejón de Ardoz: 11:00 concentración puerta del Ayuntamiento, Plaza Mayor.
  • Vallekas: 18:00 manifestación de Puente de Vallecas a Atocha, para unirse a la manifestación de las 19:00.

Menorca

  • Maó: 18:00 concentración Plaça de l’Ajuntament.
  • Ciutadella: 12:00 concentración Plaça de la Catedral.

Nafarroa

  • Pamplona-Iruña: 11:00 concentración Centro de Consultas Príncipe de Viana.

domingo, 26 de julio de 2020

Charla virtual "Privatización de la sanidad"- Miércoles 29 -19:30H


 La charla virtual, programada para este miércoles 29 de junio a las 19:30h, “Privatización en Sanidad” ha sido ANULADA por problemas informáticos. Desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón queremos pedir disculpas a todas aquellas personas que se hayan conectado y no hayan tenido una explicación en el momento. Dichos problemas informáticos no nos lo han permitido y por ello recurrimos a esta vía.

Para todas aquellas personas interesadas se informa que, en su lugar, se difundirá una charla grabada con los contenidos previstos.




domingo, 19 de julio de 2020

Comisión de Reconstrucción de la Sanidad: aún ahora, la privatización avanza. Objetivo: convertir los centros sanitarios en empresas.


Por Juan Antoni Gomez Liebana y Angeles Maestro 

En la Comisión de Reconstrucción se pretende ultimar un nuevo episodio del expolio de la Sanidad Pública. Se asienta en un proceso de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos que comenzó a gestarse a finales de los años ochenta. Es importante recordarlo para entender la continuidad de las políticas de los gobiernos al servicio del capital.

En 1989, gobernando en Gran Bretaña Margaret Thatcher, se publicó “Working for patients”, un libro blanco para la privatización del servicio de salud más importante de Europa Occidental. Este informe, que mantenía las apariencias de lo público – la financiación pública y la gratuidad del servicio – se constituyó en programa marco para la mercantilización y la gestión del sistema sanitario.
En 1991 el PSOE encargó a una comisión de “expertos”, la llamada Comisión Abril1, la elaboración de un documento para “garantizar la sostenibilidad del SNS”.

En todas las Subcomisiones había “expertos” propuestos por aseguradoras privadas, industria farmacéutica, y por lo que llaman sociedad civil: bancos, empresas inmobiliarias, fondos de inversión, etc. El objetivo real, y por supuesto no reconocido, era transformar en beneficios privados el ingente presupuesto público. Sus conclusiones escondían la privatización del SNS, como a los pocos años se pudo demostrar con la aprobación de la Ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud2.

Bajo el discurso de la “modernización” de la sanidad se introdujo masivamente el derecho privado y la gestión empresarial en el ámbito sanitario. Se aplicaron las recetas típicas de la empresa privada (ahorro disfrazado de eficiencia y sostenibilidad, precarización masiva del personal, colaboración público-privada, sustitución del derecho público por el privado, etc.), con los resultados conocidos por todo el mundo.

De esta forma, 6 años después del citado Informe Abril se abrió en canal el Sistema Nacional de Salud para que pudieran penetrar a placer todo tipo de empresas, eso sí garantizando la “naturaleza pública” de los diferentes experimentos. Esa “naturaleza pública” es algo así como el misterio de la Santísima Trinidad. El secreto fundamental es que el dinero salga del presupuesto público, se gestione con los menores controles posibles de la calidad asistencial y de la contratación, se apliquen a discreción los contratos basura y se transforme en beneficios el mayor porcentaje posible.

No es sorna, el tiempo nos ha demostrado que cuando el PSOE hablaba de naturaleza pública, es que público iba a ser el dinero que se iban a embolsar la multiplicidad de fórmulas organizativas que la patronal privada ha utilizado para asaltar las arcas públicas; sí, esos 71.000 millones de euros que sacan de nuestros impuestos.

Parece que la historia se repite. La Comisión para la Reconstrucción está trabajando para vendernos las bondades de la colaboración público-privada y de la gestión empresarial en los centros de gestión directa, en un envoltorio nuevo.

De nuevo el PSOE, ahora con la colaboración inestimable de Podemos. Y todo ello, a pesar de que la actual ministra de Igualdad formó parte de la plataforma Matusalén, que junto a CAS lideró entre 2005-2012 la lucha por la derogación de la Ley 15/97. En aquella época Irene Montero participó en la campaña por la derogación de la Ley 15/97 que logró presentar 500.000 firmas en el Congreso gobernando Zapatero. Pero al asaltar las moquetas se dejan en el trastero las luchas de juventud.

En treinta y tres páginas, con sesenta y ocho recomendaciones, han conseguido, con una habilidad sorprendente, lo que la patronal de la sanidad soñaba: no mencionar siquiera la causa central del desastre vivido con la pandemia del Covid – 19, es decir la penetración del negocio privado en la sanidad pública.

El objetivo mayor del capital es la privatización total del sistema, como en EE.UU. A ese objetivo sirvieron los recortes del gasto utilizando el chantaje de la Deuda, realizado a través de sus grupos de presión, sobre todo de la Unión Europea. El resultado: desmantelamiento de la sanidad pública e insoportables listas de espera. La consecuencia, el ascenso meteórico de las pólizas de las aseguradoras privadas.

Mientras tanto, la finalidad del capital es hacerse con la mayor cantidad posible de los 70.000 millones de euros anuales del presupuesto sanitario público. ¿Nada de esto, que ha sido percibido por la gente corriente durante la pandemia, ha podido ver la Comisión de Reconstrucción? Ningún “experto” les ha explicado que:

Las listas de espera han servido como pretexto para aumentar el gasto en conciertos con clínicas privadas de patologías rentables, permitido por el artículo 90 de la Ley General de Sanidad. El gasto estatal promedio en conciertos es del 12%, en Cataluña alcanza el 25% y en CC.AA como Madrid o Baleares se ha duplicado en los últimos años.

La gestión privada de hospitales financiados con dinero público, resultado directo de la Ley 15/97, realiza el sueño dorado de cualquier capitalista: contar con financiación pública, tener la clientela asegurada, poder imponer condiciones de precariedad laboral, supeditar los recursos ofertados a la obtención de beneficios y seleccionar pacientes rentables. A este concepto se destina más del 10% del gasto, por ejemplo, en Madrid.

La multitud de servicios privatizados, muchos desde hace décadas, algunos esenciales como la limpieza, cocinas, lavanderías, laboratorios, diagnóstico por la imagen, etc., con el correspondiente deterioro del servicio y cuyos concesionarios son bancos, inmobiliarias, farmacéuticas o fondos de capital-riesgo.

La industria farmacéutica que controla cerca del 25% del gasto sanitario público y que tiene en sus manos la producción, distribución y venta mayorista de medicamentos. También domina, en la práctica, el registro de medicamentos, la publicidad de los mismos, los planes de estudio del personal médico y de enfermería, la investigación, la formación continuada de personal médico y las decisiones políticas a través de la eficacia demostrada de las “puertas giratorias”. La Comisión ha seguido la senda de lo ocurrido con la Hepatitis C. Entonces no se hizo nada para emitir licencia obligatoria y aplicar el criterio de utilidad pública que hubiera permitido fabricar un genérico 200 veces más barato3. Ahora tampoco se menciona tal posibilidad. Ni una palabra sobre la creación de una industria sanitaria pública4.

Las Conclusiones de la Comisión constituyen un imposible equilibrio para ignorar los dos pilares básicos sobre los que se asienta un sistema sanitario equitativo, capaz de reducir las desigualdades en la atención sanitaria y que consiga la mayor calidad con el menor gasto: la incompatibilidad absoluta entre lo público y lo privado y la planificación democrática e integral del sistema sanitario en función de objetivos de salud previamente diagnosticados.

Si se oculta lo esencial se pueden llenar páginas con farfolla perfectamente inútil y con propuestas contradictorias. Los ejemplos en estas Conclusiones de la Comisión son abrumadores:

Se habla de gestión “emprendedora” para no hablar de la empresarial, aunque el sinónimo es evidente. Se utiliza la supuesta panacea de la aplicación de la personalidad jurídica “a todos los centros sanitarios para asegurar la autonomía de gestión presupuestaria, de compras, de personal, etc.” para extender las “Unidades de Gestión Clínica”. La llamada “gestión clínica” es un eufemismo inventado para ocultar su nombre original “Unidades de Gestión Empresarial”, más difícil de camuflar. Hace años ya explicamos su funcionamiento en atención primaria5, y nuestras sospechas de enriquecimiento privado se vieron confirmadas6.

En el caso de la atención especializada, se trata de que servicios o grupos de servicios rentables de un hospital se doten de personalidad jurídica, conformando una especie de microempresas dirigidas por una élite de médicos, con un contrato programa basado en objetivos de actividad (tantas intervenciones, tantas pruebas, tantas consultas, tantas altas) y no en objetivos de salud. La experiencia ha demostrado el enorme fraude inherente a este modelo, exactamente el mismo que ocurre en la gestión privada: altas precoces que reingresan o mueren y no se contabilizan, prescripción de pruebas innecesarias o no realización de las adecuadas o selección de pacientes “rentables”. Y eso sucede no porque tengan perversos instintos, sino porque del ahorro dependerá el reparto anual de beneficios. Exactamente igual que el dueño de una empresa que ahorra en materias primas o en el incremento de la explotación de su plantilla. Es la lógica del capital.

Así, se plantea aplicar la gestión “emprendedora” con personalidad jurídica a “todos los centros sanitarios”, reestructurando ”internamente los hospitales o las redes de hospitales en Áreas o Unidades de Gestión Clínica”, creando un espacio de co-gobierno basado en los Acuerdos de Gestión Clínica. Por supuesto, con competencias en la gestión de personal. ¿Alguien puede explicar dónde quedan las buenas palabras del documento en cuestión sobre la eliminación de la precariedad laboral y la escasez de personal cuando el equipo dirigente de la “Unidad de Gestión Clínica” del centro en cuestión tenga manos libres para contratar personal, gestionar bajas y, en general, utilizar la precariedad y la correspondiente amenaza de despido como chantaje laboral?.

lunes, 13 de julio de 2020

El trifachito da luz verde en comisión a la modificación del PGOU a la carta para construir el hospital privado en Valdespartera

Noticia publicada en Arainfo

La Comisión de Urbanismo extraordinaria del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado de forma definitiva, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, y el rechazo del PSOE, ZeC y Podemos, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que da vía libre al pelotazo urbanístico y sanitario del alcalde Jorge Azcón. Mientras, en las puertas del Consistorio un centenar de personas reivindicaba: "Zaragoza no necesita ningún macro-hospital privado. Zaragoza necesita reforzar la sanidad pública".


Protesta ciudadana: "Zaragoza no necesita ningún macro-hospital privado. Zaragoza necesita reforzar la sanidad pública"

La aprobación definitiva en comisión tiene que pasar por el trámite de aprobación definitiva en pleno extraordinario, que previsiblemente será este viernes, 17 de julio, o el lunes de la próxima semana. Posteriormente, se sacarán los pliegos, que podría estar redactados en septiembre y se licitará ese mismo mes.

Tras superar este trámite, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha mostrado su satisfacción por sacar adelante esta modificación del PGOU que, en su opinión, redundará en beneficio de la ciudad porque supondrá un ingreso "importante" de unos 15 millones de euros por la venta del suelo.

Sin embargo, las críticas de la izquierda contradicen la versión del Gobierno municipal PP-Cs, con el apoyo del ultraderechista Vox, al mando del alcalde Jorge Azcón. "Esta es la prioridad para Zaragoza? ¿Más dinero para la sanidad privada? Hoy, PP-Cs han aprobado la modificación de los suelos públicos municipales para la construcción del Hospital Privado de Azcón", ha denunciado el portavoz de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve.

Por su parte, el concejal de Podemos, Fernando Rivarés ha manifestado en la comisión, que "la derecha municipal aprueba la Operación Quirón, un pelotazo urbanístico para favorecer a un grupo que construirá una clínica privada para las élites". "Es una iniciativa para satisfacer a los dueños de las cosas", ha subrayado.

Desde el PSOE, el concejal Horacio Royo ha criticado que "hoy se aprueba la modificación de PGOU para la venta de suelo municipal para un hospital privado. Desde Izquierda Unida Aragón han reprochado que la construcción de este hospital privado "no es una prioridad, es negocio para las élites de siempre" y han defendido: "Nuestra salud no se vende".

Mientras se aprobaba el PGOU a la carta, un centenar de personas se han concentrado, manteniendo las distancias de seguridad, en la plaza del Pilar frente al Consistorio, convocadas por colectivos en defensa de la sanidad pública. Las mismas organizaciones que el pasado 20 de junio reunieron en la capital y en todo Aragón a miles de voces para defender una sanidad pública, universal, gratuita, de calidad y con perspectiva de género.

En un comunicado, los colectivos en defensa de la sanidad pública, que vienen trabajando desde la Mesa Aragonesa de Sanidad, han exigido al Ayuntamiento "que se tenga en cuenta a la ciudadanía" y han reividicado que "lo que Zaragoza no necesita ningún macro-hospital privado. Zaragoza si necesita reforzar la sanidad pública que es quien ha dado una respuesta ante situaciones serias de salud como ha sido esta pandemia del Sars-CoVID-2 y que además si no hubieran aplicado recortes aprovechando la crisis económica de 2008, hubiera estado en mejores condiciones de respuesta".

"Zaragoza no necesita un hospital que se aproveche del suelo público y que además se beneficiará y será mantenido con el dinero de la sanidad pública a través de las malditas listas de espera. El dinero público debe dirigirse únicamente para financiar lo público, en este caso la sanidad", han añadido.
Asimismo, afirman que "con esta premura de sacar por encima de todo y antes de entrar en la época vacacional, el Ayuntamiento tiene interés en sacarlo hacia adelante sin oposición, pero aun con premeditación, alevosía y nocturnidad". Ante esto, han anunciado: "Ahí estaremos y seguiremos adelante en favor de la sanidad pública"

jueves, 2 de julio de 2020

Rap y compromiso con la sanidad pública: "A TU SALUD"

Los raperos zaragozanos Furelguti, Ypsen, Krevi Solenco, Manu Haller, Dj Diamond Ex y la agencia el Ciervo sacan la canción "A TU SALUD". Todo un manifiesto de compromiso con la sanidad pública y una repulsa contundente contra la construcción del Macrohospital privado en Zaragoza. Para nosotrxs, el temazo del año..."rifan tu salud, negocian con tu muerte, se juntan en su club y odian todo lo diferente"






martes, 23 de junio de 2020

La patronal de residencias reclama más fondos públicos para "dignificar" los salarios del sector

Noticia de eldiario.es 

Antonio Garamendi y Juan Ignacio Vivas, este jueves.

El presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Juan Ignacio Vivas, ha apostado este jueves por "salarios más dignos" en el sector y para ello ha apostado por un incremento de los precios públicos que cobran las empresas en los centros cuya gestión le encomiendan las comunidades autónomas.
"La intención, frente a lo que algunos puedan pensar, no es que las empresas ganen más dinero", sino la "profesionalización del sector" y "dignificar" sus salarios, asegurando a sus trabajadores "empleo estable y de mayor calidad, que yo creo que lo merecen porque en estas circunstancias han estado en primera línea" y "no están pagados como deberían".
Durante su intervención en la Cumbre empresarial organizada por la CEOE, Vivas, presidente de esta patronal de presidencias y a su vez de Ballesol (de la aseguradora Santalucía), ha dicho que "no ha llegado todavía el momento de hacer balance de lo sucedido" en la crisis del coronavirus, pero sí ha expuesto "algunas conclusiones provisionales" de aspectos que convendría revisar, como que los residentes "no reciben una adecuada atención" del sistema de salud y se han convertido "en ciudadanos de segunda clase", una situación "endémica" previa a la crisis del coronavirus.
El directivo, que ha pedido un "pacto de Estado" para abordar la situación del sector, ha reclamado, de cara a un posible rebrote de la pandemia, un sistema de alertas tempranas porque "esto no puede volver a pasar", test masivos para residentes y profesionales, que la Administración cuente con un "stock de seguridad importante" de equipos de protección de seguridad, y mayor coordinación socio sanitaria.
Tras el elevado número de fallecimientos en estos centros, "no hay que buscar culpables" porque "todos lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido. Cuando las cuestiones pasan, los que tomamos decisiones siempre cometemos aciertos y errores, pero es muy fácil opinar sobre todo desde el exterior sobre las situaciones que se han vivido, realmente duras. Ningún país está preparado para una pandemia, ni sus servicios sociales, ni sus servicios sanitarios".
El directivo ha pedido huir de la "perspectiva simplista" de concebir como un todo a los 5.500 centros residenciales que existen en España, que cuentan con 390.000 plazas y en los que trabajan 200.000 profesionales de manera directa, con el 75% de las plazas en manos de empresas privadas, de forma directa o bajo concesión. Es un "atrevimiento imprudente" meter a todos en el mismo saco porque "no todas ellas disponen de iguales recursos para hacer frente a circunstancias excepcionales" como esta.

"Ningún tipo de coste"

Uno de los principales grupos de residencias en España es Eulen, cuya presidenta, María José Álvarez, ha intervenido justo antes que el presidente de AESTE, de la que forma parte. Álvarez ha clamado contra una subida de impuestos, como viene siendo la norma durante esta cumbre. "Cuando en estos tiempos se nos habla de subidas de impuestos creo que cualquier empresario y cualquier trabajador no puede evitar mirar con cara de asombro", ha dicho.
"No creemos que sea el momento de regular un incremento fiscal ni en el ámbito personal ni el empresarial", tras tres meses en los que "alrededor del 32% de la población ha agotado sus ahorros". Según la presidenta del gigante de la seguridad privada y los servicios, su sector no puede "asumir ningún tipo de coste" tras las últimas subidas del salario mínimo.

Sin mencionar la reciente aprobación sin votos en contra del Ingreso Mínimo Vital en el Congreso, Álvarez ha asegurado que "muchas de las regulaciones que en este tiempo se han publicado de una manera o de otra no propician el interés por un trabajo formal" y "sería fundamental hacer compatibles las ayudas a los desfavorecidos con el estímulo a encontrar un puesto de trabajo" porque "la economía sumergida no protege al trabajador que no tributa y no cotiza".
Álvarez también ha señalado que "se va a producir una internalización de servicios por parte de la empresa privada y de las administraciones públicas que vuelve a dejar al sector en una situación de incertidumbre muy grave. Este es un sector donde existe la figura de la subrogación y que en caso de la internalización no se activaría salvo en algún caso raro que así lo recoja el convenio. Eso significaría la destrucción de puestos de trabajo de manera muy importante y un coste de desvinculación que las empresas de mala manera podríamos asumir".
Sin mencionar situaciones concretas, la presidenta de Eulen ha dicho que en esta crisis "hemos vivido y seguimos viviendo una época de inseguridad jurídica que en nuestro sector de servicios intensivos en personas nos ha llevado a situaciones realmente insoportables y prácticamente imposibles de adaptar en el tiempo que se nos requería. Es por ello que pedimos no solamente seguridad jurídica sino estabilidad normativa que nos permita adaptar nuestros sistemas a esta regulación".

lunes, 22 de junio de 2020

Video Koiné TV : EL DERECHO A LA SANIDAD. Manifestación en Defensa de la #SanidadPublica #Zaragoza


Castilla y León oculta los datos de muertes por residencias para "no perjudicar los intereses económicos" de las empresas


Orden del Gobierno de Castilla y León negando datos sobre muertes en residencias privadas. 

El Gobierno de Castilla y León considera que “los intereses económicos y comerciales” de las empresas de residencias están por encima del derecho de los ciudadanos a conocer qué ocurrió durante la pandemia en los geriátricos de la región. Así consta en una orden del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco (PP), firmada el pasado 3 de junio, en la que se deniega el acceso a la información sobre número de fallecidos en los geriátricos privados de la región, solicitada al amparo de la Ley de Transparencia.

Dicha norma, aprobada en 2013 con el objeto de “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública”, reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. En su artículo 14 establece, no obstante, una serie de límites a ese derecho de forma que una Administración puede negar los datos que le solicitan cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la investigación de ilícitos penales o la protección del medio ambiente, entre otros asuntos detallados en una larga lista. Una de esas cuestiones, recogida en el artículo 14.1.h), es que se cause un perjuicio a “los intereses económicos y comerciales”.

A ese artículo es precisamente al que se agarra la Junta de Castilla y León para negar los datos de fallecimientos en las residencias privadas. Entre el 14 de marzo y el 14 de junio, murieron en dicha región 2.587 residentes con coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad.

En la orden del Gobierno de Fernández Mañueco se explica que los Servicios Jurídicos de la Junta emitieron un informe analizando qué datos sobre fallecimientos en residencias pueden difundirse. Ese dictamen se apoya en el citado artículo 14.1.h), que limita el derecho de acceso a la información para proteger “los intereses económicos y comerciales”, a pesar de que en la misma norma se determina que la aplicación de cualquier límite “será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”.

Pese a que el informe no es vinculante, el Ejecutivo de Fernández Mañueco lo hace suyo y asume las dos conclusiones básicas del mismo:

– La Junta puede proporcionar datos numéricos de personas fallecidas en centros residenciales de titularidad autonómica, con la desagregación que considere oportuna, incluyendo el nivel de cada residencia o centro individualmente considerado.

– Sobre el resto de centros que no sean de su titularidad, incluidos los intervenidos públicamente, sólo podría trasladar la información de fallecimientos de forma agregada, de tal modo que impida una relación de vinculación entre un número de fallecidos y la identificación y localización individual de cada residencia.

De esta forma, para proteger los "intereses económicos y comerciales" de las empresas de residencias, la Junta de Castilla y León no sólo oculta los datos de muertes en geriátricos privados. Tampoco ofrece información sobre las residencias de titularidad pública de las Diputaciones –hay en total 20 en las nueve provincias– o de los Ayuntamientos –existen 158–, ni de aquellas que siendo privadas reciben dinero público para la concertación de plazas, ni siquiera de las que han tenido que ser intervenidas durante la pandemia por el Gobierno autonómico ante la caótica situación que se vivía en ellas.

En realidad, ni siquiera facilita datos desagregados de los 21 geriátricos de titularidad autonómica que operan en la comunidad. Cinco de ellos están gestionados por empresas privadas y, en esos casos, tampoco publica el dato de decesos por centro. Su protección de los "intereses económicos y comerciales" de las empresas llega hasta ese extremo.

Pero, ¿qué intereses son exactamente los que está protegiendo el Gobierno autonómico del PP? Para saberlo, infoLibre explica a continuación quiénes son las principales empresas de residencias que operan en Castilla y León y quiénes son los propietarios de dichas compañías.

COMISIONADO DE TRANSPARENCIA

La orden denegando los datos de fallecimientos por residencias que fue dictada por la Consejería de Familia –cuya titular es María Isabel Blanco (PP)– no es firme en vía administrativa. La legislación establece que cabe una reclamación potestativa ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León. El periodista de infoLibre que realizó la solicitud presentó ya dicho recurso, que fue admitido a trámite por el Comisionado el 19 de junio. Este órgano tiene ahora tres meses para resolver. En última instancia, un ciudadano puede acudir a la jurisdicción contenciosa cuando considere que una Administración ha cercenado su derecho de acceso a la información pública.

En el texto de la reclamación se recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo obliga a interpretar de forma "restrictiva" cualquier limitación al derecho de acceso a la información pública (ver STS 3530/2017, de 16 de octubre), se argumenta que la transparencia en un tema de salud pública debe prevalecer frente a los "intereses económicos y comerciales" de las empresas y se denuncia la "discriminación" que supone ofrecer los datos de ciertas residencias de titularidad pública mientras que se ocultan los de aquellos geriátricos de gestión privada.

También se destaca la paradoja de que la Junta asuma que desvelar un alto número de fallecidos en una residencia puede causar un perjuicio a los "intereses económicos y comerciales" de una empresa y no tenga en cuenta su corolario –que la inexistencia de muertes en un centro puede conllevar un beneficio para éste–, lo que permite concluir que la Junta está en realidad velando por los intereses de unas empresas (las que tienen un alto número de fallecidos) frente a otras (las que no sufrieron decesos).

domingo, 21 de junio de 2020

Éxito de la manifestación contra del macrohospital privado y por la defensa de una sanidad pública, gratuita y universal y de calidad

Como uno de los "colectivos en defensa de la sanidad pública" convocantes, valoramos que la manifestación de ayer fue un éxito tanto en asistencia como en coordinación, la cual era indispensable para mantener las medidas de prevención a lo largo de todo el recorrido. En ese sentido, agradecer la gran responsabilidad demostrada por todos los asistentes que, además de manifestar su compromiso con la defensa de una sanidad pública, colaboraron de manera ejemplar en el trancurrir de la manifestación, cuya longitud superaba los 2km. También destacar la pluralidad de colectivos y reivindicaciones que demuestran que queda mucho por hacer y que la lucha debe continuar. Nos encontramos en las calles. 




Ver aquí crónica completa e imágenes de la manifestación publicada por Arainfo Noticias

La primera de las movilizaciones de este sábado ha tenido lugar a las 12.00 horas en Samianigo. En la capital del Alto Galligo un centenar de personas, con mascarillas y manteniendo las distancias de seguridad, se han concentrado dando el pistoletazo de salida a una intensa jornada reivindicativa en defensa de la sanidad y los servicios públicos. Imágenes que se han sucedido a lo largo de la geografía aragonesa donde todas las movilizaciones se han desarrollado bajo un estricto protocolo de prevención realizado por la organización para cumplir con todas las medidas sanitarias y de seguridad.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, arrancaba en Zaragoza la gran movilización del día que ha reunido a miles de personas convocadas por más de 50 organizaciones, asociaciones y colectivos, bajo el lema 'No al macrohospital privado. Por una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad', animada por el 'Somos' de José Antonio Labordeta que han hecho sonar en unos altavoces, y al grito de "La sanidad no se vende, se defiende", "Nuestra salud no es un negocio" o "Si nos aplaudiste: ¡Únete!".
La movilización ha sido un éxito en todos los sentidos. Cuando la protesta llegaba a la plaza España, un gran número de personas seguía sin salir en la plaza de San Francisco, casi dos kilómetros de gente llenando las principales vías de la capital aragonesa. La marcha ha recorrido después la calle del Coso, continuando por Las Murallas, para llegar al Ayuntamiento donde se ha procedido a la lectura del manifiesto. "Por un sistema sanitario centrado en las personas. Por una salud que ponga la vida en el centro. Porque la privatización mata y las desigualdades también", han reivindicado.