jueves, 21 de mayo de 2020

El Ayuntamiento de Zaragoza se burla de nuestro sufrimiento con otro “pelotazo sanitario”


No hay pandemia que les detenga. Antes de dar fin a la emergencia sanitaria, el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido la desfachatez de anunciar la venta de 20.000 metros cuadrados de suelo público para la construcción de un macro-hospital privado. La subasta comienza con un precio de salida de entre 12 y 15 millones de euros.  Los primeros en mostrar interés: la multinacional Quirón y el Opus Dei. En este caso, no sabemos quién es el favorito para la licitación, pero sí sabemos que el Grupo Quirón hace tiempo que muestra su interés en aumentar su negocio en Zaragoza (recordemos su intento en 2016 de comprar la parcela anexa a la Romareda, que hubiera duplicado la superficie actual de sus dos clínicas) ¿Quizá en esta ocasión las alianzas sean más propicias?

El terreno en cuestión, situado en la confluencia de Gómez Laguna con Vía Hispanidad, está calificado como zona verde. Para su recalificación (para hacerlo “edificable”) será necesaria una mayoría del pleno que modifique el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La ultraderecha ya ha mostrado total apoyo a la licitación. Ahora toca ver cómo, en los próximos meses, se desarrolla el juego entre poderes políticos y económicos en un escenario que cuenta con todos los ingredientes para un buen “pelotazo sanitario”.

El consistorio, en manos de PP-Cs, encubre la operación económica diciendo que supondrá la creación de puestos de trabajo, el alivio de las arcas municipales y la ampliación del número de camas y de la red sanitaria aragonesa. Intentan engañarnos de nuevo. El fortalecimiento de la sanidad pública pasa irremediablemente por una dotación suficiente en personal, recursos e instalaciones íntegramente públicos (tanto en financiación y propiedad como en provisión de servicios), la garantía de asistencia a toda la población y la derogación de la legislación que la expone a la especulación y al negocio privado. Esto ya era una evidencia antes de la pandemia. Tras el sufrimiento vivido con la crisis sanitaria, no queda lugar para la duda. No es que no hayan aprendido la lección, es que la lección no les importa.

Este anuncio muestra que los intereses económicos van a seguir marcando la definición de políticas en materia de sanidad. Como afirmaba el concejal de urbanismo Víctor Serrano, la intención es atraer inversiones y convertir a Zaragoza en referente de “un escaparate de ciudades capaces de acoger nuevos proyectos sanitarios”. Así es, efectivamente: un escaparate donde grandes capitales privados compran, venden, especulan y hacen negocio con nuestras necesidades más básicas. En ese sentido, los sectores sanitario y socio-sanitario ofrecen grandes oportunidades para la inversión y los poderes políticos y económicos se necesitan mutuamente para propiciarla y cerrar acuerdos. Es lo que se ha venido a llamar colaboración público-privada, eso donde la presidenta del Grupo Quirón (Pilar Muro) salta a fichaje estrella de Ciudadanos-Aragón.


La conclusión es muy clara: la lógica del beneficio no puede estar por encima de la salud de las personas. Evitarlo está en manos de una lucha decidida de trabajadores/as y vecinos/as unidos por la defensa de la sanidad pública y contra su privatización. Desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad Pública en Aragón nos oponemos a la construcción de este hospital y a cualquier tipo de mercantilización de la sanidad pública, y hacemos un llamamiento para, en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, salir a la calle a exigir que no sigan pisoteando nuestros derechos.


21 de mayo de 2020

Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Argón

miércoles, 20 de mayo de 2020

Comunicado desde la campaña "Nunca más muertos evitables":

Ante las movilizaciones espontaneas que se están  produciendo en diferentes puntos del estado en defensa de la sanidad pública y contra su privatización, desde las Coordinadora Contra la Privatización de la Sanidad y las organizaciones adheridas a la campaña "NUNCA MAS MUERTOS EVITABLES" apoyamos dichas movilizaciones y exigimos a todos los partidos políticos:

-Derogación de la Ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad,  que permiten la privatización y el desmantelamiento de la sanidad pública. Fuera las empresas de la sanidad.

-Creación de una industria sanitaria y farmacéutica publica

-Dignidad para nuestros mayores.

-Sanidad para todos y todas, sin exclusiones, independientemente de su situación administrativa.

-Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.

Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a toda la población para que después de los aplausos de las 20 horas, pasee por su barrio, alrededor de su hospital, plaza, o centro de salud, con elementos reivindicativos con los puntos citados.



ADHESIONES EN: info@casmadrid.org

http://www.casmadrid.org/index.php/noticias/1139-organizaciones-adheridas-a-la-campana-la-privatizacion-mata-todo-de-vuelta-a-manos-publicas-derogacion-de-la-ley-15-97

martes, 12 de mayo de 2020

Las sanitarios exigen la dimisión de la consejera de sanidad Pilar Ventura y lo consiguen





La gestión de la Consejera de pandemia del Covid-19 ha expuesto a los trabajadores sanitarios a un constante riesgo al contagio, dada la falta de información, equipos de protección y realización de test. Ante la incompetencia de los poderes políticos para la gestión de la crisis, los sanitarios han tenido que echar mano de ingenio y fabricarse de manera artesanal sus propias protecciones. Los más de 860 casos de contagio entre el personal sanitario son muestra de la precariedad de sus condiciones. La gota que colmaría el vaso, serían las declaraciones de Pilar Ventura durante el debate parlamentario de la semanda pasada, donde afrmaba que para los sanitarios era un estímulo hacerse sus propios equipos de protección. La ofensa se saldaba con la peticón de cese, por parte de colegios y sindicatos médicos y de enfermería de Aragón, así como del personal de los centros, los cuales llevaban varios días concentrándose a las puertas de los hospitales. Las protestas han dado resultado y Pilar Ventura, la consejera que estrenaba el cargo con la privatización de la lavandería del Hospital Clínico, presentaba su dimisión en la tarde de hoy. La incógnita ahora es saber quien le sustituirá.

lunes, 11 de mayo de 2020

Derecho a la salud y a los cuidados de los mayores


Derivada de la situación de alarma producida por el COVID-19, ha surgido de nuevo la gran pregunta: ¿sanidad pública universal y gratuita? Y una respuesta clara: SI. La lucha que se ha estado llevando por colectivos y plataformas desde que se aprobó la ley 15/97, no estaba siendo escuchada y acompañada por la mayoría de la población del estado español. Ha tenido que llegar una pandemia a nivel mundial, para darnos cuenta que, sin una fuerte organización social y una eficiente gestión e inversión pública a nivel socio-sanitario no es posible ofrecer dignidad de cuidados a la población que así los demanda y además los paga. Se ha constatado una vez más que:  los recortes, privatizaciones-externalizaciones y la gestión público-privada carece de sentido y, sobre todo de humanidad.

Ahora bien, durante esta emergencia global ha quedado demostrado también el sin sentido, el despropósito y la negligencia por parte de los gestores de los centros residenciales, del gobierno y de las comunidades autonómicas. La falta de una repuesta de calidad con nuestros mayores, ha derivado en que los centros residenciales hayan sido un campo de exterminio para la tercera edad. Debido sobre todo a la falta de medios de protección, la infradotación económica que existe en la mayoría de residencias, el bajo ratio profesional/residente, la carencia de formación constante a los profesionales y la falta de actualización de material geriátrico.

Cuando hablamos de gestión e inversión pública a nivel socio-sanitario no sólo estamos hablando de centros de atención primaria, especialistas, centros públicos de I+D+i, hospitales generales y universitarios, residencias y servicios de ayuda a domicilio conlleven una importante inyección de dinero público. Estamos exigiendo que esa gestión, además, no sea otro instrumento estatal de burocratización funcionarial y genere algún tipo de “establishment” entre el sector sanitario y el resto de la población. La gestión de servicios socio-sanitarios debe de estar integrada por los profesionales, pacientes y ciudadanos que puedan aportar y auditar para mejorar el uso del mismo.

Mientras sigamos considerando la gestión empresarial por encima de la dignidad humana, sigamos entendiendo que de todo se puede hacer un negocio, no nos demos cuenta de que la economía no es un ente “todopoderoso” en sí mismo y continuemos anteponiéndola sobre la razón humana no avanzaremos como sociedad y estos problemas serán cíclicos y no tendrán solución.

Por eso, entendemos que este sistema capitalista es un despropósito para poder tener una vida digna. Desde que nacemos nos convierte en consumidores. Durante la edad adulta, pasamos a ser productores/consumidores y al envejecer, el mismo sistema te considera como un estorbo y te aparta al ostracismo más sibilino. Después de haber estado toda la vida “esclavizado” del trabajo y sin un sentido vital humano, el capitalismo te sigue sangrando, teniendo que pagar una privatización que a día de hoy ha resultado inoperante.

Exigimos a los gobernantes y a los poderes económicos un cambio de concepto radical con respecto a las personas mayores:

• Investigación y transparencia ante los posibles casos de negligencia y maltrato en las residencias durante la pandemia del covid-19. Cierre inmediato de aquellas que hayan incurrido en incumplimiento y devolución del dinero público recibido.

• Servicios socio-sanitarios 100% públicos. Eliminación de los conciertos, subvenciones públicas, “gestión indirecta” de los centros, así como de cualquier tipo de mecanismo de colaboración público-privada. Nunca más dinero público para el negocio privado

• Centros residenciales públicos y de calidad, con personal y gestión pública 100%.

•Derecho a una plaza en residencia pública asequible para todas las personas.

Dejemos de hablar de déficit socio-sanitario: ni la salud ni los cuidados pueden ser entendidos en términos de negocio sino como derechos fundamentales que garanticen una vida digna.


¡Los seres humanos no somos mercancía!

¡La privatización mata!

domingo, 26 de abril de 2020

CNT denuncia el "descontrolado" contagio de COVID-19 en el matadero Litera Meat en Binéfar

También denuncian que, cuando un trabajador presenta una incapacidad temporal es despedido.

Noticia de: radio Huesca
El sindicato CNT Huesca-Monzón ha mostrado su preocupación por la situación que se está viviendo en el matadero Litera Meat de Pini de Binéfar, al tiempo que asegura que les han alarmado las continuas y angustiosas peticiones de ayuda que están recibiendo de miembros de la plantilla, ya que unos temen el contagio, otros el despido por contraer la enfermedad y algunos ambas cosas. Las aglomeraciones vividas en la mañana de este sábado, durante la realización test, no son más que un ejemplo, en su opinión, de las habituales maneras en las que se vienen desoyendo en Litera Meat las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias.
CNT denuncia que en este matadero, durante los momentos más duros de la pandemia, estas aglomeraciones se vivieron a diario en el comedor, en las entradas y salidas de los turnos, en los vestuarios, y que hay puestos de trabajo en los que se incumplen las distancias.
En CNT consideran que las medidas de protección adoptadas por el matadero han sido ampliamente insuficientes, con gravísimas consecuencias para la salud de la plantilla, sus familias y los municipios en los que éstas residen. Esta situación se traduce en que, a día de hoy, el matadero es un problema de salud pública y está considerado el principal foco de la comarca. Creen que el número de positivos puede ascender a un 25% de la plantilla.
Además, el sindicato denuncia públicamente que aquellas personas trabajadoras que acceden a situación de Incapacidad Temporal son sistemáticamente despedidas por Litera Meat de Pini, esto no es una novedad, es política de empresa. Esta práctica, que consideran “repugnante”, en esta situación es una notoria irresponsabilidad, puesto que contribuye a la propagación del COVID-19, ya que la gente acude a trabajar aun con síntomas por miedo a perder el puesto de trabajo.
Desde CNT-Monzón y desde la sección sindical de CNT en el matadero han solicitado a la empresa información acerca de evaluación de riesgos respecto del contagio de COVID-19 en los diferentes puestos de trabajo y en las diferentes zonas de la empresa, el plan de prevención adoptado y los protocolos de seguridad, así como las medidas básicas de protección y desinfección, sin haber obtenido por el momento respuesta. En las últimas semanas, el sindicato CNT ha recopilado información, imágenes y testimonios de trabajadores y trabajadoras que actualmente están analizando y no descartan ponerlos en conocimiento Fiscalía por si de estos materiales pudiera desprenderse algún tipo de actuación delictiva.
Asimismo, CNT han contactado con Inspección de Trabajo, a quien han transmitido su preocupación y han instado a paralizar los trabajos en el matadero hasta que estuviera garantizada la salud de los trabajadores.

lunes, 20 de abril de 2020

La crisis del coronavirus provoca una caída en las afiliaciones a la Seguridad Social peor que en 2008


Noticia de: Arainfo

La estadística de afiliaciones a la Seguridad Social a último día del mes de marzo muestra un descenso brutal de las afiliaciones, en Aragón se registran 23.418 afiliaciones menos respecto al mes de febrero. CCOO Aragón apunta que la alta temporalidad y precariedad ha provocado que la crisis se haya agudizado.


Las estadísticas conocidas hoy sobre las afiliaciones a la Seguridad Social a último día del mes de marzo expresan con más fiabilidad la evolución del empleo y la repercusión de la crisis provocada por el COVID-19. Como cabía esperar los datos en Aragón han sido “desastrosos”, como asegura CCOO Aragón, con 553.198 personas afiliadas a 31 de marzo, 23.418 menos que representan una pérdida del 4,06% respecto al mes de febrero. En el Estado español la disminución ha sido 833.979 personas afiliadas, que supone un descenso del 4,32%.

Los datos de desempleo registrados conocidos el pasado 2 de abril no recogen el impacto completo de esta crisis en el empleo al no recoger los y las trabajadoras afectadas por ERTES. Según estos registros el paro aumentó en Aragón hasta las 72.481 personas durante el mes de marzo, 5.509 más que en febrero que supone un incremento del 8,23%. En el Estado español se registraron 3.548.312 de personas desempleadas, 302.265 más que en febrero que equivale a un incremento del 9,31%. El desempleo interanual creció en 7.069 personas, un 10,81%, mientras que en el conjunto del Estado aumentó en 293.228 personas, un 9,01% más.

Los y las trabajadoras afectadas por ERTES continúan afiliadas a la Seguridad Social, por lo que no se contabilizan en el desempleo registrado (a pesar de recibir una prestación de desempleo). Asimismo, también son consideradas como ocupadas en la encuesta de población activa. En Aragón se han registrado hasta el pasado 8 de abril 5.721 expedientes de regulación temporal de empleo, que afectan a 51.724 personas. En el conjunto del Estado, según la información facilitada por el Ministerio de trabajo, se han solicitado más de 450.000 ERTES que afectan a más de tres millones de trabajadores y trabajadoras.

“Buena parte del empleo destruido en marzo se debe a la finalización de los contratos temporales y los puestos de trabajo perdidos por despidos, individuales o colectivos, antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, lo que demuestra que muchas empresas han aprovechado la coyuntura para ajustar sus plantillas de forma más lesiva, en lugar de utilizar otros elementos de flexibilidad existentes como los ERTES cuya flexibilización fue acordada entre el Gobierno y los agentes sociales”, señalan desde CCOO que aseguran que resulta “evidente” que para todos estos trabajadores y trabajadoras despedidas, la decisión del Gobierno de limitar los despidos ha llegado tarde.

La elevada temporalidad y precariedad que introdujo la reforma laboral de 2012, como han venido denunciando desde hace años la gran mayoría de sindicatos, es la causa de que se destruya el empleo de forma masiva e incluso con una velocidad e intensidad mayor que en la crisis de 2008. “No haber podido derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral hará más difícil la recuperación futura y más precario el empleo que se genere”, apuntan.

Para CCOO Aragón la prioridad absoluta es combatir la crisis sanitaria y salvar vidas. Pero además de atender esta prioridad hay que tomar las medidas necesarias permitan hacer frente al brutal impacto económico y laboral que está teniendo esta crisis. “Los datos que hemos conocido hoy de las afiliaciones a la Seguridad Social son una clara muestra de que esta crisis está alcanzando cifras desconocidas hasta la fecha con el cierre completo de sectores económicos, cientos de miles de contratos suspendidos por los ERTES y de despidos individuales, muchos de ellos de trabajadores con contrato temporal que han perdido sus puestos de trabajo al haberse producido sus despidos antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo”, advierten desde CCOO Aragón.

Aunque desde este sindicato valoran positivamente las medidas sociales tomadas por el Gobierno, consideran necesario ampliar la protección a los y las trabajadoras y colectivos más vulnerables durante esta crisis, “colectivos que no pueden acceder a las prestaciones por desempleo y que al no entrar tampoco en la figura del ERTE no tienen ninguna garantía de recuperar su puesto de trabajo cuando finalice esta situación”. Por todo ello, desde CCOO plantean que se adopten las medidas necesarias para garantizar una renta mínima garantizada mientras dure este período excepcional y que llegue a todas las personas que carezcan de empleo, prestaciones o cualquier tipo de renta de subsistencia.

domingo, 19 de abril de 2020

INTERSINDICAL DE ARAGON-CO.BAS, DENUNCIA LA PRECARIA SITUACION DEL CENTRO CAMP-CADI

Comunicado de Intersindical Aragón
El Camp-Cadi Zaragoza es un centro de discapacitados intelectuales, con más de 100 residentes y una plantilla de alrededor de 100 trabajadores.
Denuncian la falta de equipos de protección laboral, que no llegan y están pedidos desde el 18 de marzo, mascarillas, batas etc. Ya son más de quince días sin recibir nada, solo algún material entregado por particulares y con ellos hacen su trabajo ante una precariedad absoluta y sin respuestas por parte de la DGA.
Es una situación muy difícil, dado las patologías de los residentes además de la falta de personal, ya que muchos trabajadores están en su casa con síntomas del coronavirus. Así ya llevan tres semanas trabajando con menos personal y atendiendo a residentes infectados que ya son 9 y otros con síntomas. Todo esto en pésimas condiciones de personal y protección.
Hay que sumarle la falta de habitaciones para poder aislar a los residentes con síntomas.
Demandan también la falta de realización de test para residentes y para ellos. Sí esto lo unimos la falta de EPIS, con la no realización de test, podemos asistir a un gran número de contagios en pocos días.
Todo esto deja ver la precariedad que sufrimos en nuestro sistema de sanidad público, con recortes desde hace muchos años, con la aprobación de la ley 15/97, aprobada por PSOE, PP, CIU, PNV y el beneplácito de las centrales sindicales (CC.OO y UGT), que abría la puerta a la entrada de las empresas privadas a la gestión de la sanidad pública.
El desmantelamiento de la sanidad pública es una realidad, con toda la complicidad de los gobiernos que hemos tenido a las órdenes de la U.E. y sus recortes. El Pago de la deuda privada hecha publica, modificando el Art. 135 de la constitución en 2011 por PSOE y votando a favor, quienes ya sabemos,  que se antepone a todo el gasto en servicios sociales, sanidad, pensiones, educación etc.

miércoles, 15 de abril de 2020

El negocio de las residencias de ancianos: DomusVi


Estos días de pandemia nos fijamos que el colectivo de personas mayores es quien más lo sufre y padece, incluso con su vida. Lo lógico es que las personas con múltiples patologías sean las más afectadas. Lo que escapa de lo razonable es que gran parte de los casos sean en residencias de ancianos. En Aragón 3 de cada 4 muertes por coronavirus se han producido en residencias para mayores. Residencias que, en su mayoría, son de gestión público-privadas (gestión indirecta o concertadas) o totalmente privada. La situación derivada de la pandemia no ha hecho sino sacar a la luz pública una situación de la que ya se venía alertando: el creciente negocio del cuidado de mayores y sus riesgos.

Grandes empresas y fondos buitre han encontrado el entorno idóneo para la inversión en este sector: tendencia de envejecimiento poblacional, una legislación laboral y de dependencia que favorece la explotación de sus trabajadoras, unas redes comunitarias y familiares cada vez más escasas y la puesta a disposición de dinero público para el negocio de servicios geriátricos. Así, en los últimos años, hemos visto la progresiva concentración en el sector mediante el cierre de operaciones de venta de geriátricos por parte de estos grupos empresariales.

El negocio geriátrico facturó más de 4.350 millones de euros en el estado entre 2015 y 2017. Los cinco grupos empresariales que encabezan este mercado son DomusVi, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol. Algunas de las residencias más afectadas durante estos días pertenecen al gigante geriátrico español DomusVi, ahora controlado por un fondo de inversión británico, que nacía de la fusión de Geriatros y Sarquavitae, previamente comprados por otro fondo de inversión galo, PAI Parteners. En el estado español esta multinacional cuenta con 138 residencias que le reportan un volumen de negocio de 530 millones de Euros. El 65% de esos centros se nutren de dinero público.

Aunque este grupo iba acumulando denuncias de familiares, previas a la pandemia, por falta de calidad en la asistencia, estas eran ignoradas. En tiempos de pandemia, estas denuncias se han visto multiplicadas por la falta de información y de medidas de protección del personal. Las más de 150 muertes de ancianos por coronavirus en ocho de sus residencias, ha obligado a que cinco de sus centros hayan sido intervenidos por las autoridades en cuatro comunidades autónomas.

Este grupo cuenta en Aragón con tres grandes residencias: DomusVi Fontibre, DomusVi Zalfonada y Centro Asistencial Santa Ana de Utebo. Éste último, una residencia de propiedad pública gestionada en un primer momento por Sarquavitae y ahora perteneciente a DomusVi, fue inaugurada en 2014 por la entonces presidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudi, quien la describía como “un buen ejemplo de la colaboración público-privada”. Desde su inauguración hubo protestas, por parte de residentes y familiares, por problemas con la frecuencia del transporte público y la falta de comunicación con los residentes. En 2017 más de 35 internos denunciaban la falta de personal y limpieza. Posteriormente, se sumaba a las denuncias la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza por registros indebidos y vaciados de las habitaciones de los residentes sin estar ellos presentes.

El ahorro en costes de personal de esta y otras empresas, que se traduce en una pérdida en la calidad en la asistencia, se ha demostrado un hecho durante la crisis. Las ofertas de empleo precario, por parte de estas residencias, se suceden durante estos días en un intento de solventar un problema que venía de antes.  Sin embargo, la opacidad en la información en torno a la situación en los centros y la falta de control de las mismos nos sigue inquietando.

El pasado jueves, el Director General de Salud Pública del gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, declaró que el Gobierno de Aragón no es partidario de intervenir residencias de personas mayores cuando se detecta un brote de coronavirus sino de reorganizar los recursos para redistribuir a los usuarios. Algunas preguntas nos asaltan respecto a estas declaraciones: si, previamente a la pandemia, estas residencias, y para muestra un botón, ya acumulaban quejas por falta de personal y limpieza ¿en qué situación se encuentran ahora?; ¿Qué tiene que pasar para que una residencia sea intervenida?; Si en varios territorios del estado varias residencias de este grupo han sido intervenidas, ¿no sería conveniente un mayor control en residencias de los mismos propietarios?

Desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón exigimos que, en el tiempo que dure la pandemia, se garantice la seguridad de nuestros mayores y de quienes cuidan de ellos en las residencias, extremando las medidas de control, intervención y transparencia por parte de los responsables públicos. Una vez todo esto pase, solo una prestación y gestión plenamente públicas de los servicios socio-sanitarios, podrá garantizar que nuestros mayores no sigan pagando con su dignidad o su vida mientras otros se llenan los bolsillos.

jueves, 9 de abril de 2020

TREGUA A UNA LEGISLACIÓN SANITARIA RACISTA: la DGA anuncia tarjetas sanitarias para personas en situación administrativa irregular hasta el 30 de mayo.

En el marco de la crisis sanitaria del COVID19, ayer día 8 de abril, la DGA anunció que otorgaría la tarjeta sanitaria a todas las personas en situación administrativa irregular hasta el 30 de mayo. Y esto porque, recordemos, las políticas de apartheid sanitario seguirán vigentes cuando volvamos a la “normalidad”.

Recordemos que el Decreto 6/2012 impulsado por el PP abolió el derecho a la salud (800.00 personas perdieron su tarjeta sanitaria) e introdujo el copago sanitario. Luego serían las CCAA las que se encargarían de desarrollar “parches legislativos” que mitigaran el drama de la exclusión sanitaria. Posteriormente, como enmienda al decreto, el PSOE emitió el Real Decreto-Ley 7/2018 sobre el acceso Universal al Sistema Nacional de Salud. El título de este nuevo decreto simulaba restituir la sanidad universal, pero su contenido daba continuidad a una política sanitaria racista que retira la titularidad del derecho – inherente a todo ser humano - según la situación administrativa de las personas. Un decreto ambiguo y escasamente desarrollado volvía a dejar en manos de las CCAA el reconocimiento y la acreditación de la asistencia sanitaria a las personas extrajeras. De este modo, el actual decreto impone una serie de requisitos para reconocer esa asistencia y agrava, aún más si cabe, la situación de algunos colectivos:

·         Impone acreditar un empadronamiento de al menos 3 meses y elimina las excepciones del decreto anterior para la atención en urgencias a embarazadas y menores de edad. Así, a todos aquellos que no demuestren una estancia de 90 día se les emite una factura por los servicios prestados. Puede deducirse entonces el gran número de personas que quedan desamparadas y requieren de un tratamiento continuado o urgente: enfermos de cáncer, problemas cardiovasculares, VIH, interrupción del embarazo, etc. Para estos casos se define una vía excepcional mediante informe de un trabajador/a social que acredite la necesidad de atención urgente. Tenemos constancia de que en Aragón estos informes se quedan en papel mojado.

·         Otra exigencia impuesta es la de no tener que acreditar una cobertura obligatoria sanitaria por otra vía, requisito establecido por la ley de Extranjería de contar con un seguro médico privado para obtener el permiso de residencia por reagrupación familiar. Este aspecto está afectando, principalmente, a los migrantes con residencia regular a través de la reagrupación familiar ascendente (tramitada por sus hijos de nacionalidad española), que son sistemáticamente excluidos del sistema sanitario por el gobierno, debido a una interpretación racista que antepone la normativa de extranjería al derecho de atención sanitaria.

·         Las personas de nacionalidad española que están en el extranjero también son excluidas del sistema sanitario. Esto afecta principalmente a personas que llevan 3 o más meses fuera y todavía no han encontrado un trabajo, castigando así las situaciones de mayor precariedad.

·         Aunque se eliminaba progresivamente el copago a pensionistas, este se sigue aplicando en un máximo del 40% para extranjeros que no tienen regularizada su situación administrativa.

·         Inquietante resulta también la mención referente a los trasplantes para extranjeros. Aunque no queda desarrollada, anuncia el establecimiento de unos requisitos y periodos mínimos de los que se deduce unas condiciones discriminatorias para poder acceder a la lista de trasplantes.

Lo expuesto es solo una síntesis de las implicaciones de la legislación vigente en materia de sanidad. Ni siquiera abarca una mínima parte de las consecuencias que implica esta vulneración racista del derecho a la salud. Esta síntesis no refleja una multitud de casos particulares que son también sistemáticamente expulsados del sistema sanitario y afectan a miles y miles de personas. Valga este comunicado para volver a recordar que, cuando la crisis sanitaria llegue a su fin, la vida de muchas personas seguirá estando en peligro. Será nuestra responsabilidad exigir una sanidad pública, gratuita y de calidad para todos y todas, sin excepción.

Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón

ü  Derogación de la ley 15/95 y artículo 90 de la LGS, que permiten las privatizaciones en sanidad y vuelta a manos públicas de todo lo privatizado.
ü  Industria sanitaria y farmacéutica públicas
ü  Todos los recursos de la sanidad deben ser públicos. Nunca más dinero público a la privada.
ü  Derecho a la salud para todos y todas, sin excepciones.
ü  Atención digna a nuestros mayores. Por unos servicios sociosanitarios públicos.

miércoles, 8 de abril de 2020

Prisiones y coronavirus: campaña #DDHHEnPrisión #COVID 19 para la adopción de medidas de excarcelación y vías efectivas de comunicación entre las familias y quienes se encuentran dentro de las prisiones.


Las medidas sociales que se plantean en el estado de alarma en el que nos encontramos actualmente, no tienen en cuenta las realidades de las personas más expuestas a violencias estructurales y a las que menor acceso tienen a recursos, dejando fuera a una importante parte de la población.
Desde C.A.M.P.A. queremos mostrar nuestra gran preocupación por la situación actual de las personas presas ante la crisis sanitaria provocada a raíz de la rápida expansión del coronavirus, COVID-19.
Nos preguntamos cómo afecta esta situación las personas presas, sus familiares y amigxs: el doble aislamiento, la desatención sanitaria, la soledad que supone no poder verse ni siquiera a través de cristales…. En definitiva, cómo afectará esta situación a su estado de salud y a sus derechos. Tenemos conocimiento de que actualmente se encuentran aisladas en las celdas, que las cartas no llegan y se están aplicando primeros grados de facto. ¿Qué consecuencias tiene este doble aislamiento para la salud mental? ¿Cómo poder gestionar la vulnerabildad, el miedo y la ansiedad desde dentro?
No debe dejarse de lado la excepcionalidad en cuanto a restricciones de derechos en la que viven diariamente las personas presas y el plus que suponen todas estas medidas nuevas. A continuación, mostramos el resumen cronológico de las medidas adoptadas ante el coronavirus por parte del Ministerio del Interior para prevenir mayor número de contagios, restringiendo los derechos de las personas presas.
El día 12 de marzo comenzaron las primeras restricciones como consecuencia de la aparición de los primeros casos de COVID-19 en las cárceles de Madrid VI y Álava. Consistían entre otras, en suprimir los vis a vis y dejar únicamente las visitas con familiares y amigxs, abogadxs mediante locutorio al estar separadxs mediante cristales, además quedaba excluida la entrada de voluntarixs, suspendidas las salidas programadas y tratamentales… Con ello comenzaba el aislamiento de las 69 prisiones del Estado.
El día 15 de marzo, una vez fue decretado el Estado de Alarma, se publicó la Orden 227/2020, por la que se tomaron las siguientes medidas:
  • Todas las comunicaciones ordinarias con familiares y amigxs quedan suspendidas.
  • Las salidas de permisos, salidas programadas y cualquier otras salidas quedan suspendidas, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad para evitar los desplazamientos considerados prohibidos por el art. 7 del RD 463/2020, de 14 de marzo.
  • Las personas presas clasificadas en tercer grado o que tengan aplicado un régimen de flexibilidad que se hallen destinadas en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios podrán salir para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el art. 7 del mencionado real decreto, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario.
  • Se ampliarán las comunicaciones telefónicas que tengan autorizadas las personas presas, especialmente con abogadxs, a fin de que en todo momento quede garantizado el derecho de defensa.

sábado, 4 de abril de 2020

Por qué es imprescindible crear una industria sanitaria pública


La crisis del Covid-19 ha permitido destapar la vergonzosa situación del equipamiento de protección, de técnicas de diagnóstico y la farmacia en el Sistema Nacional de Salud.

El caso de la hidroxicloroquina es paradigmático. Cuando parece que funciona en algunos casos de Covid-19, las existencias en los hospitales están prácticamente a cero. Y la posibilidad de conseguir comprarlo en el mercado internacional es escasa: India, mayor productor mundial, que era quien abastecía al mercado español, ha prohibido la exportación de su molécula, de forma que en estos momentos no hay capacidad para fabricarla en el estado español. Otro tanto pasa con medicamentos utilizados para la sedación en las unidades de críticos, como es el caso de los relajantes neuromusculares.

Hace años, ante la crisis de la hepatitis C, planteamos la creación de un sistema de farmacia público, que fuera capaz de producir los medicamentos esenciales, no siendo rehén de las multinacionales1. Lógico ya que comprar el Sofosbuvir a casi 60.000 € por cada tratamiento de 12 semanas, (cuando sus costes no pasan de 115 €, casi 600 veces más) no tenía ningún sentido. Ni se hizo, ni se apostó por saltarse las barreras comerciales en base al criterio de utilidad pública, lo que permitía la ley, e incluso el Parlamento Europeo reconoció2. Big Pharma hizo su agosto. El pueblo puso los muertos3.

viernes, 27 de marzo de 2020

PROTEGER A LOS SANITARIOS ES PROTEGERNOS A TODOS


La falta de medios podría estar acelerando los casos de contagio en Aragón. El número de casos de covid-19 confirmados microbiológicamente se ha cuadruplicado desde el 19 de marzo, alcanzando actualmente los 1.116. De ellos, 155 son profesionales sanitarios (en un solo día aumentaron hasta en 40 casos).

En Aragón, tanto en centros hospitalarios como en atención primaria, los profesionales sanitarios no están lo suficientemente protegidos. Hay carencia de equipos de protección individual (EPIs) y no se están realizando los test en todos los casos. Siguiendo los protocolos indicados por las gerencias (o la falta de ellos), muchos trabajadores siguen realizando su labor sin saber si están contagiados o no, por lo que temen por su seguridad y la de su entorno. El sindicato de médicos CESM-Aragón ya ha presentado una denuncia para exigir medidas al Ministerio de Sanidad.

Aunque se están proporcionando más EPIs (mascarillas, batas impermeables, gafas, etc.) que hace dos semanas, llegan con cuentagotas y no a todos por igual. En muchos casos son los propios profesionales los que tienen que fabricar rudimentariamente las protecciones. Del mismo modo, es la población la que, solidariamente y en algunos barrios de manera organizada, se está volcando en la fabricación de protecciones con los recursos de los que disponen.

La realización de los test ha demostrado ser una medida determinante para el control de la pandemia en países como en Japón. La propia OMS insta a su realización a todos los sospechosos como única vía para frenar la pandemia del coronavirus. Es, por tanto, imprescindible romper con esta dinámica y destinar todos los esfuerzos a la provisión de EPIs y pruebas de detección fiables de manera sistemática y masiva, para fortalecer los mecanismos de prevención y eliminar al máximo los riesgos de contagio.

El sistema sanitario debería minimizar estos riesgos sin pretender ahorrar material. Si ahorramos en guantes, mascarillas y EPIs gastaremos mucho más en unidades de cuidados intensivos y fármacos, muchos de los cuales, al no disponer de una farmacia pública, en estos momentos no es posible comprar en el mercado.

Cuando esto pase, no nos olvidemos: hay culpables y los conocemos. Preparémonos para salir a la calle hasta conseguir la derogación de la Ley 15/97 y de todas las normas que permiten la privatización de un derecho fundamental que solo se cubre con garantías de forma universal y gratuita.


Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón


jueves, 26 de marzo de 2020

La sanidad privada prevé un ERTE para 28.000 empleados por la crisis del coronavirus

La sanidad privada prevé recortar su plantilla por la crisis del coronavirus. El sector ya ha comenzado a reducir temporalmente a profesionales que actualmente no trabajan en primera línea frente a la COVID-19. 
Según adelanta el diario Cinco Díasla patronal calcula que solo en los centros con internamiento de pacientes, los afectados por el ERTE podrían ser 28.000 empleados. Una cifra que se dispararía si se tienen en cuenta otras clínicas. 
La suspensión y parón de la mayoría de servicios ajenos al coronavirus, provocados por el confinamiento. Esta reducción de la actividad sanitaria, que agrupa una caída del 80%, ha traído consigo una pérdida de ingresos para el sector. 
Para la patronal Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), las pérdidas
–derivadas de los seguros de salud y la atención de pacientes trasladados desde hospitales públicos–, conllevan un riesgo de quiebra de 325 centros si no existe una reorganización laboral
La regulación temporal de empleo ya es una realidad en algunas empresas de Catalunya y Canarias, donde el jueves pasado se aplicó para 158 de sus 813 trabajadores en la mayor clínica de Gran Canaria. 
Hospitales San Roque alega como justificación de este expediente temporal que la actividad ha caído entre un 60 y un 97% en sus diferentes centros desde que se declaró en España el estado de alarma por la epidemia de coronavirus, que restringe la movilidad de los ciudadanos para prevenir así nuevos contagios.
Aunque desde ASPE se están considerando opciones alternativas al ERTE, son muchas las empresas que abogan por esta vía. 
Fuente Publico.es 

Médicos de Atención Primaria de Zaragoza frente al coronavirus: “Vivimos una situación de emergencia y estamos desprotegidos”

Una médica del Centro de Salud de Utebo, un médico rural de Pina de Ebro y una pediatra de Zaragoza denuncian la precaria situación en la que trabajan para hacer frente al COVID-19. Sin pruebas fehacientes, con decenas de casos sospechosos y mucha “angustia” dan el do de pecho para seguir viendo pacientes.

Lo cuentan tres de ellos, desde sus respectivas consultas, mientras siguen atendiendo llamadas de pacientes con síntomas del virus, cuadros catarrales o alérgicos y otras patologías. “Hemos suprimido las consultas programadas y concertadas por las especiales características de esta pandemia. Tenemos solamente atención a Urgencias y casi un 75% de toda nuestra atención es telefónica, porque todo el mundo llama para decir que tiene fiebre, tos o malestar general… Hay mucha preocupación y miedo, pero con un poquito de tranquilidad y sosiego se resuelven estas consultas”, cuenta con entereza José Manuel Cucalón, médico de Atención Primaria en Pina de Ebro y vocal de Atención Primaria rural del Colegio de Médicos de Zaragoza

José Manuel Cucalón, médico rural en Pina de Ebro

A juicio de este especialista, el principal problema para aquellos que trabajan “en primera línea de batalla” contra la pandemia -como dicen todos ellos- es la falta de equipos de protección y de pruebas diagnósticas que les ayuden a confirmar los posibles contagios del virus que tratan a diario.
“El material no es el adecuado para el coronavirus y eso te crea cierta angustia”
Nosotros en Atención Primaria nos manejamos con mucha incertidumbre. Nunca hemos tenido pruebas para llegar a diagnósticos fehacientes, y aunque manejamos bien los síntomas de sospecha, la situación nos crea cierta angustia. Hablamos de casos y contactos sospechosos de una enfermedad vírica que puede ocasionar un contagio generalizado, que puede afectarnos a nosotros mismos y convertimos en personas que deberían ser tratadas. Esa dudaal no haber pruebas o test para profesionales sanitarios, te deja una angustia vital enorme”, confiesa este doctor, que tiene un cupo de mil habitantes y atiende entre 25 y 35 llamadas cada mañana. También ve de forma presencial a una media de diez personas en el centro de salud de Fuentes, y al menos un par en los domicilios, según consideran. “En la capital -reconoce- la cartera de pacientes se multiplicaría por uno o por dos”, advierte.
“Después de estar todo el día viendo pacientes, cuando llego a casa y abro la puerta… están mi esposa y mis dos hijas que me miran pensando si vengo infectado”
Al terminar su jornada, José Manuel, como el resto de sanitarios, tiene la incertidumbre de no saber si ha sido contagiado, pese a que están poniendo todos los medios que tienen a su alcance para frenar la curva. “Después de estar toda la santa mañana, de 8 a 16, viendo personas, cuando llego a casa y abro la puerta, están mi esposa y mis dos hijas que me miran pensando si vengo infectado o no… El material no es el más adecuado y eso te crea cierta angustia”, lamenta.
En su centro, asegura que cuentan con un solo equipo de protección individual (EPI) para atender los casos que llegan. Las batas son “deficitarias” y no tienen pruebas para detectar el virus. Tampoco calzas ni gorros homologados para ver pacientes en consulta o en los domicilios. “Si aquí tuviéramos que ir a las casas de tres o cuatro casos de infección, tendríamos un auténtico problema”, apostilla.
Para tratar de paliar la falta de medios, cuenta que desde hace más de 20 días se fabricaron sus propios equipos, en vista de la situación generalizada de desabastecimiento que les venía encima. “Nosotros mismos, más allá de la ciudadanía, hemos ideado delantales con bolsas de plástico. Aquí en mi consulta tengo uno por si tuviera que utilizarlo… Hemos creado también las famosas pantallas visuales para tener un par de urgencia y batas de plástico. No queríamos estar con una mano sobre la otra. Esto es voluntarismo; intentar poner un parche; porque asumimos que no es el material más adecuado ni siquiera el homologado para este tipo de problemas. Pero ante la escasez, nos arreglamos como podemos”, señala este médico. Su principal misión ahora mismo es detectar posibles casos, valorar si son leves o graves e intentar que todo aquel que pueda se quede en su domicilio, para no colapsar el sistema sanitario en los hospitales. “Tratamos de aguantar todo lo posible a nuestra gente con nosotros y ponemos toda nuestra voluntad en ello. El problema es que no se pueden hacer pruebas y, por tanto, no se asume con la misma entereza que si se hicieran”, manifiesta. Hasta el momento, entre una población aproximada de 2.500 habitantes, han detectado estos días entre 20 y 30 casos sospechosos de coronavirus. “Todo que sea catalogado como leve o moderado lo mantenemos en el domicilio; y si hemos derivado a tres al hospital, dos eran positivos. Seguramente tengamos más, pero no podemos certificar nada porque no tenemos pruebas para quedarnos tranquilos“, lamenta este médico.
Noticia completa en Heraldo de Oregon

martes, 24 de marzo de 2020

Residencias privadas trataron de ocultar cadáveres por coronavirus para evitar que les cerraran


La Unidad Militar de Emergencias (UME), tras recibir la orden de la Vicepresidencia Social de prestar la ayuda necesaria a las Residencias públicas y privadas de este país, donde se estaban dando numerosos casos de COVID-19, se han encontrado con cadáveres ocultos en alguno de estos centros privados. Fuentes ministeriales confirman a Diario16 que son principalmente residencias privadas que evitaban confirmar los nuevos casos de muerte por coronavirus para evitar que les cerraran las residencias.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirma la información a Diario16 y afirma que “vamos a ser implacables con este tema”.
Esta misma mañana, el Ministerio de Sanidad confirmaba que en las residencias de mayores se había detectado un elevado número de casos de coronavirus, superior incluso al 20%. Una situación que había generado mucho caos y, que había hecho decidir al gobierno que la vicepresidencia social y el Ministerio de Defensa colaboraran para conseguir que la UME fuera un apoyo de personal y de entrega de material en estos centros de personas mayores, en su mayoría dependientes.
Durante toda la mañana desde la Vicepresidencia de Pablo Iglesias se ha estado coordinado con las Comunidades Autónomas la derivación de miembros de la UME en las residencias que las consejerías consideraban más problemáticas.
Lo que no esperaban, ni el Gobierno de España ni los de las Comunidades Autónomas, era encontrarse con cadáveres ocultos.


Fuente: Diario16

El negocio de las residencias privadas para mayores

lunes, 23 de marzo de 2020

Comunicado de la Mesa Sanitaria de Aragón en relación a la epidemia por COVID 19


Los colectivos participantes en la Mesa Sanitaria Aragonesa (Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, Comisión de salud de la FABZ, CAVA, Plataforma de Salud Mental, Plataforma Contra la Privatización de la sanidad de Aragón, Foro de presidentes de Consejos de Salud, Plataforma I dental, CGT sanidad. AVV Puente de Santiago, Avv Bº de la Jota): les enviamos el siguiente comunicado:

En estos momentos en que una epidemia de Covid 19 golpea la economía mundial y a nuestro sistema sanitario público (que lleva años de acoso y derribo, recortes y deterioro en beneficio de intereses privados) que, una vez más, es sostenido por sus trabajadores y trabajadoras con un esfuerzo titánico cumpliendo con jornadas extenuantes y apenas medios, queremos realizar las siguientes constataciones:
• La situación ha puesto de manifiesto la ineficacia de la sanidad privada dedicada a primar de forma preferente el beneficio económico sobre la salud.
• Han quedado expuestas las carencias que viene sufriendo la sanidad pública fruto de las políticas de recortes realizadas desde hace años y el peligro que han supuesto las políticas de austeridad que se vienen aplicando en la UE y a nivel estatal con la imposición del artículo 135 de la Constitución en lo relativo al pago de la deuda por encima de las necesidades sanitarias y sociales de la ciudadanía.
• La situación sanitaria y social que va a derivarse de esta crisis, debe solucionarse con medidas estructurales y no coyunturales que pasen por:

1. Reforzar la sanidad pública revirtiendo las privatizaciones que esquilman nuestros recursos, apostando por la expropiación de la sanidad privada, para atajar todos los problemas de nuestra sanidad pública junto a una inversión presupuestaria que la dote de los medios necesarios.
2. Dotar de recursos suficientes a Salud Pública y a la Atención Primaria como base de nuestra sanidad pública.
3. Poner todos los recursos que sean necesarios a disposición de la sanidad pública (producción farmacéutica, de ventiladores respiratorios…)
4. Sanidad pública universal y sin exclusiones. Se ha demostrado que en materia sanitaria y especialmente en situaciones epidémicas como la actual, las políticas de exclusión han sido totalmente contraproducentes.
5. Ahora y en adelante todos los recursos sanitarios públicos personales (con dedicación exclusiva de sus plantillas) y sus equipamientos deben ser reforzados, sin recortes post epidemia de forma que se pueda atender las nuevas necesidades que van a derivarse de la completa dedicación del sistema a la epidemia y las consecuencias sociales de la crisis (incremento de las inhumanas listas de espera, empeoramiento de la situación social y laboral con aumento del paro, de la pobreza y como consecuencia de las enfermedades etc.).

¡Gobierne quien gobierne la sanidad pública se defiende!

Derogación de la Ley 15/97 YA!

sábado, 21 de marzo de 2020

Adhesiones para la derogación de la Ley 15/97, la ley que permite la privatización de la Sanidad Pública


El desembarco brutal de las empresas con ánimo de lucro en el Sistema Nacional de Salud es posible gracias a la Ley 15/97 “Sobre Nuevas Formas de Gestión”, aprobada en el Parlamento Estatal por el PP, PSOE y los partidos nacionalistas de derechas, hace más de dos décadas. Hoy seguimos pagamos las consecuencias.

Envía tu adhesión, para frenar este saqueo y que todo lo ya privatizado vuelva a manos públicas, a:

noprivatizacionsanidad@gmail.com 



viernes, 20 de marzo de 2020

SAS, CAS Madrid y la Asociación Defensor del Paciente, envían escrito de denuncia a la Fiscalía de Madrid por las condiciones en que está trabajando el personal de la Sanidad Pública madrileña (19/03/2020).

En relación con la falta de medios de protección individual y sus consecuencias.
Las organizaciones firmantes se dirigen a usted y exponen lo siguiente:
Es un clamor masivo, extendido entre l@s profesionales todas las categorías y ámbitos de la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, que en la situación actual de pandemia por Covid-19, se está trabajando, tanto en los propios centros sanitarios como a domicilio, sin disponer de los adecuados medios de protección individual (EPIs).
El pasado 17 de marzo, el Sindicato Asambleario de Sanidad presentó, mediante correo electrónico, dos denuncias en la Inspección de Trabajo de Madrid. Denuncias que dicha Inspección no ha aceptado “al no presentarse por los medios reglamentarios”.
Siendo así, y estimando que en cualquier caso la Inspección de Trabajo al menos ha tenido conocimiento de los hechos denunciados, y que ‘si se confirmase su falta de actuación podría suponer una dejación de funciones’, en el día de ayer, se comunicaron los hechos al Sr. Consejero de Sanidad de Madrid y al Sr. Ministro de Sanidad, máxima autoridad sanitaria del Estado en la situación que atravesamos.
Por ello, entendiendo que los hechos denunciados podrían suponer un delito en cuanto a la seguridad y salud de l@s trabajador@s, además de comprometer la calidad de la asistencia sanitaria y un enorme problema de salud pública, ponemos los hechos en conocimiento de esa Fiscalía, solicitando su estudio y actuación en el caso de que la considere pertinente.
Fuente: CAS madrid