Orden del Gobierno de Castilla y León negando datos sobre muertes en residencias privadas.
El Gobierno de Castilla y León considera que “los intereses económicos y
comerciales” de las empresas de residencias están por encima del derecho de los
ciudadanos a conocer qué ocurrió durante la pandemia en los geriátricos de la
región. Así consta en una orden del Gobierno que preside Alfonso Fernández
Mañueco (PP), firmada el pasado 3 de junio, en la que se deniega el acceso a la
información sobre número de fallecidos en los geriátricos privados de la
región, solicitada al amparo de la Ley de Transparencia.
Dicha norma, aprobada en 2013 con el objeto de “ampliar y reforzar la
transparencia de la actividad pública”, reconoce el derecho de los ciudadanos a
acceder a la información pública. En su artículo 14 establece, no obstante, una
serie de límites a ese derecho de forma que una Administración puede negar los
datos que le solicitan cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional,
la investigación de ilícitos penales o la protección del medio ambiente, entre
otros asuntos detallados en una larga lista. Una de esas cuestiones, recogida
en el artículo 14.1.h), es que se cause un perjuicio a “los intereses
económicos y comerciales”.
A ese artículo es precisamente al que se agarra la Junta de Castilla y León
para negar los datos de fallecimientos en las residencias privadas. Entre el 14
de marzo y el 14 de junio, murieron en dicha región 2.587 residentes con
coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad.
En la orden del Gobierno de Fernández Mañueco se explica que los Servicios
Jurídicos de la Junta emitieron un informe analizando qué datos sobre
fallecimientos en residencias pueden difundirse. Ese dictamen se apoya en el
citado artículo 14.1.h), que limita el derecho de acceso a la información para
proteger “los intereses económicos y comerciales”, a pesar de que en la misma
norma se determina que la aplicación de cualquier límite “será justificada y
proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las
circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés
público o privado superior que justifique el acceso”.
Pese a que el informe no es vinculante, el Ejecutivo de Fernández Mañueco
lo hace suyo y asume las dos conclusiones básicas del mismo:
– La Junta puede proporcionar datos numéricos de personas fallecidas en
centros residenciales de titularidad autonómica, con la desagregación que
considere oportuna, incluyendo el nivel de cada residencia o centro
individualmente considerado.
– Sobre el resto de centros que no sean de su titularidad, incluidos los
intervenidos públicamente, sólo podría trasladar la información de
fallecimientos de forma agregada, de tal modo que impida una relación de
vinculación entre un número de fallecidos y la identificación y localización
individual de cada residencia.
De esta forma, para proteger los "intereses económicos y
comerciales" de las empresas de residencias, la Junta de Castilla y León
no sólo oculta los datos de muertes en geriátricos privados. Tampoco ofrece
información sobre las residencias de titularidad pública de las Diputaciones
–hay en total 20 en las nueve provincias– o de los Ayuntamientos –existen 158–,
ni de aquellas que siendo privadas reciben dinero público para la concertación
de plazas, ni siquiera de las que han tenido que ser intervenidas durante la
pandemia por el Gobierno autonómico ante la caótica situación que se vivía en
ellas.
En realidad, ni siquiera facilita datos desagregados de los 21 geriátricos
de titularidad autonómica que operan en la comunidad. Cinco de ellos están
gestionados por empresas privadas y, en esos casos, tampoco publica el dato de
decesos por centro. Su protección de los "intereses económicos y
comerciales" de las empresas llega hasta ese extremo.
Pero, ¿qué intereses son exactamente los que está protegiendo el Gobierno
autonómico del PP? Para saberlo, infoLibre explica a continuación quiénes son
las principales empresas de residencias que operan en Castilla y León y quiénes
son los propietarios de dichas compañías.
COMISIONADO DE TRANSPARENCIA
La orden denegando los datos de fallecimientos por residencias que fue
dictada por la Consejería de Familia –cuya titular es María Isabel Blanco (PP)–
no es firme en vía administrativa. La legislación establece que cabe una
reclamación potestativa ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y
León. El periodista de infoLibre que realizó la solicitud presentó ya dicho
recurso, que fue admitido a trámite por el Comisionado el 19 de junio. Este
órgano tiene ahora tres meses para resolver. En última instancia, un ciudadano
puede acudir a la jurisdicción contenciosa cuando considere que una
Administración ha cercenado su derecho de acceso a la información pública.
En el texto de la reclamación se recuerda que la jurisprudencia del
Tribunal Supremo obliga a interpretar de forma "restrictiva"
cualquier limitación al derecho de acceso a la información pública (ver STS
3530/2017, de 16 de octubre), se argumenta que la transparencia en un tema de
salud pública debe prevalecer frente a los "intereses económicos y
comerciales" de las empresas y se denuncia la "discriminación"
que supone ofrecer los datos de ciertas residencias de titularidad pública
mientras que se ocultan los de aquellos geriátricos de gestión privada.
También se destaca la paradoja de que la Junta asuma que desvelar un alto
número de fallecidos en una residencia puede causar un perjuicio a los
"intereses económicos y comerciales" de una empresa y no tenga en
cuenta su corolario –que la inexistencia de muertes en un centro puede
conllevar un beneficio para éste–, lo que permite concluir que la Junta está en
realidad velando por los intereses de unas empresas (las que tienen un alto
número de fallecidos) frente a otras (las que no sufrieron decesos).
