jueves, 21 de mayo de 2020

El Ayuntamiento de Zaragoza se burla de nuestro sufrimiento con otro “pelotazo sanitario”


No hay pandemia que les detenga. Antes de dar fin a la emergencia sanitaria, el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido la desfachatez de anunciar la venta de 20.000 metros cuadrados de suelo público para la construcción de un macro-hospital privado. La subasta comienza con un precio de salida de entre 12 y 15 millones de euros.  Los primeros en mostrar interés: la multinacional Quirón y el Opus Dei. En este caso, no sabemos quién es el favorito para la licitación, pero sí sabemos que el Grupo Quirón hace tiempo que muestra su interés en aumentar su negocio en Zaragoza (recordemos su intento en 2016 de comprar la parcela anexa a la Romareda, que hubiera duplicado la superficie actual de sus dos clínicas) ¿Quizá en esta ocasión las alianzas sean más propicias?

El terreno en cuestión, situado en la confluencia de Gómez Laguna con Vía Hispanidad, está calificado como zona verde. Para su recalificación (para hacerlo “edificable”) será necesaria una mayoría del pleno que modifique el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La ultraderecha ya ha mostrado total apoyo a la licitación. Ahora toca ver cómo, en los próximos meses, se desarrolla el juego entre poderes políticos y económicos en un escenario que cuenta con todos los ingredientes para un buen “pelotazo sanitario”.

El consistorio, en manos de PP-Cs, encubre la operación económica diciendo que supondrá la creación de puestos de trabajo, el alivio de las arcas municipales y la ampliación del número de camas y de la red sanitaria aragonesa. Intentan engañarnos de nuevo. El fortalecimiento de la sanidad pública pasa irremediablemente por una dotación suficiente en personal, recursos e instalaciones íntegramente públicos (tanto en financiación y propiedad como en provisión de servicios), la garantía de asistencia a toda la población y la derogación de la legislación que la expone a la especulación y al negocio privado. Esto ya era una evidencia antes de la pandemia. Tras el sufrimiento vivido con la crisis sanitaria, no queda lugar para la duda. No es que no hayan aprendido la lección, es que la lección no les importa.

Este anuncio muestra que los intereses económicos van a seguir marcando la definición de políticas en materia de sanidad. Como afirmaba el concejal de urbanismo Víctor Serrano, la intención es atraer inversiones y convertir a Zaragoza en referente de “un escaparate de ciudades capaces de acoger nuevos proyectos sanitarios”. Así es, efectivamente: un escaparate donde grandes capitales privados compran, venden, especulan y hacen negocio con nuestras necesidades más básicas. En ese sentido, los sectores sanitario y socio-sanitario ofrecen grandes oportunidades para la inversión y los poderes políticos y económicos se necesitan mutuamente para propiciarla y cerrar acuerdos. Es lo que se ha venido a llamar colaboración público-privada, eso donde la presidenta del Grupo Quirón (Pilar Muro) salta a fichaje estrella de Ciudadanos-Aragón.


La conclusión es muy clara: la lógica del beneficio no puede estar por encima de la salud de las personas. Evitarlo está en manos de una lucha decidida de trabajadores/as y vecinos/as unidos por la defensa de la sanidad pública y contra su privatización. Desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad Pública en Aragón nos oponemos a la construcción de este hospital y a cualquier tipo de mercantilización de la sanidad pública, y hacemos un llamamiento para, en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, salir a la calle a exigir que no sigan pisoteando nuestros derechos.


21 de mayo de 2020

Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Argón

miércoles, 20 de mayo de 2020

Comunicado desde la campaña "Nunca más muertos evitables":

Ante las movilizaciones espontaneas que se están  produciendo en diferentes puntos del estado en defensa de la sanidad pública y contra su privatización, desde las Coordinadora Contra la Privatización de la Sanidad y las organizaciones adheridas a la campaña "NUNCA MAS MUERTOS EVITABLES" apoyamos dichas movilizaciones y exigimos a todos los partidos políticos:

-Derogación de la Ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad,  que permiten la privatización y el desmantelamiento de la sanidad pública. Fuera las empresas de la sanidad.

-Creación de una industria sanitaria y farmacéutica publica

-Dignidad para nuestros mayores.

-Sanidad para todos y todas, sin exclusiones, independientemente de su situación administrativa.

-Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.

Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a toda la población para que después de los aplausos de las 20 horas, pasee por su barrio, alrededor de su hospital, plaza, o centro de salud, con elementos reivindicativos con los puntos citados.



ADHESIONES EN: info@casmadrid.org

http://www.casmadrid.org/index.php/noticias/1139-organizaciones-adheridas-a-la-campana-la-privatizacion-mata-todo-de-vuelta-a-manos-publicas-derogacion-de-la-ley-15-97

martes, 12 de mayo de 2020

Las sanitarios exigen la dimisión de la consejera de sanidad Pilar Ventura y lo consiguen





La gestión de la Consejera de pandemia del Covid-19 ha expuesto a los trabajadores sanitarios a un constante riesgo al contagio, dada la falta de información, equipos de protección y realización de test. Ante la incompetencia de los poderes políticos para la gestión de la crisis, los sanitarios han tenido que echar mano de ingenio y fabricarse de manera artesanal sus propias protecciones. Los más de 860 casos de contagio entre el personal sanitario son muestra de la precariedad de sus condiciones. La gota que colmaría el vaso, serían las declaraciones de Pilar Ventura durante el debate parlamentario de la semanda pasada, donde afrmaba que para los sanitarios era un estímulo hacerse sus propios equipos de protección. La ofensa se saldaba con la peticón de cese, por parte de colegios y sindicatos médicos y de enfermería de Aragón, así como del personal de los centros, los cuales llevaban varios días concentrándose a las puertas de los hospitales. Las protestas han dado resultado y Pilar Ventura, la consejera que estrenaba el cargo con la privatización de la lavandería del Hospital Clínico, presentaba su dimisión en la tarde de hoy. La incógnita ahora es saber quien le sustituirá.

lunes, 11 de mayo de 2020

Derecho a la salud y a los cuidados de los mayores


Derivada de la situación de alarma producida por el COVID-19, ha surgido de nuevo la gran pregunta: ¿sanidad pública universal y gratuita? Y una respuesta clara: SI. La lucha que se ha estado llevando por colectivos y plataformas desde que se aprobó la ley 15/97, no estaba siendo escuchada y acompañada por la mayoría de la población del estado español. Ha tenido que llegar una pandemia a nivel mundial, para darnos cuenta que, sin una fuerte organización social y una eficiente gestión e inversión pública a nivel socio-sanitario no es posible ofrecer dignidad de cuidados a la población que así los demanda y además los paga. Se ha constatado una vez más que:  los recortes, privatizaciones-externalizaciones y la gestión público-privada carece de sentido y, sobre todo de humanidad.

Ahora bien, durante esta emergencia global ha quedado demostrado también el sin sentido, el despropósito y la negligencia por parte de los gestores de los centros residenciales, del gobierno y de las comunidades autonómicas. La falta de una repuesta de calidad con nuestros mayores, ha derivado en que los centros residenciales hayan sido un campo de exterminio para la tercera edad. Debido sobre todo a la falta de medios de protección, la infradotación económica que existe en la mayoría de residencias, el bajo ratio profesional/residente, la carencia de formación constante a los profesionales y la falta de actualización de material geriátrico.

Cuando hablamos de gestión e inversión pública a nivel socio-sanitario no sólo estamos hablando de centros de atención primaria, especialistas, centros públicos de I+D+i, hospitales generales y universitarios, residencias y servicios de ayuda a domicilio conlleven una importante inyección de dinero público. Estamos exigiendo que esa gestión, además, no sea otro instrumento estatal de burocratización funcionarial y genere algún tipo de “establishment” entre el sector sanitario y el resto de la población. La gestión de servicios socio-sanitarios debe de estar integrada por los profesionales, pacientes y ciudadanos que puedan aportar y auditar para mejorar el uso del mismo.

Mientras sigamos considerando la gestión empresarial por encima de la dignidad humana, sigamos entendiendo que de todo se puede hacer un negocio, no nos demos cuenta de que la economía no es un ente “todopoderoso” en sí mismo y continuemos anteponiéndola sobre la razón humana no avanzaremos como sociedad y estos problemas serán cíclicos y no tendrán solución.

Por eso, entendemos que este sistema capitalista es un despropósito para poder tener una vida digna. Desde que nacemos nos convierte en consumidores. Durante la edad adulta, pasamos a ser productores/consumidores y al envejecer, el mismo sistema te considera como un estorbo y te aparta al ostracismo más sibilino. Después de haber estado toda la vida “esclavizado” del trabajo y sin un sentido vital humano, el capitalismo te sigue sangrando, teniendo que pagar una privatización que a día de hoy ha resultado inoperante.

Exigimos a los gobernantes y a los poderes económicos un cambio de concepto radical con respecto a las personas mayores:

• Investigación y transparencia ante los posibles casos de negligencia y maltrato en las residencias durante la pandemia del covid-19. Cierre inmediato de aquellas que hayan incurrido en incumplimiento y devolución del dinero público recibido.

• Servicios socio-sanitarios 100% públicos. Eliminación de los conciertos, subvenciones públicas, “gestión indirecta” de los centros, así como de cualquier tipo de mecanismo de colaboración público-privada. Nunca más dinero público para el negocio privado

• Centros residenciales públicos y de calidad, con personal y gestión pública 100%.

•Derecho a una plaza en residencia pública asequible para todas las personas.

Dejemos de hablar de déficit socio-sanitario: ni la salud ni los cuidados pueden ser entendidos en términos de negocio sino como derechos fundamentales que garanticen una vida digna.


¡Los seres humanos no somos mercancía!

¡La privatización mata!