En el marco de la crisis sanitaria del COVID19, ayer
día 8 de abril, la DGA anunció que otorgaría la tarjeta sanitaria a todas
las personas en situación administrativa irregular hasta el 30 de mayo. Y
esto porque, recordemos, las políticas de apartheid sanitario seguirán vigentes
cuando volvamos a la “normalidad”.
Recordemos que el Decreto 6/2012 impulsado por el PP abolió el derecho a la
salud (800.00 personas perdieron su tarjeta sanitaria) e introdujo el copago sanitario.
Luego serían las CCAA las que se encargarían de desarrollar “parches
legislativos” que mitigaran el drama de la exclusión sanitaria. Posteriormente,
como enmienda al decreto, el PSOE emitió el Real Decreto-Ley 7/2018 sobre el
acceso Universal al Sistema Nacional de Salud. El título de este
nuevo decreto simulaba restituir la sanidad universal, pero su contenido daba
continuidad a una política sanitaria racista que retira la titularidad del
derecho – inherente a todo ser humano - según la situación administrativa de
las personas. Un decreto ambiguo y escasamente desarrollado volvía a dejar en
manos de las CCAA el reconocimiento y la acreditación de la asistencia
sanitaria a las personas extrajeras. De este modo, el actual decreto impone una
serie de requisitos para reconocer esa asistencia y agrava, aún más si cabe, la
situación de algunos colectivos:
·
Impone
acreditar un empadronamiento de al menos 3 meses y elimina las excepciones del
decreto anterior para la atención en urgencias a embarazadas y menores de edad.
Así, a todos aquellos que no demuestren una estancia de 90 día se les emite una
factura por los servicios prestados. Puede deducirse entonces el gran número de
personas que quedan desamparadas y requieren de un tratamiento continuado o
urgente: enfermos de cáncer, problemas cardiovasculares, VIH, interrupción del
embarazo, etc. Para estos casos se define una vía excepcional mediante informe
de un trabajador/a social que acredite la necesidad de atención urgente.
Tenemos constancia de que en Aragón estos informes se quedan en papel mojado.
·
Otra
exigencia impuesta es la de no tener que acreditar una cobertura obligatoria
sanitaria por otra vía, requisito establecido por la ley de Extranjería de
contar con un seguro médico privado para obtener el permiso de residencia por
reagrupación familiar. Este aspecto está afectando, principalmente, a los
migrantes con residencia regular a través de la reagrupación familiar
ascendente (tramitada por sus hijos de nacionalidad española), que son
sistemáticamente excluidos del sistema sanitario por el gobierno, debido a una interpretación
racista que antepone la normativa de extranjería al derecho de atención
sanitaria.
·
Las personas
de nacionalidad española que están en el extranjero también son
excluidas del sistema sanitario. Esto afecta principalmente a personas que
llevan 3 o más meses fuera y todavía no han encontrado un trabajo, castigando
así las situaciones de mayor precariedad.
·
Aunque
se eliminaba progresivamente el copago a pensionistas, este se sigue
aplicando en un máximo del 40% para extranjeros que no tienen
regularizada su situación administrativa.
·
Inquietante
resulta también la mención referente a los trasplantes para extranjeros.
Aunque no queda desarrollada, anuncia el establecimiento de unos requisitos y
periodos mínimos de los que se deduce unas condiciones discriminatorias para
poder acceder a la lista de trasplantes.
Lo expuesto es solo una síntesis de las implicaciones de la legislación
vigente en materia de sanidad. Ni siquiera abarca una mínima parte de las
consecuencias que implica esta vulneración racista del derecho a la salud. Esta
síntesis no refleja una multitud de casos particulares que son también
sistemáticamente expulsados del sistema sanitario y afectan a miles y miles de
personas. Valga este comunicado para volver a recordar que, cuando la crisis
sanitaria llegue a su fin, la vida de muchas personas seguirá estando en
peligro. Será nuestra responsabilidad exigir una sanidad pública, gratuita y de
calidad para todos y todas, sin excepción.
Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad
de Aragón
ü Derogación de la ley 15/95 y artículo 90 de
la LGS, que permiten las privatizaciones en sanidad y vuelta a manos públicas
de todo lo privatizado.
ü Industria sanitaria y farmacéutica
públicas
ü Todos los recursos de la sanidad deben ser
públicos. Nunca más dinero público a la privada.
ü Derecho a la salud para todos y todas, sin
excepciones.
ü Atención digna a nuestros mayores. Por
unos servicios sociosanitarios públicos.
