Con
la llegada de las vacaciones de navidad conocimos otro penoso
capítulo de privatización de la sanidad por parte del gobierno de
Aragón. De nuevo, como
ocurriera con el anuncio de la privatización de la lavandería del
H. Clínico,
llega otra privatización encubierta: la firma de un convenio, el 27
de diciembre de 2018, entre el SALUD y el Hospital San Juan de Dios.
El
convenio ha entrado en vigor el 1 de enero del presente año.
Si
no era bastante grave que la sanidad pública aragonesa ya tuviera
concertados servicios con este hospital (propiedad de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios)
por
valor de 13 millones de euros anuales, ahora éste pasa a integrarse
en la red pública sanitaria ampliando los contratos anteriores con
la creación de una Unidad de Crónicos Complejos y asignándole
directamente población de los centros de salud de Canal
Imperial-Venecia, San José Sur y Torrero-La Paz (un total de 65.000
habitantes). Este nuevo convenio suma 1,9 millones para un
total de 59,6 millones de euros que todos pagaremos a la iglesia
católica durante los cuatro años de vigencia del contrato.
Ese dinero debería ir destinado a la dotación de más personal y
recursos públicos para hacer frente
a la posible epidemia de gripe, evitar el reciente fiasco del
Hospital militar (ya ha tenido que cerrar su UCI por falta de
personal) o atender a las demandas de los vecinos
de San José para un nuevo centro de salud.
La
creación de dicha Unidad se justifica “ante
la necesidad del SALUD de medios personales y materiales para la
correcta atención a pacientes crónicos dependientes”.
Teniendo en cuenta que para la unidad de crónicos complejos se han
habilitado 12 camas, ¿quieren decir que el SALUD no dispone de los
recursos necesarios para asumir estos servicios? Pues claro que sí.
Lo que ocurre es que en el el hospital San Juan de Dios, como buena
empresa privada, ahorra en costes para obtener beneficios y así cada
cama
puede
salir más barata (cada cama
tiene
sus costes asociados en personal, etc.). Tengamos en cuenta la
posibilidad de ahorrar en material y en sueldos de profesionales,
incluso de disponer de su cuerpo de 150 voluntarios (los cuales
recibían el premio Ebrópolis 4 días ante de la firma del convenio,
por cierto).
Por
otro lado, el Hospital de San Juan de Dios tiene acuerdos de
colaboración con multitud de aseguradoras de salud (ADESLAS, DKV,
MAPFRE,
SANITAS, etc.), por lo que también nos preguntamos si se establece
algún tipo de diferencia en la atención entre pacientes llegados de
la pública o de la privada. Nosotros y nosotras venimos de la
pública y es en la pública donde exigimos ser atendidos. Con
recursos públicos, tanto materiales como personales. Por eso nos
sumamos a las consideraciones ya manifestadas:
1- Esta integración es una privatización encubierta, y se realiza “inyectando” a dicha Orden parte del dinero público de nuestra sanidad (escaso pero necesario) y que debería ir destinado a fortalecer nuestro sistema sanitario público en Aragón, estando demostrado además, que la provisión pública de servicios sanitarios tiene menores costes para obtener los mismos resultados en salud y que el empleo público se realiza en mejores condiciones laborales y salariales que el privado.
1- Esta integración es una privatización encubierta, y se realiza “inyectando” a dicha Orden parte del dinero público de nuestra sanidad (escaso pero necesario) y que debería ir destinado a fortalecer nuestro sistema sanitario público en Aragón, estando demostrado además, que la provisión pública de servicios sanitarios tiene menores costes para obtener los mismos resultados en salud y que el empleo público se realiza en mejores condiciones laborales y salariales que el privado.
2-
La gestión pública de los servicios y su contabilidad son más
transparentes (recordamos al Gobierno de Aragón el fracaso del
Consorcio con la MAZ–CASAR-, que su reversión al SALUD costó al
erario público unos 20 millones de euros y que sus cuentas están
siendo investigadas todavía por el Tribunal de Cuentas del Estado
por haberse observado numerosas irregularidades que pueden ser
constitutivas de delito).
3-
Una vez más, el Gobierno de Aragón se pliega a los dictados de las
empresas sanitarias privadas que, pretendiendo ampliar sus negocios
con financiación pública, siguen insistiendo (esta misma semana la
Fundación IDIS que aglutina a los principales grupos de hospitales y
clínicas privadas así como de compañías aseguradoras del Estado)
en que se impulse de forma decidida estas y otras formas de
“colaboración” (privatización encubierta) entre los sectores
público y privado.
La
Asociación de Vecinos Montes de Torrero-Venecia y la Plataforma
Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón reclamamos
al Gobierno de Aragón, que destine el dinero público asignado a
esta integración para dotar de personal, medios y recursos propios
al SALUD mediante una gestión 100% pública y eficiente.