LA REFORMA SANITARIA CONVIERTE LA SALUD EN UN LUJO PARA UNOS POCOS
El pasado martes 24 de abril, el gobierno del PP aprobó el Real Decreto 16/2012 mediante el cual se destruye el Sistema Nacional de Salud. Que lejos de ser insostenible como pretenden, hasta hace unas semanas era uno de los más eficientes del mundo y daba cobertura al 98% de la población gastando un 20% menos que los países de nuestro entorno europeo.
Con este decreto se elimina el derecho universal a la salud, que garantizaba en todo el territorio del estado una cobertura sanitaria igual para todos y todas, imponiéndonos un modelo que ofrecerá asistencia sanitaria únicamente a quien pueda acreditar la condición de asegurado. De momento los excluidos de esta condición son los inmigrantes en “situación administrativa irregular”, los mayores de 26 años que no hayan tenido acceso a un primer empleo y las personas que teniendo una minusvalía menor del 65% no estén cobrando ninguna prestación. Para estos grupos de personas, cuyo número se cuenta en millones, la única posibilidad de atención sanitaria será en las urgencias hospitalarias.
Esta exclusión no sólo es injusta porque ningún ser humano puede ser privado de una atención médica adecuada sino porque estas personas pagan impuestos, como el IVA, o aquellos ligados al alcohol, el tabaco o los combustibles, con los que se financia el SNS.
Para los que sí tengan cobertura sanitaria, esta reforma también introduce una clasificación de las prestaciones que son una serie de obstáculos para acceder a los servicios médicos que precisan. Se crean tres carteras dentro del Sistema Nacional de Salud.
La primera de las carteras es la básica, a la que en principio se tiene acceso sin necesidad de copago y de la cual se han excluido prestaciones vitales para miles de enfermos crónicos y los grupos más vulnerables como ancianos.
Para acceder a las prestaciones incluidas en la cartera suplementaria como por ejemplo medicamentos, transporte sanitario no urgente, prestación ortoprotésica (marcapasos, prótesis de rodillas...) y prestación por productos dietéticos se impone un copago, incluidos los pensionistas que deberán pagar mínimo el 10% del precio final, y el resto de los “asegurados” aportarán entre un 40% y 50%, llegando en muchos casos a pagar el precio total de producto.
En la cartera de servicios accesorios se encuentran todas aquellas técnicas que consideren no esenciales o de apoyo para enfermos crónicos y que a partir de ahora será necesario que el enfermo pague total o parcialmente. Si es que puede.
Las consecuencias de todas estas políticas neoliberales van a ser catastróficas: Ya han anunciado un recorte en sanidad del 21,5% del PIB hasta el 2015(según el plan de estabilidad 2012-2015), lo que supondrá el cierre y/o privatización de grandes hospitales públicos, cierre de miles de camas, congelación de plantillas y miles de despidos, aumento de las listas de espera, masificación de urgencias, aumento de derivaciones a la privada y centros públicos deteriorados. Millones de personas excluidas totalmente del derecho a la salud y otros otros miles enfermando hasta la muerte por no poder costearsela.
Desde la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad en Aragón queremos manifestar nuestro máximo rechazo a todas las políticas sanitarias que esta llevando a cabo el gobierno. Denunciamos el cariz racista, xenófobo e inhumano que tiene esta nueva medida que reduce a las personas a nivel de mercancía.
No a la Ley 15/97
Ni recortes Ni copago Ni privatización