Las medidas aprobadas por el Gobierno mediante el RDL 16 /2012, en lo referente a la atención sanitaria a los inmigrantes en “situación administrativa irregular” suponen un atentado gravísimo contra los derechos humanos, ya que a partir del 31 de julio, solo recibirán atención en caso de “urgencia por enfermedad grave o accidente; asistencia al embarazo, parto y postparto, y en el caso de ser menores de 18 años”. Por ello, desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón denunciamos que:
1) Se excluye al sector de población más desprotegido de la asistencia sanitaria que, entendemos es un derecho humano básico. La mayor parte de estos inmigrantes “irregulares”, sin permiso de trabajo oficial, trabajan en la economía sumergida y pagan algunos impuestos como es el caso del IVA, contribuyendo en parte a la financiación de los servicios públicos.
2) Gran parte de los inmigrantes “irregulares” que han logrado llegar al estado español son jóvenes y sanos. Existe evidencia científica de que los inmigrantes no utilizan con más frecuencia los servicios hospitalarios con ingreso (donde se produce la mayor parte el gasto sanitario), ni de que estén realizando un abuso o uso excesivo.
3) La falta de atención sanitaria en patologías crónicas en una primera instancia, provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias (dado que es la única posibilidad que les queda), incrementando la presión asistencial. Se generará un incremento de ingresos hospitalarios, que posiblemente provoque un mayor gasto final, en contra de lo que se dice pretender.
4) Podrá tener efectos negativos sobre la salud de la población general, ya que sienta las bases para el incremento de las enfermedades transmisibles y la pérdida de su control (tuberculosis, HIV….). El aumento de enfermedades infecciosas, en general de tratamiento barato en una primera fase, ocasionará probablemente un mayor gasto debido a las complicaciones que finalmente precisarán ingresos hospitalarios, que como todo el mundo conoce, son mucho más caros que la prevención o el tratamiento precoz.
Por todo lo anterior, hacemos un llamamiento a la ética de todas y todos los profesionales de la sanidad pública, para la atención completa a este grupo de población, perteneciente en gran medida a los grupos más desfavorecidos. Al mismo tiempo, reivindicamos el derecho a la objeción de conciencia por parte de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud a la aplicación efectiva del Real Decreto Ley por inmoral, injusto, y peligroso en términos de salud pública.
