El pasado domingo nos manifestamos para mostrar nuestro absoluto rechazo contra la privatización del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la gravedad de las medidas que está llevando a cabo el actual gobierno. Este proceso se lleva ejecutando desde hace años -ley 15/97- con la complicidad y/o el silencio de partidos políticos parlamentarios y sindicatos subvencionados.
Ya se han anunciado los nuevos ataques a la sanidad pública y las pruebas de su desmantelamiento:
Por primera vez, los pensionistas (pensiones contributivas) deberán pagar el 10% del costo de sus medicamentos, a la vez que el resto de los ciudadanos vemos incrementado el copago farmacéutico de un 40% a un 50%. Hay que recordar que la pensión media en España roza los 800 euros y en Aragón alrededor de 850 euros. Hay que señalar también que los salarios de lxs trabajadorxs y las pensiones son cada vez más míseras, por lo que estas agresiones suponen una nueva vuelta de tuerca que afectará a la mayor parte de la población y convertirá el sistema sanitario público en un sistema de beneficencia.
Con esta medida se hará necesario que se cambien todas las tarjetas sanitarias del Estado, un total de cuarenta y siete millones, con un gasto estimado por algunas fuentes de hasta 900 millones; gasto que, se supone, habrá que realizar cada año para actualizar el nivel de renta de cada usuario.
Si quieren recaudar dinero porque no eliminan las desgravaciones fiscales de los seguros privados o eliminan los conciertos con las empresas privadas que son entre cuatro o cinco veces más caros que si fuesen de gestión y provisión pública
Además todas estas medidas suponen la quiebra, una vez más, de las bases de un sistema basado en la solidaridad, con una financiación a través de impuestos en función de nuestra renta, que deja de tener efecto, obligándose a pagar más no a quienes más tienen, sino a quienes están más enfermos.
Este repago farmacéutico es un paso más en el proceso de desmantelamiento del nuestro SNS , ya se vislumbran los nuevos pasos, el próximo probablemente será el rediseño de la cartera de prestaciones “básicas” del sistema y otras “complementarias”, Este mecanismo sienta las bases para la futura exclusión de una serie de servicios y/o prestaciones, por las que habrá que pagar si se quiere tener acceso a ellas. Es decir, la creación de una medicina a dos velocidades, una para ricos y otra para pobres.
Desde la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad en Aragón queremos también manifestar nuestro máximo rechazo a la nueva decisión del gobierno de que los inmigrantes sin papeles no tengan derecho a asistencia sanitaria (salvo la urgente, los menores y embarazadas), denunciamos el cariz racista, xenófobo e inhumano que tiene esta nueva medida y que reduce a las personas a nivel de mercancía.
En nuestras manos está parar este proceso y revertirlo. Debemos seguir mostrando nuestro rechazo y oposición, de manera cada vez más masiva y decidida. Nos estamos jugando un derecho: un sistema sanitario universal, gratuito de gestión y provisión pública y basado en la solidaridad. No permitamos que este derecho se convierta en un negocio con el que se pueda comerciar.
