martes, 10 de abril de 2012

Nueva agresión del Gobierno al Derecho a salud

Las declaraciones de los distintos miembros del Gobierno Rajoy en materia de Sanidad constituyen una amenaza constante al Derecho a Salud reconocido en nuestro país.
 
Ayer anunciaban una nueva agresión a este derecho en forma de recorte presupuestario, a añadir al recorte que marcaran los Presupuestos Generales del Estado del 30 de marzo. La simple intención de recortar un total de 10.000 millones de € más en sanidad y educación (de los cuales 7.000 millones son los recortados en Sanidad) supone un peligroso varapalo para la atención sanitaria de todos en el conjunto del estado.
 
Las propuestas que la titular de sanidad, Ana Mato, está negociando hoy mismo con las CCAA, son una aberración a nuestro derecho a la salud: Por ejemplo, la cartera de servicios básicos amenaza con excluir de la cobertura sanitaria tratamientos y servicios a los que en este momento se tiene garantizado el acceso. De esta manera, se reduce la cobertura sanitaria pública favoreciendo el negocio sanitario privado y limitando su acceso sólo a quien pueda costeárselo.
 
Denunciamos también el cariz racista y xenófobo que están adquiriendo las declaraciones del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro al restringir el acceso universal a la salud por razones de nacionalidad.
 
Exigimos que los responsables del PP finalicen el discurso falso y populista que están realizando respecto al copago sanitario. Las declaraciones del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y del responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, respecto a la necesidad de implantar el Copago Sanitario a las rentas más altas como una medida de justicia social no hacen sino introducir de manera perversa mecanismos de mercado en la Sanidad Pública. Si tanto interés tienen en la justicia social, que incrementen el impuesto sobre los beneficios empresariales (Impuesto de Sociedades) y a las rentas de capital, en lugar de premiar el fraude fiscal con amnistías.
 
Los criterios impuestos por la UE-BCE-FMI, elevados a rango constitucional por el anterior gobierno del PSOE y ejecutados por el actual gobierno del PP, están destruyendo los derechos fundamentales de la sanidad y la educación.
 
La lógica que subyace al discurso de racionalización del gasto y reducción del déficit no es sino un instrumento más para perpetrar el robo constante que la ciudadanía y el pueblo estamos sufriendo en nombre de la crisis.
 
Estas políticas neoliberales en materia de Sanidad menoscaban el derecho a la Salud, la dignidad de las personas y conducen irremediablemente al aumento de las tasas de mortalidad, tal y como podemos constatar que ya está sucediendo en otros países y en territorios no muy lejanos a Aragón.