Campaña Listas de Espera

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lunes, 14 de julio de 2014

Nunca antes más de 4.600 aragoneses habían llevado esperando más de seis meses a ser operados. Esta cifra histórica es el gran punto rojo del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, como ha reconocido en numerosas ocasiones el propio consejero, Ricardo Oliván y el factor que más ha castigado a su departamento en el último año.

De hecho, desde el último debate sobre el estado de la comunidad, la lista de espera quirúrgica se ha disparado en Aragón un 60%. En junio del 2013 eran 2.923 las personas que llevaban más de seis meses esperando a pasar por el quirófano; ahora, la cifra se eleva a 4.683 pacientes, según los datos que, después de un año de silencio, hizo públicos la Administración.

El registro récord ha obligado a destinar 11,7 millones de euros a un plan de choque integral después de que otros, puestos en marcha en los dos últimos años, no hayan surtido el efecto deseado. De aquí a fin de año, se han planificado 9.260 operaciones extra en los hospitales públicos aragoneses.

DEBERES Sin duda, Sanidad es el departamento con más tareas pendientes. Por ejemplo, la presidenta del Ejecutivo dio por hecha la integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR), algo que aún no se ha llevado a cabo. De hecho, el propio Oliván ha reconocido "dificultades" en este sentido.

En cuanto a los centros sanitarios, Rudi anunció inversiones y se ha procedido la apertura del Puerta del Carmen, que acoge a los usuarios del antiguo consultorio de Hermanos Ibarra. Pese a las protestas iniciales, la satisfacción parece presidir el traslado.
Sin embargo, las críticas sobre la política sanitaria del departamento se han extendido. Vecinos, sindicatos y colectivos han censurado, en estos últimos doce meses, la supresión de servicios en centros como el Grande Covián o el ambulatorio Pablo Remacha, entre otros. Precisamente, uno de los episodios más polémicos del último año tuvo lugar en la madrugada del 18 de octubre, cuando dos ingenieros del Salud accedieron al centro de especialidades para trasladar dos ecógrafos al Servet. La Administración no contempló las numerosas protestas. 

El cierre del Punto de Atención Continuada (PAC) de Sagasta, que se trasladará, a partir de agosto, al hospital Provincial ha sido el último movimiento que ha afectado a un centro aragonés. La medida persigue potenciar el centro hospitalario y, según el Salud, contribuir a descongestionar las Urgencias del Servet, que, este año, han vuelto a protagonizar numerosos capítulos de colapso ante las quejas de pacientes y sanitarios.


En el apartado de infraestructuras también destaca una nueva demora en la construcción del hospital de Teruel debido al estudio sismográfico encargado por Sanidad. Finalmente, el centro se construirá donde estaba previsto el próximo mes de septiembre. Aunque aún más polémica es la próxima edificación del nuevo hospital de Alcañiz, que, por primera vez en Aragón, se llevará a cabo mediante la concesión privada, lo que supondrá a la DGA 561 millones de euros, es decir, hasta seis veces más que la cantidad en la que está presupuestada la construcción del centro y las comunicaciones. El pago será en 28 años y a partir del 2018, un argumento al que el Salud recurre para asegurar que este nuevo modelo era el único que podía garantizar la construcción del hospital en primavera.

RELEVOS La centralización se ha convertido en una de las obsesiones del departamento, que ya ha anunciado su intención de reducir a tres las ocho áreas sanitarias actuales. Para ello cuenta con Ángel Sanz, nuevo gerente del Salud, que accedió al cargo tras la destitución de María Ángeles Alcutén, que apenas llevaba un año en el cargo. Junto a ella también fue despedido José Huelin, director gerente del Servet, y cuyas diferencias con Oliván eran evidentes. Si, inicialmente, el consejero achacó sus ceses a la necesidad de un impulso en la gestión, posteriormente admitió su falta de confianza en Huelin.
La salida de estos dos altos cargos de la cúpula del Salud se produjo justo después de que el ministerio anunciara que Aragón no había cumplido con el objetivo del déficit y de que Sanidad fuera el departamento con mayor desfase. Rudi protegió a Oliván y estimó su petición de prescindir de ambos médicos. La brecha entre los sanitarios y los políticos era evidente.

Otras cuestiones como el macrolaboratorio, con tanto rechazo social, han sido aparcadas definitivamente. O el copago de farmacia hospitalaria a enfermos crónicos. Otra orden ministerial que no gusta a muchos miembros del Salud.
Los problemas de suministro en los hospitales también acapararon portadas a finales del año pasado. Por contra, Aragón ha completado la implantación de la receta electrónica y en diciembre entró en vigor la ley de autoridad sanitaria.