Médicos de Atención Primaria de Zaragoza frente al coronavirus: “Vivimos una situación de emergencia y estamos desprotegidos”

Una médica del Centro de Salud de Utebo, un médico rural de Pina de Ebro y una pediatra de Zaragoza denuncian la precaria situación en la que trabajan para hacer frente al COVID-19. Sin pruebas fehacientes, con decenas de casos sospechosos y mucha “angustia” dan el do de pecho para seguir viendo pacientes.

Lo cuentan tres de ellos, desde sus respectivas consultas, mientras siguen atendiendo llamadas de pacientes con síntomas del virus, cuadros catarrales o alérgicos y otras patologías. “Hemos suprimido las consultas programadas y concertadas por las especiales características de esta pandemia. Tenemos solamente atención a Urgencias y casi un 75% de toda nuestra atención es telefónica, porque todo el mundo llama para decir que tiene fiebre, tos o malestar general… Hay mucha preocupación y miedo, pero con un poquito de tranquilidad y sosiego se resuelven estas consultas”, cuenta con entereza José Manuel Cucalón, médico de Atención Primaria en Pina de Ebro y vocal de Atención Primaria rural del Colegio de Médicos de Zaragoza. 

José Manuel Cucalón, médico rural en Pina de Ebro

A juicio de este especialista, el principal problema para aquellos que trabajan “en primera línea de batalla” contra la pandemia -como dicen todos ellos- es la falta de equipos de protección y de pruebas diagnósticas que les ayuden a confirmar los posibles contagios del virus que tratan a diario.

“El material no es el adecuado para el coronavirus y eso te crea cierta angustia”

“Nosotros en Atención Primaria nos manejamos con mucha incertidumbre. Nunca hemos tenido pruebas para llegar a diagnósticos fehacientes, y aunque manejamos bien los síntomas de sospecha, la situación nos crea cierta angustia. Hablamos de casos y contactos sospechosos de una enfermedad vírica que puede ocasionar un contagio generalizado, que puede afectarnos a nosotros mismos y convertimos en personas que deberían ser tratadas. Esa duda, al no haber pruebas o test para profesionales sanitarios, te deja una angustia vital enorme”, confiesa este doctor, que tiene un cupo de mil habitantes y atiende entre 25 y 35 llamadas cada mañana. También ve de forma presencial a una media de diez personas en el centro de salud de Fuentes, y al menos un par en los domicilios, según consideran. “En la capital -reconoce- la cartera de pacientes se multiplicaría por uno o por dos”, advierte.

“Después de estar todo el día viendo pacientes, cuando llego a casa y abro la puerta… están mi esposa y mis dos hijas que me miran pensando si vengo infectado”

Al terminar su jornada, José Manuel, como el resto de sanitarios, tiene la incertidumbre de no saber si ha sido contagiado, pese a que están poniendo todos los medios que tienen a su alcance para frenar la curva. “Después de estar toda la santa mañana, de 8 a 16, viendo personas, cuando llego a casa y abro la puerta, están mi esposa y mis dos hijas que me miran pensando si vengo infectado o no… El material no es el más adecuado y eso te crea cierta angustia”, lamenta.

En su centro, asegura que cuentan con un solo equipo de protección individual (EPI) para atender los casos que llegan. Las batas son “deficitarias” y no tienen pruebas para detectar el virus. Tampoco calzas ni gorros homologados para ver pacientes en consulta o en los domicilios. “Si aquí tuviéramos que ir a las casas de tres o cuatro casos de infección, tendríamos un auténtico problema”, apostilla.

Para tratar de paliar la falta de medios, cuenta que desde hace más de 20 días se fabricaron sus propios equipos, en vista de la situación generalizada de desabastecimiento que les venía encima. “Nosotros mismos, más allá de la ciudadanía, hemos ideado delantales con bolsas de plástico. Aquí en mi consulta tengo uno por si tuviera que utilizarlo… Hemos creado también las famosas pantallas visuales para tener un par de urgencia y batas de plástico. No queríamos estar con una mano sobre la otra. Esto es voluntarismo; intentar poner un parche; porque asumimos que no es el material más adecuado ni siquiera el homologado para este tipo de problemas. Pero ante la escasez, nos arreglamos como podemos”, señala este médico. Su principal misión ahora mismo es detectar posibles casos, valorar si son leves o graves e intentar que todo aquel que pueda se quede en su domicilio, para no colapsar el sistema sanitario en los hospitales. “Tratamos de aguantar todo lo posible a nuestra gente con nosotros y ponemos toda nuestra voluntad en ello. El problema es que no se pueden hacer pruebas y, por tanto, no se asume con la misma entereza que si se hicieran”, manifiesta. Hasta el momento, entre una población aproximada de 2.500 habitantes, han detectado estos días entre 20 y 30 casos sospechosos de coronavirus. “Todo que sea catalogado como leve o moderado lo mantenemos en el domicilio; y si hemos derivado a tres al hospital, dos eran positivos. Seguramente tengamos más, pero no podemos certificar nada porque no tenemos pruebas para quedarnos tranquilos“, lamenta este médico.

Noticia completa en Heraldo de Oregon

Residencias privadas trataron de ocultar cadáveres por coronavirus para evitar que les cerraran

La Unidad Militar de Emergencias (UME), tras recibir la orden de la Vicepresidencia Social de prestar la ayuda necesaria a las Residencias públicas y privadas de este país, donde se estaban dando numerosos casos de COVID-19, se han encontrado con cadáveres ocultos en alguno de estos centros privados. Fuentes ministeriales confirman a Diario16 que son principalmente residencias privadas que evitaban confirmar los nuevos casos de muerte por coronavirus para evitar que les cerraran las residencias.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirma la información a Diario16 y afirma que “vamos a ser implacables con este tema”.

Esta misma mañana, el Ministerio de Sanidad confirmaba que en las residencias de mayores se había detectado un elevado número de casos de coronavirus, superior incluso al 20%. Una situación que había generado mucho caos y, que había hecho decidir al gobierno que la vicepresidencia social y el Ministerio de Defensa colaboraran para conseguir que la UME fuera un apoyo de personal y de entrega de material en estos centros de personas mayores, en su mayoría dependientes.

Durante toda la mañana desde la Vicepresidencia de Pablo Iglesias se ha estado coordinado con las Comunidades Autónomas la derivación de miembros de la UME en las residencias que las consejerías consideraban más problemáticas.

Lo que no esperaban, ni el Gobierno de España ni los de las Comunidades Autónomas, era encontrarse con cadáveres ocultos.

Fuente: Diario16

El negocio de las residencias privadas para mayores

Comunicado de la Mesa Sanitaria de Aragón en relación a la epidemia por COVID 19

Los colectivos participantes en la Mesa Sanitaria Aragonesa (Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, Comisión de salud de la FABZ, CAVA, Plataforma de Salud Mental, Plataforma Contra la Privatización de la sanidad de Aragón, Foro de presidentes de Consejos de Salud, Plataforma I dental, CGT sanidad. AVV Puente de Santiago, Avv Bº de la Jota): les enviamos el siguiente comunicado:

En estos momentos en que una epidemia de Covid 19 golpea la economía mundial y a nuestro sistema sanitario público (que lleva años de acoso y derribo, recortes y deterioro en beneficio de intereses privados) que, una vez más, es sostenido por sus trabajadores y trabajadoras con un esfuerzo titánico cumpliendo con jornadas extenuantes y apenas medios, queremos realizar las siguientes constataciones:

• La situación ha puesto de manifiesto la ineficacia de la sanidad privada dedicada a primar de forma preferente el beneficio económico sobre la salud.

• Han quedado expuestas las carencias que viene sufriendo la sanidad pública fruto de las políticas de recortes realizadas desde hace años y el peligro que han supuesto las políticas de austeridad que se vienen aplicando en la UE y a nivel estatal con la imposición del artículo 135 de la Constitución en lo relativo al pago de la deuda por encima de las necesidades sanitarias y sociales de la ciudadanía.

• La situación sanitaria y social que va a derivarse de esta crisis, debe solucionarse con medidas estructurales y no coyunturales que pasen por:

1. Reforzar la sanidad pública revirtiendo las privatizaciones que esquilman nuestros recursos, apostando por la expropiación de la sanidad privada, para atajar todos los problemas de nuestra sanidad pública junto a una inversión presupuestaria que la dote de los medios necesarios.

2. Dotar de recursos suficientes a Salud Pública y a la Atención Primaria como base de nuestra sanidad pública.

3. Poner todos los recursos que sean necesarios a disposición de la sanidad pública (producción farmacéutica, de ventiladores respiratorios…)

4. Sanidad pública universal y sin exclusiones. Se ha demostrado que en materia sanitaria y especialmente en situaciones epidémicas como la actual, las políticas de exclusión han sido totalmente contraproducentes.

5. Ahora y en adelante todos los recursos sanitarios públicos personales (con dedicación exclusiva de sus plantillas) y sus equipamientos deben ser reforzados, sin recortes post epidemia de forma que se pueda atender las nuevas necesidades que van a derivarse de la completa dedicación del sistema a la epidemia y las consecuencias sociales de la crisis (incremento de las inhumanas listas de espera, empeoramiento de la situación social y laboral con aumento del paro, de la pobreza y como consecuencia de las enfermedades etc.).

¡Gobierne quien gobierne la sanidad pública se defiende!

Derogación de la Ley 15/97 YA!

Adhesiones para la derogación de la Ley 15/97, la ley que permite la privatización de la Sanidad Pública

El desembarco brutal de las empresas con ánimo de lucro en el Sistema Nacional de Salud es posible gracias a la Ley 15/97 “Sobre Nuevas Formas de Gestión”, aprobada en el Parlamento Estatal por el PP, PSOE y los partidos nacionalistas de derechas, hace más de dos décadas. Hoy seguimos pagamos las consecuencias.

Envía tu adhesión, para frenar este saqueo y que todo lo ya privatizado vuelva a manos públicas, a:

noprivatizacionsanidad@gmail.com 

SAS, CAS Madrid y la Asociación Defensor del Paciente, envían escrito de denuncia a la Fiscalía de Madrid por las condiciones en que está trabajando el personal de la Sanidad Pública madrileña (19/03/2020).

En relación con la falta de medios de protección individual y sus consecuencias.

La Asociación Defensor del Paciente, la Coordinadora Anti–Privatización de la Sanidad de Madrid (CAS Madrid) y el Sindicato Asambleario de Sanidad de Madrid (SAS Madrid), han remitido a la Fiscalía Superior Comunidad de Madrid el siguiente escrito:

Las organizaciones firmantes se dirigen a usted y exponen lo siguiente:

Es un clamor masivo, extendido entre l@s profesionales todas las categorías y ámbitos de la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, que en la situación actual de pandemia por Covid-19, se está trabajando, tanto en los propios centros sanitarios como a domicilio, sin disponer de los adecuados medios de protección individual (EPIs).

El pasado 17 de marzo, el Sindicato Asambleario de Sanidad presentó, mediante correo electrónico, dos denuncias en la Inspección de Trabajo de Madrid. Denuncias que dicha Inspección no ha aceptado “al no presentarse por los medios reglamentarios”.

Siendo así, y estimando que en cualquier caso la Inspección de Trabajo al menos ha tenido conocimiento de los hechos denunciados, y que ‘si se confirmase su falta de actuación podría suponer una dejación de funciones’, en el día de ayer, se comunicaron los hechos al Sr. Consejero de Sanidad de Madrid y al Sr. Ministro de Sanidad, máxima autoridad sanitaria del Estado en la situación que atravesamos.

Por ello, entendiendo que los hechos denunciados podrían suponer un delito en cuanto a la seguridad y salud de l@s trabajador@s, además de comprometer la calidad de la asistencia sanitaria y un enorme problema de salud pública, ponemos los hechos en conocimiento de esa Fiscalía, solicitando su estudio y actuación en el caso de que la considere pertinente.

Fuente: CAS madrid

Por Raúl Zibechi | Coronavirus y la otra pandemia: el desmantelamiento de la salud en el mundo

El verdadero motivo de alarma, en Occidente por lo menos, es el desborde de los servicios sanitarios. La posibilidad de que mueran muchas personas por no tener acceso a hospitales abarrotados se convertiría en una crisis política que los Gobiernos buscan eludir con medidas draconianas de aislamiento forzado.

Por *Raúl Zibechi

Más que la gravedad de la pandemia de coronavirus, preocupa el elevado nivel de contagio en poco tiempo, que es la causa del desborde del sistema sanitario. Si se prolongara durante dos años, como prevén algunos expertos, pero no hubiera grandes picos de internación, la situación sería menos grave.

En síntesis, el nudo del problema está en los sistemas de salud, que se han venido deteriorando como consecuencia de las políticas neoliberales de reducción de gastos sociales y privatización de servicios. Un somero repaso de las cifras de camas por habitante en diferentes países, pone al descubierto la crisis del sistema de salud.

Los cambios se aceleraron a raíz de la crisis de 2008. En 2006, la Unión Europea tenía 574 camas cada 100.000 habitantes, pero en 2017 la cifra había caído a sólo 504 camas. Una disminución del 12%.

En la parte más alta de la gráfica, figura Alemania con 800 camas en 2017 (830 en 2016), el único país europeo que cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de no menos de 800 camas cada 100.000 habitantes.

No es casualidad que Alemania presente en este momento uno de los niveles más bajos de muertos por infectados: 24 entre 9.257 infectados a fecha de la publicación de este artículo, apenas el 0,26%, diez veces menos que China y treinta veces menos que Italia, que supera el 7%.

Italia se sitúa en uno de los lugares más bajos de la tabla europea: en 2006 tenía 399 camas cada 100.000 personas y en 2017 cayó a solo 318, un descenso estrepitoso del 20%. Países mucho más pobres como Rumanía y Polonia, incrementaron las camas por habitante de 674 a 689 y de 647 a 662, respectivamente.

Bulgaria que tiene un PBI por habitante cuatro veces más bajo que Italia, aumentó su disponibilidad de camas en más del 18% en el mismo período. Datos generales que enseñan que la salud no depende mecánicamente de la riqueza de un país, sino de que sus autoridades la consideren un servicio o un negocio.

En América Latina, la disposición de camas muestra una situación aún peor. Cuba marcha a la cabeza con 520 camas cada 100.000 habitantes, seguida por Argentina con 500. A muchísima distancia le sigue Uruguay, con 280 camas, Brasil y Chile con 220. Una lista que se cierra con Haití, Honduras, Venezuela y Nicaragua, con menos de cien camas.

Crisis del sistema sanitario y coronavirus

Existen demasiadas incógnitas sobre el surgimiento del Covid19. Entre ellas, cuándo y dónde surgió el caso 0. Quizás, nunca las despejaremos del todo. Sin embargo, si algo nos ofrece la situación provocada por la crisis del coronavirus, es la oportunidad de reflexionar acerca de la necesidad de una férrea defensa de una sanidad pública de calidad.

Durante todos estos años se ha alertado sobre el proceso de privatización que estaba sufriendo la sanidad. Además, ahora el foco principal se centra en una de las sanidades más maltrechas del estado, la madrileña. Una sanidad mutilada por las privatizaciones que ahora se encuentra al borde del colapso: trabajadores dejándose la piel y arriesgando sus vidas debido a los recortes de plantillas y a la falta de material de protección. Esto ha provocado el contagio de centenares de ellos, con lo que ello implica para el funcionamiento del sistema. En las urgencias de muchos centros, sobrepasados por la situación, no hay posibilidad de separación entre pacientes respiratorios y no respiratorios, lo que convierte las salas de espera en potenciales focos de transmisión. Entre tanto, desde las Gerencias Sanitarias se envían instrucciones indicando que la obligación de los profesionales sanitarios y no sanitarios es atender a todos los pacientes y de mantener la limpieza, restauración…Pero, lo cierto, es que no se dispone de los medios de protección adecuados, contrariamente a lo que dictan las recomendaciones más básicas de salud pública y el sentido común.

En Madrid, algunos médicos, personal sanitario o no sanitario, con síntomas, están aislados en sus casas. Otros, con o sin síntomas, pero en contacto con pacientes positivos, siguen trabajando con los pocos medios existentes. En muchas ocasiones no hay pruebas de detección para ellos, a pesar de su incidencia en la diseminación de la enfermedad. Mientras tanto, para quien sí hay pruebas, es para los políticos de todo signo: Claro, ellos tienen que garantizar el interés general y deben ser testados los primeros.

Vayámonos haciendo a la idea de que lo que está ocurriendo en Madrid es muy posible que nos llegue también aquí. En Aragón, los profesionales se quejan de que tampoco se les están haciendo las pruebas de detección y, hasta hace dos días, cuando se les proporcionó un “plan de actuación” nada detallado, la información había sido nula. La falta de personal que ya la sufrimos desde hace tiempo la pagaremos ahora muy cara (recordemos, por ejemplo, las denuncias por la no reposición de los cientos de plazas por jubilación forzosa). Se han establecido “comités de urgencia” y los equipos de protección de cada centro se han centralizado para ir siendo suministrados según se necesite. Se dice que los suministros de material están garantizados, pero tendremos oportunidad de comprobarlo. Por ahora, el personal considerado “no sanitario” como es el servicio de limpieza, que es esencial en los centros (como hemos advertido mil veces) pero ya está privatizado, tiene que batallarse los equipos de protección porque su empresa (CLECE, del “imperio Florentino”) se desentiende de la seguridad de sus trabajadoras.

Hoy, como siempre que hay una crisis que no hemos creado, gobiernos y autoridades solicitan comprensión y responsabilidad a la población. La que ellos no tuvieron cuando firmaron las leyes privatizadoras, los despidos de miles de trabajadores del sector o la amortización de las plazas de los que se jubilaban. Sí, esos mismos que recortaron por miles las camas hospitalarias de los centros públicos para abrir hospitales privados. Así nos dejaron un sistema de salud en mínimos, incluidos servicios especializados y de urgencias, con menos capacidad para dar respuesta eficiente a una enfermedad de estas características que hace 15 años. Nosotros repetíamos que la salud nunca puede ser un negocio y los gestores se reían. Hoy no se ríe nadie, porque hoy recogemos los frutos.

En este momento no debemos olvidar que a la mortalidad directa de los pacientes que fallezcan por el Covid19, habrá que sumar la indirecta: todos aquellos que pueden estar muriendo por falta de respuesta a tiempo del sistema sanitario, que en algunos puntos del estado está colapsando. Infartos, ictus, accidentes, ... no están siendo atendidos en algunos centros, con la premura adecuada. El sistema no da más de sí, y el minado provocado desde hace dos décadas por el proceso privatizador deja ahora sus dramáticas consecuencias.

Mientras, los expertos debaten qué hacer. Pero, a falta de vacuna o tratamiento farmacológico, parece que quedan pocas medidas -aunque muy básicas- que podemos hacer todos: mantener la calma, extremar el aislamiento domiciliario, aplicar una higiene lo más estricta posible y proteger a los más susceptibles de morir: ancianos y pacientes crónicos.

Por último, los trabajadores/as del sector sanitario no solo necesitan que les den las gracias por realizar su trabajo. Hay que ir más allá. Lo que necesitan - lo que necesitamos todos - cuando salgamos de esta crisis, es algo que los políticos y empresarios no están dispuestos a hacer: Derogar la ley 15/97 y todas las normas que han legitimado la privatización y el desmantelamiento del sistema de salud, el rescate de los centros sanitarios privatizados y mantener la sanidad pública al margen del lucro. Y esto sólo se logrará con organización y con movilizaciones masivas y contundentes. Nos va la vida en ello.

El coronavirus mata, la privatización también.

Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad en Aragón.

Comienza la cuarta semana de huelga en parques y jardines de Zaragoza “con la negativa de FCC a negociar”

La empresa FCC sigue sin querer escuchar las reivindicaciones de la plantilla, y se niega en rotundo a valorar ni tan siquiera las propuestas del comité de huelga. “Está semana podría acabar el conflicto que encara su cuarta semana de huelga, si la empresa se aviniera a firma un convenio con los representantes de la plantilla”, afirman desde el Comité de empresa.

La plantilla de Parques y Jardines de Zaragoza comienza la cuarta semana de Huelga “con el objetivo de que la empresa FCC se siente en la mesa de negociación para firmar un convenio colectivo. El pacto laboral que regula las condiciones laborales caducó hace ya dos años, y los trabajadores y las trabajadoras quieren que se actualicen y se adecuen a los nuevos tiempos de una vez por todas”. Entre las principales reivindicaciones que exige la plantilla para incluirlas en el nuevo convenio colectivo destacan un incremento salarial que garantice el poder adquisitivo de los y las jardineras, la creación de una bolsa de empleo basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad, un plan de formación para mejorar las profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras, y mejorar así la calidad de los parques, y un plan integral de igualdad y conciliación de la vida familiar y laboral.

Tercera semana de huelga de los Jardinerxs en Lucha

Sigue en DIRECTO la huelga aquí

Solidaridad ante la aplicación de la Ley Mordaza a ativistas de la sanidad pública

La acusación proviene de una acción reivindicativa de la “Asamblea de Usuarios por la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana”, la cual venía llevando a cabo, desde el 24 de julio de 2017, un encierro en el Hospital del Bierzo en protesta por los recortes en Sanidad. La acción consistía en denunciar ante las autoridades el día de la fiesta local -8 de septiembre de 2017- los recortes en la Sanidad Pública.

Como era de esperar, se consumó la venganza contra el movimiento independiente y horizontal por la Sanidad Pública de El Bierzo y Laciana(AUSP), esta vez en la persona de uno de sus militantes, Lisardo Astorgano, que resultó multado en base a la Ley Mordaza tiempo  después de las importantes movilizaciones del Otoño de 2017 (... Encierro dentro del Hospital del Bierzo, numerosas muestras de adhesión y manifestaciones en Ponferrada y comarca..). Dejaron que el caldeado ambiente se enfriara para sacarse de la manga unas identificaciones a posteriori de la difusión de sus reivindicaciones en un acto público en Ponferrada para hacer cobardemente uso de la Ley Mordaza en su vertiente económica. Así lo recogíamos en Noviembre https://solidariosdelasanidad.blogspot.com/2019/10/recortes-sanitarios-ley-mordaza.html)

Ahora ya es irreversible la sentencia definitiva y sin recurso. Solo nos queda la solidaridad y seguir la lucha. En ello estamos 

Amordazan a una, amordazan a todas: NO a la Ley Mordaza!

Comunicado extraído de: https://solidariosdelasanidad.blogspot.com/

La dirección de FCC se niega a negociar con las y los jardineros. La huelga continua

FCC ofrece rebajar el salario un 1,4% por debajo del IPC a la plantilla y subir 15.000 euros al jefe de servicio y ente cinco y diez mil euros al personal de confianza de la empresa que fueron los que firmaron este jueves un preacuerdo en nombre del sindicato UGT, sindicato que no tiene representación en el comité y acuerdo que la plantilla en huelga ha rechazado por unanimidad decidiendo seguir con el paro indefinido. El martes 28, convocan nueva concentración en la puerta del Ayuntamiento.

Seguimiento especial de la huelga en DIRECTO aquí 

Quinto día de huelga indefinida en parques y jardines: FCC sigue negándose a negociar, el Gobierno municipal aún no ha llamado al comité, el seguimiento del paro se mantiene en el 100% y la plantilla decide continuar con la huelga «sin miedo y por dignidad».

La reunión que ha tenido lugar a primera hora de este viernes en las instalaciones del SAMA, entre comité y empresa ha concluido sin acuerdo, al negarse la dirección de FCC a valorar la propuesta de la plantilla, explica en una nota de prensa el comité de huelga.

«La dirección de FCC en Zaragoza se ha negado a valorar la propuesta que la plantilla ha llevado al SAMA», apuntan fuentes sindicales para añadir: «Los directivos de FCC se han negado a negociar y valorar las reivindicaciones de la plantilla que llevan ya cinco días de huelga».

El comité de huelga ha trasladado a la mesa de negociación una propuesta para recuperar el poder adquisitivo de las y los jardineros y una serie de medidas sociales para avanzar en permisos de lactancia, maternidad, formación, seguridad y salud, conciliación o la contratación de un mínimo del 50% de mujeres para la contrata, propuestas que «los directivos de FCC se han negado rotundamente a valorar», aseveran desde el comité.

Califican de «denigrante» el acuerdo entre FCC y UGT, sindicato sin representación en el comité

Todo el apoyo y solidaridad a la huelga de los jardineros en lucha

https://www.publico.es/sociedad/huelga-jardineros-jardineros-plantan-pp-c-s-huelga-indefinida-zaragoza.html

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Firmado el nuevo concierto de Muface con un presupuesto de 2.255 millones

Francisco de Juan Ruiz, Francisco Ivorra, José Antonio Benedicto, Myriam Pallarés y Javier Murillo.

Este jueves se ha firmado el nuevo concierto de asistencia sanitaria de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) con las aseguradoras Asisa, SegurCaixa Adeslas, DKV e Igualatorio Cantabria para el periodo 2020-2021, "encaminado a mejorar la calidad de vida de más de un millón de funcionarios", ha destacado José Antonio Benedicto, secretario de Estado de Función Pública.

A la firma, como representantes de las aseguradoras, han asistido Francisco de Juan Ruiz, director general de Salud de DKV Seguros en España; Javier Murillo, director general de SegurCaixa Adeslas; y Francisco Ivorra, presidente de Asisa. Además, al acto han asistido el propio Benedicto, así como Myriam Pallarés, secretaria general y directora general en funciones de Muface.

"Para ellos trabajamos", ha destacado Benedicto antes de poner en valor el trabajo del Ministerio de Hacienda para que este concierto saliera adelante. El acuerdo supone un aumento de la prima del 4,5 por ciento, lo que supone un presupuesto de 2.255 millones que "mejorarán la calidad asistencial de los mutualistas".

La "sensibilidad" del Gobierno

El secretario de Estado ha mostrado su "agradecimiento al personal de Muface por el trabajo realizado", que ha conseguido mejoras para este nuevo concierto e impulsar las negocaciones con el Ministerio de Hacienda.

Además, esta firma se ha llevado a término en plena prórroga presupuestaria, por lo que Benedicto ha subrayado la "sensibilidad" y la "apuesta" del Gobierno "por un modelo de prestación público-privada" como el de Muface.

Este nuevo acuerdo, ha destacado, incorpora nuevos servicios de la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS) como tratamientos oncológicos, de reproducción in vitro o prestación ortoprotésica. "También hemos incorporado otra prestaciones de carácter asistencial así como mejoras tecnológicas que ayudarán a los mutualistas a relacionarse con las entidades concertantes", ha destacado Benedicto, haciendo alusión a la incorporación de un comparador de servicios y al proyecto de Carpeta Personal de Salud, que incluirá los informes médicos y resultados de pruebas del paciente.

También ha puesto en valor la incorporación de la receta electrónica en 10 comunidades a lo largo de 2020, "con las que ya tenemos firmados los correspondientes convenios y protocolos. En algunas de ellas ya están siendo una realidad los proyectos pilotos, que está siendo todo un éxito".

Concretamente, la receta electrónica de opción pública, es una realidad para los mutualistas de Cantabria, Aragón, Asturias y Extremadura. El Ministerio tiene una previsión de que en 2020 se incorporen otras comunidades que ya han firmado convenios y protocolos como Andalucía, Madrid, Galicia, Navarra, Murcia, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana.

Además, ha destacado, se ha avanzado en el Plan de Impulso iniciado en 2017 y que finaliza en 2020, con 25 proyectos, del que se ha sacado adelante más de un 70 por ciento.

Dar estabilidad al concierto

Por su parte, Francisco Ivorra, presidente de Asisa, ha afirmado que hay mucho en juego con la firma de este concierto, advirtiendo de las desigualdades de acceso por cuestiones geográficas y de las dificultades de un modelo "deficitario" en el que "no salen las cuentas".

"Es un momento de reflexionar como se hizo en los años 90 por un ministro socialista que echó los número y dio estabilidad, con convenios de tres años", lo que posibilita adquirir compromisos de financiación.

Fuente: Redacción Médica

La Seguridad Social reconoce por primera vez incapacidad a un enfermo por amianto

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido por primera vez un caso de enfermedad profesional por exposición al amianto a un trabajador de TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona), actualmente jubilado y afectado de cáncer de pulmón.

Esta es la primera resolución del INSS que atribuye el origen de incapacidad permanente de un miembro de la plantilla de Metro de Barcelona a la presencia de amianto en el suburbano de la capital catalana, según ha explicado el abogado de Colectivo Ronda y defensa jurídica de los afectados por el amianto, Jaume Cortés.

«Las fibras del amianto son un material indestructible, que se ha expandido por todos los rincones de los túneles, de las máquinas, de las estaciones y de los talleres mecánicos», ha recordado Cortés.

El reconocimiento del cáncer de pulmón provocado por la exposición al amianto mientras trabajaba por TMB ha sido para el extrabajador Antonio C.A., ahora jubilado, que durante 32 años trabajó en los túneles del metro de la ciudad de Barcelona.

«El agosto de 2018 empecé a tener tos seca que no había manera de parar, más tarde tuve que ir a un médico privado para hacer una radiografía del tórax, descubrieron una mancha en el pulmón, y al cabo de cuatro días ya estaban haciéndome pruebas en el hospital de Terrassa», ha explicado Antonio.

Como empleado del Metro de Barcelona, Antonio se dedicó a aislar, sin ningún tipo de protección, las celdas de los túneles con planchas de uralita, que contienen amianto y que tenía que perforar, lo que creaba polvo y, por tanto, exposición al amianto, también provocada por tocarlo con las manos.

El caso de Antonio forma parte de los ocho expedientes abiertos para el reconocimiento de enfermedad por exposición al amianto, entre los que se encuentran una resolución de invalidez absoluta, un afectado por cáncer de pulmón, cuatro casos de viudas que reclaman el reconocimiento de la pérdida de sus maridos -tres por cáncer de pulmón y uno por cáncer de pleura-, y dos afectados por asbestosis -que puede provocar fibrosis pulmonar-, uno de estos en activo.

A pesar del reconocimiento de la INSS, la resolución del expediente de Antonio no es definitiva, y el proceso para pedir el recargo por falta de medidas -que se puede convertir en aumentos de las pensiones- o indemnizaciones por daños y perjuicios puede llevar «hasta uno, dos o tres años», según ha declarado Cortés.

Actualmente, Metro de Barcelona, que reconoció por primera vez la presencia de amianto en las instalaciones a finales de 2018, está sometiendo a su plantilla a revisiones médicas especializadas para detectar afectaciones relacionadas con la exposición de amianto que, según el miembro del Comité de Empresa del Metro de Barcelona, Ángel Muñoz, han detectado cuatro casos de tumores, cuatro placas y cuatro nódulos entre empleados jubilados, y 28 trabajadores en activo que pueden tener alguna afectación.

Fuente: Ultimahora.es

26.000 atenciones clínicas por cáncer laboral en un año y solo 23 casos reconocidos

Los diagnósticos de tumores vinculados al trabajo cuestan 155 millones y apenas se reconocen oficialmente, según un estudio encargado por Sanidad.

Es difícil, a menudo imposible, determinar la causa exacta de un cáncer. En el entorno laboral, algunos trabajadores están expuestos a ciertas sustancias que pueden contribuir a la formación de tumores: desde el amianto hasta la radiación solar. El último estudio sobre este asunto, presentado en el pasado congreso de la Sociedad Española de Epidemiología, estima que en un solo año el cáncer ocupacional cuesta al Sistema Nacional de Salud más de 155 millones de euros.

El informe, que fue encargado por el Ministerio de Sanidad y todavía no ha sido oficialmente publicado, calcula que en 2015, último ejercicio del que había datos oficiales, se produjeron más de 16.600 ingresos hospitalarios (casi un 4% del total) y más de 10.100 atenciones ambulatorias especializadas por tumores relacionados con el trabajo. Esto contrasta con el ínfimo número de casos reconocidos oficialmente: 23, ese mismo año, según el sistema Cepross (Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social).

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20N: Miles de personas se manifiestan en Zaragoza contra la represión y el auge del fascismo

La manifestación convocada por la Coordinadora Antifascista estaba apoyada por más de 80 colectivos aragoneses

Desde el Alto Aragón hasta el Baixo Aragón, pasando por Zaragoza, más de 80 colectivos y miles de personas han secundado este miércoles la convocatoria de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza para defender los derechos fundamentales frente al auge del fascismo.

La manifestación ha partido pasadas las 19.30 horas desde la plaza San Francisco, frente al Campus de la Universidad, para recorrer el centro de la capital aragonesa bajo el lema ‘Libertad y Derechos contra el Fascismo y la Represión’.

A mitad de recorrido, a la altura de plaza Aragón, algunas personas que participaban en la marcha, que ha transcurrido de forma totalmente pacífica, han recibido el impacto de varios objetos lanzados desde algunos balcones.

Fuente: AraInfo

MANIFESTACIÓN 20N: "DERECHOS Y LIBERTADES CONTRA EL FASCISMO Y LA REPRESIÓN"

Este 20 de noviembre se cumplen 44 años de la muerte del dictador Francisco Franco pero, aunque su cadáver haya salido del valle, el fascismo sigue amenazando nuestros derechos y libertades.

Permanecen miles de sus víctimas en las cunetas, pero también un lastre franquista que hace que VOX y las organizaciones ultras que representa tengan espacio en los medios, y facilita su auge siendo ahora mismo la tercera fuerza parlamentaria.

Un lastre franquista que legitima la impunidad con la que acosan al colectivo LGTBIs, a las clases populares, a las feministas, sindicalistas, personas racializadas y a toda activista social. Que legitima también la persecución institucional y social a las minorías: actos sistémicos violentos que se reflejan en las múltiples agresiones por acción o por omisión a los colectivos desfavorecidos, azuzados por la derecha institucional y los medios de comunicación de masas.

Un lastre franquista que produjo, en fin, el impune asedio fascista a la manifestación del pasado 18 de Octubre en Zaragoza, que reclamaba la libertad de los presos políticos, el derecho a decidir y la amnistía total.

También vivimos crecientes prácticas autoritarias: se apalea o revientan ojos a manifestantes, se detiene a periodistas que lo graban, se dispara impunemente a migrantes que se ahogan y se bloquean barcos solidarios que les auxilian. Permanece la ley mordaza o delitos como la ofensa a sentimientos religiosos o injurias a la corona, herramientas con las que se persigue a titiriteros, cantantes, manifestantes o humoristas.

Se utiliza la ley antiterrorista para condenar a 6 jóvenes de Altsasua a casi 35 años de prisión, por una pelea de bar. En Cataluña se condena por sedición a entre 9 y 13 años de prisión a nueve personas por promover una votación y un total de 40 personas presas por ejercer el derecho de manifestación. Precedentes que pueden usarse para encarcelar muchos años a activistas por parar un desahucio, informar en una huelga o actuar contra un cambio climático cuya irreversibilidad está cada vez más cercana, provocado por el pensamiento capitalista de obtener el máximo beneficio económico, practicas controladas por las clases sociales más ricas y las grandes empresas.

Somos muchas, de muy distintas opciones políticas, las que no podemos permanecer quietas ante el avance del fascismo y el autoritarismo; fascismo que avanza en todo el mundo, respondiendo al nuevo orden mundial capitalista. Situación que criticamos cuando viene de la Italia de Salvini o del Brasil de Bolsonaro, pero que en nuestro país acabamos de ver en las urnas.

Si tú tampoco puedes permanecer quieta; si crees que es la hora de hacer algo, organízate, infórmate y participa, te esperamos este 20 de noviembre en la manifestación en Plaza San Francisco de Zaragoza a las 19:30.

Todos estos abusos han sido repetidamente denunciados por organizaciones sociales y movimientos populares, incluso por Amnistía Internacional u organismos dependientes de Naciones Unidas. Pero quedan impunes, salvo las pocas veces que se revisan años después cuando los daños son irreparables.

Cerremos en nuestros espacios cotidianos el paso a los bulos, a los discursos de odio y discriminación y a la criminalización de la protesta.

Adhesiones

Premios Amparo Poch para la Compra Pública de Innovación: continúa el saqueo de la sanidad pública

Los pasados 24 y 25 de octubre se celebraba en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza el 2º Congreso nacional de Compra Pública Innovadora en Salud, organizado por la Cátedra IACS de Compra Pública de Innovación en Salud.

Bajo el nombre de Compra Pública de Innovación se recogen diversas actuaciones administrativas cuyo principal objetivo es reforzar el papel de las administraciones públicas como impulsoras del mercado de la innovación para, estimulando la cooperación público-privada, activar el crecimiento económico y mejorar la competitividad empresarial – tal y como rezan las guías autonómicas desarrolladas para su implantación. La Sanidad Pública financia así la investigación y la compra de bienes y servicios novedosos a las empresas privadas, dándoles acceso a los presupuestos públicos para mejorar sus oportunidades de negocio. A la vez, curiosamente, las instituciones públicas van abandonando su inversión en I+D.

La denominación de compra pública innovadora hace referencia, en general, a dos modalidades de actuación: compras comerciales y compras pre-comerciales.

•  Las Compras Comerciales (CPI, CPTI), por las que la administración sanitaria compra algo que no existe, están a punto de llegar o empezando a introducirse en al mercado. Eso exige un desarrollo de I+D que se paga con el contrato. En este caso, la administración juega el papel de primer cliente de estos nuevos productos o servicios para “abrir” el mercado y facilitar que las empresas puedan escalar la producción y la comercialización.

•  Con la Compra Pública Pre-comercial (CPP), el contratante (la administración pública) adquiere soluciones que están aún lejos de llegar al mercado. Eso exige llevar a cabo un gran esfuerzo en I+D. En este caso la Sanidad Pública comparte con las empresas privadas los riesgos para desarrollar tecnología innovadora (o lo que es lo mismo, las empresas reducen el riesgo), financia la investigación y las empresas ganan vendiéndola al sistema privado sistema o al público (puesto que la adquisición de la versión final podría ser objeto a su vez de otro procedimiento de CPI).

Este mecanismo de financiación, de clara orientación neoliberal, ha sido diseñado desde la Unión Europea para que los gobiernos adecúen el marco jurídico para su desarrollo (en el caso del estado español, entre otras, la Ley de Economía Sostenible de 2011 para incorporarse posteriormente en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la legislación autonómica). Así pues, estamos ante una nueva fórmula diseñada por el mercado para la descapitalización de la sanidad pública, el saqueo de dinero público por las empresas tecnológicas multinacionales y el abandono del modelo de salud comunitaria basado en promoción, prevención y Atención Primaria, en beneficio del uso intensivo de tecnologías. La estrategia de promover la innovación tecnológica con el dinero de la Sanidad Pública supone otro preocupante giro hacia la desaparición de un sistema sanitario público universal, gratuito y equitativo.

En el caso de Aragón hay cuatro proyectos en marcha bajo esta modalidad, entre ellos el “Servicio Inteligente de Gestión y producción de Lavandería y lencería del Hospital Clínico de Zaragoza”, que acaba de ganar la primera edición de los Premios Amparo Poch (celebrada en mencionado congreso). Estos premios pretenden “reconocer el esfuerzo de las instituciones públicas por implantar el uso de la Compra Pública de Innovación”. Madre mía, si Amparo Poch levantara la cabeza.

https://arainfo.org/premios-amparo-poch-continua-el-saqueo-de-la-sanidad-publica/

Solidaridad con el pueblo catalán. Vienen a por todas, defendamos nuestros derechos!

Desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad valoramos que, con la sentencia del Tribunal Supremo, que condena a un total de 100 años bajo delito de sedición, el estado español suma a la lista la construcción de otra categoría política que le permita justificar la represión, persecución y criminalización de cualquier tipo de protesta social y disidencia política.

Como colectivo que lucha por el derecho a la salud pública, gratuita y universal, queremos manifestar nuestra enérgica repulsa a la represión que se está ejerciendo en Cataluña, por considerar que lo que se viene configurado es un escenario de alarmante vulneración de los derechos civiles y políticos. Porque consideramos que vienen a por todas y todos, manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo catalán y hacemos un llamamiento a la concentración convocada para el día de hoy.

Basta de represión
Las calles serán siempre nuestras

Zaragoza, Amianto. Paro en fábrica CAF, manifestación viernes 10 de Mayo.

MOVILIZACIÓN SECTOR FERROVIARIO 10/05/19 

 

El Comité de Empresa de CAF-Zaragoza movilizará a la plantilla de la factoría en una manifestación (9:30 horas) desde el domicilio de la misma sita en Avda. Cataluña, hasta la Delegación de Gobierno en la Plaza del Pilar donde se concentrará el próximo viernes 10/05/19 a las 11:00 horas.

El objetivo de esta movilización conjunta con el resto de trabajador@s del sector ferroviario, es hacer visible a la sociedad el desamparo sufrido hasta la fecha como afectados por la presencia y manipulación de AMIANTO en nuestros puestos de trabajo, así como para reivindicar una salida paliativa a esta epidemia hasta la fecha sin controlar.

Este comité de Empresa y toda la plantilla de CAF, está viendo como cada vez más, trabajadores de la planta zaragozana fallecen a causa de la exposición al Amianto. Material aislante muy utilizado entre los años 60 y principios de los 90, cuya utilización no fue prohibida en España hasta el 2001 y que con el tiempo, provoca distintos tipos de cáncer en su gran mayoría mortales y sin solución médica, en buena parte por culpa de la escasa dotación de medios económicos para la investigación de la enfermedad.

Solo en la planta Zaragozana de CAF ya son medio centenar los fallecidos reconocidos mediante sentencia judicial a causa de la exposición a fibras de Amianto.

“Son 49 los casos que se han reconocido mediante sentencia, pero no sabemos a ciencia cierta los compañeros que

han fallecido realmente a causa de enfermedades provocadas por exposición a Amianto” comenta un trabajador que ha estado expuesto. “Cada vez que te haces un reconocimiento anual pasas unas semanas prácticamente sin dormir hasta que te dan los resultados, sabes que si te detectan la enfermedad tu esperanza de vida es muy poca” “no se nos daban mascarillas ni se nos alertaba de las consecuencias que podía ocasionar trabajar con estos materiales” comentan otros, trabajadores de CAF ya jubilados.

En esta jornada de lucha, queremos reclamar ante Gobiernos, Patronales, administraciones y empresas, que asuman la responsabilidad que tienen y apliquen disposiciones que ayuden a las víctimas, entre las que se encuentra el Fondo de Compensación a las víctimas, la aplicación del RD/1698/2011 en el que ya están incluidos bomberos, policías, artistas y toreros y el tratamiento del amianto como un problema de salud pública.

Las víctimas, obtendrán reconocimiento cuando se persiga y juzgue a los culpables, tarea que nos toca emprender a todos y todas juntas.

Es un problema social y sindical que afecta como siempre a toda la clase trabajadora y que con este reconocimiento en parte se cumplirá una de nuestras demandas.

“El 10 de Mayo, trabajadores y trabajadoras del sector ferroviario saldremos a la calle para decir que YA BASTA; que ya basta de no asumir responsabilidades, de silenciar, de esconder y de mirar al otro lado cuando se nos están muriendo compañeros y compañeras, no solo en el sector ferroviario sino también en el sector naval, aeronáutico, construcción, etc.,” comentan los Delegados de Prevención de CAF Zaragoza.

Unir fuerzas para que nunca más se repitan situaciones similares, y por fin, el reconocimiento, la reparación y la prevención sean un objetivo hecho realidad.

EL PARLAMENTO VASCO VUELVE A PEDIR AL CONGRESO DEL ESTADO LA LEY DEL FONDO DE COMPENSACION PARA LAS VICTIMAS DEL AMIANTO

A continuación reproducimos el comunicado de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi: 

El Parlamento Vasco vuelve a solicitar al Congreso la aprobación de una ley cuyo objetivo sería la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Con esta son ya tres las veces, que el Parlamento Vasco realiza dicha petición. En las dos
anteriores ocasiones, no fue posible la aprobación de dicho proyecto de ley por diversas causas, pero en todas ellas han podido mas las razones de los intereses partidistas de los diferentes Gobiernos del Estado, y todo ello a pesar de la posición unánime de todos los partidos de la cámara vasca.
 

La propuesta de la ley comenzó su andadura tras la creación de Ponencia en el año 2013 en la que participaron todos los agentes sociales, sindicatos de trabajadores, sindicatos empresariales, colegio de médicos, asociación de victimas del amianto y diversos especialistas en amianto.
 

Tras su aprobación en el Parlamento Vasco, la propuesta fue registrada en Madrid , en marzo del 2017 y rechazada por el Gobierno sin justificación alguna. Más tarde y en una segunda ocasión ,el 10 de octubre del mismo año, la propuesta fue apoyada por el Pleno del Congreso pasando a la mesa del Congreso la tramitación de la misma, y tras tenerla retenida durante un año, paso por fin a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, donde
comenzó su discusión.

Cuando la discusión del Proyecto estaba muy avanzada, vino el adelanto electoral que invalidaba todo el proceso realizado, por lo que la Asociación se ve obligada a día de hoy, a volver a partir del inicio, y tener que aprobar nuevamente el Proyecto de Ley, registrarlo etc.

Esperamos que esta vez sea escuchada la petición de crear un Fondo de Compensación, que alivie la situación de todas las victimas del amianto y sus familiares, acabando con los largos procesos judiciales y amparando a todas aquellas personas afectadas que por diversas razones no tienen a que empresa reclamar.

                                                                                      Gasteiz 2 de mayo del 2019