El Gobierno de Aragón esperará a disponer del documento oficial que establece las cuotas que se impondrán a los inmigrantes ilegales que quieran hacer uso de la asistencia sanitaria, para valorar su aplicación en la comunidad autónoma.Desde el Departamento de Sanidad se afirma que, a última hora de ayer, todavía no se había recibido notificación alguna procedente de Madrid de ese apartado de la orden. "Estamos a la espera de recibir ese documento de trabajo para comprobar lo que contempla y el margen de actuación de las comunidades autónomas", apuntaron desde la Administración.
POSIBLES ALEGACIONES De hecho, el Ejecutivo no descarta la posibilidad de alegar aspectos con lo que pueda no estar de acuerdo, aunque emplaza cualquier decisión al respecto al análisis detallado del texto. "Se estudiará su aplicación cuando lo tengamos y también, como es lógico, si procede presentar alegaciones", apuntan.
La decisión del Gobierno aragonés de esperar antes de emitir cualquier valoración es la misma que, por ejemplo, adoptó ayer la Comunidad de Madrid.
El Ministerio de Sanidad ha propuesto que los inmigrantes en situación irregular que queden sin cobertura sanitaria a partir del 1 de septiembre, establezcan convenios especiales de asistencia sanitaria, que supondrían pagar una cuota, similar al desembolso de una especie de póliza, en una invitación del PP a los sin papeles para que "vuelvan a sus países".
Según el decreto y en virtud de estos convenios, los extranjeros sin papeles tendrían que abonar 710 euros al año para recibir asistencia en la Sanidad pública, si bien la cifra se duplicaría hasta los 1.864,80 anuales en el caso de los mayores de 65 años.
Fuente: El Periódico de Aragón. 9 de agosto de 2012. www.elperiodicodearagon.com
