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lunes, 28 de abril de 2014

Oliván subraya que las obras del hospital de Teruel empezarán en septiembre

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha asegurado que las obras del hospital de Teruel comenzarán en septiembre de este año, con una inversión prevista en 2014 de 4 millones de euros, y las del hospital de Alcañiz lo harán en la primavera del año que viene.

El consejero ha comparecido ante el Pleno de las Cortes, a petición de CHA, para informar sobre la construcción y puesta en funcionamiento de estos centros hospitalarios.

Oliván, quien ha reconocido que se trata de dos infraestructuras ampliamente demandadas y prometidas por sucesivos gobiernos, ha explicado, respecto al hospital de Teruel, que unos informes que alertaban de riesgo sísmico en los terrenos en los que estaba previsto construirlo obligaron a un "modificado sustancial del proyecto"

Éste ya se ha adjudicado, y en septiembre podrían comenzar las obras, a pesar de que Oliván ha reconocido que no será posible ejecutar los 18 millones de euros previstos en el presupuesto de 2014, sino solo 4, y que la inversión total, hasta los 75 millones de euros, se invertirán en los ejercicios de 2015 a 2017.

Tanto la portavoz de CHA, Carmen Martínez, como la de IU, Patricia Luquin, han estimado que la rebaja de 18 a 4 millones en el presupuesto del hospital de Teruel en 2014 le están sirviendo al consejero para cuadrar sus cuentas y paliar el déficit de su departamento, algo que ambas han considerado "gravísimo".

Respecto al hospital de Alcañiz, Oliván ha explicado que este jueves se va a registrar a nombre del ayuntamiento la última parte de los terrenos que estaban pendientes como paso previo a su puesta a disposición del Gobierno de Aragón para la adjudicación de las obras, que han sido licitadas por 85,5 millones de euros.

La fórmula elegida, ha recordado, es un contrato de concesión de obra pública.

Los servicios que serán gestionados por la concesionaria quedarán marcados en el estudio de viabilidad que se está realizando, con dos premisas: no ceder al concesionario la gestión del personal sanitario vinculado al Salud y garantizar el mantenimiento del control del servicio público.