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martes, 24 de noviembre de 2015

DGA deberá pagar indemnizaciones por renunciar al contrato del Hospital

l Gobierno de Aragón deberá hacer frente a indennizaciones económicas por renunciar al procedimiento de construcción y gestión del nuevo Hospital de Alcañiz bajo el modelo de concesión de obra pública que inició el anterior ejecutivo del PP-PAR. Tres de las cuatro empresas que optaron a la construcción del nuevo centro sanitario por el modelo público-privado han presentado una alegación para solicitar una indemnización económica equivalente a los gastos que les ha supuesto presentarse al concurso (redacción de proyecto, personal, material,...). El artículo 155 de la Ley de Contratos Públicos avala que las administraciones tienen que realizar compensaciones cuando se inician procedimientos que no terminan. Además, una de las empresas también ha alegado contra la paralización del procedimiento, que inició el anterior ejecutivo autonómico del PP-PAR y que anuló el actual alegando que el nuevo Hospital no iba a ser «100% público».

La mesa de contratación llegó a abrir los sobres y DGA anunció públicamente cual era la empresa que obtuvo una mayor puntuación. No obstante, no se llegó a adjudicar la obra ni firmar el contrato porque llegó cuando el anterior ejecutivo ya se encontraba en funciones.
Fuentes del departamento de Sanidad no han querido especificar el nombre de las empresas que han alegado ni la cantidad que solicitan. Precisamente, la diputada alcañizana del PAR Berta Zapater registró el viernes en las Cortes una pregunta para conocer la cuantía de las indemnizaciones. DGA tampoco especificó la suma de dinero en la respuesta a una propuesta que presentó anteriormente otra diputada alcañizana, Marta Prades, representante del grupo Podemos.
Las sociedades que se presentaron al proceso de licitación fueron Ferrovial y tres uniones temporales de empresas: Mariano Lopez y Sacyr; Ohl e Iridium; y el consorcio formado por Inabensa, Assignia y Meridian. Con la ganadora del proceso, la UTE Ohl e Iridium el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, llegó a reunirse en el Pignatelli, para notificarles la renuncia al procedimiento. El resto conocieron por carta el cambio del proceso.
Cabe recordar que el anterior ejecutivo autonómico del PP-PAR puso en marcha un proceso de licitación mediante la fórmula público-privada. Es decir, que una empresa se encargara de la construcción del edificio y gestionara durante 18 años los servicios no asistenciales por un total de 451 millones de euros. La empresa que obtuvo más puntos fue la UTE Ohl e Iridium, que iba a ser la adjudicataria si se hubiera continuado con el proceso. Sin embargo, unos días después de las elecciones, el Gobierno de Aragón en funciones anunció que los plazos administrativos no le permitían firmar la adjudicación de la construcción y gestión del centro sanitario antes de que entrara el nuevo ejecutivo, que ya había anunciado que se posicionaría en contra desde el inicio del proceso, con especial hincapié en la campaña electoral.
A mediados de septiembre, DGA autorizó al Servicio Aragonés de Salud a que renunciase al contrato fundamentándose «en razones de interés público económicos». Esgrimió, entre otros, que se debía mantener en la comunidad los parámetros de estabilidad presupuestaria requeridos por la ley y que en el expediente «se razona que es posible conseguir mejores precios en los servicios externalizados, prestando dichos servicios sin intermediarios y a través de la subrogación en los Acuerdos Marco que ya existen en la administración aragonesa para la prestación de los mismos».

Aunque desde entonces se han anunciado diferentes fechas que han ido retrasando el proceso. Según los últimos datos, la obra se licitará en el tercer trimestre de 2016 y las obras podrían comenzar antes de final del próximo año. «Por Ley las empresas pueden reclamar una indemnización. El verdadero problema es que los bajoaragoneses seguimos sin Hospital. Si Lambán hubiera firmado el contrato que le dejaron preparado, ya habrían empezado las obras», opina el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso. El retraso se debe, según DGA, a que se modificará el proyecto para ajustarlo a la población real del territorio porque «han variado las condiciones demográficas de la población». Concretamente, en 2029 el Bajo Aragón Histórico contará en 2029 con 24.000 habitantes menos de lo que se preveía en la memoria del proyecto, que data de 2007. El principal cambio es que se reducirá el número de camas de 193 a un número que en su última visita a Alcañiz, Celaya no precisó. En cuanto a si las habitaciones seguirán siendo individuales, dijo que lo están valorando y que serán los técnicos los que tendrán la última palabra. La otra modificación prevista es la eliminación del aparcamiento subterráneo por motivos de seguridad antiincendios. Una vez modificado el proyecto, se redactará el pliego de condiciones, que se licitaría en el último trimestre de año.