DGA DESMANTELA LA SANIDADAD PÚBLICA RECORTANDO 230 MILLONES

Las medidas de desmantelamiento y privatización anunciadas por el gobierno regional del PP solo son posibles gracias a la Ley 15/97 (aprobada por PP, PSOE, PNV y CC), que permite que cualquier centro sanitario o sociosanitario pueda ser gestionado y traspasado a empresas privadas.

Hasta ahora, Comunidades Autónomas de diferente signo político han venido “aprovechando “ las posibilidades que ofrece esta Ley para privatizar bajo el paraguas del eufemismo “colaboración público-privada”. El PP ha utilizado este sistema de forma masiva en la Comunidad Valenciana y Madrid, además de Murcia, Galicia y Castilla León, mientras que el PSOE lo ha aplicado con el apoyo de sus socios de “izquierdas” en Cataluña y Baleares.

Durante las dos legislaturas anteriores -casi 8 años de mayoría- el PSOE, aun viendo lo que el PP hacía en Madrid y Valencia, mantuvo la ley en vigor e hizo oídos sordos a numerosas y multitudinarias movilizaciones.

Por otro parte, la Ley 55/2003 que introduce el Estatuto Marco del personal al servicio del SNS, (en cuya elaboración participaron, entre otros los sindicatos subvencionados del sector sanitario), introdujo la figura de los Planes de Reordenación de Recursos Humanos que permiten, entre otras cosas, traslados forzosos y masivos de personal de los centros públicos para vaciarlos de empleados públicos y cedérselos a las empresas privadas.

Las medidas anunciadas son catastróficas: alrededor de 1.500 despidos en Arágon; la privatización de los hospitales de Alcañiz y Teruel, siguiendo el modelo PFI de Madrid; externalización de servicios no sanitarios (cocina, lavandería, ambulancias, citas previas); privatización de laboratorios, cierre de centros de salud como el de Azuara; cierre de Servicios de Urgencia; expulsión de unas 15.000 personas inmigrantes de la sanidad, en Aragón; ntroducción de los copagos en medicamentos y prestaciones.

No debemos olvidar que la causa de ésto es la privatización y la ley que la posibilita y que esta ley tiene responsables.

Todas estas medidas son un paso más en el plan, perfectamente planificado y puesto en marcha desde hace años, para desmantelar el sistema público, privatizar las partes rentables, empujar a los sectores de población que puedan pagárselo hacia los seguros privados, e ir conformando con los restos un sistema de baja calidad, similar a los antiguos sistemas de beneficencia para el resto de población: los trabajadores, parados y excluidos.

Es necesario no sólo luchar contra los recortes, sino reclamar lo ya privatizado y denunciar las causas y los responsables de la privatización. Sólo de esta manera podremos articular un movimiento unitario que actúe sobre las causas y no sólo sobre los síntomas. Hacemos un llamamiento a organizarse en cada barrio y cada pueblo en defensa del sistema público de salud. Solo si se articula un proceso de movilizaciones entre trabajadores y población podremos frenar este robo. Reivindicamos la puesta en marcha de mecanismos de gestión democrática por parte de los propios usuarios y los trabajadores de los centros: nunca más los centros en manos de políticos y empresas.

SANIDAD PARA TODOS Y TODAS SIN EXCLUSIONES
FUERA LAS EMPRESAS DE LA SANIDAD