Recientemente, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (con competencia en todo el Estado español, salvo la Comunidad de Cataluña), ha señalado que va a suprimir las guardias médicas en algunos de los Centros Penitenciarios de todo el territorio, desde las 15’00 horas hasta las 08’00 horas del día siguiente. En tales períodos, el personal médico se encontraría de guardia localizada, pero no presencial.
Ante esta medida, la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presxs de Aragón y la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón denunciamos que el Gobierno central está lanzando un ataque a la raíz misma de la Sanidad Penitenciaria, y poniendo en peligro la vida y la integridad física de una población reclusa, hombres y mujeres, a los cuales los Juzgados y Tribunales en sus sentencias anulan el Derecho a la libertad y el Derecho al sufragio, no su Derecho a la salud.
La población interna en Centros Penitenciarios se encuentra en una relación de sujeción especial con la Administración Penitenciaria. Dentro de esta relación, se generan unos derechos y obligaciones, dentro de los que destaca el especial deber de la Administración penitenciaria de velar por la vida, la salud y la integridad del interno.
La protección del Derecho a la vida es un valor superior del ordenamiento jurídico (art. 15 Constitución Española), y en cuanto a los recluidos, se trata de la necesidad de darles el amparo que nadie puede arrebatarles en cuanto a su salud.
La atención médica presencial es esencial, a la hora de disminuir riesgos para la salud de un interno o incluso ser vital en casos graves. Por otro lado, el hecho de que un interno deba ser traslado por medio de un transporte sanitario medicalizado, dentro del período comprendido entre las 15’00 horas y las 08’00 horas del día siguientes, NO PUEDE SER DECISIÓN del Jefe de Servicio o de un Funcionario de Instituciones penitenciarias, dado que carecen de la necesaria CAPACITACIÓN PROFESIONAL.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias comete una agresión para una parte de la ciudadanía especialmente vulnerable pues se halla privada de libertad; no podemos quedarnos quietos ante esta realidad. Disminuir la partida del gasto en Sanidad Penitenciaria es privar a todo un colectivo de la atención sanitaria DURANTE 17 HORAS DIARIAS, así de sencillo.
LA SANIDAD ES UN DERECHO. ES DERECHO DE TODOS. NO SE VENDE. SE DEFIENDE.
