El colectivo de personas anticoaguladas ha remitido una carta a todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón en la que muestran su malestar por la supresión del programa de autocontrol que, en opinión de la Asociación de Anticoagulados de Aragón (Asanar), ""está poniendo en serio peligro nuestra salud".
El colectivo expone que desde los centros de salud ya se ha notificado a los afectados el final del programa, lo que implica "no solo que no se vayan a facilitar más aparatos de medición sino que los que ya tenemos tendremos que devolverlos y volver a los tiempos en los que una enfermera nos hacía los controles".
La diferencia implicará, por ejemplo, pasar de controles semanales a mensuales --el autocontrol permite al enfermo examinar su INR desde su domicilio cada semana mientras que en los centros de salud ese control se realiza cada cuatro o seis semanas--. "Para nosotros era un gran avance porque no teníamos que ausentarnos del puesto de trabajo para ser controlados y nos aportaba comodidad en los viajes o evitar desplazamientos y las masificaciones en centros de salud", subrayó Antonio Aísa, presidente de la asociación.
En este sentido, el portavoz del colectivo denunció que el control del INR (medición del tiempo que tarda la sangre en empezar a coagularse) dentro del rango terapéutico de forma mucho más continuada "evitaba posibles consecuencias derivadas de un ictus u otro episodio tromboembólico".
El colectivo expone que desde los centros de salud ya se ha notificado a los afectados el final del programa, lo que implica "no solo que no se vayan a facilitar más aparatos de medición sino que los que ya tenemos tendremos que devolverlos y volver a los tiempos en los que una enfermera nos hacía los controles".
La diferencia implicará, por ejemplo, pasar de controles semanales a mensuales --el autocontrol permite al enfermo examinar su INR desde su domicilio cada semana mientras que en los centros de salud ese control se realiza cada cuatro o seis semanas--. "Para nosotros era un gran avance porque no teníamos que ausentarnos del puesto de trabajo para ser controlados y nos aportaba comodidad en los viajes o evitar desplazamientos y las masificaciones en centros de salud", subrayó Antonio Aísa, presidente de la asociación.
En este sentido, el portavoz del colectivo denunció que el control del INR (medición del tiempo que tarda la sangre en empezar a coagularse) dentro del rango terapéutico de forma mucho más continuada "evitaba posibles consecuencias derivadas de un ictus u otro episodio tromboembólico".
Además, los anticoagulados admiten su "inquietud" por el "desconcierto y descoordinación" en los centros. "En cada uno se nos dice una cosa diferente. Unos dicen que no hay material, en otros que pasemos cada cuatro semanas. Es un descontrol absoluto", indicó Aísa.
SIN RESPUESTA De hecho, Asanar ya ha denunciado el caso ante el Justicia de Aragón y ante las Cortes. "Pero parece que todo esto ha caido en saco roto y, sin ninguna explicación, los pacientes anticoagulados reciben indicaciones distintas y respuestas diferentes de sus centros de salud, con la correspondiente alarma e inquietud que esto supone", añadió el presidente de la asociación, que calificó la situación de "inaceptable".
La falta de financiación por parte del Departamento de Sanidad de las tiras reactivas que se incluyen en el dispositivo del autocontrol abocará, según la asociación, a que "solo los ricos puedan seguir autocontrolándose", ya que la persona anticoagulada "deberá acudir a su farmacia para conseguir estas tiras, cuyo valor económico es de 5 euros cada una, cuando a la Administración le suponen dos euros cada tira por paciente, es decir, que cada uno le cuesta unos 100 euros al año".
En la actualidad hay más de 25.000 personas en tratamiento anticoagulante oral y el coagulómetro portátil lo usan 800 personas. El proceso de control hospitalario o en centros de salud supone un coste aproximado de 12 euros al mes, teniendo en cuenta que el seguimiento se efectúa cada 6-8 semanas. El coste del autocontrol es, aproximadamente, de 15 euros al mes. "La prevención es ahorro y con la salud no se juega pero a pesar de que no dejamos de insistir en ello al departamento solo obtenemos la callada por respuesta", aseguró Aísa.
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