Charla informativa: Convenio del Gobierno de Aragón y la MAZ y la nueva estrategia de privatización de la sanidad por las Mutuas patronales.

 

CC OO y UGT avalan la privatización de la salud de la población activa a través de las mutuas

 El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva insta a las administraciones públicas a que las bajas laborales comunes de origen traumatológico sean tratadas por las mutuas, en vez de por la Seguridad Social. 

 

Empezar por la salud mental sería demasiado evidente, descortés y públicamente polémico. Otra cosa son los huesos. Una simple radiografía determina una fractura y el consenso social es que, cuando los huesos se rompen, hay que arreglarlos. Comisiones Obreras, UGT y las patronales CEOE y Cepyme firmaron el miércoles el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Este documento conforma una especie de manual de instrucciones para la negociación colectiva, allá donde esta tenga poca experiencia y arraigo. Pero más allá de las peticiones salariales que invoca el documento —que se salta 2021 y 2022, los dos años de mayor inflación—, el acuerdo incluye recomendaciones que precarizan el empleo, que carecen de perspectiva feminista y que avalan la privatización de la salud de la población activa a través de las mutuas, alertan los sindicatos ELA, CIG, CGT y CNT.

Mutuas

Las páginas 17 y 18 se refieren a las bajas laborales por contingencias comunes —cuando enfermas por una causa ajena al trabajo— y establecen unas líneas que abren la puerta a la privatización de la salud de la población activa, empezando por traumatología: “Las organizaciones signatarias instamos a las administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con dichas mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico”. 

El acuerdo de la AENC se propone empezar por los huesos rotos fuera de horario laboral, al mismo tiempo que anima a “establecer procedimientos” para estudiar las causas de las bajas comunes en general y “fijar” líneas de actuación para reducir dichos procesos y su duración. Es decir, realizar un trabajo de prospección más allá de traumatología. El texto justifica la propuesta de tratar la clavícula rota en el paseo en bici del domingo porque las mutuas “contribuirían” a “mejorar los tiempos y listas de espera” de la Seguridad Social. La baja laboral por patología traumática es la más común y la asociación de mutuas Amat asegura que las tratan en 41 días de media, frente a la baja de 71 días de la sanidad pública

La secretaria general de Servicios del sindicato mayoritario en Euskal Herria, ELA, Mari Cruz Elkoro, califica esta estrategia como “muy grave”: “En lugar de apostar por el desarrollo del sistema público sanitario, se opta por la privatización, derivando competencias que hoy asume la sanidad pública al sistema privado”. 

Coincide en palabras con el secretario general del sindicato mayoritario en Galicia, la CIG, Paulo Carril: “Somos conocedores de los abusos de las mutuas a la hora de mercantilizar la salud de los trabajadores, y que en este documento se busque la privatización de la sanidad pública a través de ellas es gravísimo”.

El intento de privatizar la sanidad pública mediante estos entes no es nuevo. El 24 de marzo, el sindicato LAB alertó de que un borrador de 27 páginas fechado el 7 de diciembre de 2022 recogía la propuesta negociada entre el Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, remitido a todas las comunidades autónomas. El documento, como el que esta semana han firmado CC OO y UGT con las patronales, insta a que las administraciones públicas a que conviertan a las mutuas en el eje vertebrador de la sanidad para la población activa, y que los servicios públicos de salud lo sean para la infancia y pensionistas.

 Fuente: El Salto diario. Seguir leyendo noticia aquí

 

11.300 vecinos de Parque Goya serán atendidos a partir de abril en la MAZ para urgencias y varias especialidades

 Noticia de cadena SER

Sanidad y la MAZ firman un acuerdo para derivar a los vecinos del sector sanitario Zaragoza I al hospital de la Mutua en urgencias y las especialidades de Cirugía Ortopédica, Traumatología, Rehabilitación y Neurocirugía de columna

 

Sanidad y la MAZ han firmado esta mañana un acuerdo de colaboración de cuatro años para derivar a 11.300 vecinos de Parque Goya al hospital de la Mutua de Accidentes de Zaragoza. Allí también se seguirá atendiendo a la población de las Cinco Villas y el Moncayo y se derivarán operaciones para reducir la lista de espera. Son algunos de los puntos que contempla esta firma, cuyo objetivo es mejorar la atención sanitaria de los pacientes que pertenecen al sector sanitario Zaragoza I.

El ejecutivo autonómico destinará 16 millones de euros y el convenio se pondrá en marcha en abril. Durante su primer año de vida, los vecinos que pertenecen a la zona básica de salud de Parque Goya serán derivados a la MAZ para urgencias y para las especialidades de Cirugía Ortopédica, Traumatología, Rehabilitación y Neurocirugía de columna, las categorías en las que está principalmente especializado este centro hospitalario.

Cinco Villas y Moncayo 

Además, se seguirá dando servicio a los 44.000 vecinos de las Cinco Villas y el Moncayo que ya acudían a la MAZ para las especialidades de Cirugía Ortopédica y Traumatología, solo que ahora también serán atendidos en Rehabilitación y Neurocirugía de columna. Se tratan de las zonas de salud de Ejea, Sádaba, Tauste, Tarazona y Borja.

Reducir las listas de esperaPara reducir las listas de espera quirúrgicas, se prevé derivar a 300 pacientes al año de Salud Pública. Serán operados en la MAZ, principalmente, de “prótesis de cadera y rodilla y cirugías de columna, aunque existe la posibilidad de ampliar con otros procesos”, detalla el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad.

Urgencias del Royo Villanova

Esta firma incluye además la posibilidad de atender urgencias derivadas del hospital Royo Villanova cuando esté saturado, y también a pacientes en UCI. Se hace debido a la “creciente demanda que hemos notado en este sector sanitario -Zaragoza I- por patologías músculo-esqueléticas ligadas al envejecimiento y a un aumento importante del sedentarismo en la población”, añade Abad.

En estos cuatro años, las especialidades derivadas pueden cambiar, en función de la demanda. Será la comisión de seguimiento que se ha creado para ello la que lo determine, así como la fecha concreta en la que se empezará a derivar a todos los pacientes.

 

 

LAB destapa la propuesta de Escrivá: el mayor intento de privatización de la sanidad a través de las mutuas

Noticia de El Saltodiario 

 

 El convenio que está sobre la mesa de las comunidades autónomas propone que las mutuas se conviertan en el eje vertebrador de la sanidad para la población activa y que los servicios públicos de salud lo sean para la infancia y la jubilación.

 

Que todo lo que ocurra en la salud de una persona activa laboralmente quede en manos de la mutua de su empresa. Eso es lo que propone el borrador de 27 páginas, fechado el 7 de diciembre de 2022, al que ha tenido acceso el sindicato vasco LAB. La propuesta ha sido negociada entre el Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat), presidida por Fernando Casado, y remitida a las comunidades autónomas. LAB reclama a Iñigo Urkullu y María Chivite, lehendakari y presidenta del Gobierno vasco y navarro, respectivamente, “que den un rotundo no a este intento privatizador”. 

Lo que propone este documento es que las mutuas se conviertan en el eje vertebrador de la sanidad para la población activa y que los servicios públicos de salud lo sean para la infancia y la jubilación. Para ello, instan a que las comunidades les traspasen la gestión de las bajas comunes y sus pruebas, tratamientos, intervenciones y rehabilitaciones, que diseñarían los facultativos de las mutuas. Daría igual un tratamiento para la depresión que una infección de riñón o una rodilla rota en un paseo por el monte. 

El facultativo de la mutua fiscalizaría al del servicio público, exigiéndole la remisión de los informes en el plazo de cinco días

El alta médica

Además de la ejecución del tratamiento, el borrador plantea otorgar al facultativo de la mutua la capacidad de dar de alta a un paciente enfermo por contingencias comunes —todas las bajas que no son accidentes de trabajo— y fiscalizar al médico del servicio público, exigiéndole la remisión de los informes en el plazo de cinco días. “Esto cambia la lógica actual y pone al médico del sistema público a las órdenes de un médico de una empresa privada”, alerta Inko Iriarte, responsable de salud laboral de LAB. “En consecuencia”, añade, “sería el proceso de privatización más duro que hemos conocido”.

Según el borrador, si desde el primer día de incapacidad temporal —de baja— la mutua propusiera un tratamiento, prueba o intervención y el médico de la sanidad pública no respondiera a tiempo, tendría permiso para realizar las intervenciones que quisiera, “siempre en beneficio de los intereses productivos de la empresa para reducir el periodo de baja del trabajador”, destaca Iriarte, quien advierte de que el texto incluye la realización de una prueba piloto sin control público, así como el acceso a los historiales clínicos de las personas.

 

Descargar convenio completo

   

LAB ya alertó en mayo del pasado año de que el Sistema Vasco de Salud (Osakidetza) había firmado con Mutualia un convenio de colaboración para facilitar que el personal facultativo de las dos organizaciones puedan acceder de forma directa a los expedientes e historias clínicas de las personas que reciben asistencia en ambos servicios. Mediante ese convenio, y el uso de aplicaciones informáticas, el Gobierno vasco facilitó a las mutuas el acceso a las historias clínicas de sus pacientes para conocer antecedentes, tratamientos que estén recibiendo, analíticas, pruebas diagnósticas, información personal y sensible. Este convenio está en vigor y afecta a 420.000 trabajadores.

El borrador basa su propuesta en la relación público-privada que mantiene el Estado con las mutuas patronales

Cuatro artículos

El ministerio de Escrivá y Amat justifican en el borrador que esta propuesta de solo cuatro artículos —más 21 cláusulas— se basa en la relación público-privada que mantiene el Estado con las mutuas patronales: “Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de su naturaleza privada”. 

En el primer artículo exponen sus supuestos intereses comunes en referencia a “mejorar la eficacia en la gestión y el control de la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes”, para lo cual propone a las mutuas como gestoras de las bajas que no tienen nada que ver con los accidentes laborales, y que actualmente gestiona la Seguridad Social.

En el segundo, menciona la “cooperación y coordinación” entre ambos organismos, “el máximo aprovechamiento” de los centros asistenciales que configuran el sistema sanitario de utilización pública aparece en el tercero y, en el cuarto, invita a las comunidades autónomas a suscribir el acuerdo. Las cláusulas se centran en los aspectos técnicos, como el ámbito de aplicación, la comunicación entre las partes y cómo realizarían las mutuas las propuestas de alta.

“Hay un intento de privatizar el sistema sanitario público detrás de este documento presentado como convenio de colaboración”, Igor Arroyo

 

Más poder

En opinión del coordinador general de LAB, Igor Arroyo, “hay un intento de privatizar el sistema sanitario público detrás de este documento presentado como convenio de colaboración”, vaciando el sistema público de salud. Si las comunidades firman el convenio, la privatización se realizaría de facto, “con nocturnidad y alevosía y sin necesidad de pasar por ningún control parlamentario”, advierte Inko Iriarte. “Es un escándalo”, agrega.

Explica que todas las empresas deben elegir entre una mutua y la Seguridad Social para la gestión de las bajas comunes, y que la mayoría escogen una mutua, por lo que hasta el 90% de la población se vería afectada por este convenio si se llega a ejecutar. “Esto tendría como consecuencia que las mutuas hicieran valer criterios productivos y economicistas al dar de alta a los trabajadores, dejando los criterios sanitarios en un segundo plano”. El médico de la empresa sería el médico del trabajador a lo largo de toda su vida laboral.

Iriarte recuerda que las mutuas son “un negocio muy goloso: funcionan con dinero público y el empresario puede controlar a sus trabajadores”. Legalmente, son entidades sin ánimo de lucro que colaboran con la Seguridad Social. Su historia se remonta a 1900 y en los últimos treinta años han ido aumentando el número de gestiones que realizan: otorgar la prestación por incapacidad temporal por contingencias comunes (1996), las prestaciones de riesgo durante en el embarazo y riesgo durante la lactancia (2007), el cese de actividad de los trabajadores autónomos (2010) y la prestación de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (2011), según indica Seguridad Social.

 

 

El derecho a la salud mental en Aragón, un panorama desolador

Artículo de Alba Doval, Carla López, Sofía Moreira y Sara Villar, integrantes de La Fábrica de lo Social.

 

El año 2021 cerró con la escalofriante cifra de 4.003 suicidios, colocando a la autolisis como la primera causa de muerte entre la población del Estado español. ¿Se trabaja lo suficiente la prevención e intervención de la depresión con los adolescentes? El 15% de ellos presentan síntomas de depresión grave y/o moderadamente grave. Este porcentaje ha aumentado hasta un 47% durante los últimos años, a consecuencia de una sociedad marcada por la inestabilidad socioeconómica, la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación y el abuso de las redes sociales. A ello se suma, la decepción provocada por la ineptocracia de nuestra administración, en contraposición de la “titulitis” exigida a la clase media.

Actualmente crecen los trastornos ansioso-depresivos y de la personalidad. Se estima que el 5,9% de la población adulta en el Estado español puede ser diagnosticada con TLP (Trastorno Límite de la Personalidad). Importante dejar constancia que el 75% de dicho porcentaje son mujeres. Por otro lado, 7 de cada mil mujeres y 1 de cada mil hombres padecen de TCA (Trastornos de la Conducta Alimentaria).

Esto no son solamente cifras, son una realidad que la administración pública de Aragón intenta afrontar con un único recurso especializado; la Unidad de Trastornos de la Personalidad (UTP). Este recurso, además de únicamente contar con 10 plazas, cinco destinadas a personas con diagnóstico TLP y otras cinco plazas para personas con diagnóstico TCA, establece la obligatoriedad de ingresar por un periodo de dos meses en el Hospital Provincial de Zaragoza. El otro gran recurso de apoyo, el centro de día, cuyo objeto era el acceso al tratamiento, sin la necesidad del ingreso hospitalario, ha sido clausurado. Otros servicios, como el de atención psicológica a la juventud sufren, como ha señalado el sindicato CGT, injustificables recortes.

Después de la pandemia, diversas investigaciones han llegado a la conclusión de que existe un notable aumento de la problemática en salud mental entre las personas jóvenes; problemas que tienen su comienzo en torno a los 14 años e incluso más precozmente, pero, que en la mayoría de los casos, ni siquiera se detectan y, por tanto, tampoco se tratan. Más allá de las 10 plazas de la UTP no existe ningún otro recurso especializado para dar respuesta a la que ya se considera como una nueva pandemia, la pandemia de la salud mental.

Las causas de esta nueva pandemia son, sin duda, múltiples y complejas, pero entre ellas no hay duda de que se encuentra el abandono por parte del sistema público de salud en todo lo referente al bienestar de la población más joven. Quienes hoy en el Estado español rondan los 20 años han crecido en una sociedad sometida de manera constante a una sucesión de crisis económicas recurrentes que ha obligado a vivir bajo un continuo estrés, ansiedad e incertidumbre. No poder llegar a fin de mes, tener que elegir entre comer o pagar el alquiler, los recibos cada vez más abultados de luz y gas, los cambios forzados de residencia, etc., son experiencias generalizadas entre la población, pero cuyos efectos se hacen notar entre los jóvenes de manera diferenciada. La propia anticipación de los posibles problemas derivados de la inestabilidad en el empleo (el miedo a perder el trabajo, a no encontrar otro, a no poder hacer frente a los gastos más básicos), la fragilidad de los mecanismos de solidaridad social, como el sistema de pensiones o el propio sistema de salud, la subida aparentemente imparable de los precios de los productos de primera necesidad debida a la inflación, o la imposibilidad material para emanciparse derivada tanto de las condiciones para acceder al crédito hipotecario como de los disparatados costes impuestos por el mercado del alquiler, derivan cada vez más frecuentemente en sensación de desvanecimiento de la esperanza, así como de agotamiento ante la necesidad de vivir en un estado de permanente alerta. Estos factores sociales hacen que la población más joven se vea abocada a sufrir y desarrollar enfermedades.

Estamos presenciando desde hace ya muchos años la transformación de nuestro sistema sanitario público en un sistema sanitario privado, mercantilizando el derecho a la salud pública y de calidad. Esto cobra especial relevancia cuando referido al ámbito de la salud mental, en relación con la cual nunca se han llegado a desarrollar los servicios públicos adecuados y los pocos y precarios recursos específicos existentes están siendo desmantelados. Esto hace que el hecho mismo de recibir atención especializada siga siendo hoy en día privilegio de unos pocos. No hay duda de que el ámbito de la salud mental, como, por ejemplo, también ocurre en el de la salud dental y otros, se encuentra casi totalmente mercantilizado, suponiendo esto la conculcación del derecho a la salud y al bienestar de la personas cuya protección debe estar garantizada por el Estado.

Una de las consecuencias inmediatas de esta falta de recursos públicos sanitarios es que muchas personas, las que pueden costearlo, se ven obligadas a confiar en la buena praxis de hospitales psiquiátricos privados, en los cuales, inevitablemente, jamás el paciente puede dejar de ser un cliente que aporta beneficios o pérdidas, quedando en un segundo plano la razón principal, la recuperación emocional de las personas. Son numerosos los casos en los cuales la administración pública no hace nada por prevenir un suicidio, lo cual la hace responsable de la muertes por dicha causa. Es necesario reconocer que cuando alguien toma la decisión de suicidarse es porque ni las redes ni los tejidos de cuidados, como tampoco los sistemas (educativo, sanitario, social, etc.) de protección, han estado a la altura.

La consecuencia última de este abandono por parte de las administraciones públicas de casi todo lo concerniente a la salud mental es que las brechas de desigualdad social y de salud, entendida esta última como el estado completo de bienestar físico, mental y social, se hacen cada vez mayores, dejando a un cada vez más alto porcentaje de la población totalmente desprotegida por el sistema. No olvidemos que lo que ocurre en nuestros cuerpos/mentes/emociones es el resultado de la sociedad en que vivimos. Y que la salud es un derecho humano básico. Ya en 2001 Calvert y Calvert estudiaron los países que más éxito habían tenido a la hora de mejorar la salud de sus ciudadanos, y encontraron cuatro factores que facilitaban el proceso: un compromiso ideológico con la igualdad social, igualdad de acceso y distribución de los servicios sanitarios públicos, igualdad de acceso y distribución de la educación pública y niveles adecuados de nutrición en todos los niveles sociales. Si en el eje referido al acceso y distribución de los servicios sanitarios atendemos al estado de la cuestión en todo lo relacionado con la salud mental, no podemos no deducir que la situación en nuestro país y, más concretamente, en Aragón es manifiestamente desastrosa, ya que la escasez de recursos y el estigma que la salud mental provoca hacen que muchas personas no tengan oportunidades para desarrollar su vida en condiciones mínimas de dignidad, dado que dificultan el acceso a otros derechos básicos como vivienda o trabajo, además de restringir las posibilidades de interacción y enriquecimiento social y relacional.

Frente a este panorama desolador, parece razonable exigir el derecho a una salud mental que permita vivir lo más libres de sufrimiento psíquico posible, así como el derecho a un sistema sanitario público de calidad, en el cual, las ratios profesional/paciente sean adecuadas y se ajusten a la realidad de cada barrio, que haya un psicólogo clínico especializado mínimo en cada centro de salud de atención primaria, en cumplimiento de los mínimos que recomiendan las organizaciones europeas de salud mental, así como que en cada centro de salud exista la figura de la trabajadora social que trabaje desde una perspectiva terapéutica y no desde una perspectiva meramente asistencialista y burocrática.

No hace falta haber leído a Durkheim para saber que el suicidio no puede ser entendido simplemente como fruto de una elección personal, sino que ha de ser analizado como el efecto de múltiples causas sociales entre las que destaca el fracaso de los sistema de solidaridad. No hay duda de que vivimos en sociedades fuertemente insolidarias, rotas por la desigualdad económica y generadoras de enorme daño social. El sufrimiento psíquico está directamente relacionado con las condiciones de vida. Qué menos que se garantice el derecho a una atención sanitaria en salud mental que palie los efectos más dolorosos del daño que provoca esta sociedad.

 

Artículo de Alba Doval, Carla López, Sofía Moreira y Sara Villar, integrantes de La Fábrica de lo Social.