Artículo de Alba Doval, Carla López, Sofía Moreira y Sara Villar, integrantes de La Fábrica de lo Social.
El año 2021 cerró con la escalofriante cifra de 4.003
suicidios, colocando a la autolisis como la primera causa de muerte entre la
población del Estado español. ¿Se trabaja lo suficiente la prevención e
intervención de la depresión con los adolescentes? El 15% de ellos presentan
síntomas de depresión grave y/o moderadamente grave. Este porcentaje ha
aumentado hasta un 47% durante los últimos años, a consecuencia de una sociedad
marcada por la inestabilidad socioeconómica, la expansión de las tecnologías de
la información y la comunicación y el abuso de las redes sociales. A ello se
suma, la decepción provocada por la ineptocracia de nuestra administración, en
contraposición de la “titulitis” exigida a la clase media.
Actualmente crecen los trastornos ansioso-depresivos y de la
personalidad. Se estima que el 5,9% de la población adulta en el Estado español
puede ser diagnosticada con TLP (Trastorno Límite de la Personalidad).
Importante dejar constancia que el 75% de dicho porcentaje son mujeres. Por
otro lado, 7 de cada mil mujeres y 1 de cada mil hombres padecen de TCA
(Trastornos de la Conducta Alimentaria).
Esto no son solamente cifras, son una realidad que la
administración pública de Aragón intenta afrontar con un único recurso
especializado; la Unidad de Trastornos de la Personalidad (UTP). Este recurso,
además de únicamente contar con 10 plazas, cinco destinadas a personas con
diagnóstico TLP y otras cinco plazas para personas con diagnóstico TCA,
establece la obligatoriedad de ingresar por un periodo de dos meses en el
Hospital Provincial de Zaragoza. El otro gran recurso de apoyo, el centro de
día, cuyo objeto era el acceso al tratamiento, sin la necesidad del
ingreso hospitalario, ha sido clausurado. Otros servicios, como el de
atención psicológica a la juventud sufren, como ha señalado el sindicato CGT, injustificables
recortes.
Después de la pandemia, diversas investigaciones han
llegado a la conclusión de que existe un notable aumento de la problemática en
salud mental entre las personas jóvenes; problemas que tienen su comienzo en
torno a los 14 años e incluso más precozmente, pero, que en la mayoría de los
casos, ni siquiera se detectan y, por tanto, tampoco se tratan. Más allá de las
10 plazas de la UTP no existe ningún otro recurso especializado para dar
respuesta a la que ya se considera como una nueva pandemia, la pandemia de la
salud mental.
Las causas de esta nueva pandemia son, sin duda, múltiples y
complejas, pero entre ellas no hay duda de que se encuentra el abandono por
parte del sistema público de salud en todo lo referente al bienestar de la
población más joven. Quienes hoy en el Estado español rondan los 20 años han
crecido en una sociedad sometida de manera constante a una sucesión de crisis
económicas recurrentes que ha obligado a vivir bajo un continuo estrés,
ansiedad e incertidumbre. No poder llegar a fin de mes, tener que elegir entre
comer o pagar el alquiler, los recibos cada vez más abultados de luz y gas, los
cambios forzados de residencia, etc., son experiencias generalizadas entre la
población, pero cuyos efectos se hacen notar entre los jóvenes de manera
diferenciada. La propia anticipación de los posibles problemas derivados de la
inestabilidad en el empleo (el miedo a perder el trabajo, a no encontrar otro,
a no poder hacer frente a los gastos más básicos), la fragilidad de los
mecanismos de solidaridad social, como el sistema de pensiones o el propio
sistema de salud, la subida aparentemente imparable de los precios de los
productos de primera necesidad debida a la inflación, o la imposibilidad
material para emanciparse derivada tanto de las condiciones para acceder al
crédito hipotecario como de los disparatados costes impuestos por el mercado
del alquiler, derivan cada vez más frecuentemente en sensación de desvanecimiento
de la esperanza, así como de agotamiento ante la necesidad de vivir en un
estado de permanente alerta. Estos factores sociales hacen que la población más
joven se vea abocada a sufrir y desarrollar enfermedades.
Estamos presenciando desde hace ya muchos años la
transformación de nuestro sistema sanitario público en un sistema sanitario
privado, mercantilizando el derecho a la salud pública y de calidad. Esto cobra
especial relevancia cuando referido al ámbito de la salud mental, en relación
con la cual nunca se han llegado a desarrollar los servicios públicos adecuados
y los pocos y precarios recursos específicos existentes están siendo
desmantelados. Esto hace que el hecho mismo de recibir atención especializada
siga siendo hoy en día privilegio de unos pocos. No hay duda de que el ámbito
de la salud mental, como, por ejemplo, también ocurre en el de la salud dental
y otros, se encuentra casi totalmente mercantilizado, suponiendo esto la
conculcación del derecho a la salud y al bienestar de la personas cuya
protección debe estar garantizada por el Estado.
Una de las consecuencias inmediatas de esta falta de
recursos públicos sanitarios es que muchas personas, las que pueden costearlo,
se ven obligadas a confiar en la buena praxis de hospitales psiquiátricos
privados, en los cuales, inevitablemente, jamás el paciente puede dejar de ser
un cliente que aporta beneficios o pérdidas, quedando en un segundo plano la
razón principal, la recuperación emocional de las personas. Son numerosos los
casos en los cuales la administración pública no hace nada por prevenir un
suicidio, lo cual la hace responsable de la muertes por dicha causa. Es
necesario reconocer que cuando alguien toma la decisión de suicidarse es porque
ni las redes ni los tejidos de cuidados, como tampoco los sistemas (educativo,
sanitario, social, etc.) de protección, han estado a la altura.
La consecuencia última de este abandono por parte de las
administraciones públicas de casi todo lo concerniente a la salud mental es que
las brechas de desigualdad social y de salud, entendida esta última como el
estado completo de bienestar físico, mental y social, se hacen cada vez
mayores, dejando a un cada vez más alto porcentaje de la población totalmente
desprotegida por el sistema. No olvidemos que lo que ocurre en nuestros
cuerpos/mentes/emociones es el resultado de la sociedad en que vivimos. Y que
la salud es un derecho humano básico. Ya en 2001 Calvert y Calvert estudiaron
los países que más éxito habían tenido a la hora de mejorar la salud de sus ciudadanos,
y encontraron cuatro factores que facilitaban el proceso: un compromiso
ideológico con la igualdad social, igualdad de acceso y distribución de los
servicios sanitarios públicos, igualdad de acceso y distribución de la
educación pública y niveles adecuados de nutrición en todos los niveles
sociales. Si en el eje referido al acceso y distribución de los servicios
sanitarios atendemos al estado de la cuestión en todo lo relacionado con la
salud mental, no podemos no deducir que la situación en nuestro país y, más
concretamente, en Aragón es manifiestamente desastrosa, ya que la escasez de
recursos y el estigma que la salud mental provoca hacen que muchas personas no
tengan oportunidades para desarrollar su vida en condiciones mínimas de
dignidad, dado que dificultan el acceso a otros derechos básicos como vivienda
o trabajo, además de restringir las posibilidades de interacción y
enriquecimiento social y relacional.
Frente a este panorama desolador, parece razonable exigir el
derecho a una salud mental que permita vivir lo más libres de sufrimiento
psíquico posible, así como el derecho a un sistema sanitario público de
calidad, en el cual, las ratios profesional/paciente sean adecuadas y se
ajusten a la realidad de cada barrio, que haya un psicólogo clínico
especializado mínimo en cada centro de salud de atención primaria, en
cumplimiento de los mínimos que recomiendan las organizaciones europeas de
salud mental, así como que en cada centro de salud exista la figura de la
trabajadora social que trabaje desde una perspectiva terapéutica y no desde una
perspectiva meramente asistencialista y burocrática.
No hace falta haber leído a Durkheim para saber que el
suicidio no puede ser entendido simplemente como fruto de una elección
personal, sino que ha de ser analizado como el efecto de múltiples causas
sociales entre las que destaca el fracaso de los sistema de solidaridad. No hay
duda de que vivimos en sociedades fuertemente insolidarias, rotas por la
desigualdad económica y generadoras de enorme daño social. El sufrimiento
psíquico está directamente relacionado con las condiciones de vida. Qué menos
que se garantice el derecho a una atención sanitaria en salud mental que palie
los efectos más dolorosos del daño que provoca esta sociedad.
Artículo de Alba Doval, Carla López, Sofía Moreira y Sara Villar, integrantes de La Fábrica de lo Social.
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