Nuestro apoyo a la manifestación por el centro de salud del Perpetuo Socorro en Huesca

 

Comunicado de la convocatoria:

Las Asociaciones vecinales de los barrios Santo Domingo y San Martín, Perpetuo Socorro y Casco Viejo, de Huesca, convocamos a una manifestación el día 27 de noviembre de 2021, a las 11,30 horas. Comenzará en la Plaza de Santo Domingo para continuar por la Avenida Ramón y Cajal y hasta terminar en el solar de la antigua cárcel.

 El motivo de la reivindicación es pedir al Gobierno de Aragón que en los presupuestos de 2022 se destine una partida presupuestaria para la construcción del nuevo Centro de Salud, en el solar de la antigua cárcel. La partida presupuestaria debe contemplar la redacción del proyecto y el inicio y el fin de la obra.

 El personal del Centro de Salud está prestando sus servicios en varios espacios distintos: Hospital Provincial, antigua Guardería y en la sede del Paseo Ramón y Cajal, lo que conlleva falta de coordinación y distanciamiento interno del Equipo de Atención Primaria. Además, pese a que se han repartido actividades y consultas, sigue sin disponer de consultas y servicios suficientes y adecuados para todo el personal.

 Llevamos soportando una larga espera para que en esta Zona de Huesca se disponga de un centro sanitario que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía. No es justo que no tengamos en esta parte oriental de la ciudad de Huesca un Centro de Salud en condiciones.

El Justicia de Aragón, Don Ángel Dolado, visitó las instalaciones y reconoció la importancia de esta reivindicación. Como ciudadanos en pleno derecho que somos, exigimos que los servicios públicos estén dotados de todo lo necesario y garantizando la seguridad para profesionales y pacientes. Por eso reclamamos la construcción del nuevo edificio que albergue al centro de salud para más de 16.000 habitantes de estos tres barrios de la ciudad de Huesca, en el solar de la antigua cárcel, espacio que el Ayuntamiento cedió al Gobierno de Aragón para este fin.

Concentración por unas residencias 100% públicas

 

El gobierno más progresista de la historia introduce la privatización en la Ley General de Sanidad

Mientras el capital privado se enriquece como nunca a costa del desmantelamiento, también sin precedentes de la sanidad pública, el gobierno “progresista” en el más puro estilo trilero, prepara el engaño a la población de la manera más vergonzosa posible mediante la nueva ley sanitaria ¹ que preparan: dice derogar la Ley 15/97 (la que permite privatizar la sanidad), cuando en realidad la incluye dentro de la Ley General de Sanidad (LGS).

                           

Su justificación se centra en que se utilizará “preferentemente la fórmula de gestión directa” en los centros sanitarios, y que solo excepcionalmente se utilizarán “otras formas de gestión” (las privadas), para lo cual habrá que “contar obligatoriamente con una memoria que justifique desde el punto de vista sanitario social y económico la necesidad de acudir a ellas”.

Esto además de un brindis al sol es una trampa manifiesta. Desde hace 35 años está vigente el artículo 90 de la LGS que establece la obligación de las administraciones sanitarias de asegurar “la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios”, antes de concertar con la sanidad privada. Este mandato, totalmente vacío de contenido vinculante, no ha supuesto obstáculo alguno para el incremento vertiginoso y creciente de los conciertos. Los últimos datos disponibles de 2020 muestran que la sanidad pública desembolsa por este concepto alrededor de 10.000 millones de €/año, mientras los centros de gestión directa han sido asfixiados económicamente.

La consideración de que la gestión directa deba tener carácter preferente quedará en papel mojado, sobre todo por la manifiesta colaboración de las administraciones sanitarias con el capital privado. Pero es que, además, desde hace más de 20 años está vigente el articulo Artículo 279 de la Ley de Contratos del Sector Público (Causas de Resolución) que prevé “el rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por razones de interés público”, mediante la resolución del contrato de concesión de obras y tras “la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional”. A pesar de que el sobrecoste de la gestión privada ha sido reiteradamente demostrado en todos los países y de que los beneficios económicos se obtienen mediante la selección de pacientes y procesos (dejando los no rentables para la pública) y la baja calidad de la atención sanitaria, nunca todavía se ha revertido a manos públicas la gestión privada de ningún centro sanitario mediante esta Ley.

A pesar de la “masacre de las residencias”, no se alude en el proyecto de Ley a ninguna actuación concreta. En línea con el pacto de silencio que se está produciendo en todas las Comunidades Autónomas (CCAA) al respecto, todo quedaría como antes, al albur de las CCAA, que tienen las competencias, y los ancianos/ residentes, sujetos a condiciones variables de asistencia en función del personal contratado por las residencias, ajeno al Sistema Nacional de Salud (SNS). Cuando sabemos que la cantidad de personal, así como el tiempo de asistencia prestado, en función de sus contratos, es muy variable, generando inequidad en la asistencia, que aumente la que ya existía en función de la normativa de cada CCAA. En la práctica esto equivale a no querer saber nada de lo que pasa de puertas adentro en estas instituciones.

Tampoco se aprovecha para acabar con las redes paralelas (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) que se nutren de dinero público para dar asistencia sanitaria con medios privados, pese a que la propia LGS estableció hace ya 35 años su integración en el SNS. Tampoco para reforzar urgentemente la atención primaria que en estos momentos agoniza para mayor gloria de los seguros privados.

La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) denuncia ante la población esta maniobra de confusión del Gobierno PSOE-Unidas Podemos que aparentando modificar algo, lo que hace es cambiarlo de sitio, mientras sigue dejando, como todos los gobiernos anteriores, las manos libres al capital para enriquecerse como nunca parasitando la sanidad pública y lucrándose con su desmantelamiento.

Ante esta artimaña, ahora más que nunca es necesario luchar en defensa de un sistema sanitario de calidad, colaborando en el desarrollo de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por CAS en el Congreso, en la que sí se plantea:

• La derogación de todas las leyes que permiten la entrada del capital privado en la sanidad pública.
•                           
  La obligatoriedad de las administraciones de dotar a la sanidad pública de recursos suficientes.
• El reforzamiento de la atención primaria de salud.
• El derecho universal a la sanidad sin restricción alguna.
• La creación de una industria farmacéutica que fabrique y distribuya los medicamentos esenciales, entre ellos las vacunas.
• La garantía de que la atención sanitaria de los mayores que viven en residencias esté a cargo del sistema público de salud.

20N Manifestación contra el fascismo

 

Comunicado Manifestación 20N-2021 -Coordinadora Antifascista de Zaragoza

Hace 46 años murió Franco, sin embargo, muerto el perro nunca murió la rabia. La llamada transición no supuso una ruptura con el régimen sino una mera continuación de lo anterior bajo diferentes prendas. Y es que las herencias del régimen siguen estando presentes a día de hoy.

Los jueces que besaban la bandera franquista ahora son los padres de los jueces de hoy en día, como ocurre con Carlos Lasala, el cual dejó el relevo de la judicatura y la represión en su hijo de mismo nombre para sentenciar a los 6 jóvenes antifascistas a condenas a 7 años de cárcel y 15.000€ de multa por manifestarse.

Los grises dejaron paso a los azules, y ahora son estos últimos, la Policía Nazional la que aliada con este sistema jurídico construye montajes policiales sin ninguna prueba y con muchas mentiras para amedrentarnos. Su objetivo es que manifestarnos públicamente suponga un riesgo a ser identificados, detenidos, enjuiciados y finalmente encarcelados. Sin embargo, lo decimos alto y claro, a pesar de vuestras amenazas jamás vamos a teneros miedo y las calles seguirán siendo nuestras.

Son estos cuerpos represivos del Estado los que vigilan e identifican en función del color de piel que tenemos, los que han deportado y devuelto en caliente a las más de 6.000 personas que cruzaron la frontera con Marruecos buscando una vida mínimamente digna, los que controlan los CIEs que tienen por única función encarcelar a las personas migrantes. El caso más sangrante de esta violencia ha sido el asesinato a tiros de Younes Bilal en un bar de Murcia por parte un ex-militar. Todo ello alimentado por un sistema capitalista que expulsa a las personas racializadas del sistema productivo o cuanto menos la utilizan de mano de obra barata y sobreexplotada en trabajos precarios y condiciones de miseria.

La violencia que se ejerce contra nuestras vidas y nuestros cuerpos no sólo viene dada por parte del Estado, sino que también hemos sufrido durante este año una oleada importante de agresiones lgtbifóbicas callejeras donde advertimos que el caso de Samuel ha sido solo la punta de una enorme pirámide de agresiones cotidianas que sufrimos diariamente.

Además de todo ello, el fascismo se ha alimentado y crecido como reacción directa al movimiento feminista. Así tratan de perpetuar los mismos discursos patriarcales de siempre, negado la existencia de la violencia machista imposibilitando su erradicación, cuestionando y obstruyendo el derecho al aborto que a día de hoy sigue presentando un sinfín de dificultades para ejercerlo.

Hace pocas semanas un grupo de fascistas entraron en la sede principal del sindicato mayoritario de Italia, en Zaragoza ya tenemos campañas de propietarios de pisos que piden la limpieza de pobres en sus barrios, así como está volviendo a organizarse el fascismo callejero en torno a nuevos grupúsculos nazis. El fascismo lejos de ser un periodo histórico superado sigue estando presente, amenazando nuestras vidas y atentando contra nuestras libertades y diversidad.

Las políticas del llamado Gobierno de Progreso (PSOE-UP) han mantenido estás situaciones de injusticia: no derogación de la Ley Mordaza, impunidad policial, vía libre a los jueces de la extrema derecha, idéntica política racista en extranjería, no derogación de la Reforma laboral, beneficios continuos para las grandes empresas y continuación de los desahucios a pesar de la propaganda oficial.

Vivimos en la lucha, pero también en la esperanza. El movimiento Black Lives Matter fue punta de lanza en la caída de Trump en EEUU, los sectores feministas y mapuches lo han sido en la lucha contra Piñera en Chile demostrando como luchas que algunos pretenden secundarias pero que son en realidad centrales en los cambios políticos. Por eso aquí apostamos por un antifascismo que tenga como principales tareas las luchas contra los desahucios, la autoorganización de la gente racializada y luchas que unen gente (manteros, kellys, Riders, sindicatos trabajadoras del hogar y cuidados…).

En definitiva, el fascismo se erige como estandarte de la desigualdad social, la xenofobia, la misoginia y la LGBTIQfobia, y se empeña en perpetuar los discursos del patriarcado. Contra esto luchamos desde la esperanza, la movilización y la organización. Porque eso es el antifascismo, una lucha por la justicia, la libertad y la equidad. una lucha de todos y todas, y se debe luchar siempre que sea necesario. Este es el deber de una sociedad realmente democrática.

Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Teruel convoca, el jueves 18 , una movilización en rechazo a la privatización y recorte de las pensiones

 

El próximo jueves 18 diferentes organizaciones sociales y sindicales han convocado una concentración en la plaza del Torico a las 19:00 horas para “rechazar el proyecto de ley que pretende privatizar y recortar las pensiones públicas”.

La concentración, apoyada por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, CGT, CNT, Espacio Municipalista y STEA, denunciará que “esta nueva reforma se está haciendo al dictado de la banca y del poder financiero”, lo que “se traducirá en recortes a las futuras jubilaciones y en la privatización del Sistema Público de Pensiones”, no garantizando la capacidad adquisitiva de las pensiones a partir de 2022, al establecer un cálculo del IPC que no permite revisar los recortes pasados los 5 años.

Estas organizaciones hacen un llamamiento a “pensionistas, gente trabajadora y ciudadanía turolense en general” para que participen en la concentración y “se impliquen en la defensa de nuestras pensiones públicas” demandando al Gobierno de España que “ponga fin a los recortes, revierta las pensiones de miseria” paralizando los planes privados de empresa y blindando unas “pensiones públicas dignas, justas y suficientes”.

Las entidades convocantes denuncian que “se difunden falsedades interesadamente con las que se pretende condicionar a la opinión pública, pero las pensiones públicas son sostenibles” por ello exigen transparencia mediante la realización de “una auditoría de cuentas de la Seguridad Social”, para que no se destinen sus recursos a planes privados de empresa u otros fines que no vienen regulados en la ley.

Insisten en que “las pensiones mínimas deben elevarse hasta equipararse al SMI” y “derogarse las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, así como también las reformas laborales de 2010 y 2012” que recortan las pensiones y reducen los salarios y cotizaciones.

“Debemos conseguir que nuestras reivindicaciones en defensa de unas Pensiones Públicas salgan adelante, y frenar los planes del Gobierno que pretende privatizar y reducir aun más las pensiones”, valoran ya que “no es solamente un problema para los actuales pensionistas, sino para el conjunto de la sociedad”, concluyen el comunicado.

Fuente: ECO de Teruel 

Aceptada la ILP para la Recuperación del Sistema Nacional de Salud

 Dada la agónica situación del sistema sanitario público, producto de décadas de deterioro y privatizaciones, desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad-CAS, con el apoyo de grupos y colectivos de todo el Estado, hemos presentado varias Iniciativas Legislativas Populares (ILP) a la Mesa del Congreso, que no han sido admitidas a trámite, dado que sus señorías alegan que afectan a temas presupuestarios (cualquier Ley aprobada implica gasto económico, y por tanto afectaría a los presupuestos).

Finalmente, la Mesa del Congreso ha admitido una ILP de «Recuperación y desprivatización del SNS», que necesita reunir en 9 meses, 500.000 firmas para su discusión en el Parlamento.
Entendemos la ILP como una herramienta para abrir el debate entre la población, y permita alcanzar las movilizaciones más unitarias posibles que permitan garantizar el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria.

La ILP, tiene los siguientes puntos fundamentales:

• Atención sanitaria para todxs las personas, independientemente de su situación administrativa.
• Derogación de las leyes privatizadoras y recuperación de los centros privatizados.
• Creación de un sistema público de farmacia y productos sanitarios para evitar la dependencia de las multinacionales.
• Recuperación y reforzamiento de la atención primaria.
• Atención sanitaria de los centros de mayores en manos del sector público.

Entendemos esta ILP como un instrumento colectivo para que todos aquellos grupos y organizaciones que defienden el derecho a la salud para todas las personas, sin exclusiones, puedan participar en la defensa de un sistema sanitario democrático, al margen de los intereses privados. Por ello, hacemos un llamamiento a la participación del mayor número de colectivos y organizaciones en su desarrollo.

Contacto: cas@casestatal.org.

Aquí puedes consultar el texto completo la ILP «Recuperación y desprivatización del Sistema Nacional de Salud» aprobada y en trámite.

Apoyo a la movilización por la defensa de las Pensiones Públicas, contra los recortes y la privatización

MANIFIESTO CONVOCATORIA

Los y las pensionistas, la gente trabajadora y la ciudadanía en general estamos convocados a manifestarnos el próximo día 13 de noviembre, en las capitales de los distintos Pueblos y Comunidades del Estado, para defender nuestras Pensiones Públicas y demandar al Gobierno que ponga fin a los anunciados recortes, a las pensiones de miseria y a los Planes Privados de Empresa. 

Expresamos nuestro desacuerdo con el Pacto de Toledo y con el plan del Gobierno de reforma de las pensiones que lo desarrolla, liderado por el ministro Escrivá, que hace caso omiso de las reivindicaciones urgentes por las que venimos luchando desde hace más de tres años y que no pueden esperar ni un día más. Reclamamos la dimisión de Escrivá, y la reforma que esperamos del Gobierno es blindar las pensiones Públicas, dignas justas y suficientes y hacer efectivas nuestras reivindicaciones. 

Esta nueva reforma (la tercera en 10 años) al dictado de la banca y el poder financiero, se traducirá, si no somos capaces de remediarlo, en recortes de las futuras jubilaciones, y en un plan de privatización del Sistema Público de Pensiones. Además, y entre otras cosas, tampoco garantiza la capacidad adquisitiva de las pensiones a partir del 2022, al establecer un sistema de cálculo del IPC que no permite revisar los recortes hasta pasados los 5 años. 

Instamos a todos y cada uno de las y los parlamentarios del Congreso de los Diputados a rechazar la reforma contenida en el Proyecto de Ley presentado en el Congreso y votar en contra de él. 

Una vez más, insistimos en que: 

▪ las pensiones mínimas deben elevarse hasta equipararse al Salario Mínimo Interprofesional y este situarse en el 60% del salario medio, según recomienda la Carta Social Europea; 

▪ deben derogarse las reformas de pensiones del 2011 y del 2013 y las reformas laborales de 2010 y 2012 que recortan las pensiones y reducen salarios y cotizaciones sociales; 

▪ el “Factor de Sostenibilidad” debe ser eliminado, sin ser sustituido por ningún otro coeficiente reductor como el “Mecanismo de Equidad Intergeneracional”; 

▪ la jubilación debe volver a los 65 años para crear empleo, mitigar la pobreza y la brecha de genero; 

▪ los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados deben ser eliminados; 

▪ hay que establecer medidas efectivas para acabar con la brecha de género en salarios y pensiones; 

▪ la capacidad adquisitiva de las pensiones debe garantizarse a través de revisiones anuales, que recojan como mínimo el incremento del coste de la vida. 

▪ en caso de ser necesario, y como establece la legislación actual, el pago de las pensiones públicas debe garantizarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, sin que se convierta en deuda de la Seguridad Social; 

Frente a las falsedades que desde hace años se difunden interesadamente en los medios de comunicación, las pensiones públicas son sostenibles, y por eso exigimos que las cuentas estén claras. 

Rechazamos que los recursos de la Seguridad Social se destinen a Planes Privados de Empresa, así como a ningún Macrofondo que fomente las Pensiones Privadas, medidas que rompen el carácter solidario del Sistema Público de Pensiones, cuando lo necesario es reforzar y mejorar el sistema público de reparto. 

Nuestras reivindicaciones van acompañadas de nuestra voluntad de diálogo. Los firmantes demandamos una vez más interlocución directa con el Gobierno en todo aquello que atañe a las pensiones. 

Este es un problema que se está planteando en toda la Unión Europea, que mediante el PEPP (Plan Europeo de Pensiones Privadas) propone avanzar hacia sistemas de privatización de las pensiones públicas. Por ello llamamos a compartir esta lucha a todos los pensionistas europeos, desarrollando conjuntamente acciones para hacer frente común a las intolerables pretensiones de Bruselas. 

El día 13 de Noviembre nadie puede faltar a la cita, hacemos un llamamiento a que todas las plataformas de pensionistas, y organizaciones sociales, se sumen a esta convocatoria. Parar la reforma Escrivá no solo es un problema de los pensionistas, sino de toda la sociedad. Ese sábado 13-N, en las ciudades más importantes de los Pueblos y Comunidades del Estado tenemos una cita para conseguir nuestras reivindicaciones y echar atrás los planes del Gobierno de privatizar y reducir aún más las pensiones. La movilización es nuestra garantía. 

¡ Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden !