Charla virtual "Privatización de la sanidad"- Miércoles 29 -19:30H

 La charla virtual, programada para este miércoles 29 de junio a las 19:30h, “Privatización en Sanidad” ha sido ANULADA por problemas informáticos. Desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón queremos pedir disculpas a todas aquellas personas que se hayan conectado y no hayan tenido una explicación en el momento. Dichos problemas informáticos no nos lo han permitido y por ello recurrimos a esta vía.

Para todas aquellas personas interesadas se informa que, en su lugar, se difundirá una charla grabada con los contenidos previstos.

Comisión de Reconstrucción de la Sanidad: aún ahora, la privatización avanza. Objetivo: convertir los centros sanitarios en empresas.

Por Juan Antoni Gomez Liebana y Angeles Maestro 

En la Comisión de Reconstrucción se pretende ultimar un nuevo episodio del expolio de la Sanidad Pública. Se asienta en un proceso de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos que comenzó a gestarse a finales de los años ochenta. Es importante recordarlo para entender la continuidad de las políticas de los gobiernos al servicio del capital.

En 1989, gobernando en Gran Bretaña Margaret Thatcher, se publicó “Working for patients”, un libro blanco para la privatización del servicio de salud más importante de Europa Occidental. Este informe, que mantenía las apariencias de lo público – la financiación pública y la gratuidad del servicio – se constituyó en programa marco para la mercantilización y la gestión del sistema sanitario.

En 1991 el PSOE encargó a una comisión de “expertos”, la llamada Comisión Abril1, la elaboración de un documento para “garantizar la sostenibilidad del SNS”.

En todas las Subcomisiones había “expertos” propuestos por aseguradoras privadas, industria farmacéutica, y por lo que llaman sociedad civil: bancos, empresas inmobiliarias, fondos de inversión, etc. El objetivo real, y por supuesto no reconocido, era transformar en beneficios privados el ingente presupuesto público. Sus conclusiones escondían la privatización del SNS, como a los pocos años se pudo demostrar con la aprobación de la Ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud2.

Bajo el discurso de la “modernización” de la sanidad se introdujo masivamente el derecho privado y la gestión empresarial en el ámbito sanitario. Se aplicaron las recetas típicas de la empresa privada (ahorro disfrazado de eficiencia y sostenibilidad, precarización masiva del personal, colaboración público-privada, sustitución del derecho público por el privado, etc.), con los resultados conocidos por todo el mundo.

De esta forma, 6 años después del citado Informe Abril se abrió en canal el Sistema Nacional de Salud para que pudieran penetrar a placer todo tipo de empresas, eso sí garantizando la “naturaleza pública” de los diferentes experimentos. Esa “naturaleza pública” es algo así como el misterio de la Santísima Trinidad. El secreto fundamental es que el dinero salga del presupuesto público, se gestione con los menores controles posibles de la calidad asistencial y de la contratación, se apliquen a discreción los contratos basura y se transforme en beneficios el mayor porcentaje posible.

No es sorna, el tiempo nos ha demostrado que cuando el PSOE hablaba de naturaleza pública, es que público iba a ser el dinero que se iban a embolsar la multiplicidad de fórmulas organizativas que la patronal privada ha utilizado para asaltar las arcas públicas; sí, esos 71.000 millones de euros que sacan de nuestros impuestos.

Parece que la historia se repite. La Comisión para la Reconstrucción está trabajando para vendernos las bondades de la colaboración público-privada y de la gestión empresarial en los centros de gestión directa, en un envoltorio nuevo.

De nuevo el PSOE, ahora con la colaboración inestimable de Podemos. Y todo ello, a pesar de que la actual ministra de Igualdad formó parte de la plataforma Matusalén, que junto a CAS lideró entre 2005-2012 la lucha por la derogación de la Ley 15/97. En aquella época Irene Montero participó en la campaña por la derogación de la Ley 15/97 que logró presentar 500.000 firmas en el Congreso gobernando Zapatero. Pero al asaltar las moquetas se dejan en el trastero las luchas de juventud.

En treinta y tres páginas, con sesenta y ocho recomendaciones, han conseguido, con una habilidad sorprendente, lo que la patronal de la sanidad soñaba: no mencionar siquiera la causa central del desastre vivido con la pandemia del Covid – 19, es decir la penetración del negocio privado en la sanidad pública.

El objetivo mayor del capital es la privatización total del sistema, como en EE.UU. A ese objetivo sirvieron los recortes del gasto utilizando el chantaje de la Deuda, realizado a través de sus grupos de presión, sobre todo de la Unión Europea. El resultado: desmantelamiento de la sanidad pública e insoportables listas de espera. La consecuencia, el ascenso meteórico de las pólizas de las aseguradoras privadas.

Mientras tanto, la finalidad del capital es hacerse con la mayor cantidad posible de los 70.000 millones de euros anuales del presupuesto sanitario público. ¿Nada de esto, que ha sido percibido por la gente corriente durante la pandemia, ha podido ver la Comisión de Reconstrucción? Ningún “experto” les ha explicado que:

Las listas de espera han servido como pretexto para aumentar el gasto en conciertos con clínicas privadas de patologías rentables, permitido por el artículo 90 de la Ley General de Sanidad. El gasto estatal promedio en conciertos es del 12%, en Cataluña alcanza el 25% y en CC.AA como Madrid o Baleares se ha duplicado en los últimos años.

La gestión privada de hospitales financiados con dinero público, resultado directo de la Ley 15/97, realiza el sueño dorado de cualquier capitalista: contar con financiación pública, tener la clientela asegurada, poder imponer condiciones de precariedad laboral, supeditar los recursos ofertados a la obtención de beneficios y seleccionar pacientes rentables. A este concepto se destina más del 10% del gasto, por ejemplo, en Madrid.

La multitud de servicios privatizados, muchos desde hace décadas, algunos esenciales como la limpieza, cocinas, lavanderías, laboratorios, diagnóstico por la imagen, etc., con el correspondiente deterioro del servicio y cuyos concesionarios son bancos, inmobiliarias, farmacéuticas o fondos de capital-riesgo.

La industria farmacéutica que controla cerca del 25% del gasto sanitario público y que tiene en sus manos la producción, distribución y venta mayorista de medicamentos. También domina, en la práctica, el registro de medicamentos, la publicidad de los mismos, los planes de estudio del personal médico y de enfermería, la investigación, la formación continuada de personal médico y las decisiones políticas a través de la eficacia demostrada de las “puertas giratorias”. La Comisión ha seguido la senda de lo ocurrido con la Hepatitis C. Entonces no se hizo nada para emitir licencia obligatoria y aplicar el criterio de utilidad pública que hubiera permitido fabricar un genérico 200 veces más barato3. Ahora tampoco se menciona tal posibilidad. Ni una palabra sobre la creación de una industria sanitaria pública4.

Las Conclusiones de la Comisión constituyen un imposible equilibrio para ignorar los dos pilares básicos sobre los que se asienta un sistema sanitario equitativo, capaz de reducir las desigualdades en la atención sanitaria y que consiga la mayor calidad con el menor gasto: la incompatibilidad absoluta entre lo público y lo privado y la planificación democrática e integral del sistema sanitario en función de objetivos de salud previamente diagnosticados.

Si se oculta lo esencial se pueden llenar páginas con farfolla perfectamente inútil y con propuestas contradictorias. Los ejemplos en estas Conclusiones de la Comisión son abrumadores:

Se habla de gestión “emprendedora” para no hablar de la empresarial, aunque el sinónimo es evidente. Se utiliza la supuesta panacea de la aplicación de la personalidad jurídica “a todos los centros sanitarios para asegurar la autonomía de gestión presupuestaria, de compras, de personal, etc.” para extender las “Unidades de Gestión Clínica”. La llamada “gestión clínica” es un eufemismo inventado para ocultar su nombre original “Unidades de Gestión Empresarial”, más difícil de camuflar. Hace años ya explicamos su funcionamiento en atención primaria5, y nuestras sospechas de enriquecimiento privado se vieron confirmadas6.

En el caso de la atención especializada, se trata de que servicios o grupos de servicios rentables de un hospital se doten de personalidad jurídica, conformando una especie de microempresas dirigidas por una élite de médicos, con un contrato programa basado en objetivos de actividad (tantas intervenciones, tantas pruebas, tantas consultas, tantas altas) y no en objetivos de salud. La experiencia ha demostrado el enorme fraude inherente a este modelo, exactamente el mismo que ocurre en la gestión privada: altas precoces que reingresan o mueren y no se contabilizan, prescripción de pruebas innecesarias o no realización de las adecuadas o selección de pacientes “rentables”. Y eso sucede no porque tengan perversos instintos, sino porque del ahorro dependerá el reparto anual de beneficios. Exactamente igual que el dueño de una empresa que ahorra en materias primas o en el incremento de la explotación de su plantilla. Es la lógica del capital.

Así, se plantea aplicar la gestión “emprendedora” con personalidad jurídica a “todos los centros sanitarios”, reestructurando ”internamente los hospitales o las redes de hospitales en Áreas o Unidades de Gestión Clínica”, creando un espacio de co-gobierno basado en los Acuerdos de Gestión Clínica. Por supuesto, con competencias en la gestión de personal. ¿Alguien puede explicar dónde quedan las buenas palabras del documento en cuestión sobre la eliminación de la precariedad laboral y la escasez de personal cuando el equipo dirigente de la “Unidad de Gestión Clínica” del centro en cuestión tenga manos libres para contratar personal, gestionar bajas y, en general, utilizar la precariedad y la correspondiente amenaza de despido como chantaje laboral?.

El trifachito da luz verde en comisión a la modificación del PGOU a la carta para construir el hospital privado en Valdespartera

Noticia publicada en Arainfo

La Comisión de Urbanismo extraordinaria del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado de forma definitiva, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, y el rechazo del PSOE, ZeC y Podemos, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que da vía libre al pelotazo urbanístico y sanitario del alcalde Jorge Azcón. Mientras, en las puertas del Consistorio un centenar de personas reivindicaba: "Zaragoza no necesita ningún macro-hospital privado. Zaragoza necesita reforzar la sanidad pública".

Protesta ciudadana: "Zaragoza no necesita ningún macro-hospital privado. Zaragoza necesita reforzar la sanidad pública"

La aprobación definitiva en comisión tiene que pasar por el trámite de aprobación definitiva en pleno extraordinario, que previsiblemente será este viernes, 17 de julio, o el lunes de la próxima semana. Posteriormente, se sacarán los pliegos, que podría estar redactados en septiembre y se licitará ese mismo mes.

Tras superar este trámite, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha mostrado su satisfacción por sacar adelante esta modificación del PGOU que, en su opinión, redundará en beneficio de la ciudad porque supondrá un ingreso "importante" de unos 15 millones de euros por la venta del suelo.

Sin embargo, las críticas de la izquierda contradicen la versión del Gobierno municipal PP-Cs, con el apoyo del ultraderechista Vox, al mando del alcalde Jorge Azcón. "Esta es la prioridad para Zaragoza? ¿Más dinero para la sanidad privada? Hoy, PP-Cs han aprobado la modificación de los suelos públicos municipales para la construcción del Hospital Privado de Azcón", ha denunciado el portavoz de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve.

Por su parte, el concejal de Podemos, Fernando Rivarés ha manifestado en la comisión, que "la derecha municipal aprueba la Operación Quirón, un pelotazo urbanístico para favorecer a un grupo que construirá una clínica privada para las élites". "Es una iniciativa para satisfacer a los dueños de las cosas", ha subrayado.

Desde el PSOE, el concejal Horacio Royo ha criticado que "hoy se aprueba la modificación de PGOU para la venta de suelo municipal para un hospital privado. Desde Izquierda Unida Aragón han reprochado que la construcción de este hospital privado "no es una prioridad, es negocio para las élites de siempre" y han defendido: "Nuestra salud no se vende".

Mientras se aprobaba el PGOU a la carta, un centenar de personas se han concentrado, manteniendo las distancias de seguridad, en la plaza del Pilar frente al Consistorio, convocadas por colectivos en defensa de la sanidad pública. Las mismas organizaciones que el pasado 20 de junio reunieron en la capital y en todo Aragón a miles de voces para defender una sanidad pública, universal, gratuita, de calidad y con perspectiva de género.

En un comunicado, los colectivos en defensa de la sanidad pública, que vienen trabajando desde la Mesa Aragonesa de Sanidad, han exigido al Ayuntamiento "que se tenga en cuenta a la ciudadanía" y han reividicado que "lo que Zaragoza no necesita ningún macro-hospital privado. Zaragoza si necesita reforzar la sanidad pública que es quien ha dado una respuesta ante situaciones serias de salud como ha sido esta pandemia del Sars-CoVID-2 y que además si no hubieran aplicado recortes aprovechando la crisis económica de 2008, hubiera estado en mejores condiciones de respuesta".

"Zaragoza no necesita un hospital que se aproveche del suelo público y que además se beneficiará y será mantenido con el dinero de la sanidad pública a través de las malditas listas de espera. El dinero público debe dirigirse únicamente para financiar lo público, en este caso la sanidad", han añadido.

Asimismo, afirman que "con esta premura de sacar por encima de todo y antes de entrar en la época vacacional, el Ayuntamiento tiene interés en sacarlo hacia adelante sin oposición, pero aun con premeditación, alevosía y nocturnidad". Ante esto, han anunciado: "Ahí estaremos y seguiremos adelante en favor de la sanidad pública"

Rap y compromiso con la sanidad pública: "A TU SALUD"

Los raperos zaragozanos Furelguti, Ypsen, Krevi Solenco, Manu Haller, Dj Diamond Ex y la agencia el Ciervo sacan la canción "A TU SALUD". Todo un manifiesto de compromiso con la sanidad pública y una repulsa contundente contra la construcción del Macrohospital privado en Zaragoza. Para nosotrxs, el temazo del año..."rifan tu salud, negocian con tu muerte, se juntan en su club y odian todo lo diferente"