Por Juan Antoni Gomez Liebana y Angeles Maestro
En la Comisión de Reconstrucción se pretende ultimar un nuevo episodio del
expolio de la Sanidad Pública. Se asienta en un proceso de privatización y
desmantelamiento de los servicios públicos que comenzó a gestarse a finales de
los años ochenta. Es importante recordarlo para entender la continuidad de las
políticas de los gobiernos al servicio del capital.
En 1989, gobernando en Gran Bretaña Margaret Thatcher, se publicó “Working
for patients”, un libro blanco para la privatización del servicio de salud más
importante de Europa Occidental. Este informe, que mantenía las apariencias de
lo público – la financiación pública y la gratuidad del servicio – se
constituyó en programa marco para la mercantilización y la gestión del sistema
sanitario.
En 1991 el PSOE encargó a una comisión de “expertos”, la llamada Comisión
Abril1, la elaboración de un documento para “garantizar la sostenibilidad del
SNS”.
En todas las Subcomisiones había “expertos” propuestos por aseguradoras
privadas, industria farmacéutica, y por lo que llaman sociedad civil: bancos,
empresas inmobiliarias, fondos de inversión, etc. El objetivo real, y por
supuesto no reconocido, era transformar en beneficios privados el ingente
presupuesto público. Sus conclusiones escondían la privatización del SNS, como
a los pocos años se pudo demostrar con la aprobación de la Ley 15/97, sobre
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud2.
Bajo el discurso de la “modernización” de la sanidad se introdujo
masivamente el derecho privado y la gestión empresarial en el ámbito sanitario.
Se aplicaron las recetas típicas de la empresa privada (ahorro disfrazado de
eficiencia y sostenibilidad, precarización masiva del personal, colaboración
público-privada, sustitución del derecho público por el privado, etc.), con los
resultados conocidos por todo el mundo.
De esta forma, 6 años después del citado Informe Abril se abrió en canal el
Sistema Nacional de Salud para que pudieran penetrar a placer todo tipo de
empresas, eso sí garantizando la “naturaleza pública” de los diferentes
experimentos. Esa “naturaleza pública” es algo así como el misterio de la
Santísima Trinidad. El secreto fundamental es que el dinero salga del
presupuesto público, se gestione con los menores controles posibles de la calidad
asistencial y de la contratación, se apliquen a discreción los contratos basura
y se transforme en beneficios el mayor porcentaje posible.
No es sorna, el tiempo nos ha demostrado que cuando el PSOE hablaba de
naturaleza pública, es que público iba a ser el dinero que se iban a embolsar
la multiplicidad de fórmulas organizativas que la patronal privada ha utilizado
para asaltar las arcas públicas; sí, esos 71.000 millones de euros que sacan de
nuestros impuestos.
Parece que la historia se repite. La Comisión para la Reconstrucción está
trabajando para vendernos las bondades de la colaboración público-privada y de
la gestión empresarial en los centros de gestión directa, en un envoltorio
nuevo.
De nuevo el PSOE, ahora con la colaboración inestimable de Podemos. Y todo
ello, a pesar de que la actual ministra de Igualdad formó parte de la
plataforma Matusalén, que junto a CAS lideró entre 2005-2012 la lucha por la
derogación de la Ley 15/97. En aquella época Irene Montero participó en la
campaña por la derogación de la Ley 15/97 que logró presentar 500.000 firmas en
el Congreso gobernando Zapatero. Pero al asaltar las moquetas se dejan en el
trastero las luchas de juventud.
En treinta y tres páginas, con sesenta y ocho recomendaciones, han
conseguido, con una habilidad sorprendente, lo que la patronal de la sanidad
soñaba: no mencionar siquiera la causa central del desastre vivido con la
pandemia del Covid – 19, es decir la penetración del negocio privado en la
sanidad pública.
El objetivo mayor del capital es la privatización total del sistema, como
en EE.UU. A ese objetivo sirvieron los recortes del gasto utilizando el
chantaje de la Deuda, realizado a través de sus grupos de presión, sobre todo
de la Unión Europea. El resultado: desmantelamiento de la sanidad pública e
insoportables listas de espera. La consecuencia, el ascenso meteórico de las
pólizas de las aseguradoras privadas.
Mientras tanto, la finalidad del capital es hacerse con la mayor cantidad
posible de los 70.000 millones de euros anuales del presupuesto sanitario
público. ¿Nada de esto, que ha sido percibido por la gente corriente durante la
pandemia, ha podido ver la Comisión de Reconstrucción? Ningún “experto” les ha
explicado que:
Las listas de espera han servido como pretexto para aumentar el gasto en
conciertos con clínicas privadas de patologías rentables, permitido por el
artículo 90 de la Ley General de Sanidad. El gasto estatal promedio en
conciertos es del 12%, en Cataluña alcanza el 25% y en CC.AA como Madrid o
Baleares se ha duplicado en los últimos años.
La gestión privada de hospitales financiados con dinero público, resultado
directo de la Ley 15/97, realiza el sueño dorado de cualquier capitalista:
contar con financiación pública, tener la clientela asegurada, poder imponer
condiciones de precariedad laboral, supeditar los recursos ofertados a la
obtención de beneficios y seleccionar pacientes rentables. A este concepto se
destina más del 10% del gasto, por ejemplo, en Madrid.
La multitud de servicios privatizados, muchos desde hace décadas, algunos
esenciales como la limpieza, cocinas, lavanderías, laboratorios, diagnóstico
por la imagen, etc., con el correspondiente deterioro del servicio y cuyos
concesionarios son bancos, inmobiliarias, farmacéuticas o fondos de capital-riesgo.
La industria farmacéutica que controla cerca del 25% del gasto sanitario
público y que tiene en sus manos la producción, distribución y venta mayorista
de medicamentos. También domina, en la práctica, el registro de medicamentos,
la publicidad de los mismos, los planes de estudio del personal médico y de
enfermería, la investigación, la formación continuada de personal médico y las
decisiones políticas a través de la eficacia demostrada de las “puertas
giratorias”. La Comisión ha seguido la senda de lo ocurrido con la Hepatitis C.
Entonces no se hizo nada para emitir licencia obligatoria y aplicar el criterio
de utilidad pública que hubiera permitido fabricar un genérico 200 veces más
barato3. Ahora tampoco se menciona tal posibilidad. Ni una palabra sobre la
creación de una industria sanitaria pública4.
Las Conclusiones de la Comisión constituyen un imposible equilibrio para
ignorar los dos pilares básicos sobre los que se asienta un sistema sanitario
equitativo, capaz de reducir las desigualdades en la atención sanitaria y que
consiga la mayor calidad con el menor gasto: la incompatibilidad absoluta entre
lo público y lo privado y la planificación democrática e integral del sistema
sanitario en función de objetivos de salud previamente diagnosticados.
Si se oculta lo esencial se pueden llenar páginas con farfolla
perfectamente inútil y con propuestas contradictorias. Los ejemplos en estas
Conclusiones de la Comisión son abrumadores:
Se habla de gestión “emprendedora” para no hablar de la empresarial, aunque
el sinónimo es evidente. Se utiliza la supuesta panacea de la aplicación de la
personalidad jurídica “a todos los centros sanitarios para asegurar la
autonomía de gestión presupuestaria, de compras, de personal, etc.” para
extender las “Unidades de Gestión Clínica”. La llamada “gestión clínica” es un
eufemismo inventado para ocultar su nombre original “Unidades de Gestión
Empresarial”, más difícil de camuflar. Hace años ya explicamos su
funcionamiento en atención primaria5, y nuestras sospechas de enriquecimiento
privado se vieron confirmadas6.
En el caso de la atención especializada, se trata de que servicios o grupos
de servicios rentables de un hospital se doten de personalidad jurídica,
conformando una especie de microempresas dirigidas por una élite de médicos,
con un contrato programa basado en objetivos de actividad (tantas
intervenciones, tantas pruebas, tantas consultas, tantas altas) y no en
objetivos de salud. La experiencia ha demostrado el enorme fraude inherente a
este modelo, exactamente el mismo que ocurre en la gestión privada: altas
precoces que reingresan o mueren y no se contabilizan, prescripción de pruebas
innecesarias o no realización de las adecuadas o selección de pacientes
“rentables”. Y eso sucede no porque tengan perversos instintos, sino porque del
ahorro dependerá el reparto anual de beneficios. Exactamente igual que el dueño
de una empresa que ahorra en materias primas o en el incremento de la
explotación de su plantilla. Es la lógica del capital.
Así, se plantea aplicar la gestión “emprendedora” con personalidad jurídica
a “todos los centros sanitarios”, reestructurando ”internamente los hospitales
o las redes de hospitales en Áreas o Unidades de Gestión Clínica”, creando un
espacio de co-gobierno basado en los Acuerdos de Gestión Clínica. Por supuesto,
con competencias en la gestión de personal. ¿Alguien puede explicar dónde
quedan las buenas palabras del documento en cuestión sobre la eliminación de la
precariedad laboral y la escasez de personal cuando el equipo dirigente de la
“Unidad de Gestión Clínica” del centro en cuestión tenga manos libres para
contratar personal, gestionar bajas y, en general, utilizar la precariedad y la
correspondiente amenaza de despido como chantaje laboral?.
A la misma finalidad de camuflar los verdaderos objetivos cuando los
vientos de la opinión pública – tras los escándalos vividos – no son favorables
a todo lo que suene a sanidad privada, responde el críptico párrafo en el que
se dice: “…Servicios Autonómicos de Salud, frecuentemente encorsetados en sus
capacidades de decisión, explorando las fórmulas jurídicas y organizativas más
adecuadas para ello”. Se trata de “confundirse con el paisaje” como recomendaba
un destacado representante de la sanidad privada. Lo que sucede es que ya nos
sabemos la cantinela. Los “corsés” son la Intervención Pública que obstaculiza
contratos a dedo, los convenios y el Estatuto Marco, los Tribunales de Cuentas,
y, en general, todo lo que en el Derecho Público está previsto para controlar
la administración de los recursos públicos.
La Atención Primaria (AP) se ha ido degradando a medida que avanzaban los
objetivos de privatización y se ha mostrado en todo su patetismo con el Covid,
en Comunidades Autónomas como Madrid. La AP debiera jugar un papel central en
un sistema que funcionara con objetivos de mejora de la salud y reducción de la
enfermedad, centrado en la prevención y en la acción comunitaria, absolutamente
claves, especialmente en situaciones de epidemia. Al igual que en la medicina
privada, en la actual AP no se considera en absoluto el medio social y laboral
y el paciente se reduce a un órgano enfermo, con el consiguiente deterioro de
la calidad asistencial. La atención primaria se convierte así en un mero
apéndice de la atención especializada, y sobre todo del hospital. Nada de ésto
se aborda en las Recomendaciones, cuando este modelo, entre otras cosas,
reduciría sensiblemente la sobrecarga en centros de especialidades y
hospitales.
Algo muy parecido sucede con los servicios de Salud Pública, Epidemiología
o Sistemas de Información. En un sistema fragmentado, meramente asistencial,
sin planificación en función de objetivos de salud y de reducción de la
enfermedad, esas unidades que deberían regir el funcionamiento del conjunto del
sistema, son meros aditamentos perfectamente prescindibles y sin ningún peso
decisorio real como ha quedado demostrado en la pandemia del Covid19.
A muchas voces defensoras de la sanidad pública se les ha pretendido
consolar con la propuesta de la Comisión de Reconstrucción en la que se propone
que el incremento presupuestario vaya dirigido sólo a los centros con gestión
directa pública. La ingenua credulidad se convierte en irresponsabilidad cuando
se comprueba, como ahora, que las consecuencias son miles de muertes perfectamente
evitables. Porque los intereses del capital privado no han cambiado, solo
intentan como ellos mismos dicen “confundirse con el paisaje”. Porque, ¿qué son
las Unidades de Gestión Empresarial – sin eufemismos – que pretenden hacerse
extensivas a todos los centros sanitarios? ¿Son gestión pública directa, cuando
del ahorro dependen los incentivos del equipo directivo y este puede comprar,
como les gusta decir “externalizar”, servicios, contratar o no personal y
aplicar los perversos mecanismos de ahorro ya descritos? ¿Es o no gestión
pública directa, la decisión de entes con personalidad jurídica de concertar
con la sanidad privada intervenciones quirúrgicas de baja o mediana
complejidad, las más rentables?. Los conciertos van a seguir extendiéndose
mientras siga vigente el artículo 90 de la Ley General de Sanidad: quien
concierta con la privada son los gerentes de cada hospital, eso sí, con el
dinero de la gestión directa.
El tratamiento de la Salud Mental en el citado Informe es un escarnio
cuando los gobiernos centrales, del PSOE y del PP, eliminaron de la cartera
servicios aspectos clave como la psicoterapia, y han asistido impasibles al
desmantelamiento por parte de diferentes gobiernos autonómicos de los servicios
públicos comunitarios de salud mental. Empezaron por liquidar la Psiquiatría
Infantil y la Psicología y los Centros se transformaron en meras consultas de
psiquiatría en los hospitales. Y esta desaparición tampoco es casualidad: desde
hace mucho tiempo los medicamentos más prescritos son ansiolíticos y
antidepresivos, a mayor gloria de la industria farmacéutica.
Se dedica a Salud Mental escuetamente un punto, el último, que dice así:
“Incrementar significativamente la inversión en salud mental, construyendo un
verdadero sistema integral de atención, que combata la estigmatización, que
tenga un enfoque de género y de derechos humanos”. Sobran los comentarios.
Otro tanto sucede con la salud laboral, en manos de las Mutuas Patronales
que la han convertido en un instrumento más de explotación y de penalización de
la enfermedad. Todo ello en un Estado que ocupa el primer lugar de la UE en
accidentes mortales de trabajo y en el que prácticamente las enfermedades
profesionales no existen, porque ni se diagnostican, ni se les reconoce tal
categoría. El amianto es el último y criminal ejemplo. Se dedica a la salud
laboral un único artículo, cuya credibilidad habla por sí misma: ”Reforzar los
servicios de medicina preventiva y de prevención de riesgos laborales en todos
los niveles asistenciales”.
Otro aspecto destacable es el medio ambiente, que el documento solo toca en
un punto, prometiendo un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente. El medio
ambiente es hoy día responsable de gran parte de las patologías crónicas de los
países mal llamados desarrollados. La evidencia científica demuestra que muchas
de esas patologías son producidas por los miles de tóxicos que impregnan todos
los aspectos de la vida diaria, desde el trabajo, la casa, o el ocio. Siendo
así, se elude dar autoridad a los centros sanitarios para que, ante evidentes
ataques a la salud colectiva como es el caso de las industrias tóxicas7, puedan
actuar sobre los “productores de enfermedad”, olvidando el sentido común más
básico: “Prevenir lo que no sabemos curar”.
Se podría argüir que existen promesas esperanzadoras, a la espera de que
realmente se concreten en algo real. En este grupo estaría el refuerzo de la
atención primaria; el desarrollo de una red de hospitales de media y larga
estancia (déficit histórico en el Estado español); la posible vinculación de la
atención sanitaria a las residencias de mayores desde atención primaria; la
eliminación progresiva” del copago de medicamentos; ”el aumento de los recursos
destinados al Sistema Nacional de Salud hasta alcanzar al menos la media
europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura”; y el
“incremento significativo de camas hospitalarias de gestión y titularidad
pública en todo el país al final de la legislatura, la mayoría de ellas de
larga y media estancia”. En los próximos meses veremos si se concretan o no
dichas propuestas, y si todos los servicios de salud las aplican.
De cualquier forma, después de no dedicar ni una sola palabra a la
privatización de la sanidad pública – cuando sus tentáculos atraviesan de
diferentes formas todo el sistema sanitario – decir que se va a incrementar la
financiación sirve para engañar a incautos y es, desde luego, una estupenda
noticia para el negocio privado: ese aumento del gasto irá a parar a sus cuentas
de resultados. La privatización de la sanidad, la que no es citada ni una vez
en las Conclusiones de esta Comisión, insistimos, goza de buena salud. Como
muestra, en el periodo 2014-2018, el crecimiento de la facturación de los
hospitales privados no benéficos fue de casi 1.000 millones de euros, un
crecimiento del 16,71%. Al mismo tiempo, los seguros privados han aumentado el
número de pólizas en casi un 15% entre 2015 y 2019, llegando a superar ya los
10 millones, mientras el volumen de las primas de las compañías ha crecido un
20%8.
La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad lleva desde 2004 luchando
por la incompatibilidad absoluta entre sanidad pública y negocio privado y
exigiendo un sistema público planificado en función de objetivos de salud con
participación de la población.
Ante las desastrosas consecuencias de la pandemia por Covid 19 ha promovido
la reivindicación de los siguientes puntos que 160 organizaciones del Estado
respaldan.
Nunca más muertos evitables, Nunca más negocio con la sanidad
1. Derogación de la ley 15/97 y del
artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Rescate de todo lo privatizado.
Potenciación y desarrollo de un nuevo modelo de atención primaria centrada en
la salud colectiva, y no solo en la atención individual. Supresión de redes
paralelas. Incompatibilidad absoluta público-privado. Fuera las empresas de la
sanidad. Sanciones y/o intervención de aquellos centros privados que no han
utilizado sus recursos o han cerrado en plena pandemia.
2. Por una industria sanitaria y farmacéutica pública.
3. Sanidad para todos, independientemente de la situación administrativa.
4. Cuidados de nuestros mayores con dignidad
5. Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la
salud y la enfermedad.
Por un sistema público, universal, y con gestión democrática
1[1] En el año 1991, gobernando
el PSOE con mayoría absoluta el Ministro García Vargas encargó al banquero y
exgobernador civil con Franco, Fernando Abril Martorell, la redacción de un
Informe para la modernización y sostenibilidad de la sanidad pública. El
Informe que era todo un programa para la privatización, causó tanto escándalo –
fue dado a conocer por IU antes de que los autores lo hicieran, que jamás vio
la luz, aunque sus conclusiones fueron aplicadas por diferentes gobiernos del
Estado y autonómicos.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L4/CONG/DS/CO/CO_306.PDF
2[1]
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-9021
3[1] Hepatitis C: 1.500
millones de € que podían haber sido 12 millones de €.
5[1]Todo lo que deberías saber
sobre el funcionamiento de las Unidades de Gestión Clínica.
6[1] Médicos públicos ganan 1,5
millones al vender adjudicaciones sanitarias
7[1] Nos envenenan diariamente:
industrias y Administración, cómplices.
8[1] La sanidad privada alcanzó
antes de la pandemia su récord de negocio https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/03/la_sanidad_privada_alcanzo_antes_pandemia_record_negocio_108405_1012.html
