Solo la derogación de las leyes privatizadoras y el blindaje de la sanidad pública evitarán el desmantelamiento que preparan.
Casi
un año después del inicio de la pandemia y ya en la tercera ola,
los peores augurios se han confirmado. Mientras la mayoría de la
población condena la gestión de la crisis y el sistema sanitario
público está en shock, es innegable, como ya denunciábamos, que la
pandemia ha sido una oportunidad de negocio para los de siempre 1 ,
al tiempo que ha permitido dar una nueva vuelta de tuerca en el
proceso de privatización de la sanidad.
Lo
que podía haber sido una oportunidad para rescatar la sanidad
pública se ha convertido en negocio y espectáculo. Con todos los
partidos políticos de acuerdo 2 ,
cada uno ha vuelto a su papel. La derecha ha aprovechado para
degradar aún más los centros públicos privatizando cualquier
actividad sanitaria; mientras, la izquierda institucional ha mirado
para otro lado permitiendo que la derecha haga el trabajo sucio. Las
enormes listas de espera y la falta de respuesta del sistema público
han dado un nuevo empujón a cientos de miles de personas hacia los
seguros privados 3.
Todo
esto ocurre, además, cuando se hunden las condiciones de vida de
millones de personas: se esperan nuevos recortes en las ya muy
precarias pensiones públicas y se extiende la tragedia del paro
masivo con su cortejo de desahucios, hacinamiento, cortes de luz,
agua y gas por impagos y desesperación cotidiana en los barrios
obreros; precisamente en los que se ceba la pandemia por el Covid 19.
Al
mismo tiempo, los gobiernos de todos los colores están aprovechando
esta situación para imponer medidas represivas que de otra forma
tendrían una fuerte contestación social. Con la excusa del virus,
han militarizado nuestras calles, y el control social de la población
es un hecho que se ha incorporado a nuestra normalidad cotidiana con
escaso cuestionamiento. La experiencia de otros países nos ha
demostrado que, a mayor debilidad de los sistemas sanitarios, más
necesidad han tenido de aplicarnos confinamientos medievales.
Curiosamente hay disponibilidad económica para todo este despliegue,
pero no para proveer a los centros sanitarios públicos de los
recursos necesarios (espacios, personal, equipos de protección
individual, etc..) para atender adecuadamente esta pandemia. Todo
ello mientras la miseria se adueña de la vida de millones de
personas. Queremos medidas sanitarias y sociales, no policiales.
En
este punto nos reafirmamos: mientras el gobierno «más progresista
de la historia» mantenga las leyes privatizadoras, nada de lo que
hace a diario la derecha es ilegal, y continuará el desmantelamiento
de la sanidad pública y el lucro privado. En efecto, absolutamente
nada del masivo transvase de dinero público al capital realizado en
diferentes CCAA (construcción de hospitales innecesarios, cesión a
empresas privadas del rastreo, las inmunizaciones, pelotazos con
fármacos innecesarios 4…)
es ilegal ya que está sostenido por leyes de ámbito estatal que lo
permiten.
Mientras,
la «izquierda del capital» se ha dedicado a las performances más
variadas, dirigiendo la atención de la población hacia los
ejecutores del desastre, ocultando hábilmente a quienes mueven los
hilos del proceso de destrucción de la sanidad. Seguir haciendo
teatro de calle contra la derecha para ocupar páginas de periódicos
no es más que una maniobra de distracción. La única forma de
recuperar el sistema sanitario público es obligar a todos los
partidos a blindar la sanidad contra el ánimo de lucro, y potenciar
la atención primaria y la salud pública. Todo lo demás es puro
espectáculo para autocomplacencia.
Ahora
anuncian 8.000 millones de euros de los fondos de la UE, dicen que
«para reforzar los servicios públicos», cuando lo previsto es que
se destinen a la «colaboración público-privada». Ese eufemismo,
que ya conocemos bien, significa que, si no lo evitamos, la sanidad
pública seguirá agonizando, mientras que las grandes corporaciones
serán las principales beneficiarias del fondo europeo de
recuperación económica. Un inmenso bazar está en marcha.
Llevamos
casi 20 años denunciando la privatización de la sanidad y a sus
responsables, y la «izquierda del capital» se niega a eliminar las
causas. No podemos seguir haciendo mala medicina. Hay que actuar
sobre las causas de raíz y abrir un debate en todo el Estado sobre
el modelo sanitario que queremos, que debe empezar por garantizar la
asistencia sanitaria de calidad para todas las personas,
democratizando el sistema y centrándolo en los determinantes
sociales, económicos y ambientales de la enfermedad.
El
sábado 27 de febrero nos vemos en las calles:
-
Frente
a la privatización, sanidad pública.
-
Por
la derogación de las leyes privatizadoras (15/97 y artículo 90
LGS).
-
Rescate
de lo privatizado.
-
No
al cierre de centros sanitarios.
-
Por
un sistema sanitario gestionado democráticamente centrado en la
prevención y en la salud colectiva.
Referencias
-
La
crisis del Covid como oportunidad de negocio. Septiembre
2020. https://www.casestatal.org/es/2020/09/la-crisis-del-covid-como-oportunidad-de-negocio/
-
PSOE,
PP y Podemos acuerdan un Pacto de Estado para hacer «reformas
estructurales» en el Sistema Nacional de Salud. Agosto
2020. https://www.casestatal.org/es/2020/08/psoe-pp-y-podemos-acuerdan-un-pacto-de-estado-para-hacer-reformas-estructurales-en-el-sistema-nacional-de-salud/
-
A
falta de datos para 2020, en 2019 ya había 12,7 millones de
personas con seguros privados de salud, además de unos 5 millones
de asegurados con pólizas dentales.
-
Remdesivir,
de Gilead, antiviral utilizado en atención hospitalaria al precio
de 2.083 euros por paciente, tiene unos costes de producción de
6€. https://www.agenciasinc.es/Opinion/Con-el-precio-del-remdesivir-la-historia-se-repite
