El Salud no renueva tarjetas a 'sin papeles' desde mayo

Trece personas inmigrantes en situación de irregularidad no han podido renovar su tarjeta sanitaria en Aragón desde mayo de este año, según la organización Médicos del Mundo. De estas trece personas, dos de ellas eran mujeres embarazas y tres menores de edad, quienes sí contarían con este tipo de atención debido a la situación en la que se encuentran.

El personal administrativo que atendió a los sin papeles no quiso renovarles el carné a pesar de que el Real Decreto del Gobierno no entra en vigor hasta el 1 de septiembre. Este documento regula el hecho de que estas personas solo puedan ser atendidas en el servicio de urgencias y no en consulta ordinaria.

El mes de mayo fue el inicio de esta tendencia y según Marcos Díez Cordel, portavoz de la organización Médicos del Mundo y profesional de medicina interna en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, "en verano se ha seguido negando la renovación de este servicio".

Por su parte, Javier Perfecto, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc) afirmó que "se están produciendo irregularidades importantes en la atención al paciente".


SIN DERECHOS Perfecto también sacó a la luz un caso que pudo ver en el centro de salud Arrabal, donde este trabaja. Un inmigrante de más de 65 años y con una enfermedad crónica no fue atendido a pesar de seguir las indicaciones de los medios de comunicaciónU. "El paciente acudió al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para que le dieran de alta en un seguro privado y le remitieron al centro de salud. El responsable de dirección concluyó que esa persona no tenía derecho a que se le hicieran recetas".

Además, haciendo referencia a la propuesta del gobierno de habilitar salas para atender a los pacientes sin papeles fuera del horario laboral de los profesionales, desde Samfyc mostraron su rechazo hacia la medida y recordaron que otras medidas como el cobro de una tasa a este sector sería "pagar dos veces por lo mismo". Ambos colectivos incidieron ayer en que los ciudadanos no pagan la sanidad pública a través de la Seguridad Social, "como quiere hacer ver el Gobierno", sino que se financia con los presupuestos generales y con impuestos indirectos como el del alcohol y el tabaco. "Los inmigrantes también están pagando estos impuestos".


OENEGÉS Díez Cordel recordó que la firma de convenios con oenegés que propuso el Gobierno como solución a este problema no entra en sus planes. "Nuestra atención en voluntariosa pero no llega a ser de buena calidad, es un mero trámite hasta que consiguen sus papeles. No tenemos capacidad para hacerles pruebas o financiar medicamentos". Según Médicos del Mundo esta atención no sustituye al sistema público. "No vamos a suplantar al Estado un deber que es suyo".

Fuente: El Periódico de Aragón. 25 de agosto de 2012. www.elperiodicodearagon.com

Uno de cada cuatro aragoneses ya tiene un seguro médico privado

Es la cuarta comunidad con mayor número de pólizas por habitante. En la pública, ya hay 1.400 personas esperando una operación desde hace más de seis meses.

Cada vez más aragoneses cuentan con un seguro privado de asistencia sanitaria. Pese a la crisis, el 28% de la población de la comunidad (más de 370.000 personas) ha suscrito una de estas pólizas, lo que algunos expertos relacionan con la pérdida de calidad en el servicio que ofrece la sanidad pública.

En comparación con el resto del país, Aragón es la cuarta región con mayor número de seguros por habitante, solo superada por la Comunidad de Madrid (36%), Cataluña (33%) y el País Vasco (29%), según un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa a las principales aseguradoras nacionales.

Los centros privados controlan 1.036 de las 5.460 camas disponibles en Aragón, una cifra que supone el 19% de la oferta total autonómica. Según el Catálogo Nacional de Hospitales de 2011, Aragón cuenta con nueve centros privados y 20 sostenidos con fondos públicos

En él se comprueba que son los problemas ginecológicos y dermatológicos, así como las afecciones oftalmológicas, las principales causas por las que los asegurados acuden a la atención sanitaria privada. Un servicio que le cuesta al paciente una cuota media de 56 euros al mes.

Además, el estudio subraya que la sanidad privada “descongestiona” la sanidad pública y destaca que las comunidades con mayor penetración de las mutuas, como Madrid y Cataluña, son las que cuentan con un menor presupuesto sanitario. No así en el caso de Aragón, donde uno de cada cuatro personas cuenta con seguro privado pese a ser uno de los territorios con mayor partida económica para la sanidad pública.

“El uso de la sanidad privada contribuye a garantizar la accesibilidad de la población al sistema sanitario público porque con la suscripción del seguro privado se descarga financieramente a la sanidad pública”, en palabras de Luis Mayero, vicepresidente del IDIS.

Crecen las listas de espera
Sin embargo, el coste mensual de un seguro privado sigue representando un lujo para la mayoría de los aragoneses, que son atendidos en la sanidad pública. Un sistema sanitario que sigue engordando sus listas de espera para pasar por el quirófano.

Este verano, el número de personas pendientes de una operación desde hace más de seis meses ronda ya los 1.400 en la comunidad. Las áreas más saturadas en julio siguen siendo traumatología (725 pacientes), cirugía vascular (248) y cirugía general (166), especialidades que presentan una demora media de 100 días para realizar la intervención.

Una situación que podría empeorar con la reducción del número de 'peonadas' (horas extras por la tarde) o de contrataciones.

Fuente: El Heralod de Aragón. 21 de agosto. www.heraldo.es

La lista de espera para ser operado en Aragón se cuadriplica en tan sólo un año

La lista de espera para ser operado en Aragón se cuadruplica en tan solo un año
-En junio, casi 1.300 personas acumulaban más de seis meses aguardando, cuando en el 2011 eran 300.

En apenas un año, la lista de espera de personas que acumulan más de seis meses aguardando para ser intervenidos quirúrgicamente se ha cuadruplicado. En junio -el último mes de que dispone datos el Salud hasta el momento- se saldó con casi 1.300 pacientes a la espera de una operación cuando doce meses antes apenas eran 303. Así, en solo un año se ha producido un incremento del 400%.
Todo apunta, además, a que el verano incrementará esa cifra -durante este tiempo se rebaja notablemente el número de operaciones por la mayor ausencia de profesional y el deseo de los pacientes de esperar a septiembre para ser intervenidos-. Así fue en el 2011, cuando las personas que acumulaban más de medio año de espera subieron en julio hasta rozar los 500, una cifra que se duplicó en agosto, cuando la lista de espera de larga duración ya alcanzó los 1.138 pacientes.

PREOCUPACIÓN

Además, desde los sindicatos y las organizaciones de pacientes ya han mostrado su preocupación por las consecuencias que el fin de las peonadas -horas extraodinarias por la tarde-, la ausencia de contrataciones y la posible reducción de personal puedan tener sobre estas listas de espera. "En septiembre va a ser mucho peor porque si se ha puesto fin a las peonadas, se pretende suprimir personal contratado eventualmente para acumulación de tareas y no se contrata, a ver cómo lo hacen para aliviar estos números", indicaron desde una organización sindical, que mostró su temor a que "se dejen de hacer operaciones o se mande antes a la gente a casa".

La operación de varices lidera la mayor diferencia entre la espera que había que asumir hace un año y la que un paciente está obligado a aceptar en esta ocasión. Si en junio del año pasado la demora media estaba fijada en apenas 17 días, en el mismo año del 2012 esa cifra ha aumentado hasta alcanzar los 197 días, es decir, seis meses y medio. También las cataratas han experimentado un notable incremento en la espera media, al pasar en un año de 12 a 176 días. La intervención de astroscopia pasa de requerir aguardar 10 días de media a 71 mientras que la implantación de una prótesis de rodilla obliga ahora a esperar 128 días cuando hace un año no pasaban de 10.

OBJETIVO FALLIDO

Así, el Departamento de Sanidad continúa sin conseguir cumplir su objetivo de reducción de esta demora. De hecho, la Administración presentó a finales del año pasado un plan de choque que perseguía la disminución de las esperas de larga duración que solo funcionó hasta la primavera. Desde entonces, la nómina de afectados sigue creciendo hasta regresar a los niveles previos a la puesta en marcha de un plan basado en acuerdos con hospitales privados. "No hay dinero para derivar y, sin externalizar y con menos profesional, ¿cómo se va a aliviar la lista de espera?", cuestionaron desde un sindicato.

Ese plan se centraba, según aseguraron desde el Salud, en procedimientos con periodos de garantía, principalmente, de traumatología y oftalmología. "El objetivo es financiar todas las intervenciones que se puedan pagar de forma responsable", apuntó a final de año la Administración sanitaria, que también anunció un nuevo contrato marco para establecer los conciertos con entidades privadas y se reflejaría en los presupuestos la totalidad de la cantidad concertada.

Pero el propio consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, ha admitido en numerosas ocasiones que, a pesar de que el propósito del departamento incluía la propia actuación en jornada ordinaria de los cirujanos y su actuación por la tarde a través de autoconciertos y la externalización a clínicas privadas, los dos últimos aspectos se encuentran ahora limitados por el presupuesto y únicamente queda margen para contratar en horario vespertino.

Fuente: Franja Digital. Lunes 13 de agosto de 2012.www.franjadigital.com

Centenares de médicos aragoneses podrían perder su plaza

 Un decreto-ley obligará a estos profesionales a elegir entre seguir ejerciendo la medicina renunciando a su oposición o pasar a realizar labores de administración para conservarla.

Prensa

Alrededor de medio millar de médicos de Aragón se verán obligados a elegir entre renunciar a su condición de funcionarios para seguir ejerciendo la Medicina o pasar a realizar labores administrativas si quieren mantener su actual estatus. Una disposición incluida en el Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud aprobado hace unos meses por el Partido Popular provocará que este grupo de médicos locales o rurales dejen de ser funcionarios estatales para convertirse en profesionales estatutarios. Además, aquellos que decidan no renunciar a su oposición pasarán a realizar tareas administrativas que nada tendrán que ver con el ejercicio de la Medicina.

La disposición, cuyo texto completo todavía debe ser desarrollado, afectará a varios miles de profesionales en todo el país y ya ha generado una enorme incertidumbre entre afectados y sindicatos, que se han levantado contra una medida que califican de “usurpación de derechos”. Según el Sindicato de Médicos de Aragón, esta nueva normativa afectará a entre 300 y 400 titulares -también conocidos como médicos de APD- y a alrededor de un centenar de profesionales de cupo y zona. Sin embargo, desde CSI-F Aragón elevan el número de afectados a alrededor de un millar, ya que la disposición también incluye a “enfermeras, auxiliares de enfermería o técnicos”.

“Muchos de los afectados se encuentran en la recta final de sus carreras profesionales, pero también hay enfermeras y auxiliares que han aprobado hace poco las oposiciones y ahora podrían perder un derecho que obtuvieron lícitamente”, aseguran desde el sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, cuyos representantes se preguntan si “rellenar papeles” es la función más apropiada para un médico: “No tiene mucho sentido formar a una persona durante 12 años para ponerle frente a un ordenador a realizar labores que no se corresponden con la sanidad. Lo único que han encontrado es la mejor forma de derrochar el conocimiento de estos médicos y enfermeras”.

La medida, teóricamente justificada por la necesidad de ahorro para las arcas públicas, no encuentra los mismos argumentos entre los afectados. “Es claramente inconstitucional y no beneficia a nadie. Si solo el 20% de los médicos titulares de Aragón solicitaran conservar su condición de funcionarios, tendrían que contratar a 140 médicos nuevos y buscar 140 plazas para ellos en la administración”, sentencia Santiago Moreno, del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza.

Una reorganización compleja

Una opinión que comparten los sindicatos del sector, a los que tampoco les cuadran los números. “Si todos los afectados deciden no renunciar a su oposición, no habría suficientes puestos para reubicarlos, por lo que habría que despedir al personal que ahora ocupa esos puestos y contratar a más médicos, ya que las plazas que dejan vacantes no son prescindibles”, opinan desde CSI-F Aragón sobre esta medida, que en principio iba a entrar en vigor este 31 de diciembre y finalmente se ha retrasado un año.

“Supongo que la mayoría acabará integrándose en la administración, pero la DGA no sabe qué plazas nos tiene que ofertar, cuánto tenemos que cobrar y, lo que es mas importante, cuál sería nuestra función”, explica Moreno, profundamente decepcionado: “Muchos de estos profesionales han llevado la Medicina durante muchos años a las zonas más recónditas de Aragón y España, y ahora ven 'recompensado' su trabajo con este decreto”.

“Todavía no están claras las consecuencias de este decreto-ley, ya que no se han matizado, pero en cualquiera de los dos casos parece que van a tener peores condiciones laborales y económicas”, indican desde el Sindicato de Médicos de Aragón. Si se convierten a personal estatutario, podrían perder algunos derechos de los que adquirieron con su oposición, como sus actuales horarios o los planes de pensiones y jubilaciones. Si, por el contrario, deciden pasar a la administración, dejarían de percibir algunos complementos salariales como las guardias o la nocturnidad.

Fuente: Kaos en la Red. 8 de agosto de 2012. www.kaosenlared.net

Sanidad sigue sin cubrir el déficit de camas en Psiquiatría

La reorganización que el Salud pretende acometer en el área de Psiquiatría del sector I se ha quedado, de momento, a medias. El hospital Provincial ya aglutina los dos servicios de trastornos de conducta que daban asistencia en el área al mantener el de trastornos de personalidad y acoger también el de conducta alimentaria, que hasta ahora se encontraba en el Royo Villanova, que acogerá de forma inminente cautro camas para agudos, que ya han desaparecido del Provincial.

Esa reestructuración deja, de momento, a Zaragoza con un déficit de diez camas para enfermos agudos de Psiquiatría, a expensas de la creación de un hospital de día de Psiquiatría en el Miguel Servet.

Sin embargo, esta unidad sigue sin llegar, a pesar de que el propio consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, aseguró, a mediados de junio, que estaría lista "en unos días" a falta de culminar trabajos destinados a reforzar la seguridad de los pacientes.

Casi dos meses después, el déficit continúa, aunque desde el departamento se subraya que "no hay presión asistencial ni lista de espera, por lo que no se produce una falta de camas en la actualidad". Asimismo, la Administración emplaza a "septiembre" la creación de la unidad del Servet que debe cubrir el déficit y que, según apuntó el propio Oliván, dispondrá de 30 camas para agudos, lo que aumentaría en diez unidades la oferta actual. "La remodelación requiere una coordinación a nivel asistencial y entre los propios facultativos y se está trabajando en ello para que la apertura se produzca cuanto antes", exponen desde el Ejecutivo.

OBRAS Del mismo modo, desde Sanidad se siguió apelando a las obras que faltan por realizar argumentando que "se están realizando en verano para causar menos molestias, pero está todo controlado".

La reestructuración provocó quejas entre los colectivos afectados por la supresión de camas en el hospital Provincial que, según la Administración, responde a una cuestión de "gestión y organización de servicio" y justificó el cambio de camas "para que los pacientes de un mismo equipo estén juntos para tratarlos en mejores condiciones".

De hecho, la Sociedad Aragonesa y Riojana de Psiquiatría remitió una carta al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, para comunicarle su "claro desacuerdo" y "rechazo" al "cierre" de la unidad de hospitalización psiquiátrica del Provincial.

En este sentido, el Departamento de Sanidad llegó a asegurar que el cambio respondió a la demanda de los propios jefes de servicio, lo que fue rechazado por el jefe de Psiquiatría del Provincial. Actualmente, Aragón dispone de 115 camas públicas de hospitalización psiquiátrica de agudos, cuya ocupación suele rondar el 100%.

Fuente: El Periódico de Aragón. 10 de agosto de 2011. www.elperiodicodearagon.com

Sanidad deja en el aire la terapia de sin papeles con enfermedades crónicas

El ministerio sugiere que tendrán que ser atendidos en urgencias. Médicos y enfermos renales o de VIH desconocen cómo proseguir el tratamiento.    
      

La decisión de dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular a partir del 1 de septiembre tiene a muchos en vilo. Entre quienes sufren la incertidumbre con más zozobra, a tres semanas de que acabe el plazo, están los sin papeles con enfermedades crónicas. Personas que necesitan diálisis varias veces por semana o una medicación contra el cáncer o el VIH que deben tomar diariamente o en ciclos, y que carecen de información sobre cómo continuar sus tratamientos a partir del día 1. Los facultativos, los centros de salud y las asociaciones tampoco tienen respuestas para ellos.



La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) de Madrid recibió la semana pasada la consulta de un ciudadano guineano cuyo permiso de residencia caduca este mes y teme quedarse sin diálisis. Además, puede perder su sitio en la lista de espera para un trasplante. El portavoz de la asociación admite que, tras escucharle, no pudieron darle una solución. Simplemente, no saben qué va a pasar. En la misma duda vive Carmen Avellano, de 56 años. Esta chilena se somete a diálisis en su casa. “¿Tendré que devolver la máquina? Si no me hago la diálisis enfermaré aún más y me moriré”, declara. En la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) todavía no han tenido ningún caso, pero una portavoz no duda de que los habrá.
Sanidad deja en el aire la terapia de sin papeles con enfermedades crónicas    
     
El ministerio sugiere que tendrán que ser atendidos en urgencias. Médicos y enfermos renales o de VIH desconocen cómo proseguir el tratamiento.

A ellos se suman casos de personas con VIH como el de Manuel (nombre supuesto), un inmigrante venezolano al que la comunidad de Madrid le retiró ya la tarjeta y se quedó sin medicación. Posteriormente se la prorrogó hasta el 31 de agosto, y ha podido volver a recibirla. “En el hospital me han dicho que es la última vez que me la dan”, relata.



Ante estos casos, el Ministerio de Sanidad mantiene un discurso monolítico. “Ningún paciente que lo necesite va a quedarse sin atención”, afirma una portavoz del departamento que dirige Ana Mato. Además, añade, “el criterio médico sobre las situaciones de urgencia es el que determina la atención. Es importante recordar que no corresponde al médico que atiende a un paciente verificar su situación legal, sino determinar la atención que debe recibir”.



El problema es que en urgencias no saben cómo abordar el asunto. “No ha habido ninguna instrucción sobre qué hacer”, dice el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), Tomás Toranzo. “Las urgencias están para lo que están, y en esos casos solo podemos pasarle la patata caliente a otros servicios”, afirma. El único caso en que podrían intervenir, afirma Toranzo, sería el de “una persona que, por una insuficiencia renal, necesitara una diálisis de urgencia. Y eso si el hospital tiene ese servicio”. Para el resto, nada: ni una quimioterapia programada ni, mucho menos, una medicación de las que solo pueden conseguirse en un hospital. “Nosotros solo prescribimos lo que se va a tomar en el servicio”, añade.



En ambulatorios y otros servicios sanitarios tampoco saben qué va a ocurrir con los enfermos crónicos graves. Ni centros de salud ni hospitales han recibido ninguna información sobre cómo atender a los sin papeles a los que se les desactivará la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre. “Hemos preguntado y ni siquiera nos han contestado”, afirma una médico de Atención Primaria. Tampoco en los hospitales han recibido información. “Ni un dato, ni una circular… nada”, explican fuentes de gestión de un gran hospital de Madrid. Tampoco los especialistas saben a qué carta quedarse. De ahí que el Grupo de Estudio de Sida (Gesida) haya alertado hace 15 días de que entre 2.700 y 4.600 personas pueden quedar sin tratamiento.



La situación es tan grave que hasta la consejera de Sanidad de Murcia, María Ángeles Palacios (PP), apostó ayer por plantear “excepciones” a los enfermos crónicos. Palacios citó expresamente a las personas con sida, cáncer e insuficiencia renal. “No se pueden dejar a mitad porque salga una normativa, habrá que continuar y habrá que acabar con ellos”, ha aseverado. Parece que tampoco ella tiene claro que eso, según Sanidad, es lo previsto.

Fuente: El País. 9 de agosto de 2012.http://sociedad.elpais.com

Aragón espera un documento oficial para analizar la cuota a inmigrantes

El Gobierno de Aragón esperará a disponer del documento oficial que establece las cuotas que se impondrán a los inmigrantes ilegales que quieran hacer uso de la asistencia sanitaria, para valorar su aplicación en la comunidad autónoma.

Desde el Departamento de Sanidad se afirma que, a última hora de ayer, todavía no se había recibido notificación alguna procedente de Madrid de ese apartado de la orden. "Estamos a la espera de recibir ese documento de trabajo para comprobar lo que contempla y el margen de actuación de las comunidades autónomas", apuntaron desde la Administración.


POSIBLES ALEGACIONES De hecho, el Ejecutivo no descarta la posibilidad de alegar aspectos con lo que pueda no estar de acuerdo, aunque emplaza cualquier decisión al respecto al análisis detallado del texto. "Se estudiará su aplicación cuando lo tengamos y también, como es lógico, si procede presentar alegaciones", apuntan.

La decisión del Gobierno aragonés de esperar antes de emitir cualquier valoración es la misma que, por ejemplo, adoptó ayer la Comunidad de Madrid.

El Ministerio de Sanidad ha propuesto que los inmigrantes en situación irregular que queden sin cobertura sanitaria a partir del 1 de septiembre, establezcan convenios especiales de asistencia sanitaria, que supondrían pagar una cuota, similar al desembolso de una especie de póliza, en una invitación del PP a los sin papeles para que "vuelvan a sus países".

Según el decreto y en virtud de estos convenios, los extranjeros sin papeles tendrían que abonar 710 euros al año para recibir asistencia en la Sanidad pública, si bien la cifra se duplicaría hasta los 1.864,80 anuales en el caso de los mayores de 65 años.

Fuente: El Periódico de Aragón. 9 de agosto de 2012. www.elperiodicodearagon.com

Solo abrirá un centro por sector los sábados por la tarde

 Una de las reestructuraciones que el Salud ha planteado a los sindicatos es la reorganización de la atención primaria que, entre otros aspectos, incluiría el cierre de la gran mayoría de centros los sábados por la tarde, a partir de las 15.00 horas. 

 Así, solo permanecerían abiertos uno por sector a nivel urbano, mientras que el 061 asumiría las urgencias a partir de esa hora --actualmente comienza a atenderlas a las 17.00 horas--.  Además, también parece definitivo el cierre del Punto de Atención Continuada (PAC) de Sagasta y el traslado de parte de sus servicios a las urgencias del hospital Provincial. "Todas estas medidas podrían analizarse y aplicar criterios globales para que se puedan evaluar en su contexto", indicaron desde Cemsatse.  En este sentido, este periódico ya adelantó en mayo que el Salud estudiaba cerrar centros poco frecuentados los sábados por la tarde y que la determinación definitiva sobre las instalaciones menos usadas afectaría, principalmente, a los ambulatorios del medio rural. 

 De este modo, la Consejería de Sanidad habría realizado un estudio de frecuentación para determinar cuáles son los centros menos usados o con escasa afluencia en esa franja horaria.  En principio se englobarían en esta medida sobre todo los centros de las zonas rurales, que prestan atención sanitaria en horario de 9 a 20 horas los sábados no festivos.  

Otro de los planes del Salud afecta al consultorio Hermanos Ibarra, en la capital aragonesa, que podría cerrar sus puertas a corto plazo, lo que provocaría el traslado de sus usuarios y trabajadores, que se repartirían entre los centros de Rebolería, San Pablo y Sagasta. Además, la mayor parte del personal sanitario que trabaja allí perdería su puesto y se vería abocado al paro al tratarse de contratados interinos.  

Además, también se pretende trasladar toda la atención de salud mental, que actualmente se encuentra disperso por toda la ciudad, al centro de salud Valdespartera. En principio, el Departamento de Sanidad había previsto consensuar estas medidas con los sindicatos presentes en la mesa sectorial una vez que se disponga de las conclusiones del estudio la medida para abordar estos cierres parciales.

Fuente: El Periódico de Aragón. 9 de agosto de 2012. www.elperiodicodearagon.com

La aplicación del 'medicamentazo' confunde a médicos y farmacéuticos

La medida se iba a instaurar a partir de mañana, pero el ministerio anunció ayer su aplazamiento. Aún no hay un listado definitivo de los más de 400 fármacos que dejarán de ser financiados.

Médicos y farmacéuticos aragoneses aguardan con incertidumbre y cierta dosis de confusión que alguien les aclare de una vez cuándo y cómo comenzará a aplicarse el denominado medicamentazo, que supondrá que 423 fármacos dejen de ser financiados por el ministerio.
La extrañeza afecta, principalmente, al plazo establecido para su implantación. La ministra de Sanidad, Ana Mato, emplazó en reiteradas ocasiones al día 1 de agosto --mañana-- como la fecha indicada para el comienzo de la aplicación de la medida, pero no fue hasta ayer cuando el Ministerio de Sanidad admitió que no será así y que se retrasará, al menos, un mes. Así, la norma se instaurará el día 1 del mes siguiente a su publicación en el BOE.

En las boticas, por su parte, se sigue esperando a una decisión firme del ministerio. "Lo único que tenemos es un proyecto de resolución que no incluye ni el listado definitivo de fármacos afectados ni la fecha de aplicación", indicaron desde una oficina de farmacia de una localidad zaragozana.



MÁS INFORMACIÓN En este sentido, los farmacéuticos vienen reclamando a la Administración que informe convenientemente a los ciudadanos acerca de las novedades del sistema y cómo podría afectarles la supresión de centenares de medicamentos de la financiación pública. De hecho, el colectivo advirtió que la aplicación, desde el pasado día 1 de julio, del copago farmacéutico por el que los pensionistas pasan a abonar parte del coste del medicamento, les obligó a redoblar explicaciones y, en algunos casos, a sufrir la ira de algunos usuarios que o desconocían la medida o ignoraban cómo les afectaba.

De momento, el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza únicamente dispone de un borrador de ese listado, pero no del definitivo, que será el que aparezca publicado en el BOE.

Pero tampoco los médicos tienen claro el nuevo formato y qué fármacos podrán recetar y cuáles no. "No disponemos de listado alguno de medicamentos que dejarán de estar financiados", aseguró a este diario un facultativo de Atención Primaria, que subrayaba que "ninguna Administración sanitaria nos ha informado al respecto".

Pese a la confusión, fuentes del ministerio indicaron ayer a Europa Press que "se están cumpliendo los plazos legales", tras recordar que, para que se publique la medida, deben de recogerse las alegaciones de organizaciones sanitarias y de pacientes, así como informar antes a los interesados que cuentan con 10 días desde su notificación para realizarlas.

Fuente: El periódico de Aragón. 31 de julio de 2012. www.elperiodicodearagon.com

 

Imagen: Forges.

El hospital de Barbastro acumula 1.200 biopsias sin diagnosticar

-La falta de personal y recursos lastra la obtención de resultados de las pruebas-
FD \ “El Gobierno de Aragón debe adoptar de forma inmediata, todas las medidas necesarias para cubrir las plazas de personal y de especialistas vacantes en el Hospital Comarcal de Barbastro para que se pueda prestar la atención sanitaria”, exige la portavoz de Sanidad de IU Aragón, Patricia Luquin.

Para ello, la diputada de IU ha registrado en las Cortes una serie de iniciativas parlamentarias. “Vemos cómo el Gobierno de turno no soluciona los graves problemas de este centro en la prestación de la asistencia sanitaria, derivados, entre otras razones, por la falta de personal y de especialistas, problema que viene siendo denunciado desde hace tiempo”.
Cabe destacar que, a la falta de personal en las especialidades de traumatología, otorrinolaringología, cirugía general y de digestivo, que han supuesto que en el último año, se hayan duplicado y triplicado las listas de espera, debido precisamente a la falta de personal, se añade en estos momentos que en el hospital de Barbastro se acumulen unas 1.200 biopsias sin diagnosticar por falta de personal en el laboratorio de anatomía patológica. Según ha tenido conocimiento IU, hay pruebas pendientes desde el mes de abril cuando el plazo habitual de examen no excede las dos semanas, es obvio que la demora en el análisis de las muestras de tejido, fundamental para determinar los casos de cáncer, se hace especialmente grave.

 

Fuente: Franja Digital. 31 de julio de 2012. www.franjadigital.com

El consejero de Sanidad reconoce que incumple la ley de Dependencia

-Ricardo Oliván afirma que se debe a cuestiones económicas-
F.D. \ El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, ha reconocido, este jueves, que "Aragón incumple" la ley de la dependencia, ya que más de 9.000 personas tienen el derecho reconocido y no están cobrando lo que les corresponde, insistiendo en que se debe a "cuestiones económicas".
Oliván ha hecho estas declaraciones momentos antes de asistir al Consejo de Salud de Aragón.

"Aragón incumple, lo tengo que decir", ha sentenciado el consejero, quien ha afirmado que la reforma de la ley puesta en marcha por el gobierno de Rajoy persigue, precisamente, que se adecúe a las posibilidades de financiación actuales, que no son "las que se pensaban en 2006", y "hacerla cumplible", ha querido destacar Oliván.

SOLUCIONES

Respecto a la posibilidad de agilizar la valoración de los dependientes, ha dicho que los recursos son los que son pero ha opinado que a su juicio el problema no está en la valoración sino en la percepción de la cantidad, es decir, "que una vez se le asigna a un dependiente una prestación, por desgracia, por no tener recursos suficientes, se queda sin cobrar durante un tiempo", ha reconocido.

Fuente: Franja Digital. 31 de julio de 2012. http://www.franjadigital.com/page.jsp?noticia=32978

Portugal contrata enfermeros a cuatro euros la hora

La contratación de profesionales a sueldos ridículos desata una ola de indignación
   

La enfermera Ángela Mendes entraba a trabajar esta semana en el Centro de Salud de Torres Novas (Centro), situado a 90 kilómetros al norte de Lisboa, con un sueldo que ha sacudido a la sociedad portuguesa: cuatro euros a la hora. Quitando los descuentos y los impuestos, Mendes calcula que a final de mes cobrará unos 250 euros. Portugal es un país ahogado por recortes en todos los sectores públicos, donde las pagas extras de los funcionarios y pensionistas desaparecieron en otoño y donde los salarios se precipitan en caída libre, pero los cuatro euros a la hora de los nuevos contratos de unos sesenta enfermeros de hospitales y sanatorios públicos de algunas regiones del país han significado, para muchos, la gota que colma el vaso de la austeridad soportable. Mendes, de 25 años, con dos años de experiencia y cuatro de carrera, que hasta hace unos meses cobraba unos 700 euros al mes, se encoge de hombros y explica las dos razones que le impulsan a ir hoy a trabajar: "La primera, porque me gusta mi trabajo; la segunda, porque vivo a un paso del sanatorio con lo que no me gasto ni un euro en transporte o en comida. Es la única manera de que eso salga rentable. La verdad es que a última hora nos subieron cuatro céntimos. No sé si para reírse de nosotros o qué".

El Sindicato dos Enfermeiros Portugueses ha denunciado la situación y consideran que está en juego “la dignidad de la profesión, la dignidad de los cuidados sanitarios y la dignidad del Servicio Nacional de Salud”. Y denuncia también la razón que lleva a que estos profesionales cobren tan poco: “Para abaratar costes, para que no se consoliden derechos, el Estado contrata a empresas que, a su vez, subcontratan a los enfermeros”, explica una portavoz de este sindicato Guadalupe Simões. El ministro de Sanidad portugués, Paulo Macedo, ante la polémica suscitada, ha asegurado que investigará la contratación de estos enfermeros de saldo, aunque la sindicalista Simões desconfía de que este gesto vaya a cambiar nada.

Mientras, hay enfermeros que han rechazado la contratación. Marta (nombre supuesto porque la interesada no quiere relevar su identidad para evitar represalias), de 27 años, ha preferido quedarse en casa: “Eché las cuentas y entre pagar la Seguridad Social, porque nosotros, que somos, en teoría, trabajadores independientes tenemos que pagarla y otros impuestos, me quedaban al mes 259 euros. Con eso no me salía a cuenta trabajar. Me sale más rentable decir que no porque así no pago transporte ni nada más”, explica. En sus anteriores trabajos, Marta cobraba cerca de 750 euros al mes. “Ya entonces fui a un banco a pedir un préstamo para tratar de comprarme una casa. Y la del banco, antes de negarme el dinero, me preguntó: ¿Eso solo gana un enfermero? No quiero ni saber lo que diría ahora”, añade.

João César das Neves, economista portugués y exasesor gubernamental aseguraba hace dos días en el diario portugués Público que estas prácticas son resultado de un ajuste “brutal y tal vez exagerado”. Y añadía: “De repente no hay dinero y se busca reconvertir la situación [de las cuentas del Estado] de un día para otro, de forma abrupta, con un coste grande e inaceptable”.

Das Neves no solo hacía referencia al caso de los enfermeros, convertidos en una especie de símbolo del día de lo que ocurre en el país. Según datos de Público, los sueldos portugueses bajaron, de media y solo en el primer trimestre de este año, un 3,9%. Este mismo diario afirmaba que ya hay profesores pagados por los ayuntamientos que no cobran más allá de los cinco euros.

Mientras, Ángela Mendes, la enfermera que acepta el sueldo de saldo, se encargará de curar heridas a los accidentados, a suministrar las dosis de metadona para drogadictos en programas de rehabilitación o de atender ciertas consultas, entre otras funciones. La otra, Marta, la que no ha aceptado, ya piensa en emigrar. El pasado miércoles, la edición digital de Expresso  informaba de que, en la actualidad, hospitales franceses, suizos y alemanes están dispuestos a contratar a decenas de enfermeros portugueses ya formados. Y señalaba el sueldo de un enfermero francés como una razón convincente para abandonar Portugal: de 1.500 a 2.300 euros al mes.

Fuente: El País. 6 de julio 2012. http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/06/actualidad/1341565720_809076.html

Frente al desmantelamiento sanitario: imaginación

Sanidad dejará de financiar más de 400 fármacos

La lista incluye medicinas contra la diarrea, la gripe y la tos muy populares


Mucolíticos para atajar catarros y gripes tan conocidos como el Flumicil, antidiarréicos como el Fortasec, jarabes antitusivos como el Bisolvon, el famoso Hemoal contra las hemorroides y las lágrimas artificiales como Acuolens engrosan la lista de 456 fármacos para 18 dolencias consideradas menores que la ministra de Sanidad, Ana Mato, propondrá hoy a los consejeros de las comunidades autónomas sacar de la financiación pública.

La lista de los fármacos --de baja utilidad terapéutica, uso ocasional y bajo precio (menos de tres euros)--, que pasarán a ser financiados en su totalidad por el paciente, también incluye el aciclovir, usado para combatir herpes, bioflanovoides para el tratamiento de varices, los compuestos de aluminio para el exceso de secreción gástrica como el Almax, 13 compuestos utilizados en tratamientos tópicos de inflamaciones de origen traumático, fármacos contra la ansiedad leve y algunos vasodilatadores periféricos utilizados en el tratamiento del deterioro cognitivo asociado a la edad.

Sanidad, que con esta medida se ha marcado el objetivo de ahorrar 440 millones de euros al año, hará excepciones: los enfermos graves. En la propuesta se recomienda a las gobiernos autonómicos que expliquen al sector sanitario y usuarios que esta medida para desfinanciar fármacos destinados a síntomas menores tiene como objetivo mantener la financiación pública de nuevas terapias indicadas en enfermedades graves, invalidantes o de pronóstico fatal.

Algunos expertos dan por seguro que también acabarán fuera los venotónicos, que permiten reforzar la pared de la venas y, por tanto, calmar algunos síntomas de las varices, y los vasodilatadores, excluidos en casi toda Europa y que aumentan el flujo sanguíneo. O los antiinflamatorios, como el Voltarén.

La titular de Sanidad, objeto de críticas en las redes sociales por apuntar que muchos de estos fármacos "pueden ser sustituidos por remedios naturales", abrirá un plazo para que las comunidades efectúen alegaciones, de forma que la medida se aplicaría en septiembre.

Los expertos apuntan que la no financiación solo reporta ahorro a corto plazo, ya que se produce el efecto desplazamiento y los médicos tienden a sustituir los fármacos retirados por otros más modernos y caros.
 


Fuente: El periódico de Aragón. 27 de junio 2012. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/sanidad-dejara-de-financiar-mas-de-400-farmacos_768394.html

El consejero de Sanidad aporta escasas soluciones al Hospital de Barbastro

Aumentar la actividad quirúrgica en periodo matinal, el auto concierto, más conocido como peonadas, externalizar servicios a clínicas privadas, organizar mejor el sistema y llegar a un acuerdo con los sindicatos para establecer turnos de tarde en los quirófanos, fue la respuesta del consejero de Salud del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, para solucionar las listas de espera del Hospital de Barbastro.

Oliván aseguraba que la actividad quirúrgica programada para este verano aumentaba respecto al año anterior, pasando de 40 a 60 intervenciones al mes.

En relación al aumento de plantilla, el consejero declaraba que “era suficiente”, aunque reconocía que en comparación con otros hospitales había menos facultativos en algunas especialidades.

Sobre la situación de los pacientes aragoneses en Cataluña, explicaba que puntualmente pudiera haber alguna “desatención”, pero con el fondo de garantía, que se había creado el pasado mes de abril quedaba subsanado. Y referente a los aparcamientos, su respuesta fue que dentro de las limitaciones económicas intentarían solucionar.

Según Oliván el futuro de la sanidad pública pasaba por la integración de los servicios.

El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia hacía estas declaraciones tras la reunión que mantenía con el alcalde, Antonio Cosculluela y con la junta de portavoces del Ayuntamiento de Barbastro, Jesús Lobera, PSOE; Ángel Solana, PP; Javier Betorz del PAR; Francisco Viu, IU; y Valero Aguayos de CHA.

También participaban en la reunión el gerente del Salud del sector de Huesca y Barbastro, Miguel Ánguel Eguizabal; y el delegado del Gobierno de Aragón en Huesca, José Luis Moret.



Fuente: Radio Barbastro http://www.radiohuesca.com/noticia/469970/El-consejero-de-Sanidad-aporta-escasas-soluciones-al-Hospital-de-Barbastro

Manifestación: 23 de junio a las 19 horas en Zaragoza, en la Glorieta Sasera

Contra el rescate, en defensa de lo público, ni privatización ni mercantilización. derogación de los decretos antisociales.

Colectivos, movimientos y organizaciones zaragozanas se reúnen para preparar la movilización unitaria contra el rescate, la defensa de lo público , la derogación de los Decretos de educación, sanidad y reforma laboral y contra las privatizaciones y externalizaciones.

Como respuesta a una serie de medidas legislativas que tratan de eliminar los derechos fundamentales y todos los sistemas de protección social un grupo nutrido de organizaciones, movimientos, plataformas y colectivos hemos decidido coordinar nuestras reivindicaciones y, como primera medida, manifestarnos el próximo 23 de junio a las 19 horas en Zaragoza, en la Glorieta Sasera. Nuestro objetivo es derogar todas aquellas leyes y decretos que atenten contra el derecho básico de alcanzar una vida digna, desde el principio de la igualdad y la justicia.

Convocamos a la ciudadanía en este momento crítico en el que peligra el empleo, la educación y la sanidad. Mostramos nuestro rechazo ante la reciente intervención económica decretada por el Gobierno español.

Únete y participa en nuestra lucha.
Plataforma de trabajadorxs de las contratas del Ayuntamiento, Marea Verde Aragón-Asamblea de docentes por la educación pública, Asamblea Unizar, Asamblea Filosofía, Plataforma Contra la privatización de la sanidad de Aragón, Plataforma stop desahucios Zaragoza, Asambleas 15M, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Intersindical Aragón, CNT, CGT, SOA, ASSI, Avv Venecia- Montes de Torrero, AVV Torrero, Avv La Paz, Avv La Madalena Calle y Libertad, Avv Actur Puente Santiago, Avv “Los Caprichos” Parque Goya, Avv María Guerrero La Bozada, Avv Gaspar Torrente Santa Isabel, Avv Dos Ríos Movera, Avv Lanuza- Casco Viejo, Avv Las Fuentes, Red de Apoyo a sin papeles de Zaragoza, Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, CEPA, Consejo de la Juventud de Zaragoza, Asamblea de Trabajadorxs del Clínico, Ecologistas en Acción, UNIVERSIDAT - Estudiants independentistas y revolucionarios d'Aragón, PURNA, UJCE, Plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda, Marea Roja, Izquierda Anticapitalista

Los Recortes en la Sanidad y sus consecuencias

El Gobierno plantea excluir educación y sanidad de las competencias municipales

Quiere que se centren en el resto, como urbanismo o asistencia social.
Las duplicidades se podrán recurrir al Tribunal Constitucional.
Las diputaciones se encargarán de los pueblos de menos de 20.000 vecinos.

El Gobierno propone que los ayuntamientos dejen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y se centren en el resto de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia social primaria o el abastecimiento de agua. Además, quiere que cumplan unos estándares de calidad y que cuando no los alcancen, los de menos de 20.000 habitantes cedan la competencia a las diputaciones.

Así figura en la propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Es un documento en el que han trabajado durante semanas un grupo de expertos reunidos por el Instituto Nacional de Administración Pública, que ha pedido la colaboración de la FEMP y de otras instituciones territoriales. El documento es la base además de la negociación abierta con el PSOE para acordar un proyecto de reforma común que el Ejecutivo quiere enviar al Parlamento en julio.


En el texto se propone una lista de competencias de los municipios (artículo 25) de la que desaparecen la participación en la gestión de la atención primaria sanitaria y la cooperación en la programación educativa, en la construcción y sostenimiento de centros de enseñanza y en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
Por lo demás, se respetan las competencias que la norma ya preveía, en catorce apartados: urbanismo, medio ambiente urbano, el agua y las aguas residuales, infraestructuras viarias, bienestar y asistencia social primaria; protección civil, policía local e incendios; tráfico, estacionamiento y transporte de viajeros y mercancías; promoción turística; ferias, abastos, mercados y lonjas; protección de consumidores; cementerios y actividades funerarias; promoción del deporte y padrón municipal. "Para evitar duplicidades administrativas", se dice en la iniciativa, se establecerá por ley "con precisión" el servicio o la actividad que le corresponde al municipio, "con estricta separación de las competencias estatales y autonómicas".

Correspondiente financiación

Además, se propone reformar el artículo 27 para que los ayuntamientos puedan ejercer alguna competencia delegada por otra administración, bien sea el Estado, la comunidad autónoma u otra entidad local. Sin embargo, esa delegación "habrá de ir acompañada necesariamente de la correspondiente financiación".

Cualquier delegación de competencias habrá de ir acompañada de financiación. En la misma línea de ajustar los servicios que en lo sucesivo van a prestar los municipios, la propuesta del Gobierno incluye la supresión del artículo 28 de la Ley de Bases. En él, se contemplaba que los ayuntamientos pudieran realizar "actividades complementarias de las propias de otras administraciones" en materias como educación, cultural, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente. Por otro lado, el texto elaborado por el Gobierno propone, aunque no lo ha incluido en el articulado provisional, añadir al artículo 13 la prohibición de que el municipio resultante de una segregación no pueda ser inferior a 20.000 habitantes.

Con todas estas incorporaciones, la reforma de esta ley pretende dejar claras cuáles son las competencias de los ayuntamientos y diferenciarlas de los servicios que deben prestar el Estado y las comunidades autónomas, de modo que los municipios no sean los que asuman determinados servicios que en realidad corresponden a otras administraciones públicas, lo que se conoce como "competencias impropias", un problema del que los ayuntamientos vienen pidiendo una solución desde hace años.

Así pues, el texto deja claro que cualquier delegación de competencias entre administraciones "habrá de ir acompañada necesariamente de la correspondiente financiación". Aunque este punto ya se incluye en la ley todavía en vigor, la propuesta de reforma hace hincapié en que "será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la administración delegante para cada ejercicio económico".
Cumplimiento de la estabilidad presupuestaria

Todos los artículos que hacen mención a la financiación de las entidades locales dejan claro que las actividades económicas de las mismas deben cumplir lo dispuesto en la recientemente aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria para cumplir los objetivos de déficit y endeudamiento.

Es más, el Gobierno propone reformar el artículo 25 para permitir la interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional "por vulneración de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera" en caso de que se incumpla la "estricta separación de las competencias estatales y autonómicas", es decir, que se produzcan duplicidades en la prestación de servicios.

Establecerán estándares de calidad para todos o algunos de los servicios previstos. Otra de las principales novedades que establece el texto de reforma propuesto por el Gobierno es, a la hora de fijar los recursos financieros de los que dispondrán los ayuntamientos para prestar los servicios públicos, un nuevo punto en el artículo 26 que fija, mediante decreto, el establecimiento de "estándares de calidad para todos o algunos de los servicios previstos".

Este mismo artículo 26 encomienda a las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares a hacerse cargo de todos aquellos servicios cuya prestación por parte de municipios de menos de 20.000 habitantes "no sea eficiente", bien por la naturaleza del servicio, bien por la población del mismo o de su sostenibilidad financiera.

Serán los ayuntamientos y la diputación los que acuerden el traspaso de instalaciones y personal y la diputación se encargará de la forma de gestión, aunque el texto también prevé que, de no llegar a un acuerdo, será la comunidad autónoma pertinente la que decidirá. En las comunidades uniprovinciales, el Gobierno regional será el que asuma la gestión de estos servicios.

Por todo ello, el resto de artículos de la ley que mencionan las diputaciones dejan claro en todo momento que esta administración debe asegurar la prestación en el territorio de los servicios de competencia municipal y, en su caso, "mediante la prestación común y obligatoria en los términos establecidos" en el artículo 26.
Suprimir o privatizar servicios

La propuesta de reforma incluye dos nuevas disposiciones transitorias, en las que se establece que los ayuntamientos tendrán un año a contar desde la entrada en vigor de la ley para hacer una evaluación de sus servicios y ajustarlos a los principios de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades.

Si comprueban que no pueden asumir ciertos servicios, los ayuntamientos los podrán suprimir si éstos son facultativos y en caso de los obligatorios la corporación local podrá privatizarlos, siempre que no realice funciones públicas. Si la evaluación negativa afecta a servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes, su prestación se encomendará a las diputaciones.

Publicado el 12 de junio de 2012 en 20minutos.es http://www.20minutos.es/noticia/1507755/0/gobierno/educacion-sanidad/competencias-municipales/

Sanidad cancela el aborto libre y gratuito para extranjeras ‘sin papeles’

• Solo se financiarán las interrupciones por indicación médica

• La medida se inscribe en el recorte de atención sanitaria a los inmigrantes irregulares

Tampoco el aborto se libra del recorte en la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular en España. Cuando entren en vigor las limitaciones, el 1 de septiembre, las inmigrantes sin papeles perderán el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita en las primeras 14 semanas (tal como establece la Ley de Salud Sexual y Reproductiva). Desde entonces, esas mujeres solo podrán acceder sin coste a esa prestación —ahora en la cartera básica que debe ofrecer la sanidad pública— cuando se deba a motivos terapéuticos, asegura una portavoz del Ministerio de Sanidad.

Así, las extranjeras en situación irregular solo podrán abortar sin coste económico para ellas “por malformación del feto o peligro para la salud de la madre”, concreta la portavoz. Cree que también podría seguir siendo gratuito cuando el embarazo sea fruto de violación. Lo que sí está decidido es que quede fuera de la financiación pública para las mujeres en situación irregular el aborto gratuito debido, en exclusiva, a la voluntad de la madre.

“Será una marcha atrás enorme”, asegura Isabel Serrano, portavoz de la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que aglutina a 135 organizaciones contrarias a la reforma restrictiva del aborto que plantea el Gobierno. La exclusión de las mujeres sin papeles del acceso al aborto libre y gratuito en las primeras 14 semanas las dejará al albur de “la beneficencia” y en riesgo de caer “en circuitos no seguros”, añade. También puede retrasar la práctica de la intervención, más peligrosa cuanto más avanza la gestación. El precio de un aborto en el primer trimestre de embarazo —cuando se practica la gran mayoría— se sitúa entre los 300 y los 350 euros, concreta Serrano.

Esa posibilidad de interrumpir la gestación sin aducir motivos en las primeras 14 semanas es, precisamente, una de las grandes novedades de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010. La sanidad pública quedaba obligada a financiar esta práctica (también hasta las 22 semanas si hay malformación del feto o riesgo para la madre; por encima de ese plazo, solo se practica si el feto sufre enfermedad grave o incompatible con la vida). El derecho para las extranjeras en situación irregular era igual que para las españolas, ya que las primeras tenían derecho a la sanidad pública por el hecho de empadronarse.

"Es un paso atrás", dice la plataforma contra el cambio de la ley de interrupción del embarzo

La restricción se enmarca en la reducción del gasto sanitario, anunciada el pasado abril. Esa reforma se lleva por delante el derecho a la asistencia gratuita de cualquier extranjero por estar empadronado en España. A partir del 1 de septiembre, será preciso tener la situación en regla y los ciudadanos sin papeles solo podrán acceder a la sanidad pública en caso de urgencia o embarazo (y probablemente en el caso de algunas enfermedades graves como cáncer o sida, pero el desarrollo normativo de esto sigue pendiente). Los niños recibirán atención hasta los 18 años. “El aborto es una urgencia y, también, un embarazo”, plantea Serrano. Alerta de que la decisión afectará a las mujeres que están en peor situación socioeconómica.

Con la limitación del acceso a la sanidad pública por parte de las personas en situación irregular, el Ministerio de Sanidad espera ahorrar al menos 500 millones de euros, según la ministra del ramo, Ana Mato. En esa cantidad figurará cierto pellizco de las interrupciones de gestación a extranjeras: son cuatro de cada diez mujeres que acuden a abortar —113.031 en total en 2010—, si bien se ignora cuántas estaban en situación irregular.

En Sanidad aseguran que la medida se toma al margen de la reforma sobre la práctica del aborto que prepara el Ministerio de Justicia. El departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón es partidario de limitar el derecho a la interrupción del embarazo. Por su parte, la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, dejó la puerta abierta a que en un futuro inmediato solo se costearan los abortos por criterio médico, según dejó entrever a comienzos del pasado mayo. Así, quedarían fuera la inmensa mayoría de estas intervenciones, al margen de la situación legal o la nacionalidad de las mujeres. Pero Justicia no ha dicho la última palabra: confía en tener hilvanada la reforma como pronto en otoño.

Para la plataforma, formada por organizaciones de mujeres, del ámbito sanitario, sindicatos y clínicas de aborto, la decisión de Sanidad apunta sobre cuáles podrían ser las líneas de la reforma “restrictiva” que quiere hacer el Gobierno.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/06/actualidad/1339004866_690377.html

Publicado el 12 de junio de 2012 por El Pais.

Teruel. Concentración y presentación de la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón

Viernes 15 de Junio

11:15 Concentración-performance en defensa de la sanidad pública y para tod@s. Consultas externas Hospital O. Polanco

19:30 Performance. Ambulatorio del Centro.

20:00 Presentación de la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón. En salón de actos del edificio de sindicatos (Pza. Catedral).

 Organiza: Bloque Crítico (CGT, CNT, STEA-i, Ecologistas en Acción, Purna)

Los trabajadores advierten que el cierre del laboratorio del Grande Covián afectará a la calidad

Trabajadores y sindicatos critican que la clausura de este y su traslado al Servet no reducirá costes y revertirá en una pérdida de cercanía con el paciente.

La decisión del Gobierno de Aragón de trasladar el laboratorio del centro de especialidades Grande Covián al hospital Miguel Servet ha despertado las críticas de los trabajadores y sindicatos del Sector Sanitario 1 de Zaragoza. Este movimiento ha sido justificado desde la DGA con el fin de ahorrar costes y evitar duplicidades, siempre con la salvaguarda de que la calidad no se verá afectada.

Sin embargo, desde la Junta de Personal y entre los propios trabajadores se advierte que la descentralización de este servicio repercutirá negativamente en la atención al paciente. En este sentido, los trabajadores argumentan que el tiempo de respuesta del Grande Covián permite alertar de situaciones de riesgo inmediato del enfermo. "Cuando la analítica muestra que la vida del paciente está en riesgo se avisa al médico para que inicie su tratamiento inmediato", explicaron fuentes de la Junta. Sin embargo, los trabajadores avisan que esta capacidad de reacción se reduce drásticamente con el traslado del laboratorio.

Actualmente, en el centro de especialidades de la Margen Izquierda los resultados de las pruebas de bioquímica se obtienen en el día y las de microbiología – que requieren de la realización de cultivos – se obtienen a las 48 horas. Precisamente, ambas pruebas junto con hematología se van a realizar a partir del últiimo trimestre del 2012 en el laboratorio del Miguel Servet (bioquímica y hematología) y en el del hospital Royo Villanova (microbiología).

Con esta centralización, el laboratorio del Servet se hará cargo de 600 analíticas que diariamente se derivarán del Grande Covián, además de las 700 que ya se mandan desde el centro de especialidades Ramón y Cajal. En total, el hospital asumirá diariamente 1.300 pruebas más, sin contar las realizadas en el propio centro y las analíticas de urgencia.

Esta cuantía supone, según los trabajadores y sindicatos, un riesgo para la seguridad del proceso y así se lo han hecho saber al gerente del sector I y II del Salud, Mario González. "Se le ha advertido sobre una posible avería en la maquinaria del laboratorio que paralizaría toda la cadena sanitaria", indicaron.

Un radical cambio en la política sanitaria

Esta situación resulta curiosa, precisamente en un sector de la ciudad donde el anterior Gobierno de Aragón, hasta hace menos de un año, tenía la idea de unificar en un laboratorio las pruebas de todo el Sector Sanitario 1 de Zaragoza formado por 13 centros de salud, incluidos los de la Margen Izquierda. Con esta propuesta se perseguía potenciar la cercanía con el paciente que, según los sindicatos y trabajadores, ahora se va a perder. "Tienen la intención de que el Servet asuma el 70% del trabajo del sector 1 de Zaragoza. Es decir, todo lo contrario a lo que se planteó con la ley de 1986 para acercar la atención sanitaria al paciente", lamentaron.

En estos momentos, los usuarios de la Margen Izquierda acuden a su centro de salud para realizar las extracciones y estas muestras son analizadas en la misma mañana en el Grande Covián. "En el Servet los resultados no estarían hasta por la tarde y en ese momento ya no se puede avisar al médico del centro para una urgencia", precisaron.

En este sentido, la Junta de Personal alertó además de que los usuarios de esta zona de la ciudad se van a encontrar con una "pérdida de calidad en el servicio clarísima", cuando las consultas de las distintas especialidades estén dispersas en el hospital Provincial y el Royo Villanova. "En unos meses también van a trasladar traumatología al Royo y la falta de un centro de referencia es un síndrome de pérdida de calidad", entendieron.

Estas decisiones han dado un rocambolesco cambio a la política sanitaria del sector 1 de Zaragoza, ya que, como los colectivos vecinales indican, el Gobierno de Aragón tenía prevista la construcción de otro centro de especialidades en el Actur. De hecho, el solar para el centro médico, situado entre las avenidas de María Zambrano y Gómez de Avellaneda, sigue luciendo el cartel "terreno para la construcción de nuevo centro de especialidades".

Dudas sobre el servicio

El traslado del laboratorio también ha alertado a los sindicatos a la hora de de exigir que el servicio cumpla con todos los requisitos necesarios. La primera duda que asalta a los trabajadores es si el laboratorio del Servet tendrá la capacidad de garantizar el tiempo máximo permitido para el traslado de las muestras. Actualmente, las extracciones deben tardar menos de dos horas desde que salen del centro de salud hasta que llegan al centro de especialidades. "En el Grande Covián llegamos justos porque las muestras empiezan a llegar a las 9.45 y tienen que estar antes de las tres de la tarde. No sé si en el Servet van a poder garantizar esos tiempos", dudaron.

Las críticas a este traslado también llegaron desde el propio hospital Miguel Servet donde señalaron que este laboratorio, cuando lleguen las derivaciones, puede no cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales. Esta advertencia la realizaron al comprobar que es muy probable que en el laboratorio no se cumplan los espacios mínimos requeridos para el desempeño del trabajo, que son de 10 metros cúbicos libres por trabajador. Además, también indicaron que, en estos momentos, el personal está trabajando con temperaturas que están por encima de lo permitido. 

Publicado en 10 de junio 2012 en Heraldo.es http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2012/06/09/los_trabajadores_advierten_que_cierre_del_laborato

El consejero R.Oliván, una vez más, tira balones fuera

 Con relación a las declaraciones, del pasado 5 de junio, del Sr. Olivan para “hacer viable el sistema que esta fuera de control”, desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad, creemos necesario hacer algunas precisiones:

• El Sr. Oliván debería saber que el principal problema de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) es su baja financiación, de hecho estamos a la cola de Europa en inversión sanitaria.

• El Sr.Oliván debería saber que el número de trabajadores en el campo de la Sanidad Pública está muy por debajo de lo que nos correspondería según criterios europeos.

• También debería saber que la financiación de la Atención Primaria, la joya de nuestro SNS, es menos del 50% de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

• Y sobre todo debería saber que con los recortes que nos propone, nuestra Sanidad Pública se va a empobrecer, va a empeorar su calidad y nos vamos a alejar de Europa en inversión sanitaria. Por cierto, ¿cuantas vueltas de tuerca nos van a aplicar para tapar el agujero de Bankia?

No obstante podríamos estar de acuerdo con el Sr. Oliván en que el sistema debería ser mejorado en su estructura y gestión, aunque nos tememos que en los caminos de solución no vamos a coincidir. Mucho se podría hablar de esto, pero puesto que tenemos que ser breves, solo diremos que las ineficiencias del sistema se han producido a la sombra de gestores que realmente no creían en la Sanidad Pública. Como es bien conocido, un sistema nunca funcionará bien si sus gestores no creen en él. ¿Cree el Sr. Olivan en la Sanidad Publica? A la vista de sus medidas y las de sus compañeros de partido en otras Comunidades, tenemos fundadas razones para sospechar que no.
  
De sus declaraciones podemos deducir que es su deseo poner el sistema bajo control: ¿bajo control de quien?, porque mucho nos tememos que quiera seguir los pasos de su “parentela” de Madrid y Valencia y ponernos bajo “el control” de grandes grupos privados, con los resultados ya conocidos de incremento del gasto y deterioro de la calidad asistencial.

   Finalmente quisiéremos recordarle algunos aspectos de nuestra realidad que sí están fuera de control y que parecen no preocuparles: nuestro Sistema Fiscal, cada vez más injusto y desestructurado; las altas cotas de economía opaca; los escandalosos niveles de fraude y elusión fiscal entre los ricos y muy ricos. Esto es tanto más preocupante en cuanto que si esto se redujese a la mitad, no serían necesarios ningún tipo de recortes, ni en sanidad ni en ningún otro tipo de Servicio Público.

   Estas precisiones hacen referencia a cuestiones fundamentales a las que Uds. nunca se refieren. Se limitan a declaraciones dudosas y ambiguas que añaden más confusión, tratando de que los ciudadanos miremos hacia otro lado.

Creación de una Red Europea por el Derecho a la Salud y contra la mercantilización de la sanidad

Los pasados 12 y 13 de mayo  tuvo lugar en Nanterre (París) la Conferencia Europea en Defensa de los Sistemas Públicos de Salud,  en la que se decidió crear una Red Europea por el Derecho a la Salud y contra la mercantilización de la Sanidad. La conferencia reunió a sindicatos y asociaciones anti privatización de 10 países europeos (Alemania, Bélgica, Estado español, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Polonia y Eslovaquia).

Las organizaciones asistentes denunciaron que de forma simultánea en toda Europa, independientemente del partido que gobierne, desde hace años se esta llevando a cabo un proceso de desmantelamiento y privatización de los sistemas de protección social, que en estos momentos, con el pretexto de la crisis, se está acelerando. Al mismo tiempo, se introducen tasas y otras penalizaciones a los enfermos, se cierran centros públicos, se excluye de la asistencia integral a los inmigrantes, se traspasan a empresas privadas las actividades y procesos rentables, mientras se desprestigia a los empleados públicos y se deterioran sus condiciones de trabajo, con el consiguiente deterioro de la asistencia sanitaria.

En varios países se están desarrollando movilizaciones que involucran a usuarios y profesionales, así como a diferentes movimientos sociales y sindicatos alternativos.

En la declaración final, consensuada por todas las organizaciones, se hace un llamamiento a la coordinación europea para poner en marcha movilizaciones que puedan contrarrestar esta evolución. Un primer paso es la presentación pública, en los distintos países participantes, de la Declacración final de la conferencia internacional de Nanterre (documento adjunto), en los distintos países participante y la organización, en cada país, de una semana de acción europea por el derecho a la salud de los pueblos y en contra el desmantelamiento de los servicios públicos de salud y la mercantilización de la salud, del 1 al 7 de octubre de 2012.

Los asistentes a la Conferencia, conscientes de que la lucha en favor de un sistema de salud público y de protección social universal concierne a toda la sociedad, hacemos un llamamiento a la necesaria coordinación entre población general, profesionales de la salud, grupos anti privatización y de defensa de la salud pública.

Leer Declaración completa

Oliván justifica la retirada de tarjetas sanitarias a los inmigrantes por la normativa de la UE

La DGA ha retirado 15.000 tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros en situación irregular.

El consejero de Salud del gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha justificado la retirada de 15.000 tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros en situación irregular en la exigencia de trasponer una directiva europea que así lo marca.

El consejero ha dicho que en España se están dando tarjetas sanitarias a los inmigrantes "por el simple hecho de estar empadronados", pero después éstos pueden desplazarse por todos los países de la Unión Europea y ser atendido en países en los que los inmigrantes irregulares no tienen derecho a la asistencia.

Atención a embarazadas y menores
En cualquier caso, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada de IU Patricia Luquín en el pleno de las Cortes, no se les deja sin asistencia sanitaria, sino que se les presta la básica, es decir, la urgente hasta que reciben el alta, la atención del embarazo, parto y posparto, y atención integral a los menores de 18 años.

Esta decisión, censurada ya por muchas organizaciones según Luquín, estigmatiza a los extranjeros y rompe el principio de universalidad, y equipara injustamente a los inmigrantes con los europeos que viajan a España dentro del llamado "turismo sanitario".

Publicado en Heraldo.es el 8 de junio de 2012

Jornadas 15M San José: la Sanidad no se vende, se defiende

Charla informativa

Los Recortes en Sanidad y sus consecuencias 

a cargo de la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad

Monzón, Huesca
Auditorio Labordeta, Junto a la Escuela de Música
Viernes, 8 de Junio, 19.30h
Convoca: Asamblea Obrera y Popular de Monzón

No esperes a perderlo todo.

 
Echemos atrás las reformas.

 
Luchando, si sé puede

Sanidad ordena que se cobren los servicios de forma inmediata a los pacientes sin tarjeta SIP

La Agencia Valenciana de Salud remite nuevas instrucciones a los departamentos sanitarios para recordar los trámites a seguir y cobrar la asistencia a cualquier usuario que no pueda acreditar su condición de asegurado.

La sanidad pública es universal pero no gratuita para todos. Y menos con los tiempos que corren. La Conselleria de Sanidad está dispuesta a cobrar la atención sanitaria a todo aquel ciudadano que no pueda acreditar estar en posesión de la tarjeta sanitaria SIP o de cualquier otro documento autonómico o europeo o formulario vigente que le haga valedor de este servicio.Y para ello, la Agencia Valenciana de la Salud ha remitido a los 18 departamentos de salud de la Comunidad Valenciana-hay otros cinco en régimen de concesión administrativa- nuevas instrucciones sobre el "Servicio cargos a terceros" para presionar a los empleados y reclamar el pago de la asistencia a pacientes privados, ya sean inmigrantes o nacionales.La conselleria ha ordenado que la nota, emitida bajo el epígrafe: "Facturación-Importante", se exponga a la vista de los usuarios junto la tabla de tarifas que se envió a los hospitales y centros a primeros de año.Los gestores sanitarios han exigido que todas las actividades sanitarias queden registradas en el programa informático Abucasis y que al paciente que acuda con su SIP, se le solicite que acredite documentalmente su identidad y su derecho a acceder a la asistencia sanitaria por la red públicadel SNS.El usuario que no aporte esta documentación será clasificado como "privado" dentro del grupo de los de: "Sin cobertura y privados", para reclamarle el coste de la asistencia sanitaria que reciba.El beneficiario tendrá que firmar el parte de asistencia que expide autmáticamente el programa Abucasis y enviarlo al Servicio de cargos a terceros del hospital donde haya sido atendido para que se le facture.Circunstancias que excluyenLa circular interna enfatiza que al enfermo que acceda como "usuario privado" se le debe entregar y exigir el pago inmediato del servicio ya que, la conselleria advierte que, al carecer de documento de identidad, "el cobro posterior puede resultar infructuoso".La circular con las instrucciones se ha remitido a los trabajadores responsables de la acreditación de la tarjeta SIP (Sistema de Información Poblacional) y al departamento de facturación.La conselleria precisa que quedarán excluidos del pago los que estén acreditados en el sistema SIP como"expediente en estudio" o "derivado a trabajador social".La norma afecta sobre todo a los inmigrantes sin papeles y a cualquier persona que se haya quedado fuera del sistema, al no poder actualizar su tarjeta SIP.En la nota informativa dirigida a los usuarios, que se colgará en los hospitales y centros de salud, se especifica cuales son los documentos que permiten acceder a las prestaciones públicas sanitarias de forma gratuita.Además de la tarjeta SIP, son la tarjeta sanitaria individual de otra autonomía, el documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria expedido por el INSS, los documentos de Muface, Mugeju o Isfas, la tarjeta sanitaria europea o el certificado provisional sustitutorio (para paises de la UE o del Espacio Económico Europeo) vigentes, los formularios actualizados E106/E120 o S1 cuñados por el INSS, el formulario vigente de derecho de la asistencia sanitaria derivada del convenio bilateral suscrito con España y cualquier otro documento como el E112/S2 o el 123/DA1 vigentes.Por otra parte, la Conselleria de Sanidad declaró ayer que la Comunidad Valenciana es la que mejor identifica y factura a los pacientes privados y que la circular que se acaba de remitir ahora es una "instrucción de carácter rutinario" y un "mero recordatorio" de órdenes que ya estaban vigentes. Las mismas fuentes observaron que las tarifas son las que están vigentes en la facturación intercerntros.

Publicado por el Diario La Información.
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/06/01/sanidad-ordena-cobren-servicios-forma-inmediata-pacientes-tarjeta-sip/1259922.html

Grecia: Los médicos anuncian su decisión de ignorar las directrices del Ministerio de Sanidad y de continuar tratando a inmigrantes sin papeles

 

Antes de las elecciones del 6 de mayo, el ministro de Sanidad (del partido socialista PASOK), Loverdos, anunció que los inmigrantes sin papeles iban a dejar de recibir tratamiento médico en los hospitales públicos de Grecia. En respuesta, los médicos de hospital emitieron, a través de su sindicato, el siguiente comunicado.

Médicos: “Trataremos a los inmigrantes sin papeles. No a las concesiones de Loverdos a los nazis de Jrisí Avgí (Amanecer Dorado)”

La decisión del por ahora ministro de Sanidad, Andreas Loverdos, de prohibir el tratamiento de aquellos que están de forma ilegal en el país, con la excepción de las emergencias, ha causado una gran conmoción en la comunidad médica.

Los doctores de hospital decidieron ignorar la orden de Loverdos, acusándolo de tratar de ganarse el apoyo de los nazis de Amanecer Dorado con estas medidas.

Tras la decisión de su sindicato (OENGE), los doctores continuarán tratando a los inmigrantes sin papeles como de costumbre. En un comunicado el sindicato médicos afirmaba: “los doctores de hospital declaran desde este momento al  obstinado ministro de Sanidad, que no renunciarán a su profesión médica para convertirse en guardias, que no tendrán en cuenta el color de piel, el género o el origen y los documentos legales de ninguna persona que requiera tratamiento médico”.

El dirigente del OENGE, Dimitris Varnavas, aclara con una breves palabras: “Si el señor Loverdos quiere satisfacer sus obsesiones políticas o ganarse a los seguidores de Amanecer Dorado, puede hacerlo de cualquier otra forma, pero en ningún caso a costa de la responsabilidad profesional y la dignidad de los médicos.

Anunciamos, por tanto, que ignoraremos completamente las recientes enmiendas pre-electorales aprobadas por el señor Loverdos y que continuaremos practicando nuestra profesión como dicta nuestro juramento y nuestra conducta médica”.

http://blog.occupiedlondon.org/2012/05/17/hospital-doctors-announce-decision-to-ignore-the-ministry-of-health-directive-and-to-continue-treating-undocumented-migrants/

La Asociación de Vecinos La Jota organizo por noveno año consecutivo el Día del Barrio, una tradicional fiesta que ha tenido lugar durante el sábado y domingo doce y trece de mayo. 

Estas jornadas lúdico reivindicativas tuvieron como punto de referencia de la plaza de La Albada y en ellas participaron diferentes colectivos y entidades vecinales que, con puntos de información, trasladaron a los vecinos las inquietudes del distrito. 

Desde la Plataforma queremos agradecer  a la Asociación de Vecinos la Jota y a tod@s sus vecin@s a invitarnos a participar en este acto.

Acción ante el Hospital Miguel Servet en Zaragoza Contra la Reforma Sanitaria

En el marco de las acciones del 12M15M la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad en Aragón junto con  otras organizaciones congrego la mañana del 8 mayo a varias decenas de personas frente al Hospital Miguel Servet de Zaragoza con el objetivo de mostrar su rechazo a las políticas sanitarias que está desarrollando el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Mediante una perfomance  se ha representado metafóricamente el asesinato que el Estado va a cometer contra los miles de ciudadanos que quedarán excluidos del sistema sanitario y el posterior suicidio del Ministerio de Sanidad.

La acción ha denunciado el Real Decreto 16/2012 con el cual “se elimina el derecho universal a la salud”. El manifiesto, encabezado por el lema “la reforma sanitaria convierte la salud en un lujo para unos pocos”, ha hecho especial hincapié en los colectivos que van a ser más perjudicados: los inmigrantes, los mayores de 26 años que no hayan cotizado y quienes sufran una minusvalía menor del 65% y no cobren ninguna prestación. Gracias a esta reforma, miles de personas, que viven y pagan impuestos en España (como el IVA, combustibles, alcohol, tabaco), solo podrán recibir atención sanitaria en el servicio de urgencias.

Hasta el momento, el sistema de sanidad español era uno de los más eficientes del mundo sirviendo incluso como ejemplo a otros países, ya que prestaba una cobertura al 98% de la población y gastaba un 20% menos que los del entorno europeo.

LA REFORMA SANITARIA CONVIERTE LA SALUD EN UN LUJO PARA UNOS POCOS

El pasado martes 24 de abril, el gobierno del PP aprobó el Real Decreto 16/2012 mediante el cual se destruye el Sistema Nacional de Salud. Que lejos de ser insostenible como pretenden, hasta hace unas semanas era uno de los más eficientes del mundo y daba cobertura al 98% de la población gastando un 20% menos que los países de nuestro entorno europeo.

Con este decreto se elimina el derecho universal a la salud, que garantizaba en todo el territorio del estado una cobertura sanitaria igual para todos y todas, imponiéndonos un modelo que ofrecerá asistencia sanitaria únicamente a quien pueda acreditar la condición de asegurado. De momento los excluidos de esta condición son los inmigrantes en “situación administrativa irregular”, los mayores de 26 años que no hayan tenido acceso a un primer empleo y las personas que teniendo una minusvalía menor del 65% no estén cobrando ninguna prestación. Para estos grupos de personas, cuyo número se cuenta en millones, la única posibilidad de atención sanitaria será en las urgencias hospitalarias.

Esta exclusión no sólo es injusta porque ningún ser humano puede ser privado de una atención médica adecuada sino porque estas personas pagan impuestos, como el IVA, o aquellos ligados al alcohol, el tabaco o los combustibles, con los que se financia el SNS.

Para los que sí tengan cobertura sanitaria, esta reforma también  introduce una clasificación de las prestaciones que son una serie de obstáculos para acceder a los servicios médicos que precisan. Se crean tres carteras dentro del Sistema Nacional de Salud.

La primera de las carteras es la básica, a la que en principio se tiene acceso sin necesidad de copago y de la cual se han excluido prestaciones vitales para miles de enfermos crónicos y los grupos más vulnerables como ancianos.


Para acceder a las prestaciones incluidas en la cartera suplementaria como por ejemplo medicamentos, transporte sanitario no urgente, prestación ortoprotésica (marcapasos, prótesis de rodillas...) y prestación por productos dietéticos se impone un copago, incluidos los pensionistas que deberán pagar mínimo el 10% del precio final, y el resto de los “asegurados” aportarán entre un 40% y 50%, llegando en muchos casos a pagar el precio total de producto.

En la cartera de servicios accesorios se encuentran todas aquellas técnicas que consideren no esenciales o de apoyo para enfermos crónicos y que a partir de ahora será necesario que el enfermo pague total o parcialmente. Si es que puede.

Las consecuencias de todas estas políticas neoliberales van a ser catastróficas: Ya han anunciado un recorte en sanidad del 21,5% del PIB hasta el 2015(según el plan de estabilidad 2012-2015), lo que supondrá el cierre y/o privatización de grandes hospitales públicos, cierre de miles de camas, congelación de plantillas y miles de despidos, aumento de las listas de espera, masificación de urgencias, aumento de derivaciones a la privada y centros públicos deteriorados. Millones de personas excluidas totalmente del derecho a la salud y otros otros miles enfermando hasta la muerte por no poder costearsela.

Desde la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad en Aragón queremos manifestar nuestro máximo rechazo a todas las políticas sanitarias que esta llevando a cabo el gobierno. Denunciamos el cariz racista, xenófobo e inhumano que tiene esta nueva medida que reduce a las personas a nivel de mercancía.

No a la  Ley 15/97
Ni recortes Ni copago Ni privatización