El pasado 15 de mayo, el Salud
adjudico a la UTE formada por las constructoras OHL e Iridium
(propiedad de Juan de Juan Miguel Villar y Florentino Pérez,
respectivamente) la construcción y gestión del Hospital de Alcañiz:
el primer hospital privatizado de Aragón. En estos momentos las
contratas que no resultaron adjudicatarias disponen de un plazo de 15
días para presentar un recurso antes de la formalización del
contrato. Al no disponer de tiempo para cursar el expediente el
Gobierno de Aragón ha paralizado el proceso en vistas de que el
próximo ejecutivo podría negarse a tramitarlo.
Desde la plataforma contra la
privatización de la sanidad en Aragón, exigimos al nuevo ejecutivo,
que cumpla sus promesas electorales que tanta veces ha repetido a
cerca de paralizar la privatización del Hospital de Alcañiz. Que se
niegue a cumplir, entre otras normas, la ley 15/97 que es la que abre
la puerta de la sanidad a las empresas privadas.
Nosotros y nosotras no olvidamos
quiénes han sido los protagonistas y los cómplices de las políticas
privatizadoras. También sabemos que denunciar la privatización de
la sanidad llevada a cabo por el PP es una cosa, y estar en contra la
privatización es otra. Si lo que nos decían y prometían es verdad,
el nuevo ejecutivo está obligado a luchar contra todas las formas de
privatización, paralizándola y recuperando los centros ya
privatizados.
No debemos olvidar que si el nuevo
ejecutivo aragonés no paraliza la privatización del hospital de
Alcañiz, entre todas pagaremos a la privada 393 millones de euros en
20 años por medio de la fórmula de concesión de obra pública
(PFI). Con este sistema el Gobierno de Aragón cede la construcción
y la gestión del Hospital a la UTE, le pondrá los clientes
(nosotros) y además le pagará un canon anual. Con el riesgo añadido
de que si en unos años la UTE considera que no gana lo suficiente la
DGA le aumentará el canon a nuestra costa.
Las empresas adjudicatarias del nuevo
Hospital de Alcañiz serán OHL e Iridium, ambas presididas por dos
personajes cuyas trayectorias ilustran a la perfección la dinámica
de las “puertas giratorias” y las mafiosas redes, entre estado y
poderes económicos.
OHL, es propiedad del Grupo Villar
Mir, el cual está presidido por Juan Villar Mir, el que fuera
vicepresidente de asuntos económicos y ministro de hacienda durante
el gobierno franquista de Arias Navarro y ahora marqués, por gracia
de su buen amigo el rey Juan Carlos I. El imperio de este magnate, es
uno de los mayores holdings del estado español. Es dueño de
Fertiberia, Ferroaltántica, InmobiliariaEspacio, Colonial, y su niña
bonita, OHL, a través de cual también controla un 19% de Abertis.
El currículum de denuncias por
incumplimiento en los contratos y de escándalos por corrupción que
arrastra la multinacional OHL, se extiende por diferentes puntos del
mundo: Chantajes al Gobierno de Estambul, para conseguir aumentos en
el precio de adjudicación, amenazando con la paralización de las
obras del “megaproyecto Marmaray”, el túnel submarino más
profundo del mundo que une Europa con Asia y que ha sido ampliamente
criticado por la destrucción de restos arqueológicos y por el gran
riesgo de terremotos que supone en la zona; Disputas abiertas con las
autoridades de las dictaduras petroleras de Arabia Saudí y Qatar por
el incumplimiento en los contratos del “AVE de los peregrinos” y
la construcción del Hospital de Doha, respectivamente, llegando
incluso a ser rescindido el mantenido con Qatar; Supuestos sobornos a
funcionarios públicos y miembros del gobierno mejicano para aumentar
los beneficios de la obra de la autopista conocida como el “Viaducto
Elevado Bicentenario” y, por los cuales, la empresa está siendo
objeto de investigación por el estado de dicho país.
En el Estado español la empresa
constructora OHL también está implicada en el caso de los “papeles
de Bárcenas” así como por el presunto amaño en la adjudicación
de las obras del Hospital Balear de Son Espases por el cual, el
presidente de la misma, está actualmente imputado.
La otra empresa adjudicataria es
Iridium, filial del grupo ACS. El presidente de ACS es el
multimillonario Florentino Pérez. Aquel que levantara la economía
del Club deportivo que actualmente preside a golpe de pelotazo
urbanístico, también inició su carrera en la política: Primero,
como concejal del Ayuntamiento de Madrid y como director general de
Infraestructuras de Trasportes del Ministerio con UCD y,
posteriormente, con el PRD, con el que llegó incluso a presentarse
como candidato a las elecciones generales.
Los tentáculos del grupo ACS están
presentes en diferentes sectores económicos a través de numerosas
empresas participadas como: Hochtief, Leighton, Turner, Flatiron,
Urbaser, Cobra, Iberdrola o CLECE. Recordemos que CLECE es a quien
también se le ha cedido la privatización de la residencia de
Movera.
Los chanchullos del grupo ACS, a lo
largo y ancho del país, le siguen permitiendo acumular beneficios a
costa de todos: Medio millar de seísmos en las costas de Castellón
con el “proyecto Castor”, por el que además se le regaló más
de 1.600 millones de euros; La venta de su participación, controlada
por su filial Iriduim, del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda (uno
de los primeros en aplicar la fórmula PFI) al fondo de inversión
holandés DIF; Tras ser beneficiario de la privatización de la
limpieza de 6 hospitales de Madrid, anuncia despidos de hasta el 45%
de la plantilla; Denuncias de 700 trabajadores de Ayuda a Domicilio
en Granada por faltas de pago de las nóminas; Denuncias de más de
100 trabajadores en Zaragoza, del Servicio Municipal de Ayuda a
Domicilio, por los mismos motivos y por el despido de 5 compañeros;
Huelga indefinida de 158 trabajadores del aeropuerto de Barajas por
incumplimiento en los contratos y reducciones salariales. La lista de
abusos del grupo ACS hacia sus trabajadores es interminable.
El grupo Villar Mir y el grupo ACS, no
son un caso excepcional. La lógica del beneficio inherente al
capitalismo permite que empresas como estas sigan amasando fortunas a
golpe de especulación, expolio, destrucción y explotación.
Desde la plataforma contra la
privatización de la sanidad en Aragón queremos recordar una vez más
las negativas consecuencias que tiene la privatización de la
sanidad y en concreto la cesión a empresas privadas de los servicios
no sanitarios y la gestión de hospitales públicos, como es el caso
del Hospital de Alcañiz.
Deterioro de la salud: La
privatización de los servicios de limpieza en Gran Bretaña, supuso
la reducción del 50% de l@s limpiador@s
y coincidió con el incremento de la tasa de infecciones por MRSA
(infección bacteriana provocada por la bacteria Staphylococcus
aureus), hasta llegar a ser la más alta de la UE.
Ser atendido en un hospital privado,
con ánimo de lucro, aumenta las probabilidades de muerte respecto a
ser atendido en un hospital público en: Un 2% en adultos, Un 8 % en
pacientes crónicos, Un 9,5 % en recién nacidos.
Tienen más riesgos para la salud de
los pacientes ya que su objetivo prioritario es repartir beneficios
entre los accionistas y, para conseguirlos, reducen las plantillas y
precarizan las condiciones laborales. El modelo PFI que se va a
implantar en Alcañiz, fue importado de Reino Unido, donde ha
demostrado sus graves consecuencias. En el año 2009, se descubrió
que entre 400 y 1200 pacientes habrían muerto en el Hospital de
Stanffordshire (PFI) por anteponer la atención económica a los
intereses sanitarios.
Desde la Plataforma contra la
privatización de la Sanidad nos oponemos a la privatización del
Hospital de Alcañiz, y exigimos la derogación de la ley 15/97, que
es la ley que permite que las empresas privadas puedan gestionar la
sanidad pública. Mientras exista una ley que le de soporte y
partidos políticos que no las deroguen el proceso de privatización
seguirá siendo legal.
Privatizar Mata. Fuera las empresas
de la sanidad.
Derogación de la ley 15/97 y del
Real decreto 16/2012.
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