viernes, 28 de septiembre de 2012
miércoles, 26 de septiembre de 2012
EL MOMENTO ES AHORA
Si eres consciente de que cada día nuestra situación se agrava. Si además entiendes que no existe ninguna crisis económica sino una monumental estafa en favor de la banca. Si ya has comprobado que la sanidad pública está siendo desmantelada para beneficiar a las empresas privadas. Si se debe exigir responsabilidades, entonces deberás recordar la permisividad cínica del PSOE como grupo gobernante para facilitar la política fascista del PP.
Una siniestra secuencia de decretos desde noviembre de 2011 vienen destruyendo nuestra sanidad publica, eficaz y de alta rentabilidad social. Quienes la amenazan y tratan de liquidarla sólo tienen el objetivo de sustituirla por una sanidad privada, que excluirá a gran parte de la población.
Si has caído en la cuenta que nos han impuesto las reformas sanitarias, educativa y laboral no deberías tener miedo en reconocer que se ha producido un golpe de Estado contra nuestros derechos.
Si quieres que este sistema depredador sea eliminado y podamos vivir con dignidad no nos queda otra solución que participar en las luchas sociales, organizándonos y apoyando cualquier iniciativa que defienda nuestros derechos.
El miércoles, 26 de Septiembre se llevará a cabo una jornada de lucha, coincidiendo y en solidaridad con la Huelga General en Euskal Herria, contra la reforma laboral, los recortes y el pacto social. Muestra tu apoyo y acude a la manifestación. Glorieta Sasera, 19.30.
Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón
plataformasanidadaragon@gmail.com
jueves, 6 de septiembre de 2012
El Gobierno estudia nuevos recortes en Sanidad
Ana Mato va a convocar a grupos de expertos para revisar la cartera de servicios básica e imponer el pago en prestaciones hasta ahora gratuitas
El gobierno de Rajoy estudia nuevos recortes en el Sistema Nacional de Salud. Según ha sabido la Cadena SER, el Ministerio de Sanidad va a crear grupos de expertos que van a analizar la posibilidad de excluir de la cartera de servicios básica algunas prestaciones para que dejen de ser gratuitas y se les imponga copago.
Sanidad va a convocar este mes de septiembre cinco grupos de expertos para revisar la cartera de servicios y estudiar posibles recortes en prestaciones como la selección genética, la rehabilitación funcional, pruebas para detectar o prevenir enfermedades, tratamientos de fertilidad e implantes oftalmológicos.
Algunas comunidades han expresado a la SER su preocupación ante la posibilidad de que esta revisión pueda afectar a pruebas tan sensibles como las mamografías o las de diagnóstico prenatal o neonatal. El objetivo, según el documento al que ha tenido acceso esta redacción, es determinar si algunas de estas prestaciones deben pasar a la cartera accesoria al consMostrar todoiderarse no esenciales.
En esta nueva cartera accesoria están incluidas las prestaciones sometidas al copago. El documento cita también como motivo de la exclusión el hecho de que alguno de estos servicios se haya quedado obsoleto y la necesidad de modificar sus condiciones de uso o protocolizar actuaciones. Los cinco grupos de expertos estarán constituidos por profesionales designados por las Comunidades y el Ministerio y participarán además sociedades científicas y agencias de evaluación.
Enlace Relacionado
Sanidad Digital
En España, casi la mitad de la población mayor de 16 años padece alguna enfermedad crónica. Según el Instituto Nacional de Estadística, 982.000 españoles necesitan condiciones especiales para trabajar por una dolencia permanente. Los pacientes crónicos o dependientes suponen ya el 70 por ciento del gasto sanitario, el 80 por ciento de las consultas de la Atención Primaria y el 60 por ciento de las hospitalizaciones.
Antes estas cifras, el Ministerio de Sanidad dirigido por Ana Mato, ha anunciado que instará a las comunidades autónomas a que reformen en profundidad sus modelos sanitarios. El hospital de Barbastro del Gobierno de Aragón ya ha movido ficha en relación a este colectivo que a nivel nacional aglutina 20 millones de pacientes, y ha recurrido a Incita, una empresa española que ofrece un servicio de tele-monitorización y tele-asistencia desde la 'nube' llamado 'Sanidad Digital', capaz de reducir la factura sanitaria pública hasta en un 20 por ciento.
Además de Aragón, el hospital Clínic de Barcelona (donde más enfermos crónicos hay de España) ya lo está utilizando. Según Incita, además de reducir costes, la plataforma 'Sanidad Digital' mejora la prestación en enfermos crónicos, dependientes y procesos de rehabilitación.
"Nuestra tecnología permite atender a este tipo de pacientes crónicos mediante un sistema de tele-asistencia desde casa, sin que tenga que intervenir el médico", ha asegurado a El Confidencial Gorka Jiménez, presidente de Incita.
"Todas las comunidades autónomas tienen un centro especializado en red. Muchas lo tienen mediante el teléfono 112. Nosotros damos valor a los costes de estos centros para que sirvan también de atención y monitorización de los pacientes", ha añadido Jiménez. "Un día de estancia hospitalaria cuesta 585 euros por paciente. Un día en la UCI 1.315 euros. Una consulta de asistencia especializada en Urgencias, cuesta 265 euros. El transporte sanitario hasta 100 kms ida y vuelta cuesta 412 euros. Con 'Sanidad Digital' cada usuario cuesta 600 euros al año", ha concluido Jiménez.
"La solución 'Sanidad Digital' de Incita podría reducir en 2.000 millones de euros la factura sanitaria pública", estimó Gorka Jiménez. La herramienta se está implantando en otros países como Colombia y en poco tiempo se prevé que lo haga también en México. Incita trabaja también con la implantación del modelo en el sistema financiero, industrial y de gobierno en 12 países, muchos de ellos de Latinoamérica.
Fuente: El confidencial. 4 de septiembre de 2012. http://www.elconfidencial.com
La sanidad se planta ante el salud
El Gobierno aragonés se enfrenta a su primera convocatoria de huelga en un otoño que se avecina y se anuncia complicado. Dos de los puntales de la sanidad pública, médicos y enfermeros, han puesto fecha (24 de septiembre) a sus reivindicaciones. Si el consejero Ricardo Oliván no modifica la imposición de los recortes que los afectados califican de casi monográficos "contra el salario y los derechos", los paros se prevén para dos semanas, sin descartar que sean indefinidos. Un órdago muy grave que sale de unos sindicatos que tradicionalmente no se han enfrentado a gobiernos conservadores. Ante la convocatoria, el Salud se escuda en las exigencias de Madrid sobre las medidas que debe adoptar y, frente a la alarma social que susciten los paros, culpa a los sindicatos. Quedan días para la negociación. A ver que sale.
Fuente: El Periódico de Aragón, 4 de septiembre. http://www.elperiodicodearagon.com
lunes, 3 de septiembre de 2012
Los servicios sanitarios optan entre cobrar a crónicos y el seguro privado
Los servicios sanitarios optan entre cobrar a crónicos y el seguro privado
Cada comunidad busca un modelo para cumplir el decreto de recortes
Si las comunidades que han decidido seguir prestando atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles lo tienen más o menos complicado, la situación de las otras tampoco es fácil. Para cumplir al pie de la letra las instrucciones del Gobierno, deberían dejar fuera del sistema incluso a los crónicos; para hacer caso a lo último que dijo la ministra de Sanidad, Ana Mato, a estos habría que atenderlos, pero cobrándoselo. No se sabe si el servicio será previo pago o a posteriori. Queda pendiente que se apruebe la posibilidad de que suscriban un tipo de aseguramiento privado, que de momento está en fase de alegaciones.
Así se enfrentan a esta confusión algunas de las comunidades:
» Madrid. La comunidad anunció que mantendrá la “asistencia sanitaria en situaciones especiales” a las personas en situación irregular. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aclaró que uno de estos grupos son los crónicos. A los que ya están en tratamiento, se les seguirá dando; al resto, se les cobrará. También se incluye el supuesto de “salud pública”, es decir, que se atenderá en aquellos casos en que el inmigrante padezca una enfermedad contagiosa si dura menos de un año. Al resto (VIH) se le cobrará.
» Navarra. La comunidad usará una “fórmula viable y novedosa”: los inmigrantes sin papeles recibirán ayudas públicas para que cubran el coste de la asistencia si acreditan que no pueden pagarla.
» Comunidad Valenciana. Sanidad discriminará entre los inmigrantes que puedan pagar los 710 euros anuales del seguro anunciado por Mato —que todavía no se puede contratar— y los demás. Estos últimos serán atendidos en el centro de salud y se cobrará “según se estipule en el convenio” al que se llegue con una ONG o entidad de servicios sociales. El consejero, Luis Rosado, aseguró que “hay fórmulas” para saber si disponen de recursos y que, en este caso, pagarán.
» Extremadura. Obedecerán estrictamente las indicaciones de Sanidad. “Ya cuesta bastante la sanidad como para abrir los hospitales a todos”, declaró el presidente extremeño, José Antonio Monago. Sobre la objeción de los médicos, el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Albino Navarro, se limitó a decir ayer que a los profesionales “no se les ha dicho en ningún momento” que a las personas que estén “en situación irregular se les niegue la asistencia”.
» La Rioja. El consejero de Salud de La Rioja, José Ignacio Nieto, ha informado este jueves de que la comunidad atenderá a los extranjeros que carezcan de tarjeta sanitaria, pero se le cobrará “porque no tienen derecho ni están amparados con ninguna fórmula”. No ha dicho cómo se hará o qué pasará si el atendido es insolvente.
» Murcia. Los 2.390 inmigrantes sin papeles que padecen enfermedades crónicas y están siendo tratados en estos momentos seguirán recibiéndolo. Otros 400 crónicos con historia clínica pero que no han sido tratados en el último año quedan fuera “porque suponemos que ya no están en la región y han vuelto a sus países”, ha dicho la consejería. Si se detectan nuevos crónicos, se les incluirá en el sistema y tendrán médico, historial clínico y recetas financiadas, como el resto de los usuarios.
» Castilla-La Mancha. La comunidad presidida por María Dolores de Cospedal asegura que atenderá en atención primaria “a quien lo necesite”. Reclamarán al país de origen y, si no lo abonan, irá a “impagados”. Se calcula que hay entre 4.500 y 5.000 extranjeros sin derecho a tarjeta.
» Castilla y León. Pretende “suavizar” las instrucciones del Gobierno, ofreciendo asistencia primaria “completa” pero con algunas “excepciones”: sí se atenderá a personas con patologías infecciosas y transmisibles serias (VIH, tuberculosis) y enfermedades graves como insuficiencia renal o respiratoria. En cambio, no se cubrirá la prescripción farmacológica. Calculan que perderán la tarjeta entre 4.500 y 5.000 inmigrantes irregulares.
Cada comunidad busca un modelo para cumplir el decreto de recortes
Si las comunidades que han decidido seguir prestando atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles lo tienen más o menos complicado, la situación de las otras tampoco es fácil. Para cumplir al pie de la letra las instrucciones del Gobierno, deberían dejar fuera del sistema incluso a los crónicos; para hacer caso a lo último que dijo la ministra de Sanidad, Ana Mato, a estos habría que atenderlos, pero cobrándoselo. No se sabe si el servicio será previo pago o a posteriori. Queda pendiente que se apruebe la posibilidad de que suscriban un tipo de aseguramiento privado, que de momento está en fase de alegaciones.Así se enfrentan a esta confusión algunas de las comunidades:
» Madrid. La comunidad anunció que mantendrá la “asistencia sanitaria en situaciones especiales” a las personas en situación irregular. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aclaró que uno de estos grupos son los crónicos. A los que ya están en tratamiento, se les seguirá dando; al resto, se les cobrará. También se incluye el supuesto de “salud pública”, es decir, que se atenderá en aquellos casos en que el inmigrante padezca una enfermedad contagiosa si dura menos de un año. Al resto (VIH) se le cobrará.
» Navarra. La comunidad usará una “fórmula viable y novedosa”: los inmigrantes sin papeles recibirán ayudas públicas para que cubran el coste de la asistencia si acreditan que no pueden pagarla.
» Comunidad Valenciana. Sanidad discriminará entre los inmigrantes que puedan pagar los 710 euros anuales del seguro anunciado por Mato —que todavía no se puede contratar— y los demás. Estos últimos serán atendidos en el centro de salud y se cobrará “según se estipule en el convenio” al que se llegue con una ONG o entidad de servicios sociales. El consejero, Luis Rosado, aseguró que “hay fórmulas” para saber si disponen de recursos y que, en este caso, pagarán.
» Extremadura. Obedecerán estrictamente las indicaciones de Sanidad. “Ya cuesta bastante la sanidad como para abrir los hospitales a todos”, declaró el presidente extremeño, José Antonio Monago. Sobre la objeción de los médicos, el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Albino Navarro, se limitó a decir ayer que a los profesionales “no se les ha dicho en ningún momento” que a las personas que estén “en situación irregular se les niegue la asistencia”.
» La Rioja. El consejero de Salud de La Rioja, José Ignacio Nieto, ha informado este jueves de que la comunidad atenderá a los extranjeros que carezcan de tarjeta sanitaria, pero se le cobrará “porque no tienen derecho ni están amparados con ninguna fórmula”. No ha dicho cómo se hará o qué pasará si el atendido es insolvente.
» Murcia. Los 2.390 inmigrantes sin papeles que padecen enfermedades crónicas y están siendo tratados en estos momentos seguirán recibiéndolo. Otros 400 crónicos con historia clínica pero que no han sido tratados en el último año quedan fuera “porque suponemos que ya no están en la región y han vuelto a sus países”, ha dicho la consejería. Si se detectan nuevos crónicos, se les incluirá en el sistema y tendrán médico, historial clínico y recetas financiadas, como el resto de los usuarios.
» Castilla-La Mancha. La comunidad presidida por María Dolores de Cospedal asegura que atenderá en atención primaria “a quien lo necesite”. Reclamarán al país de origen y, si no lo abonan, irá a “impagados”. Se calcula que hay entre 4.500 y 5.000 extranjeros sin derecho a tarjeta.
» Castilla y León. Pretende “suavizar” las instrucciones del Gobierno, ofreciendo asistencia primaria “completa” pero con algunas “excepciones”: sí se atenderá a personas con patologías infecciosas y transmisibles serias (VIH, tuberculosis) y enfermedades graves como insuficiencia renal o respiratoria. En cambio, no se cubrirá la prescripción farmacológica. Calculan que perderán la tarjeta entre 4.500 y 5.000 inmigrantes irregulares.
Fuente: 30 de agosto de 2012, El País. http://sociedad.elpais.com
sábado, 25 de agosto de 2012
Grecia: Los hospitales, sin especialidades básicas
¿Infarto? ¡Permanezca al teléfono!
Venga a cortar, venga a cortar, al final no quedaba nada en los hospitales públicos, según parece. El intento del ministro de Sanidad de contener el gasto del SNS, cortando en las guardias ha dejado al descubierto a muchas secciones, pero también a muchas especialidades. Los médicos hablan de que se arriesga la vida de los pacientes.
¿Qué se puede hacer cuando se sufre un ataque al corazón y el hospital al que se le traslada a toda prisa tiene cardiólogo, pero se ve obligado a hacer la guardia desde su casa debido a la falta de fondos? No se sabe qué puede hacer el infartado.
Sin embargo, en el Ministerio de Sanidad parece que pensaron que algo iba a pasar ...en el camino. ¿Cómo si no se puede justificar que algunos hospitales hayan empezado ya a no disponer ni siquiera de las especialidades básicas por los recortes. Además, Andras Licurentsos ha sido claro: se cobrarán las especialidades legales, pero también las indispensables.
Por eso en determinados hospitales del país los cardiólogos de guardia no son suficientes para todo el mes, y así sucesivamente pediatras, ortopedas, neumólogos. Y no sólo es el hospital de Esparta, que fue el primero que presentó dificultades para cubrir las guardias.
En la mayoría de los hospitales del país los fondos no son suficientes para cubrir las necesidades de todo el mes, lo que conlleva que médicos especialistas cubran guardias de todas las especialidades quirúrgicas, como en el caso del hospital de Comotiní.
Por eso los médicos de hospital (OENGE) señalan además que la orden de Andreas Licurentsos a los administradores de los hospitales de recortar las guardias es criminal. "Ya muchos directores han empezado a recortar las guardias con ganas y disposición de poner en práctica la orden de Licurentsos, ajenos al curso indudable al que llevan las cosas; es decir, el riesgo de que unos hombres pierdan la vida a causa de una guardia irresoluta del hospital que gestionan", subrayan los médicos de hospital.
¿Y cómo no hacerlo cuando ven que los hospitales ya ni siquiera pueden cubrir ni las necesidades básicas.
¿Qué hace el ministro competente, de Sanidad, Andreas Licurentsos? De momento opta por observar las órdenes de la troica al pie de la letra, claramente sin importarle el futuro de los pacientes griegos. Además, está también el sector privado, al que pueden dirigirse con dinero de sus propios bolsillos ...
Traducido para CAS por Juan Merino
Venga a cortar, venga a cortar, al final no quedaba nada en los hospitales públicos, según parece. El intento del ministro de Sanidad de contener el gasto del SNS, cortando en las guardias ha dejado al descubierto a muchas secciones, pero también a muchas especialidades. Los médicos hablan de que se arriesga la vida de los pacientes.
¿Qué se puede hacer cuando se sufre un ataque al corazón y el hospital al que se le traslada a toda prisa tiene cardiólogo, pero se ve obligado a hacer la guardia desde su casa debido a la falta de fondos? No se sabe qué puede hacer el infartado.
Sin embargo, en el Ministerio de Sanidad parece que pensaron que algo iba a pasar ...en el camino. ¿Cómo si no se puede justificar que algunos hospitales hayan empezado ya a no disponer ni siquiera de las especialidades básicas por los recortes. Además, Andras Licurentsos ha sido claro: se cobrarán las especialidades legales, pero también las indispensables.
Por eso en determinados hospitales del país los cardiólogos de guardia no son suficientes para todo el mes, y así sucesivamente pediatras, ortopedas, neumólogos. Y no sólo es el hospital de Esparta, que fue el primero que presentó dificultades para cubrir las guardias.
En la mayoría de los hospitales del país los fondos no son suficientes para cubrir las necesidades de todo el mes, lo que conlleva que médicos especialistas cubran guardias de todas las especialidades quirúrgicas, como en el caso del hospital de Comotiní.
Por eso los médicos de hospital (OENGE) señalan además que la orden de Andreas Licurentsos a los administradores de los hospitales de recortar las guardias es criminal. "Ya muchos directores han empezado a recortar las guardias con ganas y disposición de poner en práctica la orden de Licurentsos, ajenos al curso indudable al que llevan las cosas; es decir, el riesgo de que unos hombres pierdan la vida a causa de una guardia irresoluta del hospital que gestionan", subrayan los médicos de hospital.
¿Y cómo no hacerlo cuando ven que los hospitales ya ni siquiera pueden cubrir ni las necesidades básicas.
¿Qué hace el ministro competente, de Sanidad, Andreas Licurentsos? De momento opta por observar las órdenes de la troica al pie de la letra, claramente sin importarle el futuro de los pacientes griegos. Además, está también el sector privado, al que pueden dirigirse con dinero de sus propios bolsillos ...
Traducido para CAS por Juan Merino
Fuente: www.iatropedia.gr
El Salud no renueva tarjetas a 'sin papeles' desde mayo
Trece personas inmigrantes en situación de irregularidad no han podido renovar su tarjeta sanitaria en Aragón desde mayo de este año, según la organización Médicos del Mundo. De estas trece personas, dos de ellas eran mujeres embarazas y tres menores de edad, quienes sí contarían con este tipo de atención debido a la situación en la que se encuentran.El personal administrativo que atendió a los sin papeles no quiso renovarles el carné a pesar de que el Real Decreto del Gobierno no entra en vigor hasta el 1 de septiembre. Este documento regula el hecho de que estas personas solo puedan ser atendidas en el servicio de urgencias y no en consulta ordinaria.
El mes de mayo fue el inicio de esta tendencia y según Marcos Díez Cordel, portavoz de la organización Médicos del Mundo y profesional de medicina interna en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, "en verano se ha seguido negando la renovación de este servicio".
Por su parte, Javier Perfecto, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc) afirmó que "se están produciendo irregularidades importantes en la atención al paciente".
SIN DERECHOS Perfecto también sacó a la luz un caso que pudo ver en el centro de salud Arrabal, donde este trabaja. Un inmigrante de más de 65 años y con una enfermedad crónica no fue atendido a pesar de seguir las indicaciones de los medios de comunicaciónU. "El paciente acudió al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para que le dieran de alta en un seguro privado y le remitieron al centro de salud. El responsable de dirección concluyó que esa persona no tenía derecho a que se le hicieran recetas".
Además, haciendo referencia a la propuesta del gobierno de habilitar salas para atender a los pacientes sin papeles fuera del horario laboral de los profesionales, desde Samfyc mostraron su rechazo hacia la medida y recordaron que otras medidas como el cobro de una tasa a este sector sería "pagar dos veces por lo mismo". Ambos colectivos incidieron ayer en que los ciudadanos no pagan la sanidad pública a través de la Seguridad Social, "como quiere hacer ver el Gobierno", sino que se financia con los presupuestos generales y con impuestos indirectos como el del alcohol y el tabaco. "Los inmigrantes también están pagando estos impuestos".
OENEGÉS Díez Cordel recordó que la firma de convenios con oenegés que propuso el Gobierno como solución a este problema no entra en sus planes. "Nuestra atención en voluntariosa pero no llega a ser de buena calidad, es un mero trámite hasta que consiguen sus papeles. No tenemos capacidad para hacerles pruebas o financiar medicamentos". Según Médicos del Mundo esta atención no sustituye al sistema público. "No vamos a suplantar al Estado un deber que es suyo".
Fuente: El Periódico de Aragón. 25 de agosto de 2012. www.elperiodicodearagon.com
Uno de cada cuatro aragoneses ya tiene un seguro médico privado
Es la cuarta comunidad con mayor número de pólizas por habitante. En la pública, ya hay 1.400 personas esperando una operación desde hace más de seis meses.
Cada vez más aragoneses cuentan con un seguro privado de asistencia sanitaria. Pese a la crisis, el 28% de la población de la comunidad (más de 370.000 personas) ha suscrito una de estas pólizas, lo que algunos expertos relacionan con la pérdida de calidad en el servicio que ofrece la sanidad pública.
En comparación con el resto del país, Aragón es la cuarta región con mayor número de seguros por habitante, solo superada por la Comunidad de Madrid (36%), Cataluña (33%) y el País Vasco (29%), según un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa a las principales aseguradoras nacionales.
Los centros privados controlan 1.036 de las 5.460 camas disponibles en Aragón, una cifra que supone el 19% de la oferta total autonómica. Según el Catálogo Nacional de Hospitales de 2011, Aragón cuenta con nueve centros privados y 20 sostenidos con fondos públicos
En él se comprueba que son los problemas ginecológicos y dermatológicos, así como las afecciones oftalmológicas, las principales causas por las que los asegurados acuden a la atención sanitaria privada. Un servicio que le cuesta al paciente una cuota media de 56 euros al mes.
Además, el estudio subraya que la sanidad privada “descongestiona” la sanidad pública y destaca que las comunidades con mayor penetración de las mutuas, como Madrid y Cataluña, son las que cuentan con un menor presupuesto sanitario. No así en el caso de Aragón, donde uno de cada cuatro personas cuenta con seguro privado pese a ser uno de los territorios con mayor partida económica para la sanidad pública.
“El uso de la sanidad privada contribuye a garantizar la accesibilidad de la población al sistema sanitario público porque con la suscripción del seguro privado se descarga financieramente a la sanidad pública”, en palabras de Luis Mayero, vicepresidente del IDIS.
Crecen las listas de espera
Sin embargo, el coste mensual de un seguro privado sigue representando un lujo para la mayoría de los aragoneses, que son atendidos en la sanidad pública. Un sistema sanitario que sigue engordando sus listas de espera para pasar por el quirófano.
Este verano, el número de personas pendientes de una operación desde hace más de seis meses ronda ya los 1.400 en la comunidad. Las áreas más saturadas en julio siguen siendo traumatología (725 pacientes), cirugía vascular (248) y cirugía general (166), especialidades que presentan una demora media de 100 días para realizar la intervención.
Una situación que podría empeorar con la reducción del número de 'peonadas' (horas extras por la tarde) o de contrataciones.
Cada vez más aragoneses cuentan con un seguro privado de asistencia sanitaria. Pese a la crisis, el 28% de la población de la comunidad (más de 370.000 personas) ha suscrito una de estas pólizas, lo que algunos expertos relacionan con la pérdida de calidad en el servicio que ofrece la sanidad pública.
En comparación con el resto del país, Aragón es la cuarta región con mayor número de seguros por habitante, solo superada por la Comunidad de Madrid (36%), Cataluña (33%) y el País Vasco (29%), según un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa a las principales aseguradoras nacionales.
Los centros privados controlan 1.036 de las 5.460 camas disponibles en Aragón, una cifra que supone el 19% de la oferta total autonómica. Según el Catálogo Nacional de Hospitales de 2011, Aragón cuenta con nueve centros privados y 20 sostenidos con fondos públicos
En él se comprueba que son los problemas ginecológicos y dermatológicos, así como las afecciones oftalmológicas, las principales causas por las que los asegurados acuden a la atención sanitaria privada. Un servicio que le cuesta al paciente una cuota media de 56 euros al mes.
Además, el estudio subraya que la sanidad privada “descongestiona” la sanidad pública y destaca que las comunidades con mayor penetración de las mutuas, como Madrid y Cataluña, son las que cuentan con un menor presupuesto sanitario. No así en el caso de Aragón, donde uno de cada cuatro personas cuenta con seguro privado pese a ser uno de los territorios con mayor partida económica para la sanidad pública.
“El uso de la sanidad privada contribuye a garantizar la accesibilidad de la población al sistema sanitario público porque con la suscripción del seguro privado se descarga financieramente a la sanidad pública”, en palabras de Luis Mayero, vicepresidente del IDIS.
Crecen las listas de espera
Sin embargo, el coste mensual de un seguro privado sigue representando un lujo para la mayoría de los aragoneses, que son atendidos en la sanidad pública. Un sistema sanitario que sigue engordando sus listas de espera para pasar por el quirófano.
Este verano, el número de personas pendientes de una operación desde hace más de seis meses ronda ya los 1.400 en la comunidad. Las áreas más saturadas en julio siguen siendo traumatología (725 pacientes), cirugía vascular (248) y cirugía general (166), especialidades que presentan una demora media de 100 días para realizar la intervención.
Una situación que podría empeorar con la reducción del número de 'peonadas' (horas extras por la tarde) o de contrataciones.
Fuente: El Heralod de Aragón. 21 de agosto. www.heraldo.es
lunes, 13 de agosto de 2012
La lista de espera para ser operado en Aragón se cuadriplica en tan sólo un año
La lista de espera para ser operado en Aragón se cuadruplica en tan solo un año
-En junio, casi 1.300 personas acumulaban más de seis meses aguardando, cuando en el 2011 eran 300.
-En junio, casi 1.300 personas acumulaban más de seis meses aguardando, cuando en el 2011 eran 300.
En apenas un año, la lista de espera de personas que acumulan más de seis meses aguardando para ser intervenidos quirúrgicamente se ha cuadruplicado. En junio -el último mes de que dispone datos el Salud hasta el momento- se saldó con casi 1.300 pacientes a la espera de una operación cuando doce meses antes apenas eran 303. Así, en solo un año se ha producido un incremento del 400%.
Todo apunta, además, a que el verano incrementará esa cifra -durante este tiempo se rebaja notablemente el número de operaciones por la mayor ausencia de profesional y el deseo de los pacientes de esperar a septiembre para ser intervenidos-. Así fue en el 2011, cuando las personas que acumulaban más de medio año de espera subieron en julio hasta rozar los 500, una cifra que se duplicó en agosto, cuando la lista de espera de larga duración ya alcanzó los 1.138 pacientes.
PREOCUPACIÓN
Además, desde los sindicatos y las organizaciones de pacientes ya han mostrado su preocupación por las consecuencias que el fin de las peonadas -horas extraodinarias por la tarde-, la ausencia de contrataciones y la posible reducción de personal puedan tener sobre estas listas de espera. "En septiembre va a ser mucho peor porque si se ha puesto fin a las peonadas, se pretende suprimir personal contratado eventualmente para acumulación de tareas y no se contrata, a ver cómo lo hacen para aliviar estos números", indicaron desde una organización sindical, que mostró su temor a que "se dejen de hacer operaciones o se mande antes a la gente a casa".
La operación de varices lidera la mayor diferencia entre la espera que había que asumir hace un año y la que un paciente está obligado a aceptar en esta ocasión. Si en junio del año pasado la demora media estaba fijada en apenas 17 días, en el mismo año del 2012 esa cifra ha aumentado hasta alcanzar los 197 días, es decir, seis meses y medio. También las cataratas han experimentado un notable incremento en la espera media, al pasar en un año de 12 a 176 días. La intervención de astroscopia pasa de requerir aguardar 10 días de media a 71 mientras que la implantación de una prótesis de rodilla obliga ahora a esperar 128 días cuando hace un año no pasaban de 10.
OBJETIVO FALLIDO
Así, el Departamento de Sanidad continúa sin conseguir cumplir su objetivo de reducción de esta demora. De hecho, la Administración presentó a finales del año pasado un plan de choque que perseguía la disminución de las esperas de larga duración que solo funcionó hasta la primavera. Desde entonces, la nómina de afectados sigue creciendo hasta regresar a los niveles previos a la puesta en marcha de un plan basado en acuerdos con hospitales privados. "No hay dinero para derivar y, sin externalizar y con menos profesional, ¿cómo se va a aliviar la lista de espera?", cuestionaron desde un sindicato.
Ese plan se centraba, según aseguraron desde el Salud, en procedimientos con periodos de garantía, principalmente, de traumatología y oftalmología. "El objetivo es financiar todas las intervenciones que se puedan pagar de forma responsable", apuntó a final de año la Administración sanitaria, que también anunció un nuevo contrato marco para establecer los conciertos con entidades privadas y se reflejaría en los presupuestos la totalidad de la cantidad concertada.
Pero el propio consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, ha admitido en numerosas ocasiones que, a pesar de que el propósito del departamento incluía la propia actuación en jornada ordinaria de los cirujanos y su actuación por la tarde a través de autoconciertos y la externalización a clínicas privadas, los dos últimos aspectos se encuentran ahora limitados por el presupuesto y únicamente queda margen para contratar en horario vespertino.
Todo apunta, además, a que el verano incrementará esa cifra -durante este tiempo se rebaja notablemente el número de operaciones por la mayor ausencia de profesional y el deseo de los pacientes de esperar a septiembre para ser intervenidos-. Así fue en el 2011, cuando las personas que acumulaban más de medio año de espera subieron en julio hasta rozar los 500, una cifra que se duplicó en agosto, cuando la lista de espera de larga duración ya alcanzó los 1.138 pacientes.
PREOCUPACIÓN
Además, desde los sindicatos y las organizaciones de pacientes ya han mostrado su preocupación por las consecuencias que el fin de las peonadas -horas extraodinarias por la tarde-, la ausencia de contrataciones y la posible reducción de personal puedan tener sobre estas listas de espera. "En septiembre va a ser mucho peor porque si se ha puesto fin a las peonadas, se pretende suprimir personal contratado eventualmente para acumulación de tareas y no se contrata, a ver cómo lo hacen para aliviar estos números", indicaron desde una organización sindical, que mostró su temor a que "se dejen de hacer operaciones o se mande antes a la gente a casa".
La operación de varices lidera la mayor diferencia entre la espera que había que asumir hace un año y la que un paciente está obligado a aceptar en esta ocasión. Si en junio del año pasado la demora media estaba fijada en apenas 17 días, en el mismo año del 2012 esa cifra ha aumentado hasta alcanzar los 197 días, es decir, seis meses y medio. También las cataratas han experimentado un notable incremento en la espera media, al pasar en un año de 12 a 176 días. La intervención de astroscopia pasa de requerir aguardar 10 días de media a 71 mientras que la implantación de una prótesis de rodilla obliga ahora a esperar 128 días cuando hace un año no pasaban de 10.
OBJETIVO FALLIDO
Así, el Departamento de Sanidad continúa sin conseguir cumplir su objetivo de reducción de esta demora. De hecho, la Administración presentó a finales del año pasado un plan de choque que perseguía la disminución de las esperas de larga duración que solo funcionó hasta la primavera. Desde entonces, la nómina de afectados sigue creciendo hasta regresar a los niveles previos a la puesta en marcha de un plan basado en acuerdos con hospitales privados. "No hay dinero para derivar y, sin externalizar y con menos profesional, ¿cómo se va a aliviar la lista de espera?", cuestionaron desde un sindicato.
Ese plan se centraba, según aseguraron desde el Salud, en procedimientos con periodos de garantía, principalmente, de traumatología y oftalmología. "El objetivo es financiar todas las intervenciones que se puedan pagar de forma responsable", apuntó a final de año la Administración sanitaria, que también anunció un nuevo contrato marco para establecer los conciertos con entidades privadas y se reflejaría en los presupuestos la totalidad de la cantidad concertada.
Pero el propio consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, ha admitido en numerosas ocasiones que, a pesar de que el propósito del departamento incluía la propia actuación en jornada ordinaria de los cirujanos y su actuación por la tarde a través de autoconciertos y la externalización a clínicas privadas, los dos últimos aspectos se encuentran ahora limitados por el presupuesto y únicamente queda margen para contratar en horario vespertino.
Fuente: Franja Digital. Lunes 13 de agosto de 2012.www.franjadigital.com
Centenares de médicos aragoneses podrían perder su plaza
Un decreto-ley obligará a estos profesionales a elegir entre seguir ejerciendo la medicina renunciando a su oposición o pasar a realizar labores de administración para conservarla.Prensa
Alrededor de medio millar de médicos de Aragón se verán obligados a elegir entre renunciar a su condición de funcionarios para seguir ejerciendo la Medicina o pasar a realizar labores administrativas si quieren mantener su actual estatus. Una disposición incluida en el Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud aprobado hace unos meses por el Partido Popular provocará que este grupo de médicos locales o rurales dejen de ser funcionarios estatales para convertirse en profesionales estatutarios. Además, aquellos que decidan no renunciar a su oposición pasarán a realizar tareas administrativas que nada tendrán que ver con el ejercicio de la Medicina.
La disposición, cuyo texto completo todavía debe ser desarrollado, afectará a varios miles de profesionales en todo el país y ya ha generado una enorme incertidumbre entre afectados y sindicatos, que se han levantado contra una medida que califican de “usurpación de derechos”. Según el Sindicato de Médicos de Aragón, esta nueva normativa afectará a entre 300 y 400 titulares -también conocidos como médicos de APD- y a alrededor de un centenar de profesionales de cupo y zona. Sin embargo, desde CSI-F Aragón elevan el número de afectados a alrededor de un millar, ya que la disposición también incluye a “enfermeras, auxiliares de enfermería o técnicos”.
“Muchos de los afectados se encuentran en la recta final de sus carreras profesionales, pero también hay enfermeras y auxiliares que han aprobado hace poco las oposiciones y ahora podrían perder un derecho que obtuvieron lícitamente”, aseguran desde el sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, cuyos representantes se preguntan si “rellenar papeles” es la función más apropiada para un médico: “No tiene mucho sentido formar a una persona durante 12 años para ponerle frente a un ordenador a realizar labores que no se corresponden con la sanidad. Lo único que han encontrado es la mejor forma de derrochar el conocimiento de estos médicos y enfermeras”.
La medida, teóricamente justificada por la necesidad de ahorro para las arcas públicas, no encuentra los mismos argumentos entre los afectados. “Es claramente inconstitucional y no beneficia a nadie. Si solo el 20% de los médicos titulares de Aragón solicitaran conservar su condición de funcionarios, tendrían que contratar a 140 médicos nuevos y buscar 140 plazas para ellos en la administración”, sentencia Santiago Moreno, del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza.
Una reorganización compleja
Una opinión que comparten los sindicatos del sector, a los que tampoco les cuadran los números. “Si todos los afectados deciden no renunciar a su oposición, no habría suficientes puestos para reubicarlos, por lo que habría que despedir al personal que ahora ocupa esos puestos y contratar a más médicos, ya que las plazas que dejan vacantes no son prescindibles”, opinan desde CSI-F Aragón sobre esta medida, que en principio iba a entrar en vigor este 31 de diciembre y finalmente se ha retrasado un año.
“Supongo que la mayoría acabará integrándose en la administración, pero la DGA no sabe qué plazas nos tiene que ofertar, cuánto tenemos que cobrar y, lo que es mas importante, cuál sería nuestra función”, explica Moreno, profundamente decepcionado: “Muchos de estos profesionales han llevado la Medicina durante muchos años a las zonas más recónditas de Aragón y España, y ahora ven 'recompensado' su trabajo con este decreto”.
“Todavía no están claras las consecuencias de este decreto-ley, ya que no se han matizado, pero en cualquiera de los dos casos parece que van a tener peores condiciones laborales y económicas”, indican desde el Sindicato de Médicos de Aragón. Si se convierten a personal estatutario, podrían perder algunos derechos de los que adquirieron con su oposición, como sus actuales horarios o los planes de pensiones y jubilaciones. Si, por el contrario, deciden pasar a la administración, dejarían de percibir algunos complementos salariales como las guardias o la nocturnidad.
Fuente: Kaos en la Red. 8 de agosto de 2012. www.kaosenlared.net
Sanidad sigue sin cubrir el déficit de camas en Psiquiatría
La reorganización que el Salud pretende acometer en el área de Psiquiatría del sector I se ha quedado, de momento, a medias. El hospital Provincial ya aglutina los dos servicios de trastornos de conducta que daban asistencia en el área al mantener el de trastornos de personalidad y acoger también el de conducta alimentaria, que hasta ahora se encontraba en el Royo Villanova, que acogerá de forma inminente cautro camas para agudos, que ya han desaparecido del Provincial.Esa reestructuración deja, de momento, a Zaragoza con un déficit de diez camas para enfermos agudos de Psiquiatría, a expensas de la creación de un hospital de día de Psiquiatría en el Miguel Servet.
Sin embargo, esta unidad sigue sin llegar, a pesar de que el propio consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, aseguró, a mediados de junio, que estaría lista "en unos días" a falta de culminar trabajos destinados a reforzar la seguridad de los pacientes.
Casi dos meses después, el déficit continúa, aunque desde el departamento se subraya que "no hay presión asistencial ni lista de espera, por lo que no se produce una falta de camas en la actualidad". Asimismo, la Administración emplaza a "septiembre" la creación de la unidad del Servet que debe cubrir el déficit y que, según apuntó el propio Oliván, dispondrá de 30 camas para agudos, lo que aumentaría en diez unidades la oferta actual. "La remodelación requiere una coordinación a nivel asistencial y entre los propios facultativos y se está trabajando en ello para que la apertura se produzca cuanto antes", exponen desde el Ejecutivo.
OBRAS Del mismo modo, desde Sanidad se siguió apelando a las obras que faltan por realizar argumentando que "se están realizando en verano para causar menos molestias, pero está todo controlado".
La reestructuración provocó quejas entre los colectivos afectados por la supresión de camas en el hospital Provincial que, según la Administración, responde a una cuestión de "gestión y organización de servicio" y justificó el cambio de camas "para que los pacientes de un mismo equipo estén juntos para tratarlos en mejores condiciones".
De hecho, la Sociedad Aragonesa y Riojana de Psiquiatría remitió una carta al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, para comunicarle su "claro desacuerdo" y "rechazo" al "cierre" de la unidad de hospitalización psiquiátrica del Provincial.
En este sentido, el Departamento de Sanidad llegó a asegurar que el cambio respondió a la demanda de los propios jefes de servicio, lo que fue rechazado por el jefe de Psiquiatría del Provincial. Actualmente, Aragón dispone de 115 camas públicas de hospitalización psiquiátrica de agudos, cuya ocupación suele rondar el 100%.
Fuente: El Periódico de Aragón. 10 de agosto de 2011. www.elperiodicodearagon.com
jueves, 9 de agosto de 2012
Sanidad deja en el aire la terapia de sin papeles con enfermedades crónicas
El ministerio sugiere que tendrán que ser atendidos en urgencias. Médicos y enfermos renales o de VIH desconocen cómo proseguir el tratamiento.
La decisión de dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular a partir del 1 de septiembre tiene a muchos en vilo. Entre quienes sufren la incertidumbre con más zozobra, a tres semanas de que acabe el plazo, están los sin papeles con enfermedades crónicas. Personas que necesitan diálisis varias veces por semana o una medicación contra el cáncer o el VIH que deben tomar diariamente o en ciclos, y que carecen de información sobre cómo continuar sus tratamientos a partir del día 1. Los facultativos, los centros de salud y las asociaciones tampoco tienen respuestas para ellos.
La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) de Madrid recibió la semana pasada la consulta de un ciudadano guineano cuyo permiso de residencia caduca este mes y teme quedarse sin diálisis. Además, puede perder su sitio en la lista de espera para un trasplante. El portavoz de la asociación admite que, tras escucharle, no pudieron darle una solución. Simplemente, no saben qué va a pasar. En la misma duda vive Carmen Avellano, de 56 años. Esta chilena se somete a diálisis en su casa. “¿Tendré que devolver la máquina? Si no me hago la diálisis enfermaré aún más y me moriré”, declara. En la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) todavía no han tenido ningún caso, pero una portavoz no duda de que los habrá.
Sanidad deja en el aire la terapia de sin papeles con enfermedades crónicas
El ministerio sugiere que tendrán que ser atendidos en urgencias. Médicos y enfermos renales o de VIH desconocen cómo proseguir el tratamiento.
A ellos se suman casos de personas con VIH como el de Manuel (nombre supuesto), un inmigrante venezolano al que la comunidad de Madrid le retiró ya la tarjeta y se quedó sin medicación. Posteriormente se la prorrogó hasta el 31 de agosto, y ha podido volver a recibirla. “En el hospital me han dicho que es la última vez que me la dan”, relata.
Ante estos casos, el Ministerio de Sanidad mantiene un discurso monolítico. “Ningún paciente que lo necesite va a quedarse sin atención”, afirma una portavoz del departamento que dirige Ana Mato. Además, añade, “el criterio médico sobre las situaciones de urgencia es el que determina la atención. Es importante recordar que no corresponde al médico que atiende a un paciente verificar su situación legal, sino determinar la atención que debe recibir”.
El problema es que en urgencias no saben cómo abordar el asunto. “No ha habido ninguna instrucción sobre qué hacer”, dice el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), Tomás Toranzo. “Las urgencias están para lo que están, y en esos casos solo podemos pasarle la patata caliente a otros servicios”, afirma. El único caso en que podrían intervenir, afirma Toranzo, sería el de “una persona que, por una insuficiencia renal, necesitara una diálisis de urgencia. Y eso si el hospital tiene ese servicio”. Para el resto, nada: ni una quimioterapia programada ni, mucho menos, una medicación de las que solo pueden conseguirse en un hospital. “Nosotros solo prescribimos lo que se va a tomar en el servicio”, añade.
En ambulatorios y otros servicios sanitarios tampoco saben qué va a ocurrir con los enfermos crónicos graves. Ni centros de salud ni hospitales han recibido ninguna información sobre cómo atender a los sin papeles a los que se les desactivará la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre. “Hemos preguntado y ni siquiera nos han contestado”, afirma una médico de Atención Primaria. Tampoco en los hospitales han recibido información. “Ni un dato, ni una circular… nada”, explican fuentes de gestión de un gran hospital de Madrid. Tampoco los especialistas saben a qué carta quedarse. De ahí que el Grupo de Estudio de Sida (Gesida) haya alertado hace 15 días de que entre 2.700 y 4.600 personas pueden quedar sin tratamiento.
La situación es tan grave que hasta la consejera de Sanidad de Murcia, María Ángeles Palacios (PP), apostó ayer por plantear “excepciones” a los enfermos crónicos. Palacios citó expresamente a las personas con sida, cáncer e insuficiencia renal. “No se pueden dejar a mitad porque salga una normativa, habrá que continuar y habrá que acabar con ellos”, ha aseverado. Parece que tampoco ella tiene claro que eso, según Sanidad, es lo previsto.
Fuente: El País. 9 de agosto de 2012.http://sociedad.elpais.com
La decisión de dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular a partir del 1 de septiembre tiene a muchos en vilo. Entre quienes sufren la incertidumbre con más zozobra, a tres semanas de que acabe el plazo, están los sin papeles con enfermedades crónicas. Personas que necesitan diálisis varias veces por semana o una medicación contra el cáncer o el VIH que deben tomar diariamente o en ciclos, y que carecen de información sobre cómo continuar sus tratamientos a partir del día 1. Los facultativos, los centros de salud y las asociaciones tampoco tienen respuestas para ellos.
La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) de Madrid recibió la semana pasada la consulta de un ciudadano guineano cuyo permiso de residencia caduca este mes y teme quedarse sin diálisis. Además, puede perder su sitio en la lista de espera para un trasplante. El portavoz de la asociación admite que, tras escucharle, no pudieron darle una solución. Simplemente, no saben qué va a pasar. En la misma duda vive Carmen Avellano, de 56 años. Esta chilena se somete a diálisis en su casa. “¿Tendré que devolver la máquina? Si no me hago la diálisis enfermaré aún más y me moriré”, declara. En la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) todavía no han tenido ningún caso, pero una portavoz no duda de que los habrá.
Sanidad deja en el aire la terapia de sin papeles con enfermedades crónicas
El ministerio sugiere que tendrán que ser atendidos en urgencias. Médicos y enfermos renales o de VIH desconocen cómo proseguir el tratamiento.
A ellos se suman casos de personas con VIH como el de Manuel (nombre supuesto), un inmigrante venezolano al que la comunidad de Madrid le retiró ya la tarjeta y se quedó sin medicación. Posteriormente se la prorrogó hasta el 31 de agosto, y ha podido volver a recibirla. “En el hospital me han dicho que es la última vez que me la dan”, relata.
Ante estos casos, el Ministerio de Sanidad mantiene un discurso monolítico. “Ningún paciente que lo necesite va a quedarse sin atención”, afirma una portavoz del departamento que dirige Ana Mato. Además, añade, “el criterio médico sobre las situaciones de urgencia es el que determina la atención. Es importante recordar que no corresponde al médico que atiende a un paciente verificar su situación legal, sino determinar la atención que debe recibir”.
El problema es que en urgencias no saben cómo abordar el asunto. “No ha habido ninguna instrucción sobre qué hacer”, dice el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), Tomás Toranzo. “Las urgencias están para lo que están, y en esos casos solo podemos pasarle la patata caliente a otros servicios”, afirma. El único caso en que podrían intervenir, afirma Toranzo, sería el de “una persona que, por una insuficiencia renal, necesitara una diálisis de urgencia. Y eso si el hospital tiene ese servicio”. Para el resto, nada: ni una quimioterapia programada ni, mucho menos, una medicación de las que solo pueden conseguirse en un hospital. “Nosotros solo prescribimos lo que se va a tomar en el servicio”, añade.
En ambulatorios y otros servicios sanitarios tampoco saben qué va a ocurrir con los enfermos crónicos graves. Ni centros de salud ni hospitales han recibido ninguna información sobre cómo atender a los sin papeles a los que se les desactivará la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre. “Hemos preguntado y ni siquiera nos han contestado”, afirma una médico de Atención Primaria. Tampoco en los hospitales han recibido información. “Ni un dato, ni una circular… nada”, explican fuentes de gestión de un gran hospital de Madrid. Tampoco los especialistas saben a qué carta quedarse. De ahí que el Grupo de Estudio de Sida (Gesida) haya alertado hace 15 días de que entre 2.700 y 4.600 personas pueden quedar sin tratamiento.
La situación es tan grave que hasta la consejera de Sanidad de Murcia, María Ángeles Palacios (PP), apostó ayer por plantear “excepciones” a los enfermos crónicos. Palacios citó expresamente a las personas con sida, cáncer e insuficiencia renal. “No se pueden dejar a mitad porque salga una normativa, habrá que continuar y habrá que acabar con ellos”, ha aseverado. Parece que tampoco ella tiene claro que eso, según Sanidad, es lo previsto.
Fuente: El País. 9 de agosto de 2012.http://sociedad.elpais.com
Aragón espera un documento oficial para analizar la cuota a inmigrantes
El Gobierno de Aragón esperará a disponer del documento oficial que establece las cuotas que se impondrán a los inmigrantes ilegales que quieran hacer uso de la asistencia sanitaria, para valorar su aplicación en la comunidad autónoma.Desde el Departamento de Sanidad se afirma que, a última hora de ayer, todavía no se había recibido notificación alguna procedente de Madrid de ese apartado de la orden. "Estamos a la espera de recibir ese documento de trabajo para comprobar lo que contempla y el margen de actuación de las comunidades autónomas", apuntaron desde la Administración.
POSIBLES ALEGACIONES De hecho, el Ejecutivo no descarta la posibilidad de alegar aspectos con lo que pueda no estar de acuerdo, aunque emplaza cualquier decisión al respecto al análisis detallado del texto. "Se estudiará su aplicación cuando lo tengamos y también, como es lógico, si procede presentar alegaciones", apuntan.
La decisión del Gobierno aragonés de esperar antes de emitir cualquier valoración es la misma que, por ejemplo, adoptó ayer la Comunidad de Madrid.
El Ministerio de Sanidad ha propuesto que los inmigrantes en situación irregular que queden sin cobertura sanitaria a partir del 1 de septiembre, establezcan convenios especiales de asistencia sanitaria, que supondrían pagar una cuota, similar al desembolso de una especie de póliza, en una invitación del PP a los sin papeles para que "vuelvan a sus países".
Según el decreto y en virtud de estos convenios, los extranjeros sin papeles tendrían que abonar 710 euros al año para recibir asistencia en la Sanidad pública, si bien la cifra se duplicaría hasta los 1.864,80 anuales en el caso de los mayores de 65 años.
Fuente: El Periódico de Aragón. 9 de agosto de 2012. www.elperiodicodearagon.com
Solo abrirá un centro por sector los sábados por la tarde
Una de las reestructuraciones que el Salud ha planteado a los sindicatos es la reorganización de la atención primaria que, entre otros aspectos, incluiría el cierre de la gran mayoría de centros los sábados por la tarde, a partir de las 15.00 horas. Así, solo permanecerían abiertos uno por sector a nivel urbano, mientras que el 061 asumiría las urgencias a partir de esa hora --actualmente comienza a atenderlas a las 17.00 horas--. Además, también parece definitivo el cierre del Punto de Atención Continuada (PAC) de Sagasta y el traslado de parte de sus servicios a las urgencias del hospital Provincial. "Todas estas medidas podrían analizarse y aplicar criterios globales para que se puedan evaluar en su contexto", indicaron desde Cemsatse. En este sentido, este periódico ya adelantó en mayo que el Salud estudiaba cerrar centros poco frecuentados los sábados por la tarde y que la determinación definitiva sobre las instalaciones menos usadas afectaría, principalmente, a los ambulatorios del medio rural.
De este modo, la Consejería de Sanidad habría realizado un estudio de frecuentación para determinar cuáles son los centros menos usados o con escasa afluencia en esa franja horaria. En principio se englobarían en esta medida sobre todo los centros de las zonas rurales, que prestan atención sanitaria en horario de 9 a 20 horas los sábados no festivos.
Otro de los planes del Salud afecta al consultorio Hermanos Ibarra, en la capital aragonesa, que podría cerrar sus puertas a corto plazo, lo que provocaría el traslado de sus usuarios y trabajadores, que se repartirían entre los centros de Rebolería, San Pablo y Sagasta. Además, la mayor parte del personal sanitario que trabaja allí perdería su puesto y se vería abocado al paro al tratarse de contratados interinos.
Además, también se pretende trasladar toda la atención de salud mental, que actualmente se encuentra disperso por toda la ciudad, al centro de salud Valdespartera. En principio, el Departamento de Sanidad había previsto consensuar estas medidas con los sindicatos presentes en la mesa sectorial una vez que se disponga de las conclusiones del estudio la medida para abordar estos cierres parciales.
Fuente: El Periódico de Aragón. 9 de agosto de 2012. www.elperiodicodearagon.com
martes, 31 de julio de 2012
La aplicación del 'medicamentazo' confunde a médicos y farmacéuticos
La medida se iba a instaurar a partir de mañana, pero el ministerio anunció ayer su aplazamiento. Aún no hay un listado definitivo de los más de 400 fármacos que dejarán de ser financiados.
Médicos y farmacéuticos aragoneses aguardan con incertidumbre y cierta dosis de confusión que alguien les aclare de una vez cuándo y cómo comenzará a aplicarse el denominado medicamentazo, que supondrá que 423 fármacos dejen de ser financiados por el ministerio.
La extrañeza afecta, principalmente, al plazo establecido para su implantación. La ministra de Sanidad, Ana Mato, emplazó en reiteradas ocasiones al día 1 de agosto --mañana-- como la fecha indicada para el comienzo de la aplicación de la medida, pero no fue hasta ayer cuando el Ministerio de Sanidad admitió que no será así y que se retrasará, al menos, un mes. Así, la norma se instaurará el día 1 del mes siguiente a su publicación en el BOE.
En las boticas, por su parte, se sigue esperando a una decisión firme del ministerio. "Lo único que tenemos es un proyecto de resolución que no incluye ni el listado definitivo de fármacos afectados ni la fecha de aplicación", indicaron desde una oficina de farmacia de una localidad zaragozana.
MÁS INFORMACIÓN En este sentido, los farmacéuticos vienen reclamando a la Administración que informe convenientemente a los ciudadanos acerca de las novedades del sistema y cómo podría afectarles la supresión de centenares de medicamentos de la financiación pública. De hecho, el colectivo advirtió que la aplicación, desde el pasado día 1 de julio, del copago farmacéutico por el que los pensionistas pasan a abonar parte del coste del medicamento, les obligó a redoblar explicaciones y, en algunos casos, a sufrir la ira de algunos usuarios que o desconocían la medida o ignoraban cómo les afectaba.
De momento, el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza únicamente dispone de un borrador de ese listado, pero no del definitivo, que será el que aparezca publicado en el BOE.
Pero tampoco los médicos tienen claro el nuevo formato y qué fármacos podrán recetar y cuáles no. "No disponemos de listado alguno de medicamentos que dejarán de estar financiados", aseguró a este diario un facultativo de Atención Primaria, que subrayaba que "ninguna Administración sanitaria nos ha informado al respecto".
Pese a la confusión, fuentes del ministerio indicaron ayer a Europa Press que "se están cumpliendo los plazos legales", tras recordar que, para que se publique la medida, deben de recogerse las alegaciones de organizaciones sanitarias y de pacientes, así como informar antes a los interesados que cuentan con 10 días desde su notificación para realizarlas.
Fuente: El periódico de Aragón. 31 de julio de 2012. www.elperiodicodearagon.com
Médicos y farmacéuticos aragoneses aguardan con incertidumbre y cierta dosis de confusión que alguien les aclare de una vez cuándo y cómo comenzará a aplicarse el denominado medicamentazo, que supondrá que 423 fármacos dejen de ser financiados por el ministerio.
La extrañeza afecta, principalmente, al plazo establecido para su implantación. La ministra de Sanidad, Ana Mato, emplazó en reiteradas ocasiones al día 1 de agosto --mañana-- como la fecha indicada para el comienzo de la aplicación de la medida, pero no fue hasta ayer cuando el Ministerio de Sanidad admitió que no será así y que se retrasará, al menos, un mes. Así, la norma se instaurará el día 1 del mes siguiente a su publicación en el BOE.
En las boticas, por su parte, se sigue esperando a una decisión firme del ministerio. "Lo único que tenemos es un proyecto de resolución que no incluye ni el listado definitivo de fármacos afectados ni la fecha de aplicación", indicaron desde una oficina de farmacia de una localidad zaragozana.
MÁS INFORMACIÓN En este sentido, los farmacéuticos vienen reclamando a la Administración que informe convenientemente a los ciudadanos acerca de las novedades del sistema y cómo podría afectarles la supresión de centenares de medicamentos de la financiación pública. De hecho, el colectivo advirtió que la aplicación, desde el pasado día 1 de julio, del copago farmacéutico por el que los pensionistas pasan a abonar parte del coste del medicamento, les obligó a redoblar explicaciones y, en algunos casos, a sufrir la ira de algunos usuarios que o desconocían la medida o ignoraban cómo les afectaba.
De momento, el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza únicamente dispone de un borrador de ese listado, pero no del definitivo, que será el que aparezca publicado en el BOE.
Pero tampoco los médicos tienen claro el nuevo formato y qué fármacos podrán recetar y cuáles no. "No disponemos de listado alguno de medicamentos que dejarán de estar financiados", aseguró a este diario un facultativo de Atención Primaria, que subrayaba que "ninguna Administración sanitaria nos ha informado al respecto".
Pese a la confusión, fuentes del ministerio indicaron ayer a Europa Press que "se están cumpliendo los plazos legales", tras recordar que, para que se publique la medida, deben de recogerse las alegaciones de organizaciones sanitarias y de pacientes, así como informar antes a los interesados que cuentan con 10 días desde su notificación para realizarlas.
Fuente: El periódico de Aragón. 31 de julio de 2012. www.elperiodicodearagon.com
Imagen: Forges.
El hospital de Barbastro acumula 1.200 biopsias sin diagnosticar
-La falta de personal y recursos lastra la obtención de resultados de las pruebas-
FD \ “El Gobierno de Aragón debe adoptar de forma inmediata, todas las medidas necesarias para cubrir las plazas de personal y de especialistas vacantes en el Hospital Comarcal de Barbastro para que se pueda prestar la atención sanitaria”, exige la portavoz de Sanidad de IU Aragón, Patricia Luquin.
Para ello, la diputada de IU ha registrado en las Cortes una serie de iniciativas parlamentarias. “Vemos cómo el Gobierno de turno no soluciona los graves problemas de este centro en la prestación de la asistencia sanitaria, derivados, entre otras razones, por la falta de personal y de especialistas, problema que viene siendo denunciado desde hace tiempo”.
Cabe destacar que, a la falta de personal en las especialidades de traumatología, otorrinolaringología, cirugía general y de digestivo, que han supuesto que en el último año, se hayan duplicado y triplicado las listas de espera, debido precisamente a la falta de personal, se añade en estos momentos que en el hospital de Barbastro se acumulen unas 1.200 biopsias sin diagnosticar por falta de personal en el laboratorio de anatomía patológica. Según ha tenido conocimiento IU, hay pruebas pendientes desde el mes de abril cuando el plazo habitual de examen no excede las dos semanas, es obvio que la demora en el análisis de las muestras de tejido, fundamental para determinar los casos de cáncer, se hace especialmente grave.
FD \ “El Gobierno de Aragón debe adoptar de forma inmediata, todas las medidas necesarias para cubrir las plazas de personal y de especialistas vacantes en el Hospital Comarcal de Barbastro para que se pueda prestar la atención sanitaria”, exige la portavoz de Sanidad de IU Aragón, Patricia Luquin.
Para ello, la diputada de IU ha registrado en las Cortes una serie de iniciativas parlamentarias. “Vemos cómo el Gobierno de turno no soluciona los graves problemas de este centro en la prestación de la asistencia sanitaria, derivados, entre otras razones, por la falta de personal y de especialistas, problema que viene siendo denunciado desde hace tiempo”.
Cabe destacar que, a la falta de personal en las especialidades de traumatología, otorrinolaringología, cirugía general y de digestivo, que han supuesto que en el último año, se hayan duplicado y triplicado las listas de espera, debido precisamente a la falta de personal, se añade en estos momentos que en el hospital de Barbastro se acumulen unas 1.200 biopsias sin diagnosticar por falta de personal en el laboratorio de anatomía patológica. Según ha tenido conocimiento IU, hay pruebas pendientes desde el mes de abril cuando el plazo habitual de examen no excede las dos semanas, es obvio que la demora en el análisis de las muestras de tejido, fundamental para determinar los casos de cáncer, se hace especialmente grave.
Fuente: Franja Digital. 31 de julio de 2012. www.franjadigital.com
El consejero de Sanidad reconoce que incumple la ley de Dependencia
-Ricardo Oliván afirma que se debe a cuestiones económicas-
F.D. \ El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, ha reconocido, este jueves, que "Aragón incumple" la ley de la dependencia, ya que más de 9.000 personas tienen el derecho reconocido y no están cobrando lo que les corresponde, insistiendo en que se debe a "cuestiones económicas".
Oliván ha hecho estas declaraciones momentos antes de asistir al Consejo de Salud de Aragón.
"Aragón incumple, lo tengo que decir", ha sentenciado el consejero, quien ha afirmado que la reforma de la ley puesta en marcha por el gobierno de Rajoy persigue, precisamente, que se adecúe a las posibilidades de financiación actuales, que no son "las que se pensaban en 2006", y "hacerla cumplible", ha querido destacar Oliván.
SOLUCIONES
Respecto a la posibilidad de agilizar la valoración de los dependientes, ha dicho que los recursos son los que son pero ha opinado que a su juicio el problema no está en la valoración sino en la percepción de la cantidad, es decir, "que una vez se le asigna a un dependiente una prestación, por desgracia, por no tener recursos suficientes, se queda sin cobrar durante un tiempo", ha reconocido.
Fuente: Franja Digital. 31 de julio de 2012. http://www.franjadigital.com/page.jsp?noticia=32978
F.D. \ El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, ha reconocido, este jueves, que "Aragón incumple" la ley de la dependencia, ya que más de 9.000 personas tienen el derecho reconocido y no están cobrando lo que les corresponde, insistiendo en que se debe a "cuestiones económicas".
Oliván ha hecho estas declaraciones momentos antes de asistir al Consejo de Salud de Aragón.
"Aragón incumple, lo tengo que decir", ha sentenciado el consejero, quien ha afirmado que la reforma de la ley puesta en marcha por el gobierno de Rajoy persigue, precisamente, que se adecúe a las posibilidades de financiación actuales, que no son "las que se pensaban en 2006", y "hacerla cumplible", ha querido destacar Oliván.
SOLUCIONES
Respecto a la posibilidad de agilizar la valoración de los dependientes, ha dicho que los recursos son los que son pero ha opinado que a su juicio el problema no está en la valoración sino en la percepción de la cantidad, es decir, "que una vez se le asigna a un dependiente una prestación, por desgracia, por no tener recursos suficientes, se queda sin cobrar durante un tiempo", ha reconocido.
Fuente: Franja Digital. 31 de julio de 2012. http://www.franjadigital.com/page.jsp?noticia=32978
lunes, 9 de julio de 2012
Portugal contrata enfermeros a cuatro euros la hora
La contratación de profesionales a sueldos ridículos desata una ola de indignación
La enfermera Ángela Mendes entraba a trabajar esta semana en el Centro de Salud de Torres Novas (Centro), situado a 90 kilómetros al norte de Lisboa, con un sueldo que ha sacudido a la sociedad portuguesa: cuatro euros a la hora. Quitando los descuentos y los impuestos, Mendes calcula que a final de mes cobrará unos 250 euros. Portugal es un país ahogado por recortes en todos los sectores públicos, donde las pagas extras de los funcionarios y pensionistas desaparecieron en otoño y donde los salarios se precipitan en caída libre, pero los cuatro euros a la hora de los nuevos contratos de unos sesenta enfermeros de hospitales y sanatorios públicos de algunas regiones del país han significado, para muchos, la gota que colma el vaso de la austeridad soportable. Mendes, de 25 años, con dos años de experiencia y cuatro de carrera, que hasta hace unos meses cobraba unos 700 euros al mes, se encoge de hombros y explica las dos razones que le impulsan a ir hoy a trabajar: "La primera, porque me gusta mi trabajo; la segunda, porque vivo a un paso del sanatorio con lo que no me gasto ni un euro en transporte o en comida. Es la única manera de que eso salga rentable. La verdad es que a última hora nos subieron cuatro céntimos. No sé si para reírse de nosotros o qué".
El Sindicato dos Enfermeiros Portugueses ha denunciado la situación y consideran que está en juego “la dignidad de la profesión, la dignidad de los cuidados sanitarios y la dignidad del Servicio Nacional de Salud”. Y denuncia también la razón que lleva a que estos profesionales cobren tan poco: “Para abaratar costes, para que no se consoliden derechos, el Estado contrata a empresas que, a su vez, subcontratan a los enfermeros”, explica una portavoz de este sindicato Guadalupe Simões. El ministro de Sanidad portugués, Paulo Macedo, ante la polémica suscitada, ha asegurado que investigará la contratación de estos enfermeros de saldo, aunque la sindicalista Simões desconfía de que este gesto vaya a cambiar nada.
Mientras, hay enfermeros que han rechazado la contratación. Marta (nombre supuesto porque la interesada no quiere relevar su identidad para evitar represalias), de 27 años, ha preferido quedarse en casa: “Eché las cuentas y entre pagar la Seguridad Social, porque nosotros, que somos, en teoría, trabajadores independientes tenemos que pagarla y otros impuestos, me quedaban al mes 259 euros. Con eso no me salía a cuenta trabajar. Me sale más rentable decir que no porque así no pago transporte ni nada más”, explica. En sus anteriores trabajos, Marta cobraba cerca de 750 euros al mes. “Ya entonces fui a un banco a pedir un préstamo para tratar de comprarme una casa. Y la del banco, antes de negarme el dinero, me preguntó: ¿Eso solo gana un enfermero? No quiero ni saber lo que diría ahora”, añade.
João César das Neves, economista portugués y exasesor gubernamental aseguraba hace dos días en el diario portugués Público que estas prácticas son resultado de un ajuste “brutal y tal vez exagerado”. Y añadía: “De repente no hay dinero y se busca reconvertir la situación [de las cuentas del Estado] de un día para otro, de forma abrupta, con un coste grande e inaceptable”.
Das Neves no solo hacía referencia al caso de los enfermeros, convertidos en una especie de símbolo del día de lo que ocurre en el país. Según datos de Público, los sueldos portugueses bajaron, de media y solo en el primer trimestre de este año, un 3,9%. Este mismo diario afirmaba que ya hay profesores pagados por los ayuntamientos que no cobran más allá de los cinco euros.
Mientras, Ángela Mendes, la enfermera que acepta el sueldo de saldo, se encargará de curar heridas a los accidentados, a suministrar las dosis de metadona para drogadictos en programas de rehabilitación o de atender ciertas consultas, entre otras funciones. La otra, Marta, la que no ha aceptado, ya piensa en emigrar. El pasado miércoles, la edición digital de Expresso informaba de que, en la actualidad, hospitales franceses, suizos y alemanes están dispuestos a contratar a decenas de enfermeros portugueses ya formados. Y señalaba el sueldo de un enfermero francés como una razón convincente para abandonar Portugal: de 1.500 a 2.300 euros al mes.
Fuente: El País. 6 de julio 2012. http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/06/actualidad/1341565720_809076.html
Sanidad dejará de financiar más de 400 fármacos
La lista incluye medicinas contra la diarrea, la gripe y la tos muy populares
Mucolíticos para atajar catarros y gripes tan conocidos como el Flumicil, antidiarréicos como el Fortasec, jarabes antitusivos como el Bisolvon, el famoso Hemoal contra las hemorroides y las lágrimas artificiales como Acuolens engrosan la lista de 456 fármacos para 18 dolencias consideradas menores que la ministra de Sanidad, Ana Mato, propondrá hoy a los consejeros de las comunidades autónomas sacar de la financiación pública.
La lista de los fármacos --de baja utilidad terapéutica, uso ocasional y bajo precio (menos de tres euros)--, que pasarán a ser financiados en su totalidad por el paciente, también incluye el aciclovir, usado para combatir herpes, bioflanovoides para el tratamiento de varices, los compuestos de aluminio para el exceso de secreción gástrica como el Almax, 13 compuestos utilizados en tratamientos tópicos de inflamaciones de origen traumático, fármacos contra la ansiedad leve y algunos vasodilatadores periféricos utilizados en el tratamiento del deterioro cognitivo asociado a la edad.
Sanidad, que con esta medida se ha marcado el objetivo de ahorrar 440 millones de euros al año, hará excepciones: los enfermos graves. En la propuesta se recomienda a las gobiernos autonómicos que expliquen al sector sanitario y usuarios que esta medida para desfinanciar fármacos destinados a síntomas menores tiene como objetivo mantener la financiación pública de nuevas terapias indicadas en enfermedades graves, invalidantes o de pronóstico fatal.
Algunos expertos dan por seguro que también acabarán fuera los venotónicos, que permiten reforzar la pared de la venas y, por tanto, calmar algunos síntomas de las varices, y los vasodilatadores, excluidos en casi toda Europa y que aumentan el flujo sanguíneo. O los antiinflamatorios, como el Voltarén.
La titular de Sanidad, objeto de críticas en las redes sociales por apuntar que muchos de estos fármacos "pueden ser sustituidos por remedios naturales", abrirá un plazo para que las comunidades efectúen alegaciones, de forma que la medida se aplicaría en septiembre.
Los expertos apuntan que la no financiación solo reporta ahorro a corto plazo, ya que se produce el efecto desplazamiento y los médicos tienden a sustituir los fármacos retirados por otros más modernos y caros.
Fuente: El periódico de Aragón. 27 de junio 2012. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/sanidad-dejara-de-financiar-mas-de-400-farmacos_768394.html
Mucolíticos para atajar catarros y gripes tan conocidos como el Flumicil, antidiarréicos como el Fortasec, jarabes antitusivos como el Bisolvon, el famoso Hemoal contra las hemorroides y las lágrimas artificiales como Acuolens engrosan la lista de 456 fármacos para 18 dolencias consideradas menores que la ministra de Sanidad, Ana Mato, propondrá hoy a los consejeros de las comunidades autónomas sacar de la financiación pública.
La lista de los fármacos --de baja utilidad terapéutica, uso ocasional y bajo precio (menos de tres euros)--, que pasarán a ser financiados en su totalidad por el paciente, también incluye el aciclovir, usado para combatir herpes, bioflanovoides para el tratamiento de varices, los compuestos de aluminio para el exceso de secreción gástrica como el Almax, 13 compuestos utilizados en tratamientos tópicos de inflamaciones de origen traumático, fármacos contra la ansiedad leve y algunos vasodilatadores periféricos utilizados en el tratamiento del deterioro cognitivo asociado a la edad.
Sanidad, que con esta medida se ha marcado el objetivo de ahorrar 440 millones de euros al año, hará excepciones: los enfermos graves. En la propuesta se recomienda a las gobiernos autonómicos que expliquen al sector sanitario y usuarios que esta medida para desfinanciar fármacos destinados a síntomas menores tiene como objetivo mantener la financiación pública de nuevas terapias indicadas en enfermedades graves, invalidantes o de pronóstico fatal.
Algunos expertos dan por seguro que también acabarán fuera los venotónicos, que permiten reforzar la pared de la venas y, por tanto, calmar algunos síntomas de las varices, y los vasodilatadores, excluidos en casi toda Europa y que aumentan el flujo sanguíneo. O los antiinflamatorios, como el Voltarén.
La titular de Sanidad, objeto de críticas en las redes sociales por apuntar que muchos de estos fármacos "pueden ser sustituidos por remedios naturales", abrirá un plazo para que las comunidades efectúen alegaciones, de forma que la medida se aplicaría en septiembre.
Los expertos apuntan que la no financiación solo reporta ahorro a corto plazo, ya que se produce el efecto desplazamiento y los médicos tienden a sustituir los fármacos retirados por otros más modernos y caros.
Fuente: El periódico de Aragón. 27 de junio 2012. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/sanidad-dejara-de-financiar-mas-de-400-farmacos_768394.html
El consejero de Sanidad aporta escasas soluciones al Hospital de Barbastro
Aumentar la actividad quirúrgica en periodo matinal, el auto concierto, más conocido como peonadas, externalizar servicios a clínicas privadas, organizar mejor el sistema y llegar a un acuerdo con los sindicatos para establecer turnos de tarde en los quirófanos, fue la respuesta del consejero de Salud del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, para solucionar las listas de espera del Hospital de Barbastro.
Oliván aseguraba que la actividad quirúrgica programada para este verano aumentaba respecto al año anterior, pasando de 40 a 60 intervenciones al mes.
En relación al aumento de plantilla, el consejero declaraba que “era suficiente”, aunque reconocía que en comparación con otros hospitales había menos facultativos en algunas especialidades.
Sobre la situación de los pacientes aragoneses en Cataluña, explicaba que puntualmente pudiera haber alguna “desatención”, pero con el fondo de garantía, que se había creado el pasado mes de abril quedaba subsanado. Y referente a los aparcamientos, su respuesta fue que dentro de las limitaciones económicas intentarían solucionar.
Según Oliván el futuro de la sanidad pública pasaba por la integración de los servicios.
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia hacía estas declaraciones tras la reunión que mantenía con el alcalde, Antonio Cosculluela y con la junta de portavoces del Ayuntamiento de Barbastro, Jesús Lobera, PSOE; Ángel Solana, PP; Javier Betorz del PAR; Francisco Viu, IU; y Valero Aguayos de CHA.
También participaban en la reunión el gerente del Salud del sector de Huesca y Barbastro, Miguel Ánguel Eguizabal; y el delegado del Gobierno de Aragón en Huesca, José Luis Moret.
Fuente: Radio Barbastro http://www.radiohuesca.com/noticia/469970/El-consejero-de-Sanidad-aporta-escasas-soluciones-al-Hospital-de-Barbastro
Oliván aseguraba que la actividad quirúrgica programada para este verano aumentaba respecto al año anterior, pasando de 40 a 60 intervenciones al mes.
En relación al aumento de plantilla, el consejero declaraba que “era suficiente”, aunque reconocía que en comparación con otros hospitales había menos facultativos en algunas especialidades.
Sobre la situación de los pacientes aragoneses en Cataluña, explicaba que puntualmente pudiera haber alguna “desatención”, pero con el fondo de garantía, que se había creado el pasado mes de abril quedaba subsanado. Y referente a los aparcamientos, su respuesta fue que dentro de las limitaciones económicas intentarían solucionar.
Según Oliván el futuro de la sanidad pública pasaba por la integración de los servicios.
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia hacía estas declaraciones tras la reunión que mantenía con el alcalde, Antonio Cosculluela y con la junta de portavoces del Ayuntamiento de Barbastro, Jesús Lobera, PSOE; Ángel Solana, PP; Javier Betorz del PAR; Francisco Viu, IU; y Valero Aguayos de CHA.
También participaban en la reunión el gerente del Salud del sector de Huesca y Barbastro, Miguel Ánguel Eguizabal; y el delegado del Gobierno de Aragón en Huesca, José Luis Moret.
Fuente: Radio Barbastro http://www.radiohuesca.com/noticia/469970/El-consejero-de-Sanidad-aporta-escasas-soluciones-al-Hospital-de-Barbastro
domingo, 17 de junio de 2012
Manifestación: 23 de junio a las 19 horas en Zaragoza, en la Glorieta Sasera
Contra el rescate, en defensa de lo público, ni privatización ni mercantilización. derogación de los decretos antisociales.
Colectivos, movimientos y organizaciones zaragozanas se reúnen para preparar la movilización unitaria contra el rescate, la defensa de lo público , la derogación de los Decretos de educación, sanidad y reforma laboral y contra las privatizaciones y externalizaciones.
Como respuesta a una serie de medidas legislativas que tratan de eliminar los derechos fundamentales y todos los sistemas de protección social un grupo nutrido de organizaciones, movimientos, plataformas y colectivos hemos decidido coordinar nuestras reivindicaciones y, como primera medida, manifestarnos el próximo 23 de junio a las 19 horas en Zaragoza, en la Glorieta Sasera. Nuestro objetivo es derogar todas aquellas leyes y decretos que atenten contra el derecho básico de alcanzar una vida digna, desde el principio de la igualdad y la justicia.
Convocamos a la ciudadanía en este momento crítico en el que peligra el empleo, la educación y la sanidad. Mostramos nuestro rechazo ante la reciente intervención económica decretada por el Gobierno español.
Únete y participa en nuestra lucha.
Plataforma de trabajadorxs de las contratas del Ayuntamiento, Marea Verde Aragón-Asamblea de docentes por la educación pública, Asamblea Unizar, Asamblea Filosofía, Plataforma Contra la privatización de la sanidad de Aragón, Plataforma stop desahucios Zaragoza, Asambleas 15M, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Intersindical Aragón, CNT, CGT, SOA, ASSI, Avv Venecia- Montes de Torrero, AVV Torrero, Avv La Paz, Avv La Madalena Calle y Libertad, Avv Actur Puente Santiago, Avv “Los Caprichos” Parque Goya, Avv María Guerrero La Bozada, Avv Gaspar Torrente Santa Isabel, Avv Dos Ríos Movera, Avv Lanuza- Casco Viejo, Avv Las Fuentes, Red de Apoyo a sin papeles de Zaragoza, Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, CEPA, Consejo de la Juventud de Zaragoza, Asamblea de Trabajadorxs del Clínico, Ecologistas en Acción, UNIVERSIDAT - Estudiants independentistas y revolucionarios d'Aragón, PURNA, UJCE, Plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda, Marea Roja, Izquierda Anticapitalista
miércoles, 13 de junio de 2012
El Gobierno plantea excluir educación y sanidad de las competencias municipales
Quiere que se centren en el resto, como urbanismo o asistencia social.
Las duplicidades se podrán recurrir al Tribunal Constitucional.
Las diputaciones se encargarán de los pueblos de menos de 20.000 vecinos.
El Gobierno propone que los ayuntamientos dejen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y se centren en el resto de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia social primaria o el abastecimiento de agua. Además, quiere que cumplan unos estándares de calidad y que cuando no los alcancen, los de menos de 20.000 habitantes cedan la competencia a las diputaciones.
Así figura en la propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Es un documento en el que han trabajado durante semanas un grupo de expertos reunidos por el Instituto Nacional de Administración Pública, que ha pedido la colaboración de la FEMP y de otras instituciones territoriales. El documento es la base además de la negociación abierta con el PSOE para acordar un proyecto de reforma común que el Ejecutivo quiere enviar al Parlamento en julio.
En el texto se propone una lista de competencias de los municipios (artículo 25) de la que desaparecen la participación en la gestión de la atención primaria sanitaria y la cooperación en la programación educativa, en la construcción y sostenimiento de centros de enseñanza y en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
Por lo demás, se respetan las competencias que la norma ya preveía, en catorce apartados: urbanismo, medio ambiente urbano, el agua y las aguas residuales, infraestructuras viarias, bienestar y asistencia social primaria; protección civil, policía local e incendios; tráfico, estacionamiento y transporte de viajeros y mercancías; promoción turística; ferias, abastos, mercados y lonjas; protección de consumidores; cementerios y actividades funerarias; promoción del deporte y padrón municipal. "Para evitar duplicidades administrativas", se dice en la iniciativa, se establecerá por ley "con precisión" el servicio o la actividad que le corresponde al municipio, "con estricta separación de las competencias estatales y autonómicas".
Correspondiente financiación
Además, se propone reformar el artículo 27 para que los ayuntamientos puedan ejercer alguna competencia delegada por otra administración, bien sea el Estado, la comunidad autónoma u otra entidad local. Sin embargo, esa delegación "habrá de ir acompañada necesariamente de la correspondiente financiación".
Cualquier delegación de competencias habrá de ir acompañada de financiación. En la misma línea de ajustar los servicios que en lo sucesivo van a prestar los municipios, la propuesta del Gobierno incluye la supresión del artículo 28 de la Ley de Bases. En él, se contemplaba que los ayuntamientos pudieran realizar "actividades complementarias de las propias de otras administraciones" en materias como educación, cultural, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente. Por otro lado, el texto elaborado por el Gobierno propone, aunque no lo ha incluido en el articulado provisional, añadir al artículo 13 la prohibición de que el municipio resultante de una segregación no pueda ser inferior a 20.000 habitantes.
Con todas estas incorporaciones, la reforma de esta ley pretende dejar claras cuáles son las competencias de los ayuntamientos y diferenciarlas de los servicios que deben prestar el Estado y las comunidades autónomas, de modo que los municipios no sean los que asuman determinados servicios que en realidad corresponden a otras administraciones públicas, lo que se conoce como "competencias impropias", un problema del que los ayuntamientos vienen pidiendo una solución desde hace años.
Así pues, el texto deja claro que cualquier delegación de competencias entre administraciones "habrá de ir acompañada necesariamente de la correspondiente financiación". Aunque este punto ya se incluye en la ley todavía en vigor, la propuesta de reforma hace hincapié en que "será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la administración delegante para cada ejercicio económico".
Cumplimiento de la estabilidad presupuestaria
Todos los artículos que hacen mención a la financiación de las entidades locales dejan claro que las actividades económicas de las mismas deben cumplir lo dispuesto en la recientemente aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria para cumplir los objetivos de déficit y endeudamiento.
Es más, el Gobierno propone reformar el artículo 25 para permitir la interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional "por vulneración de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera" en caso de que se incumpla la "estricta separación de las competencias estatales y autonómicas", es decir, que se produzcan duplicidades en la prestación de servicios.
Establecerán estándares de calidad para todos o algunos de los servicios previstos. Otra de las principales novedades que establece el texto de reforma propuesto por el Gobierno es, a la hora de fijar los recursos financieros de los que dispondrán los ayuntamientos para prestar los servicios públicos, un nuevo punto en el artículo 26 que fija, mediante decreto, el establecimiento de "estándares de calidad para todos o algunos de los servicios previstos".
Este mismo artículo 26 encomienda a las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares a hacerse cargo de todos aquellos servicios cuya prestación por parte de municipios de menos de 20.000 habitantes "no sea eficiente", bien por la naturaleza del servicio, bien por la población del mismo o de su sostenibilidad financiera.
Serán los ayuntamientos y la diputación los que acuerden el traspaso de instalaciones y personal y la diputación se encargará de la forma de gestión, aunque el texto también prevé que, de no llegar a un acuerdo, será la comunidad autónoma pertinente la que decidirá. En las comunidades uniprovinciales, el Gobierno regional será el que asuma la gestión de estos servicios.
Por todo ello, el resto de artículos de la ley que mencionan las diputaciones dejan claro en todo momento que esta administración debe asegurar la prestación en el territorio de los servicios de competencia municipal y, en su caso, "mediante la prestación común y obligatoria en los términos establecidos" en el artículo 26.
Suprimir o privatizar servicios
La propuesta de reforma incluye dos nuevas disposiciones transitorias, en las que se establece que los ayuntamientos tendrán un año a contar desde la entrada en vigor de la ley para hacer una evaluación de sus servicios y ajustarlos a los principios de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades.
Si comprueban que no pueden asumir ciertos servicios, los ayuntamientos los podrán suprimir si éstos son facultativos y en caso de los obligatorios la corporación local podrá privatizarlos, siempre que no realice funciones públicas. Si la evaluación negativa afecta a servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes, su prestación se encomendará a las diputaciones.
Publicado el 12 de junio de 2012 en 20minutos.es http://www.20minutos.es/noticia/1507755/0/gobierno/educacion-sanidad/competencias-municipales/
Las duplicidades se podrán recurrir al Tribunal Constitucional.
Las diputaciones se encargarán de los pueblos de menos de 20.000 vecinos.
El Gobierno propone que los ayuntamientos dejen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y se centren en el resto de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia social primaria o el abastecimiento de agua. Además, quiere que cumplan unos estándares de calidad y que cuando no los alcancen, los de menos de 20.000 habitantes cedan la competencia a las diputaciones.
Así figura en la propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Es un documento en el que han trabajado durante semanas un grupo de expertos reunidos por el Instituto Nacional de Administración Pública, que ha pedido la colaboración de la FEMP y de otras instituciones territoriales. El documento es la base además de la negociación abierta con el PSOE para acordar un proyecto de reforma común que el Ejecutivo quiere enviar al Parlamento en julio.
En el texto se propone una lista de competencias de los municipios (artículo 25) de la que desaparecen la participación en la gestión de la atención primaria sanitaria y la cooperación en la programación educativa, en la construcción y sostenimiento de centros de enseñanza y en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
Por lo demás, se respetan las competencias que la norma ya preveía, en catorce apartados: urbanismo, medio ambiente urbano, el agua y las aguas residuales, infraestructuras viarias, bienestar y asistencia social primaria; protección civil, policía local e incendios; tráfico, estacionamiento y transporte de viajeros y mercancías; promoción turística; ferias, abastos, mercados y lonjas; protección de consumidores; cementerios y actividades funerarias; promoción del deporte y padrón municipal. "Para evitar duplicidades administrativas", se dice en la iniciativa, se establecerá por ley "con precisión" el servicio o la actividad que le corresponde al municipio, "con estricta separación de las competencias estatales y autonómicas".
Correspondiente financiación
Además, se propone reformar el artículo 27 para que los ayuntamientos puedan ejercer alguna competencia delegada por otra administración, bien sea el Estado, la comunidad autónoma u otra entidad local. Sin embargo, esa delegación "habrá de ir acompañada necesariamente de la correspondiente financiación".
Cualquier delegación de competencias habrá de ir acompañada de financiación. En la misma línea de ajustar los servicios que en lo sucesivo van a prestar los municipios, la propuesta del Gobierno incluye la supresión del artículo 28 de la Ley de Bases. En él, se contemplaba que los ayuntamientos pudieran realizar "actividades complementarias de las propias de otras administraciones" en materias como educación, cultural, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente. Por otro lado, el texto elaborado por el Gobierno propone, aunque no lo ha incluido en el articulado provisional, añadir al artículo 13 la prohibición de que el municipio resultante de una segregación no pueda ser inferior a 20.000 habitantes.
Con todas estas incorporaciones, la reforma de esta ley pretende dejar claras cuáles son las competencias de los ayuntamientos y diferenciarlas de los servicios que deben prestar el Estado y las comunidades autónomas, de modo que los municipios no sean los que asuman determinados servicios que en realidad corresponden a otras administraciones públicas, lo que se conoce como "competencias impropias", un problema del que los ayuntamientos vienen pidiendo una solución desde hace años.
Así pues, el texto deja claro que cualquier delegación de competencias entre administraciones "habrá de ir acompañada necesariamente de la correspondiente financiación". Aunque este punto ya se incluye en la ley todavía en vigor, la propuesta de reforma hace hincapié en que "será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la administración delegante para cada ejercicio económico".
Cumplimiento de la estabilidad presupuestaria
Todos los artículos que hacen mención a la financiación de las entidades locales dejan claro que las actividades económicas de las mismas deben cumplir lo dispuesto en la recientemente aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria para cumplir los objetivos de déficit y endeudamiento.
Es más, el Gobierno propone reformar el artículo 25 para permitir la interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional "por vulneración de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera" en caso de que se incumpla la "estricta separación de las competencias estatales y autonómicas", es decir, que se produzcan duplicidades en la prestación de servicios.
Establecerán estándares de calidad para todos o algunos de los servicios previstos. Otra de las principales novedades que establece el texto de reforma propuesto por el Gobierno es, a la hora de fijar los recursos financieros de los que dispondrán los ayuntamientos para prestar los servicios públicos, un nuevo punto en el artículo 26 que fija, mediante decreto, el establecimiento de "estándares de calidad para todos o algunos de los servicios previstos".
Este mismo artículo 26 encomienda a las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares a hacerse cargo de todos aquellos servicios cuya prestación por parte de municipios de menos de 20.000 habitantes "no sea eficiente", bien por la naturaleza del servicio, bien por la población del mismo o de su sostenibilidad financiera.
Serán los ayuntamientos y la diputación los que acuerden el traspaso de instalaciones y personal y la diputación se encargará de la forma de gestión, aunque el texto también prevé que, de no llegar a un acuerdo, será la comunidad autónoma pertinente la que decidirá. En las comunidades uniprovinciales, el Gobierno regional será el que asuma la gestión de estos servicios.
Por todo ello, el resto de artículos de la ley que mencionan las diputaciones dejan claro en todo momento que esta administración debe asegurar la prestación en el territorio de los servicios de competencia municipal y, en su caso, "mediante la prestación común y obligatoria en los términos establecidos" en el artículo 26.
Suprimir o privatizar servicios
La propuesta de reforma incluye dos nuevas disposiciones transitorias, en las que se establece que los ayuntamientos tendrán un año a contar desde la entrada en vigor de la ley para hacer una evaluación de sus servicios y ajustarlos a los principios de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades.
Si comprueban que no pueden asumir ciertos servicios, los ayuntamientos los podrán suprimir si éstos son facultativos y en caso de los obligatorios la corporación local podrá privatizarlos, siempre que no realice funciones públicas. Si la evaluación negativa afecta a servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes, su prestación se encomendará a las diputaciones.
Publicado el 12 de junio de 2012 en 20minutos.es http://www.20minutos.es/noticia/1507755/0/gobierno/educacion-sanidad/competencias-municipales/
Sanidad cancela el aborto libre y gratuito para extranjeras ‘sin papeles’
- Solo se financiarán las interrupciones por indicación médica
- La medida se inscribe en el recorte de atención sanitaria a los inmigrantes irregulares
Tampoco el aborto se libra del recorte en la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular en España. Cuando entren en vigor las limitaciones, el 1 de septiembre, las inmigrantes sin papeles perderán el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita en las primeras 14 semanas (tal como establece la Ley de Salud Sexual y Reproductiva). Desde entonces, esas mujeres solo podrán acceder sin coste a esa prestación —ahora en la cartera básica que debe ofrecer la sanidad pública— cuando se deba a motivos terapéuticos, asegura una portavoz del Ministerio de Sanidad.
Así, las extranjeras en situación irregular solo podrán abortar sin coste económico para ellas “por malformación del feto o peligro para la salud de la madre”, concreta la portavoz. Cree que también podría seguir siendo gratuito cuando el embarazo sea fruto de violación. Lo que sí está decidido es que quede fuera de la financiación pública para las mujeres en situación irregular el aborto gratuito debido, en exclusiva, a la voluntad de la madre.
“Será una marcha atrás enorme”, asegura Isabel Serrano, portavoz de la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que aglutina a 135 organizaciones contrarias a la reforma restrictiva del aborto que plantea el Gobierno. La exclusión de las mujeres sin papeles del acceso al aborto libre y gratuito en las primeras 14 semanas las dejará al albur de “la beneficencia” y en riesgo de caer “en circuitos no seguros”, añade. También puede retrasar la práctica de la intervención, más peligrosa cuanto más avanza la gestación. El precio de un aborto en el primer trimestre de embarazo —cuando se practica la gran mayoría— se sitúa entre los 300 y los 350 euros, concreta Serrano.
Esa posibilidad de interrumpir la gestación sin aducir motivos en las primeras 14 semanas es, precisamente, una de las grandes novedades de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010. La sanidad pública quedaba obligada a financiar esta práctica (también hasta las 22 semanas si hay malformación del feto o riesgo para la madre; por encima de ese plazo, solo se practica si el feto sufre enfermedad grave o incompatible con la vida). El derecho para las extranjeras en situación irregular era igual que para las españolas, ya que las primeras tenían derecho a la sanidad pública por el hecho de empadronarse.
"Es un paso atrás", dice la plataforma contra el cambio de la ley de interrupción del embarzo
La restricción se enmarca en la reducción del gasto sanitario, anunciada el pasado abril. Esa reforma se lleva por delante el derecho a la asistencia gratuita de cualquier extranjero por estar empadronado en España. A partir del 1 de septiembre, será preciso tener la situación en regla y los ciudadanos sin papeles solo podrán acceder a la sanidad pública en caso de urgencia o embarazo (y probablemente en el caso de algunas enfermedades graves como cáncer o sida, pero el desarrollo normativo de esto sigue pendiente). Los niños recibirán atención hasta los 18 años. “El aborto es una urgencia y, también, un embarazo”, plantea Serrano. Alerta de que la decisión afectará a las mujeres que están en peor situación socioeconómica.
Con la limitación del acceso a la sanidad pública por parte de las personas en situación irregular, el Ministerio de Sanidad espera ahorrar al menos 500 millones de euros, según la ministra del ramo, Ana Mato. En esa cantidad figurará cierto pellizco de las interrupciones de gestación a extranjeras: son cuatro de cada diez mujeres que acuden a abortar —113.031 en total en 2010—, si bien se ignora cuántas estaban en situación irregular.
En Sanidad aseguran que la medida se toma al margen de la reforma sobre la práctica del aborto que prepara el Ministerio de Justicia. El departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón es partidario de limitar el derecho a la interrupción del embarazo. Por su parte, la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, dejó la puerta abierta a que en un futuro inmediato solo se costearan los abortos por criterio médico, según dejó entrever a comienzos del pasado mayo. Así, quedarían fuera la inmensa mayoría de estas intervenciones, al margen de la situación legal o la nacionalidad de las mujeres. Pero Justicia no ha dicho la última palabra: confía en tener hilvanada la reforma como pronto en otoño.
Para la plataforma, formada por organizaciones de mujeres, del ámbito sanitario, sindicatos y clínicas de aborto, la decisión de Sanidad apunta sobre cuáles podrían ser las líneas de la reforma “restrictiva” que quiere hacer el Gobierno.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/06/actualidad/1339004866_690377.html
Publicado el 12 de junio de 2012 por El Pais.
Teruel. Concentración y presentación de la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón
Viernes 15 de Junio
11:15 Concentración-performance en defensa de la sanidad pública y para tod@s. Consultas externas Hospital O. Polanco
19:30 Performance. Ambulatorio del Centro.
20:00 Presentación de la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón. En salón de actos del edificio de sindicatos (Pza. Catedral).
Organiza: Bloque Crítico (CGT, CNT, STEA-i, Ecologistas en Acción, Purna)
11:15 Concentración-performance en defensa de la sanidad pública y para tod@s. Consultas externas Hospital O. Polanco
19:30 Performance. Ambulatorio del Centro.
20:00 Presentación de la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón. En salón de actos del edificio de sindicatos (Pza. Catedral).
Organiza: Bloque Crítico (CGT, CNT, STEA-i, Ecologistas en Acción, Purna)
lunes, 11 de junio de 2012
Los trabajadores advierten que el cierre del laboratorio del Grande Covián afectará a la calidad
Trabajadores y sindicatos critican que la clausura de este y su traslado al Servet no reducirá costes y revertirá en una pérdida de cercanía con el paciente.
La decisión del Gobierno de Aragón de trasladar el laboratorio del centro de especialidades Grande Covián al hospital Miguel Servet ha despertado las críticas de los trabajadores y sindicatos del Sector Sanitario 1 de Zaragoza. Este movimiento ha sido justificado desde la DGA con el fin de ahorrar costes y evitar duplicidades, siempre con la salvaguarda de que la calidad no se verá afectada.
Sin embargo, desde la Junta de Personal y entre los propios trabajadores se advierte que la descentralización de este servicio repercutirá negativamente en la atención al paciente. En este sentido, los trabajadores argumentan que el tiempo de respuesta del Grande Covián permite alertar de situaciones de riesgo inmediato del enfermo. "Cuando la analítica muestra que la vida del paciente está en riesgo se avisa al médico para que inicie su tratamiento inmediato", explicaron fuentes de la Junta. Sin embargo, los trabajadores avisan que esta capacidad de reacción se reduce drásticamente con el traslado del laboratorio.
Actualmente, en el centro de especialidades de la Margen Izquierda los resultados de las pruebas de bioquímica se obtienen en el día y las de microbiología – que requieren de la realización de cultivos – se obtienen a las 48 horas. Precisamente, ambas pruebas junto con hematología se van a realizar a partir del últiimo trimestre del 2012 en el laboratorio del Miguel Servet (bioquímica y hematología) y en el del hospital Royo Villanova (microbiología).
Con esta centralización, el laboratorio del Servet se hará cargo de 600 analíticas que diariamente se derivarán del Grande Covián, además de las 700 que ya se mandan desde el centro de especialidades Ramón y Cajal. En total, el hospital asumirá diariamente 1.300 pruebas más, sin contar las realizadas en el propio centro y las analíticas de urgencia.
Esta cuantía supone, según los trabajadores y sindicatos, un riesgo para la seguridad del proceso y así se lo han hecho saber al gerente del sector I y II del Salud, Mario González. "Se le ha advertido sobre una posible avería en la maquinaria del laboratorio que paralizaría toda la cadena sanitaria", indicaron.
Un radical cambio en la política sanitaria
Esta situación resulta curiosa, precisamente en un sector de la ciudad donde el anterior Gobierno de Aragón, hasta hace menos de un año, tenía la idea de unificar en un laboratorio las pruebas de todo el Sector Sanitario 1 de Zaragoza formado por 13 centros de salud, incluidos los de la Margen Izquierda. Con esta propuesta se perseguía potenciar la cercanía con el paciente que, según los sindicatos y trabajadores, ahora se va a perder. "Tienen la intención de que el Servet asuma el 70% del trabajo del sector 1 de Zaragoza. Es decir, todo lo contrario a lo que se planteó con la ley de 1986 para acercar la atención sanitaria al paciente", lamentaron.
En estos momentos, los usuarios de la Margen Izquierda acuden a su centro de salud para realizar las extracciones y estas muestras son analizadas en la misma mañana en el Grande Covián. "En el Servet los resultados no estarían hasta por la tarde y en ese momento ya no se puede avisar al médico del centro para una urgencia", precisaron.
En este sentido, la Junta de Personal alertó además de que los usuarios de esta zona de la ciudad se van a encontrar con una "pérdida de calidad en el servicio clarísima", cuando las consultas de las distintas especialidades estén dispersas en el hospital Provincial y el Royo Villanova. "En unos meses también van a trasladar traumatología al Royo y la falta de un centro de referencia es un síndrome de pérdida de calidad", entendieron.
Estas decisiones han dado un rocambolesco cambio a la política sanitaria del sector 1 de Zaragoza, ya que, como los colectivos vecinales indican, el Gobierno de Aragón tenía prevista la construcción de otro centro de especialidades en el Actur. De hecho, el solar para el centro médico, situado entre las avenidas de María Zambrano y Gómez de Avellaneda, sigue luciendo el cartel "terreno para la construcción de nuevo centro de especialidades".
Dudas sobre el servicio
El traslado del laboratorio también ha alertado a los sindicatos a la hora de de exigir que el servicio cumpla con todos los requisitos necesarios. La primera duda que asalta a los trabajadores es si el laboratorio del Servet tendrá la capacidad de garantizar el tiempo máximo permitido para el traslado de las muestras. Actualmente, las extracciones deben tardar menos de dos horas desde que salen del centro de salud hasta que llegan al centro de especialidades. "En el Grande Covián llegamos justos porque las muestras empiezan a llegar a las 9.45 y tienen que estar antes de las tres de la tarde. No sé si en el Servet van a poder garantizar esos tiempos", dudaron.
Las críticas a este traslado también llegaron desde el propio hospital Miguel Servet donde señalaron que este laboratorio, cuando lleguen las derivaciones, puede no cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales. Esta advertencia la realizaron al comprobar que es muy probable que en el laboratorio no se cumplan los espacios mínimos requeridos para el desempeño del trabajo, que son de 10 metros cúbicos libres por trabajador. Además, también indicaron que, en estos momentos, el personal está trabajando con temperaturas que están por encima de lo permitido.
La decisión del Gobierno de Aragón de trasladar el laboratorio del centro de especialidades Grande Covián al hospital Miguel Servet ha despertado las críticas de los trabajadores y sindicatos del Sector Sanitario 1 de Zaragoza. Este movimiento ha sido justificado desde la DGA con el fin de ahorrar costes y evitar duplicidades, siempre con la salvaguarda de que la calidad no se verá afectada.
Sin embargo, desde la Junta de Personal y entre los propios trabajadores se advierte que la descentralización de este servicio repercutirá negativamente en la atención al paciente. En este sentido, los trabajadores argumentan que el tiempo de respuesta del Grande Covián permite alertar de situaciones de riesgo inmediato del enfermo. "Cuando la analítica muestra que la vida del paciente está en riesgo se avisa al médico para que inicie su tratamiento inmediato", explicaron fuentes de la Junta. Sin embargo, los trabajadores avisan que esta capacidad de reacción se reduce drásticamente con el traslado del laboratorio.
Actualmente, en el centro de especialidades de la Margen Izquierda los resultados de las pruebas de bioquímica se obtienen en el día y las de microbiología – que requieren de la realización de cultivos – se obtienen a las 48 horas. Precisamente, ambas pruebas junto con hematología se van a realizar a partir del últiimo trimestre del 2012 en el laboratorio del Miguel Servet (bioquímica y hematología) y en el del hospital Royo Villanova (microbiología).
Con esta centralización, el laboratorio del Servet se hará cargo de 600 analíticas que diariamente se derivarán del Grande Covián, además de las 700 que ya se mandan desde el centro de especialidades Ramón y Cajal. En total, el hospital asumirá diariamente 1.300 pruebas más, sin contar las realizadas en el propio centro y las analíticas de urgencia.
Esta cuantía supone, según los trabajadores y sindicatos, un riesgo para la seguridad del proceso y así se lo han hecho saber al gerente del sector I y II del Salud, Mario González. "Se le ha advertido sobre una posible avería en la maquinaria del laboratorio que paralizaría toda la cadena sanitaria", indicaron.
Un radical cambio en la política sanitaria
Esta situación resulta curiosa, precisamente en un sector de la ciudad donde el anterior Gobierno de Aragón, hasta hace menos de un año, tenía la idea de unificar en un laboratorio las pruebas de todo el Sector Sanitario 1 de Zaragoza formado por 13 centros de salud, incluidos los de la Margen Izquierda. Con esta propuesta se perseguía potenciar la cercanía con el paciente que, según los sindicatos y trabajadores, ahora se va a perder. "Tienen la intención de que el Servet asuma el 70% del trabajo del sector 1 de Zaragoza. Es decir, todo lo contrario a lo que se planteó con la ley de 1986 para acercar la atención sanitaria al paciente", lamentaron.
En estos momentos, los usuarios de la Margen Izquierda acuden a su centro de salud para realizar las extracciones y estas muestras son analizadas en la misma mañana en el Grande Covián. "En el Servet los resultados no estarían hasta por la tarde y en ese momento ya no se puede avisar al médico del centro para una urgencia", precisaron.
En este sentido, la Junta de Personal alertó además de que los usuarios de esta zona de la ciudad se van a encontrar con una "pérdida de calidad en el servicio clarísima", cuando las consultas de las distintas especialidades estén dispersas en el hospital Provincial y el Royo Villanova. "En unos meses también van a trasladar traumatología al Royo y la falta de un centro de referencia es un síndrome de pérdida de calidad", entendieron.
Estas decisiones han dado un rocambolesco cambio a la política sanitaria del sector 1 de Zaragoza, ya que, como los colectivos vecinales indican, el Gobierno de Aragón tenía prevista la construcción de otro centro de especialidades en el Actur. De hecho, el solar para el centro médico, situado entre las avenidas de María Zambrano y Gómez de Avellaneda, sigue luciendo el cartel "terreno para la construcción de nuevo centro de especialidades".
Dudas sobre el servicio
El traslado del laboratorio también ha alertado a los sindicatos a la hora de de exigir que el servicio cumpla con todos los requisitos necesarios. La primera duda que asalta a los trabajadores es si el laboratorio del Servet tendrá la capacidad de garantizar el tiempo máximo permitido para el traslado de las muestras. Actualmente, las extracciones deben tardar menos de dos horas desde que salen del centro de salud hasta que llegan al centro de especialidades. "En el Grande Covián llegamos justos porque las muestras empiezan a llegar a las 9.45 y tienen que estar antes de las tres de la tarde. No sé si en el Servet van a poder garantizar esos tiempos", dudaron.
Las críticas a este traslado también llegaron desde el propio hospital Miguel Servet donde señalaron que este laboratorio, cuando lleguen las derivaciones, puede no cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales. Esta advertencia la realizaron al comprobar que es muy probable que en el laboratorio no se cumplan los espacios mínimos requeridos para el desempeño del trabajo, que son de 10 metros cúbicos libres por trabajador. Además, también indicaron que, en estos momentos, el personal está trabajando con temperaturas que están por encima de lo permitido.
Publicado en 10 de junio 2012 en Heraldo.es http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2012/06/09/los_trabajadores_advierten_que_cierre_del_laborato
domingo, 10 de junio de 2012
El consejero R.Oliván, una vez más, tira balones fuera
Con relación a las declaraciones, del pasado 5 de junio, del Sr. Olivan para “hacer viable el sistema que esta fuera de control”, desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad, creemos necesario hacer algunas precisiones:
No obstante podríamos estar de acuerdo con el Sr. Oliván en que el sistema debería ser mejorado en su estructura y gestión, aunque nos tememos que en los caminos de solución no vamos a coincidir. Mucho se podría hablar de esto, pero puesto que tenemos que ser breves, solo diremos que las ineficiencias del sistema se han producido a la sombra de gestores que realmente no creían en la Sanidad Pública. Como es bien conocido, un sistema nunca funcionará bien si sus gestores no creen en él. ¿Cree el Sr. Olivan en la Sanidad Publica? A la vista de sus medidas y las de sus compañeros de partido en otras Comunidades, tenemos fundadas razones para sospechar que no.
De sus declaraciones podemos deducir que es su deseo poner el sistema bajo control: ¿bajo control de quien?, porque mucho nos tememos que quiera seguir los pasos de su “parentela” de Madrid y Valencia y ponernos bajo “el control” de grandes grupos privados, con los resultados ya conocidos de incremento del gasto y deterioro de la calidad asistencial.
Finalmente quisiéremos recordarle algunos aspectos de nuestra realidad que sí están fuera de control y que parecen no preocuparles: nuestro Sistema Fiscal, cada vez más injusto y desestructurado; las altas cotas de economía opaca; los escandalosos niveles de fraude y elusión fiscal entre los ricos y muy ricos. Esto es tanto más preocupante en cuanto que si esto se redujese a la mitad, no serían necesarios ningún tipo de recortes, ni en sanidad ni en ningún otro tipo de Servicio Público.
Estas precisiones hacen referencia a cuestiones fundamentales a las que Uds. nunca se refieren. Se limitan a declaraciones dudosas y ambiguas que añaden más confusión, tratando de que los ciudadanos miremos hacia otro lado.
- El Sr. Oliván debería saber que el principal problema de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) es su baja financiación, de hecho estamos a la cola de Europa en inversión sanitaria.
- El Sr.Oliván debería saber que el número de trabajadores en el campo de la Sanidad Pública está muy por debajo de lo que nos correspondería según criterios europeos.
- También debería saber que la financiación de la Atención Primaria, la joya de nuestro SNS, es menos del 50% de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
- Y sobre todo debería saber que con los recortes que nos propone, nuestra Sanidad Pública se va a empobrecer, va a empeorar su calidad y nos vamos a alejar de Europa en inversión sanitaria. Por cierto, ¿cuantas vueltas de tuerca nos van a aplicar para tapar el agujero de Bankia?
No obstante podríamos estar de acuerdo con el Sr. Oliván en que el sistema debería ser mejorado en su estructura y gestión, aunque nos tememos que en los caminos de solución no vamos a coincidir. Mucho se podría hablar de esto, pero puesto que tenemos que ser breves, solo diremos que las ineficiencias del sistema se han producido a la sombra de gestores que realmente no creían en la Sanidad Pública. Como es bien conocido, un sistema nunca funcionará bien si sus gestores no creen en él. ¿Cree el Sr. Olivan en la Sanidad Publica? A la vista de sus medidas y las de sus compañeros de partido en otras Comunidades, tenemos fundadas razones para sospechar que no.
De sus declaraciones podemos deducir que es su deseo poner el sistema bajo control: ¿bajo control de quien?, porque mucho nos tememos que quiera seguir los pasos de su “parentela” de Madrid y Valencia y ponernos bajo “el control” de grandes grupos privados, con los resultados ya conocidos de incremento del gasto y deterioro de la calidad asistencial.
Finalmente quisiéremos recordarle algunos aspectos de nuestra realidad que sí están fuera de control y que parecen no preocuparles: nuestro Sistema Fiscal, cada vez más injusto y desestructurado; las altas cotas de economía opaca; los escandalosos niveles de fraude y elusión fiscal entre los ricos y muy ricos. Esto es tanto más preocupante en cuanto que si esto se redujese a la mitad, no serían necesarios ningún tipo de recortes, ni en sanidad ni en ningún otro tipo de Servicio Público.
Estas precisiones hacen referencia a cuestiones fundamentales a las que Uds. nunca se refieren. Se limitan a declaraciones dudosas y ambiguas que añaden más confusión, tratando de que los ciudadanos miremos hacia otro lado.
Creación de una Red Europea por el Derecho a la Salud y contra la mercantilización de la sanidad
Los pasados 12 y 13 de mayo tuvo lugar en Nanterre (París) la Conferencia Europea en Defensa de los Sistemas Públicos de Salud, en la que se decidió crear una Red Europea por el Derecho a la Salud y contra la mercantilización de la Sanidad. La conferencia reunió a sindicatos y asociaciones anti privatización de 10 países europeos (Alemania, Bélgica, Estado español, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Polonia y Eslovaquia).
Las organizaciones asistentes denunciaron que de forma simultánea en toda Europa, independientemente del partido que gobierne, desde hace años se esta llevando a cabo un proceso de desmantelamiento y privatización de los sistemas de protección social, que en estos momentos, con el pretexto de la crisis, se está acelerando. Al mismo tiempo, se introducen tasas y otras penalizaciones a los enfermos, se cierran centros públicos, se excluye de la asistencia integral a los inmigrantes, se traspasan a empresas privadas las actividades y procesos rentables, mientras se desprestigia a los empleados públicos y se deterioran sus condiciones de trabajo, con el consiguiente deterioro de la asistencia sanitaria.
En varios países se están desarrollando movilizaciones que involucran a usuarios y profesionales, así como a diferentes movimientos sociales y sindicatos alternativos.
En la declaración final, consensuada por todas las organizaciones, se hace un llamamiento a la coordinación europea para poner en marcha movilizaciones que puedan contrarrestar esta evolución. Un primer paso es la presentación pública, en los distintos países participantes, de la Declacración final de la conferencia internacional de Nanterre (documento adjunto), en los distintos países participante y la organización, en cada país, de una semana de acción europea por el derecho a la salud de los pueblos y en contra el desmantelamiento de los servicios públicos de salud y la mercantilización de la salud, del 1 al 7 de octubre de 2012.
Los asistentes a la Conferencia, conscientes de que la lucha en favor de un sistema de salud público y de protección social universal concierne a toda la sociedad, hacemos un llamamiento a la necesaria coordinación entre población general, profesionales de la salud, grupos anti privatización y de defensa de la salud pública.
Leer Declaración completa
Las organizaciones asistentes denunciaron que de forma simultánea en toda Europa, independientemente del partido que gobierne, desde hace años se esta llevando a cabo un proceso de desmantelamiento y privatización de los sistemas de protección social, que en estos momentos, con el pretexto de la crisis, se está acelerando. Al mismo tiempo, se introducen tasas y otras penalizaciones a los enfermos, se cierran centros públicos, se excluye de la asistencia integral a los inmigrantes, se traspasan a empresas privadas las actividades y procesos rentables, mientras se desprestigia a los empleados públicos y se deterioran sus condiciones de trabajo, con el consiguiente deterioro de la asistencia sanitaria.
En varios países se están desarrollando movilizaciones que involucran a usuarios y profesionales, así como a diferentes movimientos sociales y sindicatos alternativos.
En la declaración final, consensuada por todas las organizaciones, se hace un llamamiento a la coordinación europea para poner en marcha movilizaciones que puedan contrarrestar esta evolución. Un primer paso es la presentación pública, en los distintos países participantes, de la Declacración final de la conferencia internacional de Nanterre (documento adjunto), en los distintos países participante y la organización, en cada país, de una semana de acción europea por el derecho a la salud de los pueblos y en contra el desmantelamiento de los servicios públicos de salud y la mercantilización de la salud, del 1 al 7 de octubre de 2012.
Los asistentes a la Conferencia, conscientes de que la lucha en favor de un sistema de salud público y de protección social universal concierne a toda la sociedad, hacemos un llamamiento a la necesaria coordinación entre población general, profesionales de la salud, grupos anti privatización y de defensa de la salud pública.
Leer Declaración completa
Oliván justifica la retirada de tarjetas sanitarias a los inmigrantes por la normativa de la UE
La DGA ha retirado 15.000 tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros en situación irregular.
El consejero de Salud del gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha justificado la retirada de 15.000 tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros en situación irregular en la exigencia de trasponer una directiva europea que así lo marca.
El consejero ha dicho que en España se están dando tarjetas sanitarias a los inmigrantes "por el simple hecho de estar empadronados", pero después éstos pueden desplazarse por todos los países de la Unión Europea y ser atendido en países en los que los inmigrantes irregulares no tienen derecho a la asistencia.
Atención a embarazadas y menores
En cualquier caso, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada de IU Patricia Luquín en el pleno de las Cortes, no se les deja sin asistencia sanitaria, sino que se les presta la básica, es decir, la urgente hasta que reciben el alta, la atención del embarazo, parto y posparto, y atención integral a los menores de 18 años.
Esta decisión, censurada ya por muchas organizaciones según Luquín, estigmatiza a los extranjeros y rompe el principio de universalidad, y equipara injustamente a los inmigrantes con los europeos que viajan a España dentro del llamado "turismo sanitario".
Publicado en Heraldo.es el 8 de junio de 2012
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