Sebastián
Celaya, consejero de Sanidad de Aragón nombrado por el PSOE, ha declarado su
interés por implantar en nuestro territorio las Unidades de Gestión Clínica.
También el Gerente del Salud Aragón, Javier Marión, se pronunció a favor de las
mismas anunciando su puesta en marcha durante el próximo año. Eso daría continuidad
al nuevo modelo de privatización sanitaria, conocido como UGC, promovido
por el PP en la anterior legislatura.
El
SALUD ha declarado que el objetivo de las unidades de gestión en Aragón será “unificar
criterios en tratamientos y protocolos”. Con este mismo argumento se
presentaron en su día las UGC en Andalucía, cuyas verdaderas intenciones pueden
constatarse hoy: incentivar
económicamente a los profesionales para que reduzcan el gasto sanitario, reducir
plantillas, recortar prestaciones y deteriorar la calidad asistencial,
vinculando las actividades del personal médico y sanitario con prácticas
empresariales de
premios económicos ligados al ahorro.
Como
viene siendo habitual, esta política acusa a enfermos y pacientes de abusar de
los servicios sanitarios y otorga al personal médico la función de limitar el
acceso a pruebas y tratamientos a cambio de mayores retribuciones.
¿En qué consiste el
sistema de Unidades de Gestión Clínica?
Las
UGC son un mecanismo para introducir la lógica del beneficio empresarial dentro
de los centros sanitarios. Por eso dividen los centros sanitarios (atención
primaria y atención especializada) en múltiples “unidades de gestión” que
trabajarán con un presupuesto asignado y en base a unos objetivos de ahorro. Como
en un banco o en cualquier empresa, los profesionales que alcanzan esos objetivos
(como reducir el número de pacientes derivados a especialidades) son
recompensados económicamente.
Las UGC podrán crearse de oficio por
la Administración o a solicitud de los propios profesionales. Su organización será vertical, con una estructura
de dirección unipersonal
y/o colegiada. Podrán establecer y autorizar alianzas estratégicas
o proyectos de gestión
compartida entre distintos centros sanitarios de una “red
pública” en la que, recordemos, ya existen centros privados con ánimo de lucro.
Formarán parte de las UGC los
profesionales sanitarios y no sanitarios que acepten integrarse “voluntariamente”
(recordemos que en Andalucía esa adscripción comenzó siendo voluntaria para
acabar forzando a toda la plantilla del Servicio Andaluz de Salud).
No tendrán personalidad jurídica
propia. Los
sectores médicos no estaban dispuestos a asumir los riesgos (económicos)
derivados de la creación de sociedades empresariales, así que se mantiene el modelo existente en
Andalucía y Asturias (puesto en marcha por gobiernos del PSOE junto con IU y contra
el que los denominados “partidos emergentes” como Podemos-Aragón no se han pronunciado
hasta la fecha)
que mantiene el
carácter “funcionarial” para gestionar el dinero de todos pero acumulando beneficios sin asumir
pérdidas.
Los
incentivos económicos
se vincularán al cumplimiento de los objetivos establecidos con las
Direcciones. En Andalucía, los directores de UGC se embolsan por este concepto
hasta 13.000 €/año y el resto de médicos hasta 7.000, y en Asturias se “reparte”
como incentivos hasta el 49% del “ahorro” anual por cada UGC.
¿Qué consecuencias
tendrán la UGC?
- Primará
el interés en reducir el número de ingresos y las pruebas diagnósticas. Eso
dificultará la atención temprana de enfermedades y el tratamiento de las
mismas, generando mayor riesgo de mortalidad.
- Aquellas
UGC que necesiten renovar sus equipamientos médicos deberán hacerlo con el
presupuesto asignado y, por lo tanto, descontándolo de sus beneficios. En
muchos casos eso podrá llevar a retrasar o evitar la compra de equipos
vitales para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
- Los
pacientes de mayor edad o con afecciones crónicas o graves serán un “obstáculo”
para alcanzar los objetivos empresariales de las UGC.
- Se
tenderá a reducir las contrataciones de personal, pues el objetivo prioritario
es disminuir el gasto.
¿Por qué debemos
oponernos?
Porque
lo que se pretende con las Unidades de Gestión Clínica es transformar los
centros sanitarios en pequeñas unidades con funcionamiento empresarial, para la implantación futura de las empresas
privadas mientras se va fragmentando
y desmantelando el sistema público de salud.
Porque
primar los objetivos económicos es completamente contrario al derecho a la
salud y a la dignidad de las personas.
Ni empresas en la sanidad, ni médicos
empresarios
No a las Unidades de Gestión Clínica.
