Junto a la solicitud del preconcurso de acreedores,
que presentó el viernes por la mañana en el Juzgado de lo Mercantil
número 3 de Pontevedra, Povisa también entregó una copia de una carta
que remitió ese mismo día al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez
Almuiña. En ella, resume en seis medidas la propuesta para resolver su "crítica situación financiera", que atribuye en exclusiva a su actividad para el sistema público,
y continuar así con su relación. Si no hay acuerdo sobre ellas, plantea
otra opción: "el rescate de la concesión del servicio público,
permitiéndonos sobrevivir con nuestra actividad sanitaria en el sector
privado".
Firmada
por el consejero delegado del hospital del Grupo Nosa Terra XXI, José
Bernardo Silveira, la misiva sostiene que, ante la "situación límite" a
la que le ha llevado las pérdidas imputables al concierto público en los primeros cuatro años de vigencia, que cifra en 42 millones,
es "necesario alcanzar a la mayor brevedad posible una solución
definitiva que garantice durante la vigencia del concierto la calidad en
la asistencia sanitaria que Povisa viene prestando hasta la fecha" a
137.000 personas.
Para conseguirlo, el hospital de la calle Salamanca propone, primero, restablecer el equilibrio financiero del contrato.
Después, que el Sergas asuma directamente la medicación hospitalaria de
pacientes no ingresados y que le reste de los pagos la parte que le
corresponde a Povisa según el concierto. Le pide que cubra la medicación de alto impacto surgida después de 2014 y que no la descuente del importe a percibir por la empresa. También le reclama que no le cobre por servicios que presta el Sergas a su población asignada por no tenerlos Povisa en su cartera
-como pueden ser las pruebas PET, la radiocirugía o los procesos de la
unidad de arritmias-, ya que "nunca se tuvieron en consideración" en el
cálculo de los 540 euros que percibe por cada uno de los pacientes asignados.
Además, solicita que le vuelva a derivar los pacientes que antes del
convenio le remitía a sus unidades de referencia, como pueden ser la de
quemados o la de cirugía de la mano.
Si
la Consellería no está dispuesta a llegar a un acuerdo en estos
aspectos, el consejero delegado de Povisa le propone que valore otra
opción: el rescate de la concesión, para que el hospital concertado pueda "sobrevivir" con su actividad en el sector privado.
Asegura que, desde la entrada en vigor del concierto y finales de 2017,
los beneficios por seguros ascendió a 12 millones de euros, mientras
que por atención a particulares fue de 1,83 millones, frente a 33,6
millones de euros de pérdidas del sector público, a los que suma las de
este año y un descuento del Sergas por medicamentos de alto impacto,
hasta los 42 millones.
La población a la que atiende Povisa para el sistema público supone una cuarta parte del área sanitaria viguesa.
El Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) no tendría
infraestructura ni recursos suficientes para absorberlos. Según
declaraciones de sus responsables, sus quirófanos ya rinden al máximo de
lo que permiten sus camas y su plantilla. Y, aún así, la lista de
espera quirúrgica desciende muy lentamente y presenta, de lejos, la
mayor demora de Galicia -84,5 días frente a los 57,8 de la media de
hospitales públicos, según los datos del Sergas al cierre del primer
semestre-. A pesar de la espectacular mejora del hospital concertado
durante actual el concierto -de 199 a 80,5 días-, todavía tiene 3.337
pacientes pendientes de una operación, que supondría incrementar en un
42% la lista del Chuvi.
Por
su parte, el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, en
declaraciones a la Cadena Ser, pidió a Povisa que "colabore en la
búsqueda de soluciones". "Uno tiene que mirar también para su propio
lado", reprochó. El portavoz de En Marea, Luis Villares, también tilda
de "ruinoso" el "negocio" de la sanidad privada y rechaza un posible
"rescate" de Povisa. Propone integrar "todo el espacio sanitario en el
ámbito público", igual que defiende la Plataforma en Defensa da Sanidad
Pública.
