En el resto de autonomías estos profesionales y los
mismos gestores de los servicios regionales salud tenderían a
desentenderse del control de las bajas, dedicando sus esfuerzos a otras
funciones en las que sí se consideren protagonistas, como las meramente
evaluadoras en el caso de la Inspección Sanitaria.
El Ministerio de Empleo no ha querido consultar en
ningún momento a FAISS, que ha hecho difusión de sus análisis y
opiniones técnicas a través de los sindicatos y de los medios de
comunicación. Desde el primer momento se nos ha querido hacer ver que la
reforma iba a suponer una simplificación burocrática de la emisión de
partes de baja para los médicos de AP, cuando la verdadera intención era
ceder la gestión de la IT a los empresarios.
Ninguna autoridad estatal o autonómica controla de
forma sistematizada la actividad asistencial sanitaria que llevan a cabo
estas entidades privadas con cargo a los fondos públicos, al contrario
de lo que sí ocurre con cualquier centro de salud u hospital del SNS. La
suscripción de convenios entre dichas entidades y los servicios
regionales de salud. Esto último podría suponer la priorización de la
asistencia de los trabajadores frente al resto con cargo a los fondos
públicos, lo que rompe el principio de equidad del Sistema Nacional de
Salud (SNS)La reforma, tal y como está planteada en dicho
anteproyecto de ley, afectaría a los cimientos del SNS, con importantes
repercusiones sobre los trabajadores - pacientes y sobre la propia
estructura y funciones de la inspección de servicios sanitarios
especialmente en Cataluña y Andalucía, donde existen unidades
monográficas dedicadas al control de la incapacidad temporal (IT). El
papel de los inspectores sanitarios que forman parte de ellas, al igual
que el de los médicos de AP, quedaría sometido a la censura de los
trabajadores de las mutuas, algo así como si los asesores fiscales
"controlaran" a los inspectores de Hacienda.
En el resto de autonomías estos profesionales y los
mismos gestores de los servicios regionales salud tenderían a
desentenderse del control de las bajas, dedicando sus esfuerzos a otras
funciones en las que sí se consideren protagonistas, como las meramente
evaluadoras en el caso de la Inspección Sanitaria.
El Ministerio de Empleo no ha querido consultar en
ningún momento a FAISS, que ha hecho difusión de sus análisis y
opiniones técnicas a través de los sindicatos y de los medios de
comunicación. Desde el primer momento se nos ha querido hacer ver que la
reforma iba a suponer una simplificación burocrática de la emisión de
partes de baja para los médicos de AP, cuando la verdadera intención era
ceder la gestión de la IT a los empresarios.
Ninguna autoridad estatal o autonómica controla de
forma sistematizada la actividad asistencial sanitaria que llevan a cabo
estas entidades privadas con cargo a los fondos públicos, al contrario
de lo que sí ocurre con cualquier centro de salud u hospital del SNS. La
suscripción de convenios entre dichas entidades y los servicios
regionales de salud. Esto último podría suponer la priorización de la
asistencia de los trabajadores frente al resto con cargo a los fondos
públicos, lo que rompe el principio de equidad del Sistema Nacional de
Salud
