El
miércoles 1 de junio, a las 12h, tuvo lugar una rueda de prensa, en
la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, a cargo de
diversos colectivos en defensa de la sanidad pública y contra su
privatización, para denunciar la opacidad en la gestión
público-privada del CASAR (Consorcio Aragonés Sanitario de Alta
Resolución).
Más de
una veintena de colectivos, asociaciones vecinales y grupos
políticos, se han adherido a esta denuncia y han firmado un escrito
dirigido al Gobierno de Aragón, que fue entregado en el registro del
Pignatelli, ayer a las 17h de la tarde.
La rueda
de prensa, estuvo a cargo de la Asociación en Defensa de la Sanidad
Pública, la Plataforma en Defensa de las Unidades de Salud Mental y
la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad. Dichos
colectivos, se refirieron al último informe publicado por la Cámara
de Cuentas de Áragón, correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014
del consorcio privado del CASAR. Dicho informe, pone de manifiesto
graves irregularidades en la gestión del consorcio privado, cuyo
resultado es una deuda aproximada de unos veinte millones de euros,
que ahora, tras la integración del consorcio en el SALUD, tendrá
que ser sufragados con fondos públicos.
La
imposibilidad, por parte de la Cámara de Cuentas, de tener acceso a
toda la información , para poder realizar un informe riguroso,
demuestra el oscurantismo existente en la gestión de este
experimento público -privado, en el que todavía quedan por
aclarar: los sobresueldos recibidos por altos cargos del consorcio
fuera de convenio, el balance de cuentas de liquidación, el sistema
de contratación del personal sanitario, los servicios prestados por
el SALUD, los servicios externalizados y su rendimiento, los
beneficios obtenidos por la mutua, etc. Un sinfín de irregularidades
y de falta de información que hace sospechar que ninguno de los
sucesivos gobiernos autonómicos (desde la fundación del consorcio
en 2006) ni las alcaldías implicadas, parecen querer asumir las
responsabilidades de una gestión en la que sabemos quienes pierden
(una deuda millonaria que tendrá que ser asumida por todos los
aragoneses) pero que, a día de hoy, no sabemos quienes ni cuanto han
ganado.
Por ese
motivo, los colectivos denunciantes exigieron públicamente la
realización de una auditoria
externa que aclare las gestión llevada a cabo, así como la depuración de responsabilidades de los implicados, si fuera preciso.
Del mismo
modo, los colectivos resaltaron que el CASAR no es un caso aislado y
enumeraron las diversas experiencias privatizadoras que se han
llevado a cabo en el resto del estado y que se han saldado con
similares consecuencias (se ha demostrado que el SALUD es un 25% más
barato que el modelo de gestión del CASAR). Así pues, declararon
que la proliferación de asociaciones público-privadas responde a un
proceso de privatización encubierta de los servicios públicos y que
además, este modelo de gestión, genera el entorno idóneo para la
corrupción. Denunciaron, que este tipo de asociaciones están
acostumbradas a ocultar endeudamiento público, al mismo tiempo que
otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas
privadas obtengan beneficios. Y recordaron que las empresas del
sector privado deben maximizar los beneficios si quieren sobrevivir.
Hecho que es incompatible con el acceso universal a servicios
públicos de calidad.
En ese
sentido, reivindicaron también la derogación de la Ley 15/97 de
“nuevas formas de gestión”, marco legal que permite la entrada
masiva de la empresa privada en la sanidad pública y que, pese a las
continuas promesa electorales, aún sigue vigente.
Los
colectivos denunciantes, advirtieron que las acciones de protesta
seguirán hasta que sean escuchadas sus reivindicaciones.
