Durante los momentos más duros de la pandemia, la patronal privada desapareció del panorama. Realizó ERTEs e incluso llegó a cerrar muchos de sus centros sanitarios. Pero al olor de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, ha resucitado milagrosamente y ahora la sanidad privada aparece como la salvadora y la sustituta perfecta de todas las debilidades del sistema público.
Para
ello, resucitando el viejo mantra tantas veces invocado de la “sostenibilidad
del SNS”, proponen una nueva trasfusión, o lo que es lo mismo, un nuevo (¿y van
cuantos?) trasvase de fondos públicos a sus bolsillos.
En
su informe, ni se sonrojan ni disimulan su cinismo al afirmar que “todas
las empresas del sector sanitario y social español han mostrado un fuerte
compromiso con la sociedad y han colaborado y cooperado de manera efectiva,
jugando un papel fundamental para luchar contra la pandemia y sus efectos…”.
La desfachatez no tiene límites, llegando a defender que el papel del sector
privado (sanitario y sociosanitario) en la crisis ha sido “crucial”. Así es, es
cierto que su papel ha sido crucial en la masacre de las residencias: sus
plantillas al mínimo y la escasez, cuando no inexistencia, de sanitarios en
muchas de ellas. Su falta de escrúpulos y la connivencia de los gobiernos
central y autonómicos hicieron la mezcla perfecta para el coctel letal.
Situación que 9 meses después de la primera ola, no parece preocupar al
gobierno central. No ha tenido (¿?) tiempo de aprobar por la vía de urgencia
una ley que permita cambios imprescindibles en el funcionamiento y la
comunicación sobre los centros de atención a nuestros mayores. Centros que no
olvidemos, son objeto de negocio de órdenes religiosas ancladas en el siglo
XIX, cuando no de fondos de capital riesgo.
Según
las hermanitas de la caridad de la CEOE, “sin embargo, esta puesta a disposición de
instalaciones, material sanitario, recursos profesionales y de servicios, no ha
conllevado ninguna contraprestación, lo que ha provocado un coste extraordinario
para estas empresas” (mentir es
lo único que hacen gratis….) por lo que exigen financiación suficiente a través del “fondo
de reconstrucción y resiliencia que recibirá España”.
Para
ello proponen:
-
Mas
“colaboración público privada” para garantizar la “sostenibilidad del sistema sanitario”.
-
Plan de choque para aligerar las
listas de espera
(quirúrgicas, de pruebas diagnósticas, de consultas, tratamientos, etc.); reforzar el importante papel a jugar por
las Mutuas y Servicios de Prevención Ajenos y dándoles la posibilidad de
realizar pruebas diagnósticas de la sanidad pública, así como el acceso a
la historia clínica...para que los pacientes “no dejen de acudir a sus centros médicos, evitando así las
consecuencias en la salud que pudieran derivarse de los retrasos o falta de
atención sanitaria a tiempo”. Es decir, mientras los centros público-estatales
continúan estrangulados económicamente, se generan pavorosas listas de espera con
las que se forrarán estos samaritanos.
-
Deducciones fiscales para las empresas.
-
Renovación
de nuestro SNS,
que debe reorganizarse bajo un enfoque de “Salud Única” (sic), así como “una
adecuada dotación presupuestaria para el SNS”, es decir incremento del
gasto sanitario que lógicamente no irá a los centros de gestión directa, sino
que acabará en sus cuentas de resultados. Es decir, mayor saqueo del sector público.
-
“Necesidad
de proteger y promover el sector de la industria farmacéutica y de los
medicamentos”, como si estuvieran poco protegidos ya. Su “nivel de
protección” ha quedado claro en los últimos años con los pelotazos del Tamiflu
(gripe A), Sovaldi (hepatitis C), y en estos momentos con el Remdesivir
(Covid-19) y el fabuloso negocio de las vacunas que se aproxima.
Solo
queda por ver como el “gobierno progresista” justificará este nuevo desvío de dinero
hacia estos parásitos. Algo que se producirá con toda seguridad dado el actual
marco jurídico, mantenido contra viento y marea por aquellos que pretendían
asaltar los cielos. La estrategia parece clara, con la unanimidad de todo el
arco parlamentario. Se está llevando hasta el límite al sistema sanitario público
y a sus profesionales, provocando que la falta de asistencia a otras patologías
(que eran las que ya llenaban las consultas antes del covid) provoque
resultados en muchos casos fatales. Al mismo tiempo, sus medios de
desinformación nos bombardean continuamente con el único problema que al
parecer existe: el Covid-19, generando cada vez mayores niveles de pánico; y
sobre todo, nos inundan de anuncios de variadas ofertas de seguros privados que
nos prometen la medicina del futuro a módicos precios.
Ahora
más que nunca es necesaria la mayor unidad posible para ir articulando alianzas
en todo el estado, para derogar las leyes
estatales que hacen legal lo que están haciendo tanto gobiernos autonómicos
de todos los colores como el gobierno central que lo permite.
Leyes
que nos afectan a todxs y que permiten el saqueo y la destrucción del sistema
público de salud. La expulsión de la empresa privada y del lucro del SNS, la
creación de un sistema de farmacia público y la democratización del SNS son
objetivos posibles que solo dependen de la movilización popular, y son la única
forma de garantizar una sanidad de calidad, universal y con toda seguridad más
barata.
CAS,
OCTUBRE 2020