¿Quieres acabar trabajando en la sanidad privada?
Este gobierno quiere convertir hospitales y
ambulatorios en centros de negocio. Los quiere privatizados
para las grandes empresas de la sanidad para colocarse luego en sus consejos de
administración. Pero las movilizaciones ciudadanas y algunas resoluciones
judiciales están dificultando mucho sus
planes privatizadores….
Para resolver esta situación ha puesto en marcha la Ley 10/2013 de Áreas de
Gestión Clínica, que ya está en vigor en otras comunidades. ¿En que consiste su estrategia?:
- En fragmentar los centros
sanitarios públicos en microempresas
con entidad jurídica propia
- En dar a estas
Unidades autonomía para administrar su personal y presupuesto,
permitiéndoles apropiarse de los beneficios generados por la venta de sus
servicios a otras Unidades o Centros
- Crear un mercado
interno dentro del sistema sanitario para dar entrada al sector privado
(farmaindustria-multinacionales sanitarias) a cambio de aportar algún dinero.
¿Cómo
piensa el gobierno materializar esta estrategia privatizadora?
1.
Aplicando la Ley 10/2013 de creación de Áreas de Gestión
Clínica. Al personal de los centros se le aplicará el régimen laboral de las
empresas privadas, eliminando el régimen estatutario de la sanidad pública y
perdiendo estabilidad y derechos
laborales.
2.
Con la firma de un acuerdo con el denominado Foro
de la Profesión
(Colegios Médicos y algunos sindicatos corporativos) que, a cambio de algunas
prebendas, ha respaldado esta política privatizadora y ha dado su apoyo a la
laboralización del personal.
¿Qué
consecuencias acarreará la creación de Áreas de Gestión Clínica?
1. Desmantela
y privatiza el sistema sanitario, que se fragmentará en múltiples empresas,
2. Somete las decisiones clínicas de los profesionales
sanitarios a las políticas empresariales.
3. Elimina
los derechos de los trabajadores sanitarios que para integrase en estas
Unidades de Gestión deberán renunciar al Estatuto del Personal del Salud
4. Extingue
el modelo de Atención Primaria cuya
actividad quedará sometida a los
intereses empresariales de las nuevas unidades,
5. Aumenta
el gasto sanitario innecesario dotándose de un aparato burocrático para
gestionar los recursos, como empresas autónomas, buscando exclusivamente maximizar
los beneficios
6. Deteriora
la calidad, seguridad y el acceso a los servicios a la ciudadanía,
especialmente los pacientes aquejados de
patologías no rentables económicamente.
