“TU SALUD SE VENDE”: MANIFESTACIÓN POR LA SANIDAD PÚBLICA,
18 de marzo, 12h - Plza. España (ZARAGOZA Y BINÉFAR)
El sistema público de salud ha colapsado. No es un problema de gestión. Es resultado de un proceso intencionado de deterioro, perpetuado durante décadas, para privatizar el sistema y convertir la salud en una mercancía. Todos los gobiernos, independientemente del color político, han activado los mecanismos necesarios para su venta: conciertos, derivaciones, externalizaciones, etc. El actual gobierno continúa con la misma dinámica y nos lo presenta como “colaboración público-privada”: el Estado pone recursos públicos a disposición de grandes empresas (fondos de inversión, bancos, aseguradoras, constructoras, etc.) para que éstas hagan negocio a riesgo cero. Las políticas privatizadoras quedan también reflejadas en el proyecto de Ley impulsado por el actual “gobierno progresista”, una Ley exigida por UE para poder acceder a los Fondos Europeos “Next Generation” (dinero canalizado directamente a empresas que quieren invertir en el sector sanitario, como Amazon, Vodafone, Telefónica...), que no blinda la sanidad pública y mantiene la exclusión sanitaria.
En Aragón se repite el mismo esquema. La privatización viene patrocinada por los poderes públicos: desde el PP con el “pelotazo sanitario” de Azcón (construcción del macro-hospital privado de Quirón en suelo público vendido a precio de saldo) y el mega-proyecto hospitalario para el Grupo Hernán Cortés (para el que se destinarán en inicio 75 M€) hasta Maru Díaz (Podemos) promocionando la “triple hélice” (colaboración público-privada) en sintonía con ARAHEALTH (clúster sanitario Aragonés conglomerado de empresas e instituciones públicas a la caza de dinero para ampliar el negocio). Asimismo, el Plan del gobierno de Aragón (con consejería de sanidad del PSOE) para reducir las listas de espera, en lugar de fortalecer la atención primaria y especializada, pasa por incrementa los conciertos (5%, hasta los 6 M€), renovar los convenios con el H. Militar y con la MAZ (4 M€) y las derivaciones. En Aragón, como en el resto del estado español, la apuesta creciente por lo privado implica vaciar lo público.
Que la sanidad esté en crisis no es ninguna novedad. Año tras año se repite el aumento de las listas de espera en los hospitales, la falta de profesionales en los centros de salud, el cierre de consultorios en el medio rural, la falta de ambulancias para el traslado de pacientes dependientes o con necesidades urgentes y los retrasos de meses en la atención a la salud mental.
Todo esto es consecuencia de una serie de decisiones políticas tomadas en torno a la salud de la población. La falta de inversión en la Atención Primaria (AP) y Continuada (AP) ha promovido una salud basada en la asistencia y la medicalización, ya que los profesionales no pueden dedicar el tiempo necesario a desarrollar los principios de prevención y de promoción, pilares fundamentales de la AP. Estas políticas también han hecho colapsar las urgencias de los hospitales: las urgencias de los centros de salud han sido cerradas en muchos casos, obligando a los pacientes a acudir al hospital más cercano. Otro ejemplo es la privatización de las ambulancias, ahora en manos de empresas que buscan el beneficio económico por encima del social, generando situaciones gravísimas sobre todo en las zonas rurales.
Este modelo asistencialista y privatizado ha generado un aumento de los costes sanitarios como excusa para seguir vendiendo la sanidad a grandes empresas mediante la externalización de servicios como limpieza, lavandería o farmacia, que transfieren dinero público para su gestión privada (sin transparencia), y con la firma de convenios con hospitales privados y residencias. La dudosa calidad de esos servicios privados ha quedado clara durante la pandemia, especialmente en las residencias.
La salud no puede entenderse como una fuente de beneficio económico, productividad o costes abultados. La salud tampoco debería entender de políticas sanitarias racistas que excluyen e imponen requisitos dependiendo de la situación administrativa de las personas. La salud debe entenderse como un bien común. Una sociedad saludable debe centrar sus estrategias en mejorar la salud individual y colectiva para garantizar una buena calidad de vida.
Las reclamaciones de la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón incluyen, entre otras:
• Derogar todas las leyes privatizadoras de la salud y que siguen la estela de la Ley 15/9;
• Atención sanitaria para todas las personas, independientemente de su situación administrativa;
• creación de un sistema público de farmacia y productos farmacéuticos;
• atención sanitaria en los centros de mayores a manos del sector público;
• mejorar la calidad de la atención sanitaria y la formación de profesionales;
• desgranar la problemática en el mundo rural;
• revertir las privatizaciones realizadas y movilizar a la población para luchar contra todas estas situaciones injustas y desiguales que entienden la salud como un privilegio y no como un bien común.
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