Estos
días de pandemia nos fijamos que el colectivo de personas mayores es quien más
lo sufre y padece, incluso con su vida. Lo lógico es que las personas con múltiples
patologías sean las más afectadas. Lo que escapa de lo razonable es que gran
parte de los casos sean en residencias de ancianos. En Aragón 3 de cada 4
muertes por coronavirus se han producido en residencias para mayores. Residencias
que, en su mayoría, son de gestión público-privadas (gestión indirecta o
concertadas) o totalmente privada. La situación derivada de la pandemia no ha
hecho sino sacar a la luz pública una situación de la que ya se venía alertando:
el creciente negocio del cuidado de mayores y sus riesgos.
Grandes empresas y
fondos buitre han encontrado el entorno idóneo para la inversión en este sector:
tendencia de envejecimiento poblacional, una legislación laboral y de
dependencia que favorece la explotación de sus trabajadoras, unas redes
comunitarias y familiares cada vez más escasas y la puesta a disposición de
dinero público para el negocio de servicios geriátricos. Así, en los últimos
años, hemos visto la progresiva concentración en el sector mediante el cierre
de operaciones de venta de geriátricos por parte de estos grupos empresariales.
El negocio
geriátrico facturó más de 4.350 millones de euros en el estado entre 2015 y
2017. Los cinco grupos empresariales que encabezan este mercado son DomusVi,
Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol. Algunas de las residencias más
afectadas durante estos días pertenecen al gigante geriátrico español DomusVi,
ahora controlado por un fondo de inversión británico, que nacía de la fusión de
Geriatros y Sarquavitae, previamente comprados por otro fondo de inversión galo,
PAI Parteners. En el estado español esta multinacional cuenta con 138
residencias que le reportan un volumen de negocio de 530 millones de Euros. El
65% de esos centros se nutren de dinero público.
Aunque este grupo iba
acumulando denuncias de familiares, previas a la pandemia, por falta de calidad
en la asistencia, estas eran ignoradas. En tiempos de pandemia, estas denuncias
se han visto multiplicadas por la falta de información y de medidas de
protección del personal. Las más de 150 muertes de ancianos por coronavirus en
ocho de sus residencias, ha obligado a que cinco de sus centros hayan sido
intervenidos por las autoridades en cuatro comunidades autónomas.
Este grupo
cuenta en Aragón con tres grandes residencias: DomusVi Fontibre, DomusVi
Zalfonada y Centro Asistencial Santa Ana de Utebo. Éste
último, una residencia de propiedad pública gestionada en un primer momento por
Sarquavitae y ahora perteneciente a DomusVi, fue inaugurada en 2014 por la
entonces presidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudi, quien la describía como “un
buen ejemplo de la colaboración público-privada”. Desde su inauguración hubo protestas,
por parte de residentes y familiares, por problemas con la frecuencia del transporte
público y la falta de comunicación con los residentes. En 2017 más de 35
internos denunciaban la falta de personal y limpieza. Posteriormente, se sumaba
a las denuncias la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza por registros
indebidos y vaciados de las habitaciones de los residentes sin estar ellos
presentes.
El ahorro en costes
de personal de esta y otras empresas, que se traduce en una pérdida en la
calidad en la asistencia, se ha demostrado un hecho durante la crisis. Las ofertas
de empleo precario, por parte de estas residencias, se suceden durante estos
días en un intento de solventar un problema que venía de antes. Sin embargo, la opacidad en la información en torno
a la situación en los centros y la falta de control de las mismos nos sigue
inquietando.
El pasado jueves,
el Director General de Salud Pública del gobierno de Aragón, Francisco Javier
Falo, declaró que el Gobierno de Aragón no es partidario de intervenir
residencias de personas mayores cuando se detecta un brote de coronavirus sino
de reorganizar los recursos para redistribuir a los usuarios. Algunas preguntas
nos asaltan respecto a estas declaraciones: si, previamente a la pandemia,
estas residencias, y para muestra un botón, ya acumulaban quejas por falta de
personal y limpieza ¿en qué situación se encuentran ahora?; ¿Qué tiene que
pasar para que una residencia sea intervenida?; Si en varios territorios del
estado varias residencias de este grupo han sido intervenidas, ¿no sería conveniente
un mayor control en residencias de los mismos propietarios?
Desde la Plataforma
Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón exigimos que, en el tiempo que
dure la pandemia, se garantice la seguridad de nuestros mayores y de quienes
cuidan de ellos en las residencias, extremando las medidas de control,
intervención y transparencia por parte de los responsables públicos. Una vez
todo esto pase, solo una prestación y gestión plenamente públicas de los servicios
socio-sanitarios, podrá garantizar que nuestros mayores no sigan pagando con su
dignidad o su vida mientras otros se llenan los bolsillos.
