La crisis del
Covid-19 ha permitido destapar la vergonzosa situación del equipamiento de
protección, de técnicas de diagnóstico y la farmacia en el Sistema Nacional de
Salud.
El caso de la hidroxicloroquina es paradigmático. Cuando parece que
funciona en algunos casos de Covid-19, las existencias en los hospitales están
prácticamente a cero. Y la posibilidad de conseguir comprarlo en el mercado
internacional es escasa: India, mayor productor mundial, que era quien
abastecía al mercado español, ha prohibido la exportación de su molécula, de
forma que en estos momentos no hay capacidad para fabricarla en el estado
español. Otro tanto pasa con medicamentos utilizados para la sedación en las
unidades de críticos, como es el caso de los relajantes neuromusculares.
Hace años, ante la crisis de la hepatitis C, planteamos la creación
de un sistema de farmacia público, que fuera capaz de producir los
medicamentos esenciales, no siendo rehén de las multinacionales1. Lógico ya que
comprar el Sofosbuvir a casi 60.000 € por cada tratamiento de 12 semanas,
(cuando sus costes no pasan de 115 €, casi 600 veces más) no tenía ningún
sentido. Ni se hizo, ni se apostó por saltarse las barreras comerciales en base
al criterio de utilidad pública, lo que permitía la ley, e incluso el
Parlamento Europeo reconoció2. Big Pharma hizo su agosto. El pueblo puso los
muertos3.
La propuesta que CAS planteó: “creación de un sistema de farmacia público,
para hacer frente a los chantajes de las multinacionales” no fue escuchada4. Ahora
lo estamos pagando con muertos que podíamos haber evitado.
Los test diagnósticos, absolutamente imprescindibles si se quiere
parar la pandemia, no están disponibles a día hoy, más de 60 días después
del inicio “oficial”5 de la pandemia6, por lo que seguiremos alimentando
urgencias, UCIs y tanatorios. Y la tecnología sanitaria que hoy escasea en
los hospitales exactamente igual. Con Alemania, único fabricante europeo de
respiradores, prohibiendo su exportación, así como otro tipo de material
médico. Prevención y tratamiento, ambos indispensables si se quieren salvar
vidas.
En cuanto al material de protección, nos llegan quejas de quienes en
primera línea se están jugando la vida para salvar otras. No tiene ningún
sentido desechar los EPIs tras un uso de pocas horas en lugar de reutilizarlos.
Es factible limpiarlos y esterilizarlos, pero no es posible hacerlo, ya que, en
la mayoría de los hospitales, los servicios de lavandería y esterilización han
“sido externalizados”, por lo que no asumen dicha tarea. Aquí también se
podría ahorrar dinero y garantizar la seguridad de quienes nos cuidan.
Respecto a la investigación científica, aparte del aumento de la
inversión en I+D+I, se debe de reorganizar desde grupos autónomos de
investigadores, no ligados a empresas, trabajando orientados hacia las
necesidades de la población, conjuntamente con la farmacia socializada.
Cuando
esto acabe, todos a la calle para una movilización continuada y contundente.
Hay responsables.
¡¡ NUNCA MÁS
MUERTOS EVITABLES!!
La privatización mata. Derogación de la
Ley 15/97 y rescate de todo lo privatizado.
Derogación art. 90 de la Ley General de
Sanidad, que permite los conciertos.
Por
una industria sanitaria y farmacéutica pública
Por una atención digna a nuestros mayores
Sanidad pública para todxs, sin exclusiones
VIDEO. Por una política del medicamento al servicio la salud de las personas, no de las multinacionales: http://www.casmadrid.org/index.php/multimedia/363-laprivatizacion-mata-6
CAS 3 de abril
de 2020
1 Ningún partido se posiciona contra Farmafia.
http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/407-ningunpartido-se-posiciona-contra-farmafia
2 En septiembre de 2014, el partido UPyD ha hecho la siguiente pregunta6 en
el Parlamento Europeo: ¿Qué posición tomaría la Comisión si un Estado miembro
decidiera emitir una licencia obligatoria y fabricar genéricos de sofosbuvir?.
Dado el volumen de afectados en la EU y considerando que algunos Estados
miembros están planteando permitir el acceso a este medicamento solo bajo uso
compasivo, ¿piensa la Comisión que este racionamiento garantiza «un alto nivel
de protección de la salud humana», tal como afirma el artículo 35 de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea? Respondiendo el Comisario de
salud: “corresponde a los Estados miembros decidir la manera de conceder a los
ciudadanos de la UE el acceso a tratamientos medicamentosos innovadores”. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-007297-ASW_ES.html?redirect
3 La vigente Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio, artículo 95.
Licencias obligatorias por motivos de interés público) permite, por “motivos de
interés público”, y “debido a su primordial importancia para la salud pública”,
emitir la concesión de licencias obligatorias, lo que habría permitido fabricar
el genérico a precios de coste, gastándonos solo unos 12 millones de euros, en
lugar de los exorbitantes 1.500 millones (5) que ha costado tratar hasta la
fecha a unos 76.000 pacientes.
6 El 30 de enero la OMS declaró que el brote constituía una emergencia de
salud pública internacional.
Fuente: CAS Madrid
