La
crisis del coronavirus ha destapado la situación del sistema sanitario y
socio-sanitario en el Estado español, dando la razón a 20 años de reivindicaciones y
denuncias: LAS POLÍTICAS DE PRIVATIZACIÓN Y RECORTES MATAN. Todo ha
acabado en un espectáculo dantesco: atención primaria sin medios para
contener la epidemia, hospitales colapsados y con recursos insuficientes, profesionales
agotados que se han enfrentado a la pandemia en condiciones lamentables y obligados
a elegir a quién intentaban salvar la vida por falta de respiradores,
residencias de ancianos donde los infectados y las muertes sin atención han
sido la tónica general, centros de menores, salud mental, cárceles y CETIs de
los que ni se habla. Los datos hablan por sí mismos: las CCAA más afectadas durante
la pandemia son aquéllas donde la sanidad ha sido más recortada y privatizada.
Todo esto tiene responsables: los partidos políticos que aprobaron la Ley
15/97 para introducir los “nuevos modelos de gestión” que abrían las puertas a
la empresa privada, que desde entonces han mantenido todos los gobiernos de
turno y que el actual gobierno sigue manteniendo. Por eso exigimos su inmediata
derogación. Aquellos sindicatos que no han defendido el interés general. Las empresas
y fondos de capital riesgo que se han hecho negocios millonarios con estas
privatizaciones. Los jueces que no han visto ningún problema en las leyes que
desmontaban la sanidad… y una parte población que guardamos silencio mientras
todo esto ocurría, pensando que no nos afectaba. Hoy la realidad es muy
distinta. Todos y todas hemos perdido o conocido a alguien que ha muerto por
falta de asistencia o deficiencias en la atención. Ya es hora de pasar de los
aplausos a exigir nuestros derechos.
No podemos volver a la normalidad porque la
normalidad era el problema.
Los de siempre querrán hacer tabla rasa y volver a la situación previa, con el
sistema de salud desmantelado. En junio de 2019, según cifras oficiales
convenientemente maquilladas, casi 700.000 personas esperaban cita para una
intervención quirúrgica y 2.400.000 esperaban la primera consulta con el
especialista. Mientras tanto, seguros y centros privados (esos que desaparecieron
durante la pandemia y ahora reclaman contrapartidas económicas), no han parado
de crecer y hacer caja a nuestra costa. Queremos que el dinero se invierta en
interés de todos y todas, en nuestro beneficio y para la atención que todos y
todas merecemos. Y sabemos que hay dinero. Lo que no ha habido es voluntad
política para defender a la gente y molestar a los fondos de inversión, a la industria
militar, a las fuerzas armadas, a la corona y sus comisiones, a las corporaciones
energéticas, constructoras, financieras … que parasitan todos y cada uno de
nuestros derechos, a sus crímenes, sus chantajes y sus paraísos fiscales. Ocurrió
con la estafa de la crisis anterior y no puede volver a ocurrir ahora.
Por
eso no queremos “su” normalidad: porque esa normalidad incluye una legislación
racista que expulsa a miles de personas sin acceso a una asistencia sanitaria
en igualdad de condiciones, donde la ley de extranjería prevalece sobre el
derecho a la salud; porque también significa eludir la responsabilidad de dar unos
cuidados dignos a quienes lo necesitan, dejando a nuestros seres queridos en
manos de empresas que ahorran en lo esencial y explotan a sus trabajadoras
porque el beneficio económico es su único objetivo. Aragón es un buen ejemplo: el
89% de las muertes por covid-19 se han producido en residencias de ancianos.
Sin
embargo, lejos de avergonzarse y tomar medidas para reforzar el sistema
público en nuestro territorio, el Ayuntamiento de Zaragoza se ríe en nuestra
cara anunciando la construcción de un macro-hospital privado en la
ciudad: un “pelotazo” especulativo entre Ayuntamiento y empresas para seguir
haciendo negocio con nuestra salud. Intentan estafarnos otra vez. Fortalecer la
sanidad pública es dotarla de personal suficiente, recursos e instalaciones
íntegramente públicos (tanto en financiación, propiedad, en provisión y en
gestión de servicios), garantizar la asistencia a toda la población y derogar
la legislación que la expone un derecho universal a la especulación y al
negocio privado.
No
queremos promesas de blindaje en la Constitución, ni elaboración de libros
blancos para “reconstruir la sanidad”, ni presencia en Comisiones
parlamentarias de aquellas personas que nos han llevado a esta situación. Este es un problema de todos y todas. Este es
el momento y la responsabilidad es nuestra. Estamos obligados a salir
a la calle. No un día, ni dos, sino todos los necesarios para obligarles a paralizar
las privatizaciones, revertir lo ya privatizado, expulsar el ánimo de lucro de
la atención sanitaria, garantizar la atención a todas las personas en igualdad
de condiciones, sin excepciones ni requisitos, y establecer un sistema digno para
el cuidado de nuestros mayores.
Por un sistema sanitario centrado en las
personas. Por una salud que ponga la vida en el centro. Porque la privatización
mata y las desigualdades también.
1. No
a la construcción del macro-hospital privado en Zaragoza. Exigimos la
paralización inmediata de los trámites de la venta de suelo público para su
instalación y la desautorización del Gobierno de Aragón.
2. Derogación
de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que
legalizan la privatización y los conciertos. Vuelta a manos públicas de todo lo
privatizado. Incompatibilidad absoluta público-privada. Nunca más dinero
público a la privada: ni contrapartidas ni subvenciones. Fuera las empresas de
la sanidad.
3. Por
una industria sanitaria y farmacéutica pública.
4. Sanidad
gratuita y universal: salud para todos y todas, sin requisitos ni
excepciones. Exigimos la Derogación del Decreto 16/2012, que nos
devuelvan el derecho que nos ha sido robado.
5.- Potenciación
de la Atención Primaria: por un modelo de prevención y promoción de la
salud
colectiva.
6. Investigación
de las muertes producidas en las residencias y asunción de responsabilidades. Cuidados
de nuestros mayores con dignidad. Servicios sociosanitarios 100% públicos.
7. Por
una salud pública centrada en “los determinantes sociales”: la
privatización mata, las desigualdades también.
Con
nuestra salud ni se juega ni se negocia
Por una sanidad pública, gratuita,
universal y de calidad
No al macrohospital privado
“Colectivos en defensa de la sanidad pública”
convocantes:
