Antonio Garamendi y Juan Ignacio Vivas, este jueves.
El presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia
(AESTE), Juan Ignacio Vivas, ha apostado este jueves por "salarios más
dignos" en el sector y para ello ha apostado por un incremento de los
precios públicos que cobran las empresas en los centros cuya gestión le
encomiendan las comunidades autónomas.
"La intención, frente a lo que algunos puedan pensar, no es que las
empresas ganen más dinero", sino la "profesionalización del
sector" y "dignificar" sus salarios, asegurando a sus
trabajadores "empleo estable y de mayor calidad, que yo creo que lo merecen
porque en estas circunstancias han estado en primera línea" y "no
están pagados como deberían".
Durante su intervención en la Cumbre empresarial organizada por la CEOE,
Vivas, presidente de esta patronal de presidencias y a su vez de Ballesol (de
la aseguradora Santalucía), ha dicho que "no ha llegado todavía el momento
de hacer balance de lo sucedido" en la crisis del coronavirus, pero sí ha
expuesto "algunas conclusiones provisionales" de aspectos que
convendría revisar, como que los residentes "no reciben una adecuada
atención" del sistema de salud y se han convertido "en ciudadanos de
segunda clase", una situación "endémica" previa a la crisis del
coronavirus.
El directivo, que ha pedido un "pacto de Estado" para abordar la
situación del sector, ha reclamado, de cara a un posible rebrote de la
pandemia, un sistema de alertas tempranas porque "esto no puede volver a
pasar", test masivos para residentes y profesionales, que la
Administración cuente con un "stock de seguridad importante" de
equipos de protección de seguridad, y mayor coordinación socio sanitaria.
Tras el elevado número de fallecimientos en estos centros, "no hay que
buscar culpables" porque "todos lo hemos hecho lo mejor que hemos
sabido. Cuando las cuestiones pasan, los que tomamos decisiones siempre
cometemos aciertos y errores, pero es muy fácil opinar sobre todo desde el
exterior sobre las situaciones que se han vivido, realmente duras. Ningún país
está preparado para una pandemia, ni sus servicios sociales, ni sus servicios
sanitarios".
El directivo ha pedido huir de la "perspectiva simplista" de
concebir como un todo a los 5.500 centros residenciales que existen en España,
que cuentan con 390.000 plazas y en los que trabajan 200.000 profesionales de
manera directa, con el 75% de las plazas en manos de empresas privadas, de
forma directa o bajo concesión. Es un "atrevimiento imprudente" meter
a todos en el mismo saco porque "no todas ellas disponen de iguales
recursos para hacer frente a circunstancias excepcionales" como esta.
"Ningún tipo de coste"
Uno de los principales grupos de residencias en España es Eulen, cuya
presidenta, María José Álvarez, ha intervenido justo antes que el presidente de
AESTE, de la que forma parte. Álvarez ha clamado contra una subida de
impuestos, como viene siendo la norma durante esta cumbre. "Cuando en
estos tiempos se nos habla de subidas de impuestos creo que cualquier
empresario y cualquier trabajador no puede evitar mirar con cara de
asombro", ha dicho.
"No creemos que sea el momento de regular un incremento fiscal ni en
el ámbito personal ni el empresarial", tras tres meses en los que
"alrededor del 32% de la población ha agotado sus ahorros". Según la
presidenta del gigante de la seguridad privada y los servicios, su sector no
puede "asumir ningún tipo de coste" tras las últimas subidas del
salario mínimo.
Sin mencionar la reciente aprobación sin votos en contra del Ingreso Mínimo
Vital en el Congreso, Álvarez ha asegurado que "muchas de las regulaciones
que en este tiempo se han publicado de una manera o de otra no propician el
interés por un trabajo formal" y "sería fundamental hacer compatibles
las ayudas a los desfavorecidos con el estímulo a encontrar un puesto de
trabajo" porque "la economía sumergida no protege al trabajador que
no tributa y no cotiza".
Álvarez también ha señalado que "se va a producir una internalización
de servicios por parte de la empresa privada y de las administraciones públicas
que vuelve a dejar al sector en una situación de incertidumbre muy grave. Este
es un sector donde existe la figura de la subrogación y que en caso de la
internalización no se activaría salvo en algún caso raro que así lo recoja el
convenio. Eso significaría la destrucción de puestos de trabajo de manera muy
importante y un coste de desvinculación que las empresas de mala manera
podríamos asumir".
Sin mencionar situaciones concretas, la presidenta de Eulen ha dicho que en
esta crisis "hemos vivido y seguimos viviendo una época de inseguridad
jurídica que en nuestro sector de servicios intensivos en personas nos ha
llevado a situaciones realmente insoportables y prácticamente imposibles de
adaptar en el tiempo que se nos requería. Es por ello que pedimos no solamente
seguridad jurídica sino estabilidad normativa que nos permita adaptar nuestros
sistemas a esta regulación".
