En otro capítulo del
“pelotazo sanitario”, hoy se presenta un nuevo candidato a la licitación para
el macro-hospital privado: nada más y nada menos que el Grupo Ribera Salud, empresa
concesionaria que gestionó el hospital de Alzira de la Comunidad Valenciana entre
2003 y 2018, ese que fundó el “modelo Alzira” como paradigma de la
privatización sanitaria.
En una carta dirigida al
concejal de Urbanismo, el consejero-delegado del grupo Ribera Salud Alberto de
Rosa afirmaba: "contamos con más de 20 años de experiencia a nuestras
espaldas, habiendo desarrollado un modelo de gestión propio que, en
colaboración con la administración pública, ha alcanzado excelentes indicadores
asistenciales y de calidad". Así es. Hagamos memoria para repasar esas dos
décadas de experiencia en la aplicación de ese modelo.
En 1997 se aprobó la Ley
15/97 “de Nuevas formas de gestión en el SNS”, que abría las puertas a nuevos
modelos de gestión, tanto directa como indirecta, situándose en esta última la
concesión administrativa. Dos años después, en 1999, la Comunidad
Valenciana inauguró el
hospital de la Ribera (Alzira), primer hospital “modelo concesión
administrativa” del estado.
Eduardo Zaplana, entonces presidente de la Comunidad
Valenciana, impulsó este modelo de privatización sanitaria, luego desarrollado
por sus sucesores Francisco Camps y Carlos Fabra. Todos acabaron condenados por
su implicación en el caso de corrupción de Gürtel.
El hospital de Alzira fue adjudicado a un grupo de
empresas privadas, la UTE Ribera Salud (entonces Adeslas, Bancaja, CAM,
ACS-Dragados y Lubasa), que construyó el hospital con una inversión final de 72
millones de € (frente a los 41 millones anunciados) para su explotación por un
período de 10 años, pasados los cuales el hospital revertiría al sector público.
Durante el primer año recibiría 204 € por habitante. Tras cuatro años de
pérdidas y ante el fracaso del experimento, la consellería valenciana decidió
extinguir el contrato y “rescatar” el hospital abonando a Ribera Salud 43,9
millones de euros del presupuesto público. A continuación, la Consellería Valenciana
de Sanidad convocó un nuevo concurso de gestión sanitaria de la comarca, ampliando
el paquete con 13 centros de salud de atención primaria y mejorando las
condiciones económicas para la empresa adjudicataria: se elevó el pago por
persona a 379 € por habitante y año y se alargó el periodo de concesión a 15
años prorrogables por otros 5. La concesión volvió a recaer en la misma UTE que
le había hecho fracasar, ¡Ribera Salud! A partir del 2003, con las nuevas
condiciones, los accionistas de Alzira comenzaron a repartirse las ganancias
hasta la finalización del contrato en 2018. El gobierno valenciano vendió la
operación como un “rescate” para recuperar los servicios privatizados, pero no
fue más que una no-renovación de la concesión a fin de contrato.
El “modelo Alzira” gestionado por Ribera Salud (que también
ha gestionado los centros de Manises, Torrevieja, Elche y Denia) supuso una
merma en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, una pérdida
en la calidad asistencial y un desfalco de 7.500 millones de euros a la
Generalitat Valenciana.
El tipo de modelo de gestión sanitaria que propone el Ayuntamiento
de Zaragoza supone un mayor coste para las arcas públicas y un empeoramiento de
las condiciones laborales y de salud de la población. Es el negocio de unos
pocos en perjuicio de la mayoría. Mostremos unidos trabajadores/as y
usuarios/as de la sanidad, en la manifestación del sábado 20 de junio, nuestra
rotunda oposición a la construcción del macrospital privado en nuestra ciudad.
3 de junio de 2020
Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de
Aragón.
