El Gobierno Aragonés ha aprobado el proyecto de Ley de Autoridad Pública
El gobierno aragonés justifica su iniciativa legislativa en la proliferación de casos en los que algunos profesionales del sector público sanitario y social han sido objeto de agresiones, ya sean físicas o verbales, por parte de los pacientes, usuarios, familiares o acompañantes. Y entiende que, en ocasiones, esto ha conllevado una merma de capacidad tomar las decisiones más idóneas en el ejercicio de las funciones de carácter público que tienen encomendadas.
Mediante este proyecto, el ejecutivo autonómico propone crear y reforzar los instrumentos jurídicos necesarios que permitan conseguir que los profesionales del sistema público sanitario y social puedan desempeñar las tareas que les son propias en un contexto de máxima confianza, respeto y seguridad aumentado, como consecuencia de ello, la calidad de los servicios.
Presunción de veracidad
Así, está previsto en el Proyecto de Ley que, dentro de la Comunidad, todos los directores y subdirectores de centros y servicios del sistema público sanitario o social, además de médicos, farmacéuticos, veterinarios, psicólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores, trabajadores sociales, pedagogos, educadores, personal de gestión y servicios gozarán de la presunción de veracidad en sus informes y declaraciones, así como de la protección reconocida en el ordenamiento jurídico. En concreto, los profesionales gozarán de los siguientes derechos:
A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados en el ejercicio de sus funciones por los pacientes y usuarios del sistema sanitario o social, sus familiares, acompañantes y por la sociedad en general.
A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado donde sean respetados sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y moral.
Al apoyo por parte del Departamento que velará para que la consideración, el respeto y el trato recibido por estos profesionales sea conforme a la importancia social de la función que desempeñan.
A la protección jurídica adecuada de sus funciones.
El Gobierno de Aragón matiza que este Proyecto de Ley no contradice ni vulnera aquellas normativas que protegen los derechos de los ciudadanos. Más bien al contrario, ya que la condición de Autoridad Pública exige a quien la ostenta una especial dedicación y el estricto cumplimiento de cuantos derechos son inherentes a los ciudadanos destinatarios de sus decisiones.
