Derecho a la salud y a los cuidados de los mayores

Derivada de la situación de alarma producida por el COVID-19, ha surgido de nuevo la gran pregunta: ¿sanidad pública universal y gratuita? Y una respuesta clara: SI. La lucha que se ha estado llevando por colectivos y plataformas desde que se aprobó la ley 15/97, no estaba siendo escuchada y acompañada por la mayoría de la población del estado español. Ha tenido que llegar una pandemia a nivel mundial, para darnos cuenta que, sin una fuerte organización social y una eficiente gestión e inversión pública a nivel socio-sanitario no es posible ofrecer dignidad de cuidados a la población que así los demanda y además los paga. Se ha constatado una vez más que:  los recortes, privatizaciones-externalizaciones y la gestión público-privada carece de sentido y, sobre todo de humanidad.

Ahora bien, durante esta emergencia global ha quedado demostrado también el sin sentido, el despropósito y la negligencia por parte de los gestores de los centros residenciales, del gobierno y de las comunidades autonómicas. La falta de una repuesta de calidad con nuestros mayores, ha derivado en que los centros residenciales hayan sido un campo de exterminio para la tercera edad. Debido sobre todo a la falta de medios de protección, la infradotación económica que existe en la mayoría de residencias, el bajo ratio profesional/residente, la carencia de formación constante a los profesionales y la falta de actualización de material geriátrico.

Cuando hablamos de gestión e inversión pública a nivel socio-sanitario no sólo estamos hablando de centros de atención primaria, especialistas, centros públicos de I+D+i, hospitales generales y universitarios, residencias y servicios de ayuda a domicilio conlleven una importante inyección de dinero público. Estamos exigiendo que esa gestión, además, no sea otro instrumento estatal de burocratización funcionarial y genere algún tipo de “establishment” entre el sector sanitario y el resto de la población. La gestión de servicios socio-sanitarios debe de estar integrada por los profesionales, pacientes y ciudadanos que puedan aportar y auditar para mejorar el uso del mismo.

Mientras sigamos considerando la gestión empresarial por encima de la dignidad humana, sigamos entendiendo que de todo se puede hacer un negocio, no nos demos cuenta de que la economía no es un ente “todopoderoso” en sí mismo y continuemos anteponiéndola sobre la razón humana no avanzaremos como sociedad y estos problemas serán cíclicos y no tendrán solución.

Por eso, entendemos que este sistema capitalista es un despropósito para poder tener una vida digna. Desde que nacemos nos convierte en consumidores. Durante la edad adulta, pasamos a ser productores/consumidores y al envejecer, el mismo sistema te considera como un estorbo y te aparta al ostracismo más sibilino. Después de haber estado toda la vida “esclavizado” del trabajo y sin un sentido vital humano, el capitalismo te sigue sangrando, teniendo que pagar una privatización que a día de hoy ha resultado inoperante.

Exigimos a los gobernantes y a los poderes económicos un cambio de concepto radical con respecto a las personas mayores:

• Investigación y transparencia ante los posibles casos de negligencia y maltrato en las residencias durante la pandemia del covid-19. Cierre inmediato de aquellas que hayan incurrido en incumplimiento y devolución del dinero público recibido.

• Servicios socio-sanitarios 100% públicos. Eliminación de los conciertos, subvenciones públicas, “gestión indirecta” de los centros, así como de cualquier tipo de mecanismo de colaboración público-privada. Nunca más dinero público para el negocio privado

• Centros residenciales públicos y de calidad, con personal y gestión pública 100%.

•Derecho a una plaza en residencia pública asequible para todas las personas.

Dejemos de hablar de déficit socio-sanitario: ni la salud ni los cuidados pueden ser entendidos en términos de negocio sino como derechos fundamentales que garanticen una vida digna.

¡Los seres humanos no somos mercancía!

¡La privatización mata!