Por Juan Antoni Gomez Liebana y Angeles Maestro
En la Comisión de Reconstrucción se pretende ultimar un nuevo episodio del
expolio de la Sanidad Pública. Se asienta en un proceso de privatización y
desmantelamiento de los servicios públicos que comenzó a gestarse a finales de
los años ochenta. Es importante recordarlo para entender la continuidad de las
políticas de los gobiernos al servicio del capital.
En 1989, gobernando en Gran Bretaña Margaret Thatcher, se publicó “Working
for patients”, un libro blanco para la privatización del servicio de salud más
importante de Europa Occidental. Este informe, que mantenía las apariencias de
lo público – la financiación pública y la gratuidad del servicio – se
constituyó en programa marco para la mercantilización y la gestión del sistema
sanitario.
En 1991 el PSOE encargó a una comisión de “expertos”, la llamada Comisión
Abril1, la elaboración de un documento para “garantizar la sostenibilidad del
SNS”.
En todas las Subcomisiones había “expertos” propuestos por aseguradoras
privadas, industria farmacéutica, y por lo que llaman sociedad civil: bancos,
empresas inmobiliarias, fondos de inversión, etc. El objetivo real, y por
supuesto no reconocido, era transformar en beneficios privados el ingente
presupuesto público. Sus conclusiones escondían la privatización del SNS, como
a los pocos años se pudo demostrar con la aprobación de la Ley 15/97, sobre
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud2.
Bajo el discurso de la “modernización” de la sanidad se introdujo
masivamente el derecho privado y la gestión empresarial en el ámbito sanitario.
Se aplicaron las recetas típicas de la empresa privada (ahorro disfrazado de
eficiencia y sostenibilidad, precarización masiva del personal, colaboración
público-privada, sustitución del derecho público por el privado, etc.), con los
resultados conocidos por todo el mundo.
De esta forma, 6 años después del citado Informe Abril se abrió en canal el
Sistema Nacional de Salud para que pudieran penetrar a placer todo tipo de
empresas, eso sí garantizando la “naturaleza pública” de los diferentes
experimentos. Esa “naturaleza pública” es algo así como el misterio de la
Santísima Trinidad. El secreto fundamental es que el dinero salga del
presupuesto público, se gestione con los menores controles posibles de la calidad
asistencial y de la contratación, se apliquen a discreción los contratos basura
y se transforme en beneficios el mayor porcentaje posible.
No es sorna, el tiempo nos ha demostrado que cuando el PSOE hablaba de
naturaleza pública, es que público iba a ser el dinero que se iban a embolsar
la multiplicidad de fórmulas organizativas que la patronal privada ha utilizado
para asaltar las arcas públicas; sí, esos 71.000 millones de euros que sacan de
nuestros impuestos.
Parece que la historia se repite. La Comisión para la Reconstrucción está
trabajando para vendernos las bondades de la colaboración público-privada y de
la gestión empresarial en los centros de gestión directa, en un envoltorio
nuevo.
De nuevo el PSOE, ahora con la colaboración inestimable de Podemos. Y todo
ello, a pesar de que la actual ministra de Igualdad formó parte de la
plataforma Matusalén, que junto a CAS lideró entre 2005-2012 la lucha por la
derogación de la Ley 15/97. En aquella época Irene Montero participó en la
campaña por la derogación de la Ley 15/97 que logró presentar 500.000 firmas en
el Congreso gobernando Zapatero. Pero al asaltar las moquetas se dejan en el
trastero las luchas de juventud.
En treinta y tres páginas, con sesenta y ocho recomendaciones, han
conseguido, con una habilidad sorprendente, lo que la patronal de la sanidad
soñaba: no mencionar siquiera la causa central del desastre vivido con la
pandemia del Covid – 19, es decir la penetración del negocio privado en la
sanidad pública.
El objetivo mayor del capital es la privatización total del sistema, como
en EE.UU. A ese objetivo sirvieron los recortes del gasto utilizando el
chantaje de la Deuda, realizado a través de sus grupos de presión, sobre todo
de la Unión Europea. El resultado: desmantelamiento de la sanidad pública e
insoportables listas de espera. La consecuencia, el ascenso meteórico de las
pólizas de las aseguradoras privadas.
Mientras tanto, la finalidad del capital es hacerse con la mayor cantidad
posible de los 70.000 millones de euros anuales del presupuesto sanitario
público. ¿Nada de esto, que ha sido percibido por la gente corriente durante la
pandemia, ha podido ver la Comisión de Reconstrucción? Ningún “experto” les ha
explicado que:
Las listas de espera han servido como pretexto para aumentar el gasto en
conciertos con clínicas privadas de patologías rentables, permitido por el
artículo 90 de la Ley General de Sanidad. El gasto estatal promedio en
conciertos es del 12%, en Cataluña alcanza el 25% y en CC.AA como Madrid o
Baleares se ha duplicado en los últimos años.
La gestión privada de hospitales financiados con dinero público, resultado
directo de la Ley 15/97, realiza el sueño dorado de cualquier capitalista:
contar con financiación pública, tener la clientela asegurada, poder imponer
condiciones de precariedad laboral, supeditar los recursos ofertados a la
obtención de beneficios y seleccionar pacientes rentables. A este concepto se
destina más del 10% del gasto, por ejemplo, en Madrid.
La multitud de servicios privatizados, muchos desde hace décadas, algunos
esenciales como la limpieza, cocinas, lavanderías, laboratorios, diagnóstico
por la imagen, etc., con el correspondiente deterioro del servicio y cuyos
concesionarios son bancos, inmobiliarias, farmacéuticas o fondos de capital-riesgo.
La industria farmacéutica que controla cerca del 25% del gasto sanitario
público y que tiene en sus manos la producción, distribución y venta mayorista
de medicamentos. También domina, en la práctica, el registro de medicamentos,
la publicidad de los mismos, los planes de estudio del personal médico y de
enfermería, la investigación, la formación continuada de personal médico y las
decisiones políticas a través de la eficacia demostrada de las “puertas
giratorias”. La Comisión ha seguido la senda de lo ocurrido con la Hepatitis C.
Entonces no se hizo nada para emitir licencia obligatoria y aplicar el criterio
de utilidad pública que hubiera permitido fabricar un genérico 200 veces más
barato3. Ahora tampoco se menciona tal posibilidad. Ni una palabra sobre la
creación de una industria sanitaria pública4.
Las Conclusiones de la Comisión constituyen un imposible equilibrio para
ignorar los dos pilares básicos sobre los que se asienta un sistema sanitario
equitativo, capaz de reducir las desigualdades en la atención sanitaria y que
consiga la mayor calidad con el menor gasto: la incompatibilidad absoluta entre
lo público y lo privado y la planificación democrática e integral del sistema
sanitario en función de objetivos de salud previamente diagnosticados.
Si se oculta lo esencial se pueden llenar páginas con farfolla
perfectamente inútil y con propuestas contradictorias. Los ejemplos en estas
Conclusiones de la Comisión son abrumadores:
Se habla de gestión “emprendedora” para no hablar de la empresarial, aunque
el sinónimo es evidente. Se utiliza la supuesta panacea de la aplicación de la
personalidad jurídica “a todos los centros sanitarios para asegurar la
autonomía de gestión presupuestaria, de compras, de personal, etc.” para
extender las “Unidades de Gestión Clínica”. La llamada “gestión clínica” es un
eufemismo inventado para ocultar su nombre original “Unidades de Gestión
Empresarial”, más difícil de camuflar. Hace años ya explicamos su
funcionamiento en atención primaria5, y nuestras sospechas de enriquecimiento
privado se vieron confirmadas6.
En el caso de la atención especializada, se trata de que servicios o grupos
de servicios rentables de un hospital se doten de personalidad jurídica,
conformando una especie de microempresas dirigidas por una élite de médicos,
con un contrato programa basado en objetivos de actividad (tantas
intervenciones, tantas pruebas, tantas consultas, tantas altas) y no en
objetivos de salud. La experiencia ha demostrado el enorme fraude inherente a
este modelo, exactamente el mismo que ocurre en la gestión privada: altas
precoces que reingresan o mueren y no se contabilizan, prescripción de pruebas
innecesarias o no realización de las adecuadas o selección de pacientes
“rentables”. Y eso sucede no porque tengan perversos instintos, sino porque del
ahorro dependerá el reparto anual de beneficios. Exactamente igual que el dueño
de una empresa que ahorra en materias primas o en el incremento de la
explotación de su plantilla. Es la lógica del capital.
Así, se plantea aplicar la gestión “emprendedora” con personalidad jurídica
a “todos los centros sanitarios”, reestructurando ”internamente los hospitales
o las redes de hospitales en Áreas o Unidades de Gestión Clínica”, creando un
espacio de co-gobierno basado en los Acuerdos de Gestión Clínica. Por supuesto,
con competencias en la gestión de personal. ¿Alguien puede explicar dónde
quedan las buenas palabras del documento en cuestión sobre la eliminación de la
precariedad laboral y la escasez de personal cuando el equipo dirigente de la
“Unidad de Gestión Clínica” del centro en cuestión tenga manos libres para
contratar personal, gestionar bajas y, en general, utilizar la precariedad y la
correspondiente amenaza de despido como chantaje laboral?.
