domingo, 19 de abril de 2020

INTERSINDICAL DE ARAGON-CO.BAS, DENUNCIA LA PRECARIA SITUACION DEL CENTRO CAMP-CADI

Comunicado de Intersindical Aragón
El Camp-Cadi Zaragoza es un centro de discapacitados intelectuales, con más de 100 residentes y una plantilla de alrededor de 100 trabajadores.
Denuncian la falta de equipos de protección laboral, que no llegan y están pedidos desde el 18 de marzo, mascarillas, batas etc. Ya son más de quince días sin recibir nada, solo algún material entregado por particulares y con ellos hacen su trabajo ante una precariedad absoluta y sin respuestas por parte de la DGA.
Es una situación muy difícil, dado las patologías de los residentes además de la falta de personal, ya que muchos trabajadores están en su casa con síntomas del coronavirus. Así ya llevan tres semanas trabajando con menos personal y atendiendo a residentes infectados que ya son 9 y otros con síntomas. Todo esto en pésimas condiciones de personal y protección.
Hay que sumarle la falta de habitaciones para poder aislar a los residentes con síntomas.
Demandan también la falta de realización de test para residentes y para ellos. Sí esto lo unimos la falta de EPIS, con la no realización de test, podemos asistir a un gran número de contagios en pocos días.
Todo esto deja ver la precariedad que sufrimos en nuestro sistema de sanidad público, con recortes desde hace muchos años, con la aprobación de la ley 15/97, aprobada por PSOE, PP, CIU, PNV y el beneplácito de las centrales sindicales (CC.OO y UGT), que abría la puerta a la entrada de las empresas privadas a la gestión de la sanidad pública.
El desmantelamiento de la sanidad pública es una realidad, con toda la complicidad de los gobiernos que hemos tenido a las órdenes de la U.E. y sus recortes. El Pago de la deuda privada hecha publica, modificando el Art. 135 de la constitución en 2011 por PSOE y votando a favor, quienes ya sabemos,  que se antepone a todo el gasto en servicios sociales, sanidad, pensiones, educación etc.

miércoles, 15 de abril de 2020

El negocio de las residencias de ancianos: DomusVi


Estos días de pandemia nos fijamos que el colectivo de personas mayores es quien más lo sufre y padece, incluso con su vida. Lo lógico es que las personas con múltiples patologías sean las más afectadas. Lo que escapa de lo razonable es que gran parte de los casos sean en residencias de ancianos. En Aragón 3 de cada 4 muertes por coronavirus se han producido en residencias para mayores. Residencias que, en su mayoría, son de gestión público-privadas (gestión indirecta o concertadas) o totalmente privada. La situación derivada de la pandemia no ha hecho sino sacar a la luz pública una situación de la que ya se venía alertando: el creciente negocio del cuidado de mayores y sus riesgos.

Grandes empresas y fondos buitre han encontrado el entorno idóneo para la inversión en este sector: tendencia de envejecimiento poblacional, una legislación laboral y de dependencia que favorece la explotación de sus trabajadoras, unas redes comunitarias y familiares cada vez más escasas y la puesta a disposición de dinero público para el negocio de servicios geriátricos. Así, en los últimos años, hemos visto la progresiva concentración en el sector mediante el cierre de operaciones de venta de geriátricos por parte de estos grupos empresariales.

El negocio geriátrico facturó más de 4.350 millones de euros en el estado entre 2015 y 2017. Los cinco grupos empresariales que encabezan este mercado son DomusVi, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol. Algunas de las residencias más afectadas durante estos días pertenecen al gigante geriátrico español DomusVi, ahora controlado por un fondo de inversión británico, que nacía de la fusión de Geriatros y Sarquavitae, previamente comprados por otro fondo de inversión galo, PAI Parteners. En el estado español esta multinacional cuenta con 138 residencias que le reportan un volumen de negocio de 530 millones de Euros. El 65% de esos centros se nutren de dinero público.

Aunque este grupo iba acumulando denuncias de familiares, previas a la pandemia, por falta de calidad en la asistencia, estas eran ignoradas. En tiempos de pandemia, estas denuncias se han visto multiplicadas por la falta de información y de medidas de protección del personal. Las más de 150 muertes de ancianos por coronavirus en ocho de sus residencias, ha obligado a que cinco de sus centros hayan sido intervenidos por las autoridades en cuatro comunidades autónomas.

Este grupo cuenta en Aragón con tres grandes residencias: DomusVi Fontibre, DomusVi Zalfonada y Centro Asistencial Santa Ana de Utebo. Éste último, una residencia de propiedad pública gestionada en un primer momento por Sarquavitae y ahora perteneciente a DomusVi, fue inaugurada en 2014 por la entonces presidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudi, quien la describía como “un buen ejemplo de la colaboración público-privada”. Desde su inauguración hubo protestas, por parte de residentes y familiares, por problemas con la frecuencia del transporte público y la falta de comunicación con los residentes. En 2017 más de 35 internos denunciaban la falta de personal y limpieza. Posteriormente, se sumaba a las denuncias la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza por registros indebidos y vaciados de las habitaciones de los residentes sin estar ellos presentes.

El ahorro en costes de personal de esta y otras empresas, que se traduce en una pérdida en la calidad en la asistencia, se ha demostrado un hecho durante la crisis. Las ofertas de empleo precario, por parte de estas residencias, se suceden durante estos días en un intento de solventar un problema que venía de antes.  Sin embargo, la opacidad en la información en torno a la situación en los centros y la falta de control de las mismos nos sigue inquietando.

El pasado jueves, el Director General de Salud Pública del gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, declaró que el Gobierno de Aragón no es partidario de intervenir residencias de personas mayores cuando se detecta un brote de coronavirus sino de reorganizar los recursos para redistribuir a los usuarios. Algunas preguntas nos asaltan respecto a estas declaraciones: si, previamente a la pandemia, estas residencias, y para muestra un botón, ya acumulaban quejas por falta de personal y limpieza ¿en qué situación se encuentran ahora?; ¿Qué tiene que pasar para que una residencia sea intervenida?; Si en varios territorios del estado varias residencias de este grupo han sido intervenidas, ¿no sería conveniente un mayor control en residencias de los mismos propietarios?

Desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón exigimos que, en el tiempo que dure la pandemia, se garantice la seguridad de nuestros mayores y de quienes cuidan de ellos en las residencias, extremando las medidas de control, intervención y transparencia por parte de los responsables públicos. Una vez todo esto pase, solo una prestación y gestión plenamente públicas de los servicios socio-sanitarios, podrá garantizar que nuestros mayores no sigan pagando con su dignidad o su vida mientras otros se llenan los bolsillos.

jueves, 9 de abril de 2020

TREGUA A UNA LEGISLACIÓN SANITARIA RACISTA: la DGA anuncia tarjetas sanitarias para personas en situación administrativa irregular hasta el 30 de mayo.

En el marco de la crisis sanitaria del COVID19, ayer día 8 de abril, la DGA anunció que otorgaría la tarjeta sanitaria a todas las personas en situación administrativa irregular hasta el 30 de mayo. Y esto porque, recordemos, las políticas de apartheid sanitario seguirán vigentes cuando volvamos a la “normalidad”.

Recordemos que el Decreto 6/2012 impulsado por el PP abolió el derecho a la salud (800.00 personas perdieron su tarjeta sanitaria) e introdujo el copago sanitario. Luego serían las CCAA las que se encargarían de desarrollar “parches legislativos” que mitigaran el drama de la exclusión sanitaria. Posteriormente, como enmienda al decreto, el PSOE emitió el Real Decreto-Ley 7/2018 sobre el acceso Universal al Sistema Nacional de Salud. El título de este nuevo decreto simulaba restituir la sanidad universal, pero su contenido daba continuidad a una política sanitaria racista que retira la titularidad del derecho – inherente a todo ser humano - según la situación administrativa de las personas. Un decreto ambiguo y escasamente desarrollado volvía a dejar en manos de las CCAA el reconocimiento y la acreditación de la asistencia sanitaria a las personas extrajeras. De este modo, el actual decreto impone una serie de requisitos para reconocer esa asistencia y agrava, aún más si cabe, la situación de algunos colectivos:

·         Impone acreditar un empadronamiento de al menos 3 meses y elimina las excepciones del decreto anterior para la atención en urgencias a embarazadas y menores de edad. Así, a todos aquellos que no demuestren una estancia de 90 día se les emite una factura por los servicios prestados. Puede deducirse entonces el gran número de personas que quedan desamparadas y requieren de un tratamiento continuado o urgente: enfermos de cáncer, problemas cardiovasculares, VIH, interrupción del embarazo, etc. Para estos casos se define una vía excepcional mediante informe de un trabajador/a social que acredite la necesidad de atención urgente. Tenemos constancia de que en Aragón estos informes se quedan en papel mojado.

·         Otra exigencia impuesta es la de no tener que acreditar una cobertura obligatoria sanitaria por otra vía, requisito establecido por la ley de Extranjería de contar con un seguro médico privado para obtener el permiso de residencia por reagrupación familiar. Este aspecto está afectando, principalmente, a los migrantes con residencia regular a través de la reagrupación familiar ascendente (tramitada por sus hijos de nacionalidad española), que son sistemáticamente excluidos del sistema sanitario por el gobierno, debido a una interpretación racista que antepone la normativa de extranjería al derecho de atención sanitaria.

·         Las personas de nacionalidad española que están en el extranjero también son excluidas del sistema sanitario. Esto afecta principalmente a personas que llevan 3 o más meses fuera y todavía no han encontrado un trabajo, castigando así las situaciones de mayor precariedad.

·         Aunque se eliminaba progresivamente el copago a pensionistas, este se sigue aplicando en un máximo del 40% para extranjeros que no tienen regularizada su situación administrativa.

·         Inquietante resulta también la mención referente a los trasplantes para extranjeros. Aunque no queda desarrollada, anuncia el establecimiento de unos requisitos y periodos mínimos de los que se deduce unas condiciones discriminatorias para poder acceder a la lista de trasplantes.

Lo expuesto es solo una síntesis de las implicaciones de la legislación vigente en materia de sanidad. Ni siquiera abarca una mínima parte de las consecuencias que implica esta vulneración racista del derecho a la salud. Esta síntesis no refleja una multitud de casos particulares que son también sistemáticamente expulsados del sistema sanitario y afectan a miles y miles de personas. Valga este comunicado para volver a recordar que, cuando la crisis sanitaria llegue a su fin, la vida de muchas personas seguirá estando en peligro. Será nuestra responsabilidad exigir una sanidad pública, gratuita y de calidad para todos y todas, sin excepción.

Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón

ü  Derogación de la ley 15/95 y artículo 90 de la LGS, que permiten las privatizaciones en sanidad y vuelta a manos públicas de todo lo privatizado.
ü  Industria sanitaria y farmacéutica públicas
ü  Todos los recursos de la sanidad deben ser públicos. Nunca más dinero público a la privada.
ü  Derecho a la salud para todos y todas, sin excepciones.
ü  Atención digna a nuestros mayores. Por unos servicios sociosanitarios públicos.

miércoles, 8 de abril de 2020

Prisiones y coronavirus: campaña #DDHHEnPrisión #COVID 19 para la adopción de medidas de excarcelación y vías efectivas de comunicación entre las familias y quienes se encuentran dentro de las prisiones.


Las medidas sociales que se plantean en el estado de alarma en el que nos encontramos actualmente, no tienen en cuenta las realidades de las personas más expuestas a violencias estructurales y a las que menor acceso tienen a recursos, dejando fuera a una importante parte de la población.
Desde C.A.M.P.A. queremos mostrar nuestra gran preocupación por la situación actual de las personas presas ante la crisis sanitaria provocada a raíz de la rápida expansión del coronavirus, COVID-19.
Nos preguntamos cómo afecta esta situación las personas presas, sus familiares y amigxs: el doble aislamiento, la desatención sanitaria, la soledad que supone no poder verse ni siquiera a través de cristales…. En definitiva, cómo afectará esta situación a su estado de salud y a sus derechos. Tenemos conocimiento de que actualmente se encuentran aisladas en las celdas, que las cartas no llegan y se están aplicando primeros grados de facto. ¿Qué consecuencias tiene este doble aislamiento para la salud mental? ¿Cómo poder gestionar la vulnerabildad, el miedo y la ansiedad desde dentro?
No debe dejarse de lado la excepcionalidad en cuanto a restricciones de derechos en la que viven diariamente las personas presas y el plus que suponen todas estas medidas nuevas. A continuación, mostramos el resumen cronológico de las medidas adoptadas ante el coronavirus por parte del Ministerio del Interior para prevenir mayor número de contagios, restringiendo los derechos de las personas presas.
El día 12 de marzo comenzaron las primeras restricciones como consecuencia de la aparición de los primeros casos de COVID-19 en las cárceles de Madrid VI y Álava. Consistían entre otras, en suprimir los vis a vis y dejar únicamente las visitas con familiares y amigxs, abogadxs mediante locutorio al estar separadxs mediante cristales, además quedaba excluida la entrada de voluntarixs, suspendidas las salidas programadas y tratamentales… Con ello comenzaba el aislamiento de las 69 prisiones del Estado.
El día 15 de marzo, una vez fue decretado el Estado de Alarma, se publicó la Orden 227/2020, por la que se tomaron las siguientes medidas:
  • Todas las comunicaciones ordinarias con familiares y amigxs quedan suspendidas.
  • Las salidas de permisos, salidas programadas y cualquier otras salidas quedan suspendidas, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad para evitar los desplazamientos considerados prohibidos por el art. 7 del RD 463/2020, de 14 de marzo.
  • Las personas presas clasificadas en tercer grado o que tengan aplicado un régimen de flexibilidad que se hallen destinadas en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios podrán salir para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el art. 7 del mencionado real decreto, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario.
  • Se ampliarán las comunicaciones telefónicas que tengan autorizadas las personas presas, especialmente con abogadxs, a fin de que en todo momento quede garantizado el derecho de defensa.

sábado, 4 de abril de 2020

Por qué es imprescindible crear una industria sanitaria pública


La crisis del Covid-19 ha permitido destapar la vergonzosa situación del equipamiento de protección, de técnicas de diagnóstico y la farmacia en el Sistema Nacional de Salud.

El caso de la hidroxicloroquina es paradigmático. Cuando parece que funciona en algunos casos de Covid-19, las existencias en los hospitales están prácticamente a cero. Y la posibilidad de conseguir comprarlo en el mercado internacional es escasa: India, mayor productor mundial, que era quien abastecía al mercado español, ha prohibido la exportación de su molécula, de forma que en estos momentos no hay capacidad para fabricarla en el estado español. Otro tanto pasa con medicamentos utilizados para la sedación en las unidades de críticos, como es el caso de los relajantes neuromusculares.

Hace años, ante la crisis de la hepatitis C, planteamos la creación de un sistema de farmacia público, que fuera capaz de producir los medicamentos esenciales, no siendo rehén de las multinacionales1. Lógico ya que comprar el Sofosbuvir a casi 60.000 € por cada tratamiento de 12 semanas, (cuando sus costes no pasan de 115 €, casi 600 veces más) no tenía ningún sentido. Ni se hizo, ni se apostó por saltarse las barreras comerciales en base al criterio de utilidad pública, lo que permitía la ley, e incluso el Parlamento Europeo reconoció2. Big Pharma hizo su agosto. El pueblo puso los muertos3.

viernes, 27 de marzo de 2020

PROTEGER A LOS SANITARIOS ES PROTEGERNOS A TODOS


La falta de medios podría estar acelerando los casos de contagio en Aragón. El número de casos de covid-19 confirmados microbiológicamente se ha cuadruplicado desde el 19 de marzo, alcanzando actualmente los 1.116. De ellos, 155 son profesionales sanitarios (en un solo día aumentaron hasta en 40 casos).

En Aragón, tanto en centros hospitalarios como en atención primaria, los profesionales sanitarios no están lo suficientemente protegidos. Hay carencia de equipos de protección individual (EPIs) y no se están realizando los test en todos los casos. Siguiendo los protocolos indicados por las gerencias (o la falta de ellos), muchos trabajadores siguen realizando su labor sin saber si están contagiados o no, por lo que temen por su seguridad y la de su entorno. El sindicato de médicos CESM-Aragón ya ha presentado una denuncia para exigir medidas al Ministerio de Sanidad.

Aunque se están proporcionando más EPIs (mascarillas, batas impermeables, gafas, etc.) que hace dos semanas, llegan con cuentagotas y no a todos por igual. En muchos casos son los propios profesionales los que tienen que fabricar rudimentariamente las protecciones. Del mismo modo, es la población la que, solidariamente y en algunos barrios de manera organizada, se está volcando en la fabricación de protecciones con los recursos de los que disponen.

La realización de los test ha demostrado ser una medida determinante para el control de la pandemia en países como en Japón. La propia OMS insta a su realización a todos los sospechosos como única vía para frenar la pandemia del coronavirus. Es, por tanto, imprescindible romper con esta dinámica y destinar todos los esfuerzos a la provisión de EPIs y pruebas de detección fiables de manera sistemática y masiva, para fortalecer los mecanismos de prevención y eliminar al máximo los riesgos de contagio.

El sistema sanitario debería minimizar estos riesgos sin pretender ahorrar material. Si ahorramos en guantes, mascarillas y EPIs gastaremos mucho más en unidades de cuidados intensivos y fármacos, muchos de los cuales, al no disponer de una farmacia pública, en estos momentos no es posible comprar en el mercado.

Cuando esto pase, no nos olvidemos: hay culpables y los conocemos. Preparémonos para salir a la calle hasta conseguir la derogación de la Ley 15/97 y de todas las normas que permiten la privatización de un derecho fundamental que solo se cubre con garantías de forma universal y gratuita.


Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón


jueves, 26 de marzo de 2020

La sanidad privada prevé un ERTE para 28.000 empleados por la crisis del coronavirus

La sanidad privada prevé recortar su plantilla por la crisis del coronavirus. El sector ya ha comenzado a reducir temporalmente a profesionales que actualmente no trabajan en primera línea frente a la COVID-19. 
Según adelanta el diario Cinco Días, la patronal calcula que solo en los centros con internamiento de pacientes, los afectados por el ERTE podrían ser 28.000 empleados. Una cifra que se dispararía si se tienen en cuenta otras clínicas. 
La suspensión y parón de la mayoría de servicios ajenos al coronavirus, provocados por el confinamiento. Esta reducción de la actividad sanitaria, que agrupa una caída del 80%, ha traído consigo una pérdida de ingresos para el sector. 
Para la patronal Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), las pérdidas
–derivadas de los seguros de salud y la atención de pacientes trasladados desde hospitales públicos–, conllevan un riesgo de quiebra de 325 centros si no existe una reorganización laboral. 
La regulación temporal de empleo ya es una realidad en algunas empresas de Catalunya y Canarias, donde el jueves pasado se aplicó para 158 de sus 813 trabajadores en la mayor clínica de Gran Canaria. 
Hospitales San Roque alega como justificación de este expediente temporal que la actividad ha caído entre un 60 y un 97% en sus diferentes centros desde que se declaró en España el estado de alarma por la epidemia de coronavirus, que restringe la movilidad de los ciudadanos para prevenir así nuevos contagios.
Aunque desde ASPE se están considerando opciones alternativas al ERTE, son muchas las empresas que abogan por esta vía. 
Fuente Publico.es 

Médicos de Atención Primaria de Zaragoza frente al coronavirus: “Vivimos una situación de emergencia y estamos desprotegidos”

Una médica del Centro de Salud de Utebo, un médico rural de Pina de Ebro y una pediatra de Zaragoza denuncian la precaria situación en la que trabajan para hacer frente al COVID-19. Sin pruebas fehacientes, con decenas de casos sospechosos y mucha “angustia” dan el do de pecho para seguir viendo pacientes.

Lo cuentan tres de ellos, desde sus respectivas consultas, mientras siguen atendiendo llamadas de pacientes con síntomas del virus, cuadros catarrales o alérgicos y otras patologías. “Hemos suprimido las consultas programadas y concertadas por las especiales características de esta pandemia. Tenemos solamente atención a Urgencias y casi un 75% de toda nuestra atención es telefónica, porque todo el mundo llama para decir que tiene fiebre, tos o malestar general… Hay mucha preocupación y miedo, pero con un poquito de tranquilidad y sosiego se resuelven estas consultas”, cuenta con entereza José Manuel Cucalón, médico de Atención Primaria en Pina de Ebro y vocal de Atención Primaria rural del Colegio de Médicos de Zaragoza. 

José Manuel Cucalón, médico rural en Pina de Ebro

A juicio de este especialista, el principal problema para aquellos que trabajan “en primera línea de batalla” contra la pandemia -como dicen todos ellos- es la falta de equipos de protección y de pruebas diagnósticas que les ayuden a confirmar los posibles contagios del virus que tratan a diario.
“El material no es el adecuado para el coronavirus y eso te crea cierta angustia”
“Nosotros en Atención Primaria nos manejamos con mucha incertidumbre. Nunca hemos tenido pruebas para llegar a diagnósticos fehacientes, y aunque manejamos bien los síntomas de sospecha, la situación nos crea cierta angustia. Hablamos de casos y contactos sospechosos de una enfermedad vírica que puede ocasionar un contagio generalizado, que puede afectarnos a nosotros mismos y convertimos en personas que deberían ser tratadas. Esa duda, al no haber pruebas o test para profesionales sanitarios, te deja una angustia vital enorme”, confiesa este doctor, que tiene un cupo de mil habitantes y atiende entre 25 y 35 llamadas cada mañana. También ve de forma presencial a una media de diez personas en el centro de salud de Fuentes, y al menos un par en los domicilios, según consideran. “En la capital -reconoce- la cartera de pacientes se multiplicaría por uno o por dos”, advierte.
“Después de estar todo el día viendo pacientes, cuando llego a casa y abro la puerta… están mi esposa y mis dos hijas que me miran pensando si vengo infectado”
Al terminar su jornada, José Manuel, como el resto de sanitarios, tiene la incertidumbre de no saber si ha sido contagiado, pese a que están poniendo todos los medios que tienen a su alcance para frenar la curva. “Después de estar toda la santa mañana, de 8 a 16, viendo personas, cuando llego a casa y abro la puerta, están mi esposa y mis dos hijas que me miran pensando si vengo infectado o no… El material no es el más adecuado y eso te crea cierta angustia”, lamenta.
En su centro, asegura que cuentan con un solo equipo de protección individual (EPI) para atender los casos que llegan. Las batas son “deficitarias” y no tienen pruebas para detectar el virus. Tampoco calzas ni gorros homologados para ver pacientes en consulta o en los domicilios. “Si aquí tuviéramos que ir a las casas de tres o cuatro casos de infección, tendríamos un auténtico problema”, apostilla.
Para tratar de paliar la falta de medios, cuenta que desde hace más de 20 días se fabricaron sus propios equipos, en vista de la situación generalizada de desabastecimiento que les venía encima. “Nosotros mismos, más allá de la ciudadanía, hemos ideado delantales con bolsas de plástico. Aquí en mi consulta tengo uno por si tuviera que utilizarlo… Hemos creado también las famosas pantallas visuales para tener un par de urgencia y batas de plástico. No queríamos estar con una mano sobre la otra. Esto es voluntarismo; intentar poner un parche; porque asumimos que no es el material más adecuado ni siquiera el homologado para este tipo de problemas. Pero ante la escasez, nos arreglamos como podemos”, señala este médico. Su principal misión ahora mismo es detectar posibles casos, valorar si son leves o graves e intentar que todo aquel que pueda se quede en su domicilio, para no colapsar el sistema sanitario en los hospitales. “Tratamos de aguantar todo lo posible a nuestra gente con nosotros y ponemos toda nuestra voluntad en ello. El problema es que no se pueden hacer pruebas y, por tanto, no se asume con la misma entereza que si se hicieran”, manifiesta. Hasta el momento, entre una población aproximada de 2.500 habitantes, han detectado estos días entre 20 y 30 casos sospechosos de coronavirus. “Todo que sea catalogado como leve o moderado lo mantenemos en el domicilio; y si hemos derivado a tres al hospital, dos eran positivos. Seguramente tengamos más, pero no podemos certificar nada porque no tenemos pruebas para quedarnos tranquilos“, lamenta este médico.
Noticia completa en Heraldo de Oregon

martes, 24 de marzo de 2020

Residencias privadas trataron de ocultar cadáveres por coronavirus para evitar que les cerraran


La Unidad Militar de Emergencias (UME), tras recibir la orden de la Vicepresidencia Social de prestar la ayuda necesaria a las Residencias públicas y privadas de este país, donde se estaban dando numerosos casos de COVID-19, se han encontrado con cadáveres ocultos en alguno de estos centros privados. Fuentes ministeriales confirman a Diario16 que son principalmente residencias privadas que evitaban confirmar los nuevos casos de muerte por coronavirus para evitar que les cerraran las residencias.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirma la información a Diario16 y afirma que “vamos a ser implacables con este tema”.
Esta misma mañana, el Ministerio de Sanidad confirmaba que en las residencias de mayores se había detectado un elevado número de casos de coronavirus, superior incluso al 20%. Una situación que había generado mucho caos y, que había hecho decidir al gobierno que la vicepresidencia social y el Ministerio de Defensa colaboraran para conseguir que la UME fuera un apoyo de personal y de entrega de material en estos centros de personas mayores, en su mayoría dependientes.
Durante toda la mañana desde la Vicepresidencia de Pablo Iglesias se ha estado coordinado con las Comunidades Autónomas la derivación de miembros de la UME en las residencias que las consejerías consideraban más problemáticas.
Lo que no esperaban, ni el Gobierno de España ni los de las Comunidades Autónomas, era encontrarse con cadáveres ocultos.


Fuente: Diario16

El negocio de las residencias privadas para mayores

lunes, 23 de marzo de 2020

Comunicado de la Mesa Sanitaria de Aragón en relación a la epidemia por COVID 19


Los colectivos participantes en la Mesa Sanitaria Aragonesa (Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, Comisión de salud de la FABZ, CAVA, Plataforma de Salud Mental, Plataforma Contra la Privatización de la sanidad de Aragón, Foro de presidentes de Consejos de Salud, Plataforma I dental, CGT sanidad. AVV Puente de Santiago, Avv Bº de la Jota): les enviamos el siguiente comunicado:

En estos momentos en que una epidemia de Covid 19 golpea la economía mundial y a nuestro sistema sanitario público (que lleva años de acoso y derribo, recortes y deterioro en beneficio de intereses privados) que, una vez más, es sostenido por sus trabajadores y trabajadoras con un esfuerzo titánico cumpliendo con jornadas extenuantes y apenas medios, queremos realizar las siguientes constataciones:
• La situación ha puesto de manifiesto la ineficacia de la sanidad privada dedicada a primar de forma preferente el beneficio económico sobre la salud.
• Han quedado expuestas las carencias que viene sufriendo la sanidad pública fruto de las políticas de recortes realizadas desde hace años y el peligro que han supuesto las políticas de austeridad que se vienen aplicando en la UE y a nivel estatal con la imposición del artículo 135 de la Constitución en lo relativo al pago de la deuda por encima de las necesidades sanitarias y sociales de la ciudadanía.
• La situación sanitaria y social que va a derivarse de esta crisis, debe solucionarse con medidas estructurales y no coyunturales que pasen por:

1. Reforzar la sanidad pública revirtiendo las privatizaciones que esquilman nuestros recursos, apostando por la expropiación de la sanidad privada, para atajar todos los problemas de nuestra sanidad pública junto a una inversión presupuestaria que la dote de los medios necesarios.
2. Dotar de recursos suficientes a Salud Pública y a la Atención Primaria como base de nuestra sanidad pública.
3. Poner todos los recursos que sean necesarios a disposición de la sanidad pública (producción farmacéutica, de ventiladores respiratorios…)
4. Sanidad pública universal y sin exclusiones. Se ha demostrado que en materia sanitaria y especialmente en situaciones epidémicas como la actual, las políticas de exclusión han sido totalmente contraproducentes.
5. Ahora y en adelante todos los recursos sanitarios públicos personales (con dedicación exclusiva de sus plantillas) y sus equipamientos deben ser reforzados, sin recortes post epidemia de forma que se pueda atender las nuevas necesidades que van a derivarse de la completa dedicación del sistema a la epidemia y las consecuencias sociales de la crisis (incremento de las inhumanas listas de espera, empeoramiento de la situación social y laboral con aumento del paro, de la pobreza y como consecuencia de las enfermedades etc.).

¡Gobierne quien gobierne la sanidad pública se defiende!

Derogación de la Ley 15/97 YA!

sábado, 21 de marzo de 2020

Adhesiones para la derogación de la Ley 15/97, la ley que permite la privatización de la Sanidad Pública


El desembarco brutal de las empresas con ánimo de lucro en el Sistema Nacional de Salud es posible gracias a la Ley 15/97 “Sobre Nuevas Formas de Gestión”, aprobada en el Parlamento Estatal por el PP, PSOE y los partidos nacionalistas de derechas, hace más de dos décadas. Hoy seguimos pagamos las consecuencias.

Envía tu adhesión, para frenar este saqueo y que todo lo ya privatizado vuelva a manos públicas, a:

noprivatizacionsanidad@gmail.com 



viernes, 20 de marzo de 2020

SAS, CAS Madrid y la Asociación Defensor del Paciente, envían escrito de denuncia a la Fiscalía de Madrid por las condiciones en que está trabajando el personal de la Sanidad Pública madrileña (19/03/2020).

En relación con la falta de medios de protección individual y sus consecuencias.
Las organizaciones firmantes se dirigen a usted y exponen lo siguiente:
Es un clamor masivo, extendido entre l@s profesionales todas las categorías y ámbitos de la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, que en la situación actual de pandemia por Covid-19, se está trabajando, tanto en los propios centros sanitarios como a domicilio, sin disponer de los adecuados medios de protección individual (EPIs).
El pasado 17 de marzo, el Sindicato Asambleario de Sanidad presentó, mediante correo electrónico, dos denuncias en la Inspección de Trabajo de Madrid. Denuncias que dicha Inspección no ha aceptado “al no presentarse por los medios reglamentarios”.
Siendo así, y estimando que en cualquier caso la Inspección de Trabajo al menos ha tenido conocimiento de los hechos denunciados, y que ‘si se confirmase su falta de actuación podría suponer una dejación de funciones’, en el día de ayer, se comunicaron los hechos al Sr. Consejero de Sanidad de Madrid y al Sr. Ministro de Sanidad, máxima autoridad sanitaria del Estado en la situación que atravesamos.
Por ello, entendiendo que los hechos denunciados podrían suponer un delito en cuanto a la seguridad y salud de l@s trabajador@s, además de comprometer la calidad de la asistencia sanitaria y un enorme problema de salud pública, ponemos los hechos en conocimiento de esa Fiscalía, solicitando su estudio y actuación en el caso de que la considere pertinente.
Fuente: CAS madrid

jueves, 19 de marzo de 2020

Por Raúl Zibechi | Coronavirus y la otra pandemia: el desmantelamiento de la salud en el mundo

El verdadero motivo de alarma, en Occidente por lo menos, es el desborde de los servicios sanitarios. La posibilidad de que mueran muchas personas por no tener acceso a hospitales abarrotados se convertiría en una crisis política que los Gobiernos buscan eludir con medidas draconianas de aislamiento forzado.
Por *Raúl Zibechi
Más que la gravedad de la pandemia de coronavirus, preocupa el elevado nivel de contagio en poco tiempo, que es la causa del desborde del sistema sanitario. Si se prolongara durante dos años, como prevén algunos expertos, pero no hubiera grandes picos de internación, la situación sería menos grave.
En síntesis, el nudo del problema está en los sistemas de salud, que se han venido deteriorando como consecuencia de las políticas neoliberales de reducción de gastos sociales y privatización de servicios. Un somero repaso de las cifras de camas por habitante en diferentes países, pone al descubierto la crisis del sistema de salud.
Los cambios se aceleraron a raíz de la crisis de 2008. En 2006, la Unión Europea tenía 574 camas cada 100.000 habitantes, pero en 2017 la cifra había caído a sólo 504 camas. Una disminución del 12%.
En la parte más alta de la gráfica, figura Alemania con 800 camas en 2017 (830 en 2016), el único país europeo que cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de no menos de 800 camas cada 100.000 habitantes.
No es casualidad que Alemania presente en este momento uno de los niveles más bajos de muertos por infectados: 24 entre 9.257 infectados a fecha de la publicación de este artículo, apenas el 0,26%, diez veces menos que China y treinta veces menos que Italia, que supera el 7%.
Italia se sitúa en uno de los lugares más bajos de la tabla europea: en 2006 tenía 399 camas cada 100.000 personas y en 2017 cayó a solo 318, un descenso estrepitoso del 20%. Países mucho más pobres como Rumanía y Polonia, incrementaron las camas por habitante de 674 a 689 y de 647 a 662, respectivamente.
Bulgaria que tiene un PBI por habitante cuatro veces más bajo que Italia, aumentó su disponibilidad de camas en más del 18% en el mismo período. Datos generales que enseñan que la salud no depende mecánicamente de la riqueza de un país, sino de que sus autoridades la consideren un servicio o un negocio.
En América Latina, la disposición de camas muestra una situación aún peor. Cuba marcha a la cabeza con 520 camas cada 100.000 habitantes, seguida por Argentina con 500. A muchísima distancia le sigue Uruguay, con 280 camas, Brasil y Chile con 220. Una lista que se cierra con Haití, Honduras, Venezuela y Nicaragua, con menos de cien camas.

miércoles, 18 de marzo de 2020

Crisis del sistema sanitario y coronavirus


Existen demasiadas incógnitas sobre el surgimiento del Covid19. Entre ellas, cuándo y dónde surgió el caso 0. Quizás, nunca las despejaremos del todo. Sin embargo, si algo nos ofrece la situación provocada por la crisis del coronavirus, es la oportunidad de reflexionar acerca de la necesidad de una férrea defensa de una sanidad pública de calidad.

Durante todos estos años se ha alertado sobre el proceso de privatización que estaba sufriendo la sanidad. Además, ahora el foco principal se centra en una de las sanidades más maltrechas del estado, la madrileña. Una sanidad mutilada por las privatizaciones que ahora se encuentra al borde del colapso: trabajadores dejándose la piel y arriesgando sus vidas debido a los recortes de plantillas y a la falta de material de protección. Esto ha provocado el contagio de centenares de ellos, con lo que ello implica para el funcionamiento del sistema. En las urgencias de muchos centros, sobrepasados por la situación, no hay posibilidad de separación entre pacientes respiratorios y no respiratorios, lo que convierte las salas de espera en potenciales focos de transmisión. Entre tanto, desde las Gerencias Sanitarias se envían instrucciones indicando que la obligación de los profesionales sanitarios y no sanitarios es atender a todos los pacientes y de mantener la limpieza, restauración…Pero, lo cierto, es que no se dispone de los medios de protección adecuados, contrariamente a lo que dictan las recomendaciones más básicas de salud pública y el sentido común.

En Madrid, algunos médicos, personal sanitario o no sanitario, con síntomas, están aislados en sus casas. Otros, con o sin síntomas, pero en contacto con pacientes positivos, siguen trabajando con los pocos medios existentes. En muchas ocasiones no hay pruebas de detección para ellos, a pesar de su incidencia en la diseminación de la enfermedad. Mientras tanto, para quien sí hay pruebas, es para los políticos de todo signo: Claro, ellos tienen que garantizar el interés general y deben ser testados los primeros.

Vayámonos haciendo a la idea de que lo que está ocurriendo en Madrid es muy posible que nos llegue también aquí. En Aragón, los profesionales se quejan de que tampoco se les están haciendo las pruebas de detección y, hasta hace dos días, cuando se les proporcionó un “plan de actuación” nada detallado, la información había sido nula. La falta de personal que ya la sufrimos desde hace tiempo la pagaremos ahora muy cara (recordemos, por ejemplo, las denuncias por la no reposición de los cientos de plazas por jubilación forzosa). Se han establecido “comités de urgencia” y los equipos de protección de cada centro se han centralizado para ir siendo suministrados según se necesite. Se dice que los suministros de material están garantizados, pero tendremos oportunidad de comprobarlo. Por ahora, el personal considerado “no sanitario” como es el servicio de limpieza, que es esencial en los centros (como hemos advertido mil veces) pero ya está privatizado, tiene que batallarse los equipos de protección porque su empresa (CLECE, del “imperio Florentino”) se desentiende de la seguridad de sus trabajadoras.
Hoy, como siempre que hay una crisis que no hemos creado, gobiernos y autoridades solicitan comprensión y responsabilidad a la población. La que ellos no tuvieron cuando firmaron las leyes privatizadoras, los despidos de miles de trabajadores del sector o la amortización de las plazas de los que se jubilaban. Sí, esos mismos que recortaron por miles las camas hospitalarias de los centros públicos para abrir hospitales privados. Así nos dejaron un sistema de salud en mínimos, incluidos servicios especializados y de urgencias, con menos capacidad para dar respuesta eficiente a una enfermedad de estas características que hace 15 años. Nosotros repetíamos que la salud nunca puede ser un negocio y los gestores se reían. Hoy no se ríe nadie, porque hoy recogemos los frutos.
En este momento no debemos olvidar que a la mortalidad directa de los pacientes que fallezcan por el Covid19, habrá que sumar la indirecta: todos aquellos que pueden estar muriendo por falta de respuesta a tiempo del sistema sanitario, que en algunos puntos del estado está colapsando. Infartos, ictus, accidentes, ... no están siendo atendidos en algunos centros, con la premura adecuada. El sistema no da más de sí, y el minado provocado desde hace dos décadas por el proceso privatizador deja ahora sus dramáticas consecuencias.

Mientras, los expertos debaten qué hacer. Pero, a falta de vacuna o tratamiento farmacológico, parece que quedan pocas medidas -aunque muy básicas- que podemos hacer todos: mantener la calma, extremar el aislamiento domiciliario, aplicar una higiene lo más estricta posible y proteger a los más susceptibles de morir: ancianos y pacientes crónicos.

Por último, los trabajadores/as del sector sanitario no solo necesitan que les den las gracias por realizar su trabajo. Hay que ir más allá. Lo que necesitan - lo que necesitamos todos - cuando salgamos de esta crisis, es algo que los políticos y empresarios no están dispuestos a hacer: Derogar la ley 15/97 y todas las normas que han legitimado la privatización y el desmantelamiento del sistema de salud, el rescate de los centros sanitarios privatizados y mantener la sanidad pública al margen del lucro. Y esto sólo se logrará con organización y con movilizaciones masivas y contundentes. Nos va la vida en ello.

El coronavirus mata, la privatización también.
Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad en Aragón.

martes, 11 de febrero de 2020

Comienza la cuarta semana de huelga en parques y jardines de Zaragoza “con la negativa de FCC a negociar”

La empresa FCC sigue sin querer escuchar las reivindicaciones de la plantilla, y se niega en rotundo a valorar ni tan siquiera las propuestas del comité de huelga. “Está semana podría acabar el conflicto que encara su cuarta semana de huelga, si la empresa se aviniera a firma un convenio con los representantes de la plantilla”, afirman desde el Comité de empresa.


La plantilla de Parques y Jardines de Zaragoza comienza la cuarta semana de Huelga “con el objetivo de que la empresa FCC se siente en la mesa de negociación para firmar un convenio colectivo. El pacto laboral que regula las condiciones laborales caducó hace ya dos años, y los trabajadores y las trabajadoras quieren que se actualicen y se adecuen a los nuevos tiempos de una vez por todas”. Entre las principales reivindicaciones que exige la plantilla para incluirlas en el nuevo convenio colectivo destacan un incremento salarial que garantice el poder adquisitivo de los y las jardineras, la creación de una bolsa de empleo basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad, un plan de formación para mejorar las profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras, y mejorar así la calidad de los parques, y un plan integral de igualdad y conciliación de la vida familiar y laboral.

jueves, 30 de enero de 2020

Solidaridad ante la aplicación de la Ley Mordaza a ativistas de la sanidad pública



La acusación proviene de una acción reivindicativa de la “Asamblea de Usuarios por la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana”, la cual venía llevando a cabo, desde el 24 de julio de 2017, un encierro en el Hospital del Bierzo en protesta por los recortes en Sanidad. La acción consistía en denunciar ante las autoridades el día de la fiesta local -8 de septiembre de 2017- los recortes en la Sanidad Pública.

Como era de esperar, se consumó la venganza contra el movimiento independiente y horizontal por la Sanidad Pública de El Bierzo y Laciana(AUSP), esta vez en la persona de uno de sus militantes, Lisardo Astorgano, que resultó multado en base a la Ley Mordaza tiempo  después de las importantes movilizaciones del Otoño de 2017 (... Encierro dentro del Hospital del Bierzo, numerosas muestras de adhesión y manifestaciones en Ponferrada y comarca..). Dejaron que el caldeado ambiente se enfriara para sacarse de la manga unas identificaciones a posteriori de la difusión de sus reivindicaciones en un acto público en Ponferrada para hacer cobardemente uso de la Ley Mordaza en su vertiente económica. Así lo recogíamos en Noviembre https://solidariosdelasanidad.blogspot.com/2019/10/recortes-sanitarios-ley-mordaza.html)

Ahora ya es irreversible la sentencia definitiva y sin recurso. Solo nos queda la solidaridad y seguir la lucha. En ello estamos 

Amordazan a una, amordazan a todas: NO a la Ley Mordaza!

Comunicado extraído de: https://solidariosdelasanidad.blogspot.com/

lunes, 27 de enero de 2020

La dirección de FCC se niega a negociar con las y los jardineros. La huelga continua


FCC ofrece rebajar el salario un 1,4% por debajo del IPC a la plantilla y subir 15.000 euros al jefe de servicio y ente cinco y diez mil euros al personal de confianza de la empresa que fueron los que firmaron este jueves un preacuerdo en nombre del sindicato UGT, sindicato que no tiene representación en el comité y acuerdo que la plantilla en huelga ha rechazado por unanimidad decidiendo seguir con el paro indefinido. El martes 28, convocan nueva concentración en la puerta del Ayuntamiento.



Quinto día de huelga indefinida en parques y jardines: FCC sigue negándose a negociar, el Gobierno municipal aún no ha llamado al comité, el seguimiento del paro se mantiene en el 100% y la plantilla decide continuar con la huelga «sin miedo y por dignidad».

La reunión que ha tenido lugar a primera hora de este viernes en las instalaciones del SAMA, entre comité y empresa ha concluido sin acuerdo, al negarse la dirección de FCC a valorar la propuesta de la plantilla, explica en una nota de prensa el comité de huelga.

«La dirección de FCC en Zaragoza se ha negado a valorar la propuesta que la plantilla ha llevado al SAMA», apuntan fuentes sindicales para añadir: «Los directivos de FCC se han negado a negociar y valorar las reivindicaciones de la plantilla que llevan ya cinco días de huelga».

El comité de huelga ha trasladado a la mesa de negociación una propuesta para recuperar el poder adquisitivo de las y los jardineros y una serie de medidas sociales para avanzar en permisos de lactancia, maternidad, formación, seguridad y salud, conciliación o la contratación de un mínimo del 50% de mujeres para la contrata, propuestas que «los directivos de FCC se han negado rotundamente a valorar», aseveran desde el comité.

Califican de «denigrante» el acuerdo entre FCC y UGT, sindicato sin representación en el comité